Durante un análisis sobre la coyuntura económica y el marco fiscal venezolano, la abogada Karla D’ Vivo y el especialista Alejandro Granadillo coincidieron en la urgencia de aplicar medidas inmediatas de alivio al sector productivo, al tiempo que advirtieron sobre las distorsiones que enfrenta la tributación local en el país.
Al abordar la posibilidad de una modificación en el sistema tributario nacional, Karla D’ Vivo, enfatizó que las decisiones no deben tomarse de forma apresurada. «Yo creo que sí se requieren medidas inmediatas, las necesitamos definitivamente, y una reforma tributaria a mediano-largo plazo […] no creo en reformas tributarias abruptas y sin una evaluación real de todos los gremios», afirmó D’ Vivo.
La especialista destacó la necesidad de reducir la presión sobre las empresas mediante el alivio de cargas como las retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para mejorar el flujo de caja, así como la revisión de tributos y regímenes sancionatorios que terminan «limitando mucho la capacidad del contribuyente e incluso llevándolo a no querer formalizarse». Asimismo, abogó por fortalecer incentivos a las donaciones y agilizar la gestión ante los registros públicos, cuya lentitud actual obstaculiza el desarrollo mercantil y de las asociaciones profesionales.
Por su parte, el abogado Alejandro Granadillo, egresado de la UCAB y miembro de la firma PTSK, centró su análisis en el impacto de la fiscalidad local y el fenómeno de la voracidad fiscal municipal, señalando que los sistemas unificados de recaudación como el SIGAT y el cobro indebido de retenciones generan serias complicaciones operativas. «Las retenciones básicamente es un anticipo de impuesto […] pero es en la recaudación de un impuesto de la que esa persona sea un sujeto pasivo», explicó Granadillo.
Granadillo también advirtió que la imposición de retenciones municipales a empresas que carecen de establecimiento o factor de conexión territorial viola los principios de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Esta situación, indicó, provoca una «doble tributación» y la acumulación de créditos fiscales imposibles de trasladar, lo que encarece los costos operativos e incrementa los precios finales al consumidor.
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