El pasado 7 de agosto se publicó en Gaceta Oficial la nueva Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda. Este marco normativo recoge recomendaciones y sugerencias planteadas por el gremio inmobiliario con la intención de otorgar mayores facilidades de negociación al sector. Por ende, desde la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) celebran este nuevo instrumento jurídico que regirá el mercado inmobiliario nacional.
Pablo González Travieso, presidente de la CIV, señaló que la nueva ley de arrendamiento recupera la plena libertad de las partes para contratar. Es decir, en el texto se derogan muchas de las restricciones que forzaban la supervisión del Estado sobre los contratos inmobiliarios.
Además, la legislación aprobada este mes también permite fijar el valor del arrendamiento en divisas. Por lo tanto, el inquilino quedaría comprometido a pagar el monto en moneda extranjera o su equivalente en bolívares a la tasa que el Banco Central de Venezuela determine ese día. «Esto hace que exista una indexación real contra la inflación», dijo González.
Asimismo, González mencionó que el nuevo instrumento legal contempla la creación de sistemas de arbitraje. Gracias a estos mecanismos, los posibles conflictos en la relación contractual podrían resolverse con celeridad. «Cuando tienes un arbitraje involucrado dentro de la propia ley, uno puede presumir que los procesos de recuperación y de resolución de conflictos serán más expeditos», comentó.
Para el presidente de la CIV, todas estas ventajas vuelven a poner en el centro de la ley el principio de respeto por la propiedad privada. En consecuencia, los propietarios de viviendas podrán tener mayor seguridad jurídica para poner sus propiedades dentro del mercado inmobiliario.
No obstante, González acotó que los contratos firmados antes de la promulgación de la Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda no se acogen a esta. Por lo tanto, el gremialista adelantó, durante la entrevista que tuvo en el programa «Informe Fedecámaras» con Richard Fortunato, que pedirán cambiar este punto.

Otras leyes que traban el mercado inmobiliario
Pese a que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela celebra los avances que se lograron con la nueva ley de arrendamiento, consideran que todavía subsisten dos instrumentos jurídicos que obstaculizan al sector: la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda y la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria.
González explicó que la ley del deudor hipotecario prohibe la contratación de hipotecas en divisas. Esto desincentiva la inversión en el mercado inmobiliario.
Por otro lado, la ley contra la estafa inmobiliaria establece una serie de preceptos, requisitos y limitaciones que alejan a los inversionistas de la construcción. «Esto derivó en que no se produjeran metros cuadrados de vivienda en los últimos 15 años en cualquiera de las principales ciudades de Venezuela», lamentó González.
En consecuencia, la CIV mantiene una agenda de trabajo que busca seguir avanzando en los cambios que requiere el mercado inmobiliario nacional. En este sentido, el sector ya ha declarado que es esencial reactivar la construcción de nuevos inmuebles. «Debemos ir a un programa de producción de vivienda para alquiler», concluyó González.
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