Autor: Alberto Domínguez

  • “Censo busca nutrir padrón electoral para el gobierno”

    Ismael León diputado a la Asamblea Nacional aseguró que la intención del censo a realizarse por parte del gobierno de Nicolás Maduro es hacer regresar al país a los habitantes de los urbanismos de la Misión Vivienda que están fuera de nuestras fronteras buscando medicinas y alimentos.

    León detalló que más del 60% de los beneficiados por los planes habitacionales del gobierno no se encuentran en Venezuela por lo que el ejecutivo ve en riesgo su apoyo electoral para próximos comicios.

    “La intención con el censo es perseguir a todos los que están afuera”, enfatizó. “Empezaron por apartamentos de clase media pero la realidad es que 70% de los apartamentos de misión vivienda no están ocupados porque sus habitantes están afuera buscando medicinas y el gobierno teme perder ese electorado”, dijo.

    El parlamentario advirtió que los encargados de levantar la información estadística tienen orden de  preguntar sobre la percepción de posibles candidaturas presidenciales de Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Héctor Rodríguez, esto adicional a las interrogantes oficiales determinadas en la planilla del censo.

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  • Menos de 10 millones de hectáreas disponibles para la ganadería

    Sergio Bernaez director de ganadería de Fedeagro advirtió que quedan menos de 10 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería en el territorio nacional.

    Bernaez destacó que actualmente se está cubriendo menos del 20% de la demanda cárnica en el país.

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  • Diputados continúan representando al pueblo venezolano fuera de las fronteras

    Carlos Luna internacionalista destacó que la sesión llevada a cabo por los Diputados de la Asamblea Nacional en el Congreso de Colombia, fue un encuentro “histórico” que refuerza la condición del Parlamento venezolano como “único órgano legítimo” en representación de sus connacionales.

    Luna detalló que los parlamentarios en el exilio siguen ejerciendo sus funciones y ahora deben abordar dos tareas fundamentales: La defensa de los derechos de la diáspora y establecer vínculos con sus pares en los congresos de la región para reforzar el apoyo a la Asamblea Nacional, al presidente encargado Juan Guaidó y a la lucha por recuperar la democracia en Venezuela.

    “Ellos son representantes del pueblo, por tanto, tienen la capacidad estando fuera de Venezuela de reunirse y aglutinar las denuncias de la diáspora que sufre en países como Perú y Ecuador”, aseveró.

    “También se trata de una cuestión de nueva generación: La Democracia Parlamentaria. Esto es un un tipo de diplomacia internacional donde se entablen vínculos con sus pares en los países para buscar un relacionamiento, reforzar el apoyo a la Asamblea Nacional, a Guaidó y a la lucha por recuperar la democracia en Venezuela,” expresó.

    El directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales destacó que el gobierno de Nicolás Maduro cometió un error al “patear la mesa” negociación auspiciada por el Reino de Noruega pues el reconocimiento por parte de Rusia a la Asamblea a nacional lo obligó a cambiar de postura.

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    Con fotografía de El Nacional

  • Aprueban participación en sesiones ordinarias a miembros legislativos fuera de Venezuela

    Richard Blanco diputado a la Asamblea Nacional informó que durante el encuentro de parlamentarios en el exilio llevado a cabo en los espacios del Congreso Colombiano, se aprobó en primera discusión la propuesta para que los miembros del órgano legislativo que se encuentran fuera de Venezuela puedan participar en las sesiones ordinarias.

    Blanco detalló que la iniciativa cuenta con el aval del asesor jurídico de la Asamblea ya para su aplicación es necesaria realizar una modificación del reglamento de interior de debate protocolar.

    “Es una propuesta de parlamentarismo virtual debido a las acciones ilegales e inconstitucionales llevadas a cabo por el régimen de Maduro”, enfatizó el diputado.

    Por su parte, la parlamentaria Gaby Arellano destacó que los 28 diputados que se encuentran perseguidos por el gobierno iniciarán un proceso por los Congresos del mundo para “evidenciar que Nicolás Maduro no es solo un dictador sino también un terrorista”.

    Trascendió que a las 5 de la tarde de este miércoles 2 de octubre, los representantes de la Asamblea Nacional que se encuentran en Colombia realizarán una rueda de prensa para informar sobre los acuerdos alcanzados durante la sesión celebrada en los espacios del Parlamento Neogranadino.

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  • “Avance de Guyana sobre el Esequibo es producto de políticas torpe”

    Kenneth Ramírez presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri)  aseguró que la celebración de audiencias orales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en torno a la disputa fronteriza entre Guyana y Venezuela por el territorio Esequibo, es el resultado de una “política internacional torpe” que priorizó el mantenimiento del poder por parte del ejecutivo, por encima de los intereses históricos nacionales.

     Ramírez destacó que desde 2016 la Asamblea Nacional aprobó 7 acuerdos donde se reafirma la soberanía venezolana sobre el territorio en disputa, al tiempo que desestimó las acusaciones de la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, quien acusó al jefe del parlamento de querer entregar el Esequibo para ganar “apoyo político”.

    “No hubo esfuerzos por convencer a Guyana y al secretario de las Naciones Unidas de que la Corte no era compatible con el acuerdo de Ginebra, único documento por el cual nos hemos ceñido para formular nuestros reclamos internacionales en la materia” enfatizó.

    Para el especialista en relaciones internacionales es fundamental aun cuando Venezuela no reconoce a la Corte Internacional de Justicia, entregar ante la institución un documento con todos los alegatos y argumentos históricos que defienden la soberanía criolla sobre la zona en disputa.

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  • Avance de Crystallex complica situación de PDVSA

    Tamara Herrera economista advirtió que tras el avance de la minera canadiense Crystallex para tomar control sobre Citgo sobre la refinadora venezolana en los Estados Unidos, pesan ahora dos acciones legales que amenazan al activo más grande que tiene el Estado venezolano en el exterior.

    La directora de Síntesis Financiera enfatizó “la urgencia” de renegociar con los tenedores de bonos de PDVSA 2020 ya que la administración de Nicolás Maduro “no está en condiciones prácticas ni operativas de llevar a cabo una restructuración de la deuda con sus bonistas”.

    “Con lo de Crystallex es muy probable que avancen los distintos grupos de demandantes sobre PDVSA”, expresó “Es muy urgente que se pueda renegociar la deuda. El anuncio que hizo maduro ayer no es realista porque no están en condiciones prácticas ni operativas de llevar a cabo una reestructuración” afirmó.

    “Los bonistas no pueden reunirse ni negociar ni con personeros sancionados. Es obvio que solo pueden hacerlo entonces con los funcionarios en cargos pertinentes que estén autorizados o no estén sancionados por los norteamericanos”, destacó la especialista.

    Así mismo, Herrera recordó que Crystallex requiere el otorgamiento de una licencia por parte de la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos para proceder a ejecutar la demanda por 1,4 millardos de dólares en contra de la estatal petrolera venezolana.

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  • “En Perú cualquier tipo de discriminación está prohibida”

    La consultora en comunicaciones y ex-Oficial de Información de las Naciones Unidas en el Perú, Inés Scudellari, destacó que, “es la primera vez” que la nación austral “recibe una inmigración tan grande” y, en consecuencia, se generan ciertos temores de desplazamiento económico dentro de su población.

    Durante la transmisión del espacio Análisis de Entorno, Scudellari enfatizó la postura de solidaridad y respeto mantenida por las autoridades del Perú frente a la oleada de migrantes venezolanos, al tiempo que señaló a la prensa de “alimentar” percepciones negativas hacia los caribeños por culpa de algunos casos puntuales.

    “Perú ha sido uno de los países que más apoyado a los venezolanos.” Aseveró. “Es la primera vez que se recibe una migración tan grande y se generan ciertos temores de desplazamiento económico, no solo en el Perú sino en otros países que también han recibido a nuestros hermanos venezolanos”, expresó.

    “Debido a algunos casos con delincuentes muy puntuales, los medios de comunicación han reforzado esa imagen negativa de los venezolanos”, dijo. “Es difícil cambiar esa matriz de opinión en la población, pero las autoridades han manifestado su rechazo frente a estas posturas y reiterado su apoyo a los migrantes. En Perú cualquier tipo de discriminación está prohibida”, afirmó.

    Inés Scudellari, quien también se desempeña como consultora de comunicaciones, aseguró que al momento desconoce casos de venezolanos que deseen retornar a su país de origen.

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    Con fotografía de Gestión.Pe

  • Misión de la ONU dificultará a Maduro mantener detenidos políticos

    A juicio de la Diputada a la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, el acuerdo de excarcelación de presos políticos pactado entre el Gobierno de Nicolás Maduro y un sector minoritario de la oposición, “nació y murió con la liberación del primer vicepresidente del parlamento, Edgar Zambrano”.

    En entrevista durante el programa a Análisis de Entorno, Pichardo destacó que, tras la aprobación en las Naciones Unidas de una misión para constatar en nuestro país posibles violaciones a derechos humanos, la administración de Maduro “no va a poder seguir manteniendo tantos rehenes bajo su custodia”.

    “El acuerdo de liberaciones nació y murió con la liberación del diputado Edgar Zambrano”, enfatizó.  “Una de las solicitudes y exigencias de la misión de la ONU que vendrá al país es la visita no controlada e independiente a todos los centros de reclusión para constatar el estado de los detenidos”.

    De igual manera, la parlamentaria recalcó que, de no permitírsele la entrada a los representantes de las Naciones Unidas, estos podrán realizar su informe desde otro país vecino y proseguir con los demás procesos y mecanismos que consideren necesarios para establecer responsabilidades en casos de violaciones de derechos humanos.

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    Con Fotografía de El Nacional.com