Autor: Angélica González

  • Gobierno admite abastecimiento de solo 16% en productos del Plan 50

    El ministro de Alimentación, Luis Medina, señaló que solo hay 16% de abastecimiento de los 50 productos alimentarios y de de higiene personal cuyos precios el Gobierno aspira a regular. Así lo reseñó Crónica Uno.

    Durante la instalación de las mesas de trabajo para definir las estructuras de costos de los bienes esenciales, el funcionario dijo que “han hecho un monitoreo de los inventarios de los productos de la cesta básica y los rubros del Plan 50 que están ausentes en los anaqueles. Tras el seguimiento, concluyeron que solo tienen 16% de abastecimiento de estos rubros importantes de la cesta básica en las cadenas de supermercados. “Esto quiere decir que hay una falta de abastecimiento importante, a pesar de que el Gobierno ha garantizado la materia prima” dijo.

    El Ejecutivo ha señalado que entre esos 50 artículos están: café, azúcar, arroz, pasta, frijoles, carne, leche (líquida y en polvo), queso blanco, jamón, mayonesa, maíz (blanco y amarillo), pollo, pescado, harina de trigo, aceite, además de diversos rubros de higiene y aseo personal (como el jabón en panela o en polvo).

    Muy rara vez las autoridades reconocen en público y con cifras la dura crisis económica que azota al país. El Banco Central de Venezuela tiene entre sus deberes informar periódicamente sobre los niveles de escasez, pero desde hace años dejó de hacerlo.

    Créditos: Descifrado

     

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  • El gobierno exige a los empresarios entregar 70% de la producción

    El ministro de Industrias y Producción Nacional, Tareck el Aissami, aseveró que la intención con los encuentros era “sincerar las estructuras de costos” de 50 productos y posteriormente fijar nuevos precios. Sin embargo, los empresarios se llevaron una sorpresa: les exigieron entregar al Ejecutivo 70% de su producción.

    Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, dijo que el gremio rechaza de manera contundente que se quiera obligar a los productores a entregar ese porcentaje de su producción al gobierno. “Eso es un intervencionismo, ya a una etapa en extremo, que seguirá afectando al productor y agudizando el abastecimiento y la crisis que estamos viviendo todos los venezolanos”.

    El gobierno no informó cómo les pagarían a los empresarios el porcentaje de producción que estarían obligados a entregar. “No hay certeza de precios”, aseguró.

    El directivo advirtió que para los distribuidores privados no va a quedar prácticamente nada y los consumidores se van a encontrar con los anaqueles vacíos. “Si la producción se va a destinar mayoritariamente al gobierno para que la entreguen de forma populista y con manejo ideológico a las personas que ellos consideren, los que no tengan acceso a esos canales de distribución oficiales no podrán conseguir productos de ninguna manera”. Indicó que con esa medida también se va a alimentar el bachaqueo.

    Informó que en la reunión del miércoles no se llegó a un consenso con respecto al ajuste de los precios. Añadió que no puede haber un sistema de control de precios que sea rígido, se debe permitir la libre oferta y la demanda porque los precios varían. “El gobierno está vendiendo los pocos insumos que hay a unos precios sustancialmente más altos a los que teníamos el año pasado”.

    Larrazábal dijo que en la reunión comenzaron analizando una lista de 15 productos, entre ellos arroz, azúcar y maíz. Sin embargo, a pesar de que Fedeagro es el principal gremio de productores agropecuarios del país, que producen esos rubros, no los convocaron formalmente, indicó su presidente, Aquiles Hopkins.

    Se profundiza el control. La vicepresidente Delcy Rodríguez pidió a gobernadores y alcaldes apoyar el relanzamiento del Plan 50, presentado por primera vez por el presidente Maduro en septiembre pasado para establecer el nuevo precio de los alimentos. “Con la articulación del gobierno nacional, los gobiernos regionales y las mesas técnicas donde participan las comunidades, saldremos adelante para garantizar la Venezuela potencia”, afirmó.

    Con la exigencia a los empresarios de entregar parte de la producción, el gobierno profundiza el control de la producción, distribución y comercialización de los alimentos. El 30 de enero la asamblea nacional constituyente aprobó la Ley de los consejos productivos de los trabajadores, que faculta al Ejecutivo a intervenir en los procesos de elaboración de una empresa.

    Solo cuatro meses después, a finales de mayo, el mandatario anunció la toma de los mercados municipales para “expulsar a las mafias que ocasionan el incremento de los precios de los productos”, medida que redujo 50% las ventas por la caída de la afluencia de consumidores debido al temor a una posible acción violenta de funcionarios del Estado.

    “La misma fórmula”. El presidente Nicolás Maduro advirtió ayer a las cadenas de supermercados que tomarán «medidas radicales» si incumplen la Ley de precios acordados. “Pónganse a derecho, les doy una oportunidad o cumplen con la Ley de precios acordados o respetan los mecanismos de fijación de precios, o la revolución tomará medidas radicales”, amenazó. “Nosotros vamos a lograr el milagro económico, y lo digo, estoy dispuesto a hacerlo por las buenas o por las malas”, agregó.

    No es la primera vez que Maduro amenaza a los supermercados. A principios de enero funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos fiscalizaron 214 establecimientos de 26 cadenas y bajaron los precios de los productos a los que marcaban el 15 de diciembre pasado. Esta medida acabó con inventarios y profundizó el desabastecimiento.

    “No hay nada nuevo en lo que dice el presidente. Ni siquiera ha tenido la creatividad de anunciar algo diferente”, expresó María Carolina Uzcátegui, presidente de Consecomercio. “Repiten y repiten la misma fórmula y por supuesto lo único que van a obtener son los mismos resultados: el desabastecimiento de los productos que tratan de controlarle los precios y la aparición de los mismos productos en mercados no formales con precios altos”.

    Sostuvo que cuando un comerciante, empresario, industrial o productor, en cualquier eslabón de la cadena, no tiene capacidad de reponer un producto cuyo precio esté regulado, lo dejará de producir y ofrecer. “Nadie va a trabajar a pérdida y menos en la crisis económica en la que estamos”, aseguró.

    Recordó que el gobierno le adjudica la responsabilidad de lo que ocurre a otros actores, “cuando la responsabilidad es única y exclusivamente de él”.

    Cifra

    15 productos de los 50 a los que les ajustarán los precios fueron analizados en la reunión del miércoles, entre ellos arroz, azúcar y maíz. El gobierno no convocó a Fedeagro, a pesar de que agrupa a los productores agropecuarios

    Créditos: El Nacional

     

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  • Maduro: “Vamos a normalizar la economía por las buenas o por las malas”

    El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que normalizará la economía “por las buenas o por las malas, pero lo vamos a lograr. Que lo sepan los capitalistas”, advirtió el mandatario durante un acto de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

    “Estoy dispuesto a todo. No voy a estar anunciando, voy a estar actuando”, subrayó. “No es tiempo de estar diciendo, es tiempo de estar haciendo”.

    Dijo también que espera tener el apoyo popular para las acciones que emprenderá: “Cuento con el pueblo para una gran revolución económica”.

    Cabe destacar, que Maduro el día de ayer tildó de “sinvergüenzas” a los dueños de cadenas expendedoras de alimentos, asegurando no respetan la Ley de Precios Acordados por el continuo aumento “sin justificación comercial y sin justificar los costos” y por tal motivo aseveró el mandatario que tendrá que actuar de forma “radical”.

    El mandatario nacional precisó que los “dueños de los sistemas de distribución, mayoristas, abastos y superabastos deberán ponerse a derecho”; también reiteró que el Estado venezolano actuará ante cualquier incumplimiento de la Ley de Precios Acordados o los mecanismos de fijación de precios.

    Créditos: Noticia al día

     

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  • Óscar Meza

    La democracia hay que establecerla donde no existe, fortalecerla donde es débil y consolidarla donde ya está presente.

  • Lealtad y ascensos, dos dolores de cabeza de cara al 5 de julio

    El discurso del presidente Nicolás Maduro durante el acto conmemorativo de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército en el cual reiteró el llamado de lealtad de las fuerzas castrenses, ha dado mucho de qué hablar, considerando que en la actualidad hay un alto  número de militares presos  por  presuntamente conspirar “con potencias extranjeras” para derrocar al Gobierno.

    Víctor Amaya y Betania Pérez  consultaron la opinión de  la periodista Sebastiana Barráez sobre el metamensaje  que le estaría enviando el jefe del Estado al sector castrense, en el programa “Análisis de Entorno¨.

    “El mensaje es sumamente importante  y significativo  porque el Presidente  hace énfasis en la lealtad, en solicitarle  lealtad a una Fuerza Armada que desde el año pasado, cuando hubo alertas sobre lo que estaba sucediendo, él, el alto mando militar  y el gobierno en general, no quiso escuchar el mensaje de esa Fuerza Armada que entre otras cosas, estaba opuesta a la asamblea nacional constituyente”.

    Según su apreciación, hubo un resquebrajamiento a lo interno de la Fuerza Armada Nacional ligado al reconocimiento de la constituyente. “Este año, el gran quiebre fue el llamado a elecciones presidenciales, que pese a la existencia de  resistencias muy fuertes a que fueran llamadas por esa asamblea nacional constituyente, que no termina de ser legitimada por la población, se empeñaron en hacerlo de esa manera”.

    Esto, a su modo de ver, se expresó en una continua rebeldía. “Esos campanazos que se han dado en la institución que además tiene el monopolio de las armas, no han querido ser oídas y tenemos como  consecuencia que hoy, solamente en los 6 primeros meses del año, tengamos más detenidos por acciones conspirativas que en  todos los años anteriores”.

    Señaló que a diferencia de otros años, donde la conspiración se le atribuía a oficiales en situación de retiro, las actuales involucran a oficiales activos  e incluso, “ a dos generales, uno de la aviación y otro de la Guardia Nacional”. En lo que va del  2018, son 82 los oficiales de alta graduación detenidos y presentados ante los tribunales.

    Al ser consultada sobre si las causas de estas detenciones son por conspiración verdadera, rumores, problemas de ascensos militares, etc, señaló que, “sin duda alguna hay una mezcla, una combinación entre militares conspirando, militares que han sido colocados en listas como sospechosos, militares que al gobierno le interesa sacar del radar de la institución, otros que por interés personal y económico también han manifestado molestia ante decisiones y políticas públicas tomadas por el gobierno. Lo cierto es que las acciones empiezan a tener una forma muy peligrosa”.

    El 5 de julio, fecha de ascensos militares

    Sobre los ascensos del 5 de julio, Barráez  es de la opinión de que no habrá cambios en el Ministerio de la Defensa. “No veo la posibilidad de que el presidente Maduro pueda tener como sustituir al general Padrino López,  por un problema de lealtad y de liderazgo a lo interno de la Fuerza Armada Bolivariana. Han surgido nombres como Remigo Ceballos, Comandante Estratégico Operacional, el caso del  Mayor General Ornelas Ferreira, el del Comandante del Ejército Suárez Churrio. El problema es que con toda la situación de la Fuerza Armada en estos momentos, como está, convulsionada, fraccionada y con toda esa situación interna que tiene, es muy difícil imponer a una persona con menos liderazgo”.

    Sin embargo, cree que a decisión presidencial se inclina hacia la sustitución de una promoción completa además de enviar de baja a un importante número de oficiales.

    “Va a salir de una promoción completa de mayores generales y generales  porque necesita sustituir a las Redis y Zodis, que son las que tienen el poder de comando y  el principal poder de fuego, por un problema obvio de avance de nuevas promociones que están haciendo presión por ascender”.

    Escucha la entrevista completa haciendo clic aquí

     

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  • UE impone sanciones a otros once funcionarios venezolanos

    La Unión Europea confirmó la imposición de sanciones a once otros altos funcionarios venezolanos. Con esto el total de personas vinculadas con el Gobierno y penalizadas por el ente multilateral asciende a 18.

    Los sancionados esta vez son:

    • Delcy Rodríguez, vicepresidente de la República.
    • Tareck El Aissami, presidente para el Área Económica.
    • Elías Jaua, ministro de Educación.
    • José Suárez Chourio, comandante general del Ejército.
    • Freddy Bernal, coordinador de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
    • Sergio Rivero Marcano, ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana.
    • Iván Hernández Dala, titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
    • Sandra Oblitas, rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE).
    • Socorro Hernández, rectora principal del CNE.
    • Xavier Moreno Reyes, secretario general del CNE
    • Katherine Harrington, vicefiscal general designada por el Tribunal Supremo de Justicia.

    “Las personas incluidas en la lista son responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Entre las medidas previstas figuran la prohibición de viajar y la inmovilización de bienes. Esta decisión es una consecuencia directa de las conclusiones adoptadas por el Consejo el 28 de mayo de 2018, que instaban a tomar medidas restrictivas complementarias orientadas y reversibles que no perjudiquen al pueblo venezolano en respuesta a las elecciones presidenciales recientemente celebradas en Venezuela”, expresó el Consejo Europeo (órgano ejecutivo de la UE) en un comunicado de prensa.

    La UE expuso en un documento las razones específicas para sancionar a cada a uno de los penalizados. Los incluidos en este nuevo listado se unen a Diosdado Cabello, Maikel Moreno, Tibisay Lucena, Tarek William Saab, Néstor Reverol, Antonio Benavides Torres y Gustavo González López, quienes ya habían sido sancionados por la UE.

    Créditos: Descifrado

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  • La economía venezolana empieza a migrar al dólar informalmente

    El último aumento del ingreso mínimo mensual en Venezuela, que llegó a 5,2 millones de bolívares fuertes (U$64,23, según la tasa oficial), entre un salario mínimo de tres millones de bolívares (US$37,05) y un bono de alimentación de 2,2 millones (US$27,17), llevó a la moneda del vecino país a tocar los puntos más bajos de su historia. Esto ha provocado que la población venezolana se vea obligada a buscar otras opciones monetarias, como dolarizar informalmente su economía.

    Para hacerse una idea de la gravedad de la situación, basta con observar el ritmo de devaluación del bolívar fuerte en los últimos seis meses. El 15 de diciembre de 2017, un dólar costaba 108.198 bolívares, mientras que actualmente asciende a 2,9 millones de bolívares según dolartoday. Una devaluación de 2.627,7%. Las causas de la caída la moneda son el desmedido crecimiento de la inflación y el bajo aumento del PIB. En el caso de la inflación, llega a 34.458%, mientras que, en el segundo, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año arrojan una caída de -15% .

    Esta realidad no es desconocida en las calles venezolanas, pues en medio del rebusque, los ciudadanos del vecino país han llegado a recurrir al dólar para tener alguna posibilidad de conseguir medicinas, muebles e incluso comida, pese a que el único bien que se puede adquirir de manera legal con esta moneda hasta la fecha son los automóviles. Frente a este tema, el presidente de la Asociación Central de Venezolanos en Colombia, Daniel Pagés, señaló que el canje de algunos productos por la moneda estadounidense es una consecuencia directa de que “la economía ya no aguanta una moneda que no sirva”. “Si quieres averiguar cuánto cuesta algo, debes hacerlo en dólares, pues la realidad es que no hay como vivir con un sueldo de cinco millones de bolívares”, aseguró. Electrodomésticos y hasta cirugías se transan en la divisa estadounidense.

    Nuevas monedas

    Las pocas opciones que deja el bolívar para que los venezolanos se mantengan a flote ha provocado el surgimiento de nuevas monedas en localidades pequeñas del país. Una de ellas es el panal, que surgió en diciembre de 2017 en el barrio 23 de enero de Caracas. Esta opción, que equivale a 5.000 bolívares, surgió con el propósito de dar acceso a los productos de la canasta básica familiar.

    Otra moneda alternativa que surgió en abril de 2018 fue el caribe, que equivale a 1.000 bolívares y fue promulgada por la Alcaldía de Caracas como un mecanismo de protección ante la escasez de efectivo que azota a Venezuela.

    La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uscátegui, destacó que la hiperinflación que aqueja a Venezuela, a diferencia de otros casos del continente, ha estado acompañada por una “impresionante contracción económica”, que tiene prácticamente paralizado el aparato productivo nacional. Sin embargo, aclaró que “las monedas alternativas son mecanismos no legales que se prestan para corrupción y estafa, pues no obedecen a ninguna ley de la Nación”. Asimismo, la ejecutiva resaltó que “todo esto pulverizó por completo el poder adquisitivo de nuestra moneda”, pues la hiperinflación se desarrolló plenamente en el segundo semestre de 2017 y alcanzó un estimado de 2.616% según cálculos de una comisión especial del Parlamento. Estos datos hacen que Venezuela esté cerca de ser “el peor caso de la historia de Latinoamérica”.

    LOS CONTRASTES

    • MARÍA CAROLINA UZCÁTEGUI PRESIDENTA DE CONSECOMERCIO

      “Las monedas alternativas son mecanismos no legales que se prestan para corrupción y estafa, pues no obedecen a ninguna ley”.


    • DANIEL PAGÉS PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE VENEZOLANOS DE COLOMBIA

      “Si quieres averiguar cuánto cuesta algo, debes hacerlo en dólares, pues la realidad es que no hay cómo vivir con cinco millones de bolívares”.

    El incremento salarial anunciado por el presidente Maduro también vino acompañado de una tasa oficial del Gobierno a las personas que envían dinero para Venezuela, que llega a 2,2 millones de bolívares (US$$27,17). Tanto Uscátegui como Pagés coincidieron en que “eso le dice al mundo es que el sueldo mínimo en Venezuela son US$2,36”. Finalmente, Pagés aseguró que, en caso de darse una eventual dolarización en Venezuela, debe haber unos cambios económicos en pro de que los venezolanos puedan acceder a diferentes tipos de necesidades y productos básicos. “Una eventual dolarización tendría que venir amarrada a políticas económicas que ayuden a la subsistencia”, dijo.

    La moneda venezolana cambiará en julio

    El presidente Nicolás Maduro anunció que la moneda nacional de Venezuela cambiará de bolívares fuertes a bolívares soberanos el próximo 4 de julio. La principal diferencia del nuevo dinero radica en que tendrá tres ceros menos que el anterior, además de que el actual cono monetario saldrá de circulación. El mandatario aseguró que esta decisión tiene como propósito “garantizar al pueblo sus actividades comerciales”. Esta es la segunda reconversión del bolívar que en los últimos 10 años.

     

    Créditos: La República

     

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