Autor: Angélica González

Caracas, 05.06.18.- El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, en representación del sector empleador de Venezuela, en su discurso ante la plenaria de la 107ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), que se lleva a cabo en Ginebra, aseveró que el desempeño empresarial en Venezuela enfrenta graves restricciones, y se agrava aún más, por el profundo debilitamiento de la institucionalidad y de la democracia del país.

La 107ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) reúne a más de 5.000 delegados gubernamentales, de trabajadores y empleadores de los 187 Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Larrazábal recordó que el pasado 20 de mayo, Venezuela vivió un proceso electoral presidencial, adelantado, de dudosa legitimidad, convocado por la Asamblea Nacional Constituyente, inconstitucional e incompetente para estos efectos. Un proceso que se desarrolló ante la evidencia de una elevada abstención; la inhabilitación de los principales líderes políticos y escasas garantías de supervisión y auditoría. El gobierno fue denunciado por el uso de mecanismos de control y coacción del voto; lo que ha traído como consecuencia, serios cuestionamientos al proceso por parte de la comunidad nacional e internacional.

Recordó que mientras esto se desarrolla, Venezuela se debate en su más profunda crisis económica. “El modelo impuesto en el llamado Plan de la Patria, ha destruido el aparato productivo y los empleos” y “la economía nacional se contrajo por quinto año consecutivo, habiendo perdido, más del 50% de su tamaño”.

El presidente de Fedecámaras, en sus palabras ante la OIT, aseguró que, según cifras oficiales, entre 1998 y la actualidad, han desaparecido más del 40% de las empresas del país. Las más de 1500 empresas que pasaron a manos del Estado, en su mayoría, sin pago a sus propietarios, son improductivas. En los 2 últimos años, más de 44 empresas multinacionales cerraron o declararon en pérdida sus operaciones en el país.  El salario mínimo mensual, apenas llega a 1 dólar, a valor de mercado. Se necesitan 138 salarios mínimos para adquirir la canasta básica familiar.  Venezuela está desabastecida de alimentos y medicinas, originando una crisis humanitaria.

La relación de trabajo, por su parte, es objeto de injerencia política, expresó. Se pretende desplazar a los sindicatos libremente electos, por unos Consejos Productivos de Trabajadores instalados por el Gobierno en las empresas. Se insiste en la tesis de una supuesta “guerra económica”, la toma de empresas y la criminalización de empresarios, en lugar de combatir la inflación, ordenar el gasto público y corregir las desviaciones fiscales, cambiarias y monetarias.

Larrazábal enfatizó que para mejorar la situación del país es de vital importancia la confianza de los actores económicos y sociales. En Venezuela, “se destruyó el diálogo social y se satanizó el tripartismo”. “Es urgente iniciar un diálogo efectivo para cambiar el modelo y transitar del rentismo petrolero y el populismo hacia una sociedad productiva”.

Venezuela ya no tiene más tiempo que perder, confiamos en que la Comisión de Encuesta aprobada el pasado mes de marzo, contribuya a construir salidas urgentes a las enormes dificultades del país y a erradicar el hambre y la pobreza. “Aspiramos a un futuro próspero, en democracia. Estamos listos para asumir el reto”.

Asimismo, el presidente de Fedecámaras se reunió con el Director General de la OIT, Sr. Guy Ryder, a fin de exponerle las dificultades que hoy en día atraviesa el sector empleador venezolano y la urgencia de la instalación de la Comisión de Encuesta, a fin de apoyar la restitución del diálogo social en Venezuela.

Fedecámaras celebró que el Director General, Guy Ryder, haya dedicado su Memoria al impulso de la igualdad de la mujer en el trabajo y su inclusión en las 7 iniciativas del centenario de la OIT. El empresariado venezolano acompaña “la lucha por cambiar las estructuras y comportamientos injustos hacia la mujer. Es crucial influir en un cambio cultural desde la infancia y la escuela, a fin de derribar las barreras culturales de discriminación.

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Ante el surgimiento de informaciones y mensajes en redes sociales que manifiestan inquietud y zozobra por las visitas que pudieran estar realizando, en conjuntos residenciales de propiedad privada, personas sin identificación supuestamente vinculadas a consejos comunales, con el objeto de censar viviendas desocupadas, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela exhorta al gobierno nacional a que explique si esas actividades son parte de una política oficial.

Según Carlos Alberto González Contreras, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, “no hay ninguna certeza de la identidad de las personas u organizaciones que presuntamente están realizando esta actividad ilegal, a la cual le han dado el nombre de plan ‘ubica tu casa’. Estos rumores pueden desembocar en una acción delictiva por parte de sujetos inmorales que se aprovechan de la situación de precariedad de muchos conciudadanos. Por tanto, es necesario que el gobierno se pronuncie al respecto”.

El presidente del gremio inmobiliario resaltó que el Estado debe garantizar a toda persona el goce de sus derechos, entre ellos el derecho de propiedad privada.

González Contreras expresó que el respeto a la propiedad privada es un requisito indispensable para que Venezuela supere la crisis humanitaria que hoy en día padece, pues sin esa garantía los pequeños, medianos y grandes inversionistas que están interesados en poner su capital y su esfuerzo en el país no podrán confiar en los funcionarios venezolanos.

“Ninguna persona natural o jurídica puede confiar en un país donde, de la noche a la mañana, llega cualquier persona a tomar una propiedad ajena. Las ideas del plan ‘ubica tu casa’ son inmorales porque estimulan el robo y, además, son inmensamente perjudiciales para todos los venezolanos porque destruyen todavía más la confianza en nuestro Estado de Derecho, en las leyes y en el futuro de la sociedad”, aseveró el líder gremial.

A fin de reducir la incertidumbre ciudadana, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela reitera su exhortación al gobierno para que informe su posición respecto a los rumores que por redes sociales han sido divulgados en días recientes.

El Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), ante la decisión del gobierno de posponer la entrada en vigencia de la reconversión monetaria prevista inicialmente para el 4 de junio, advierte que, sin un programa económico integral, la medida –independientemente de cuando se ponga en práctica- no resolverá por sí sola el problema de la hiperinflación que aqueja a los venezolanos.

 “Los sueldos y salarios de los trabajadores son insuficientes para cubrir si quiera sus necesidades básicas. No hay sueldo que aguante la escalada inflacionaria provocada por el mismo gobierno al crear masivamente dinero sin respaldo en la economía”, dijo Linerby Sánchez, directora de Proyectos del Inaesin.

Solo la cesta básica de alimentos, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), tuvo en abril un costo de Bs 100.174.980, es decir, el equivalente a 100 salarios mínimos.

“El trabajador observa cómo disminuye su poder adquisitivo, empobreciéndose cada vez más, sin que el gobierno tome cartas en el asunto”, señaló Sánchez.

La reconversión, que eliminará tres ceros al bolívar y pondrá en circulación un nuevo cono monetario, no solo no ataca el principal problema del país que es la constante alza de los precios de los bienes y servicios, sino que tampoco es una respuesta a la crisis de efectivo que padece la población y que impide, en muchos casos, que los ciudadanos se puedan trasladar hasta sus sitios de trabajo, por decir lo menos.

Desde el Inaesin se hace un llamado al gobierno a rectificar y aprovechar el proceso de reconversión que pondrá en marcha en las próximas semanas, para que tome medidas efectivas que permitan abatir la inflación y no convierta esta oportunidad en una ilusión monetaria.

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