Autor: Angélica González

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) comenzó a cancelar unos US$100 millones en intereses a algunos tenedores de un bono que vence en 2020, dijeron este lunes tres fuentes del sector financiero en Caracas y Nueva York.

El Gobierno venezolano y PDVSA vienen demorando desde finales del año pasado el pago de unos US$2.500 millones en intereses por bonos en circulación que suman unos US$50.000 millones, según datos de Thomson Reuters y consultores financieros locales.

Pero la principal estatal venezolana comenzó a cancelar los intereses del bono al 2020 pautado para el viernes, dijeron las fuentes. El dinero habría llegado a algunos tenedores a través de la firma estadounidense de custodia DTC, añadieron los consultados.

La petrolera venezolana no respondió de inmediato una solicitud de información.

Al emitir ese título, PDVSA colocó como garantía la mitad de las acciones de Citgo Petroleum, su unidad refinadora en Estados Unidos, así que algunas fuentes creen que el equipo del presidente Nicolás Maduro busca cumplir con ese pago para evitar poner en riesgo este activo en una batalla legal con acreedores.

Tenedores de bonos venezolanos comenzaron a formar comités y uno de ellos contrató a un asesor financiero, en un intento por organizarse para emprender un posible litigio ante los continuos incumplimientos de Venezuela.

Maduro ha culpado a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos de impedir las transferencias internacionales para cancelar a los tenedores. No obstante, en rigor, las sanciones no bloquean directamente las operaciones rutinarias como pagos de deuda.

Este mes el Gobierno canceló también intereses pendientes a inversionistas del bono PDVSA 2022, que en su mayoría compró Goldman Sachs Group Inc. en una polémica operación el año pasado, y esa transferencia consiguió molestar a otros tenedores que aguardan todavía por sus pagos.

«Con el nuevo pago del PDVSA 2020 se podrían detonar acciones por tenedores de otros bonos», comentó un inversionistas de deuda venezolana, sin aportar mayores detalles.

Créditos: América Economía

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Como consecuencia de la desquiciada política económica del gobierno, que acabó con el aparato productivo y condujo al país al infierno de la hiperinflación, “los trabajadores procuran ingresos ‘matando tigres’ en otras labores. No hay lugar para el descanso ni para la sana diversión”, dijo León Arismendi, director general del Instituto Nacional de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

El tiempo del trabajador y su familia se agota en colas interminables en la búsqueda de alimentos, cuyos precios aumentan cada día hasta hacerse inalcanzables. “El salario no alcanza para nada y las prestaciones sociales han sido devoradas por la inflación”, señaló en ocasión de la celebración del Día Internacional del Trabajador.

Con la destrucción del salario queda en entredicho la jornada de trabajo de 8 horas diarias, que es la gran conquista obtenida por los trabajadores luego de largos años de lucha y en particular de las huelgas que se realizaron el 1º de mayo de 1886 en los Estados Unidos.

El alza del salario mínimo integral de 95,42% (de Bs 1.307.646 a Bs 2.555.500) anunciado el 30 de abril por el presidente Nicolás Maduro es más de lo mismo. “Es la reiteración de la política que nos ha conducido a este desastre. Una medida que no cumple con la Constitución, pues ni siquiera se acerca al costo de la canasta alimentaria y apenas alcanza para comprar un pollo y medio cartón de huevos. ¿Cómo sobrevive una familia con tal nivel de precariedad?”, indicó.

Desde el Inaesin, Arismendi hace un llamado a la unidad de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, sin distingo de colores y credos, a luchar contra la hambruna creada por este gobierno. A sumar esfuerzos en torno a un programa cuyo eje sea el rescate del trabajo como factor de progreso.

Se trata de que cada venezolano pueda acceder a un puesto de trabajo productivo y un salario suficiente que le garantice una vida y de progreso para sí y su familia. “Estos objetivos sólo serán posibles cambiando de gobierno y su desastroso modelo económico y político”.

Con la finalidad de crear conciencia sobre el diálogo social necesario para lograr el cambio, el Inaesin llevó a cabo el 25 y 26 de abril el “Segundo encuentro de directores de escuelas sindicales y secretarios de educación”, un foro para el diseño de estrategias para el fortalecimiento y optimización de las organizaciones sindicales.

A pocas horas del anuncio del aumento de salario mínimo para los trabajadores que hizo el Presidente de la República, los transportistas de Caracas amanecieron incrementando el pasaje de dos mil a 5 mil bolívares, que equivale a más de 150%, según denunciaron los usuarios, publicó El Universal.

“La pocas camionetas que están trabajando en Caracas, por ser día feriado ya están cobrando el aumento y solicitan que les paguen antes de montarse”, denunció José Rojas, en la parada de Capitolio hacia El Paraíso.

El concejal del municipio Libertador y presidente de la comisión de Obras y Servicios Públicos, José Bracho, afirmó que no permitirán que los transportistas públicos continúen chantajeando con amenazas de paro y de aumentos unilaterales, pasando por encima de la Gaceta Municipal.

“Nosotros desde el Concejo Municipal rechazamos el aumento de las tarifas que pretenden subir de 2 mil a 5 mil bolívares, es importante que se sepa que hay un decreto firmado por la alcaldesa de Libertador, Erika Farías, y que este aumento de 5 mil bolívares es arbitrario y no está publicado en la Gaceta Oficial Número 0029”, manifestó Bracho, según reseñó Unión Radio.

Asimismo el servicio de taxis colectivos que se presta desde la California hasta urbanizaciones como El Llanito, Maracuay, La Urbina, El Marqués aumentaron el pasaje, por persona, de 10 mil bolívares que costaba ayer a 25 mil bolívares, denunciaron los pasajeros.

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