La “movilidad colectiva incluyente, digna, segura, de calidad y a precios justos”, prometida por la llamada Misión Transporte, que desde su nacimiento en 2013 está bajo las directrices del mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, se estrella contra la realidad que se vive en las calles, reflejando la corrupción en el sector transporte.
Cuando Maduro tenía apenas siete meses en el cargo, este programa se convertía en su primera gran “misión”. Asumía así el compromiso de aliviar el trajín diario de los venezolanos a la hora de movilizarse. Desde “refugios para gandolas”, pasando la llamada “fiesta del asfalto”, hasta promesas gruesas como la “constitución de nuevos sistemas de transporte”. Todo a favor de la gente, era el discurso oficial.
Cuatro años después,la realidad parece no tener frenos.Buena parte del servicio de transporte público sigue estando en manos de privados, a quienes la crisis económica les hace cuesta arriba adquirir repuestos, lubricantes y cauchos para sus unidades, con lo que ha mermado sustancialmente la flota operativa.
Las cada vez menos unidades deben trasladar a la misma cantidad de gente y la desesperación por el tiempo de espera para tomar un bus, ha llevado a muchos a tomar el riesgo de trasladarse en vehículos no aptos para movilizar a seres humanos en masa. La situación cobró este 6 de diciembre sus primeras víctimas y fue en el estado Bolívar: cuatro personas que, a falta de buses, se trasladaban en un camión volteo, un vehículo destinado al sector construcción.
“Dos personas tendidas en el asfalto y un camión volteo de costado era la escena que describía otro trágico episodio del caos de transporte público en Ciudad Guayana, este miércoles 6 de diciembre”. Así reseñó el accidente el portal El Pitazo, lo que coloca sobre la mesa una situación que enciende las alarmas.
La prensa local identificó a los muertos en el accidente comoLuis Salazar, Daniel Farfán, Luis Padilla y Julio Pérez Maita. Hubo nueve heridos: Willian López, Yornelis Bermúdez, José Cedeño, Larry Mujica (conductor), Elpidio Ramón, Javier Rondón, Jonathan Carrasquel, Ezequiel Requena y David Alpon.
A pesar de lo sucedido en Bolívar, Erika Farías, candidata del partido oficial PSUV para la alcaldía de Libertador (Caracas) y autodenominada “combatiente del ejército del Comandante Chávez”, propuso que los caraqueños se trasladen en una suerte de unidades-jaula “camiones de contingencia para que en las horas pico puedan ayudar a aligerar la espera”.
Los derechos están en el autobús equivocado
La primera “misión” con la que Maduro inauguró su presidencia montó los derechos de los venezolanos en el autobús equivocado, pese a los millonarios recursos destinados a “revolucionar” el sector.
“Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad”, reza el artículo 117 de la Constitución Nacional, una norma en la que también se destaca la garantía de “un trato equitativo y digno”.
El sistema de transporte público urbano permite a los ciudadanos movilizarse desde y hasta sus lugares de trabajo, estudios, recreación, cultura, deporte e incluso su hogar. El Estado debe garantizar a los ciudadanos la adecuada prestación de servicio pues su afectación no solo limita el derecho al libre tránsito, si no el derecho a la educación, el trabajo, las transacciones económicas y la recreación.
El mal estado de las unidades, así como el exceso de pasajeros,son factores que también atentan contra la seguridad de la gente y el derecho humano a la vida. Las personas también optan por caminar hasta su destino, en ocasiones a altas horas de la noche, colocando en riesgo su seguridad personaly propiedades.
Una crisis nacional mirada de cerca en las regiones
En Carabobo, muchos ciudadanos han optado por tomar un camión de carga con cuerdas y barandas para movilizarse “cual ganado al matadero”, tal como lo registró la coordinación de Transparencia Venezuela en esa entidad.
En Zulia, los usuarios han optado por el servicio de un tren infantil, de los usados para paseos cortos en eventos especiales, casi siempre, bajo techo.
“Con uno, dos y hasta cuatro vagones que se saturan de pasajeros, los trencitos no están dotados de las condiciones de seguridad necesarias para cohabitar en calles y avenidas con los grandes aunque ya escasos autobuses de las rutas urbanas. En cada vagón se montan, de día y de noche, no menos de 18 personas que apenas están protegidas de la eventualidad de una colisión por unas delgadas barras de metal o hasta listones de madera”.
Las demoras en discusión del pasaje mínimo y el hacerse “de la vista gorda” frente al aumento que unilateral de las tarifas por parte de los camioneteros, ha dejado indefensos a los venezolanos. En Lara para el 30 de noviembre el ´pasaje corto´ valía Bs. 700 y el ´largo´ Bs. 1.200. Tan solo 24 horas después, el 1° de diciembre, costaba Bs. 1.000 y 1.500, respectivamente.
En ese estado los transportistas se declaran en “paro técnico”, porque de 7.800 unidades solo están circulando 2.340 unidades, básicamente por falta de repuestos.
Las líneas sub urbanas del eje andino en Barinas muestran los efectos de las malas políticas en el sector: de 1000 unidades de transporte, sólo 369 se encuentran operativas y no en las mejores condiciones, según información recopilada en ese estado por Transparencia Venezuela. En Táchira, la Línea Unión Cordero a finales de noviembre de 2017, tenía operativas 12 de 84 unidades, solo el 14 por ciento de la flota.
“He pensado en dejar de trabajar, porque ya la situación no se aguanta. Últimamente he tenido que optar por quedarme a dormir en las casas donde trabajo para que me quede algo de dinero para comprar alimento”. Es el comentario de la señora Rosa Parra. Ella vive en el barrio La Cruz, al sur de Barquisimeto. Su testimonio a Transparencia Venezuela coincide con las vivencias de muchos ciudadanos que ven afectada su calidad de vida.
La coordinación de nuestra organización en el estado Mérida verificó la situación de los habitantes de los sectores periféricos del municipio Campo Elías, como El Salado Alto.
Ellos enfrentan las peores limitaciones a la hora de cumplir con sus actividades laborales y de estudio. “En la parada principal de Ejido el tiempo de espera ronda entre 35 y 45 minutos, que sumado al tiempo del trayecto, suma unas dos horas y media. Es preciso entonces para algunos caminar desde El Salado hasta una parada más próxima a Ejido, en calles no aptas para peatones, sin suficiente iluminación y a merced de la delincuencia.”
En el estado Bolívar, Transparencia Venezuela ha constatado el malestar de la población, que se ha traducido en manifestaciones de calle. El 18 de noviembre habitantes de San Félix protestó por la falta de buses y porel aumento discrecional de las tarifas. Los afectados cerraron la avenida Guayana, a la altura del Hospital Dr. Raúl Leoni de Guaiparo.
El motor fundido
Ni la eficiencia ni el respeto al usuario se ven en las calles luego de tres años del nacimiento de la primera misión que formalmente lidera Maduro, su primer gran programa social como jefe de Estado.
Tampoco la promesa inicial de “revolucionar el transporte público en Venezuela” y “ofrecer al pueblo una opción de movilidad colectiva incluyente, digna, segura, de calidad y a precios justos”.
Y a juzgar por las quejas de quienes prestan el servicio, mucho menos se percibe que se haya logrado “dignificar al transportista, brindándoles condiciones laborales justas”.
“Vamos a afianzar un verdadero sistema de transporte público en Venezuela, en el que esté suscrito la eficiencia y el respeto al usuario”,dijoMaduro en julio de 2017 al entregar 410 vehículos, en la zona militar de Los Próceres, en Caracas, en un acto de la Misión Transporte. De allí 300 unidades eran taxis marca Orinoco y 100 autobuses Yutong, con 31 puestos cada uno.
En el tercer aniversario de la Misión Transporte, celebrado a inicios de 2017, una nota de prensa oficial destacaba los “logros” del programa: la creación de 60 sistemas de transporte con 2.960 autobuses Yutong de última tecnología en 175 ciudades del país, 43 proveedurías de insumos y repuestos en toda Venezuela (lubricantes, baterías, frenos, cauchos y otros consumibles para vehículos “a precios justos y sin especulación”).
También se habrían impulsado 82 soluciones viales construidas y 16 refugios (uno para transporte de carga y otros 15 para motorizados), así como el financiamiento de 12.409 vehículos, entre autobuses, motos, camiones y taxis, a través de una alianza con la banca pública (entre ellos 1.110 buses para cooperativas y asociaciones del transporte público).
El contraste entre lo que ocurre en las calles y los “logros” de la Misión Transporte, se le agrega la poca transparencia en el manejo de los recursos que se estarían destinandoa este programa.
La misión que conduce Maduro no aparece reflejada ni siquiera en el Presupuesto de la Nación de 2017, estimado en su totalidad en 8,48 billones. Ni siquiera en los cómputos de gastos e ingresos del país en los años 2014, 2015 y 2016.
La Misión Transporte no es un organismo adscrito a un ente con personalidad jurídica establecido en el sector público, sino un proyecto en el cual participan distintos actores, en función de contribuir a la solución de la movilidad en Venezuela.
Esto tiene efectos negativos sobre la evaluación de resultados y la rendición de cuenta de los recursos públicos manejados por la Misión Transporte, al sobreponerse las funciones y los recursos de los entes miembros. Con este tipo de manejo se diluye la responsabilidad y efectividad de las acciones, promoviendo la discreción y corrupción,pues no existe una estructura institucional clara que establezca responsables y procedimientos.
Otro elemento que refuerza el carácter opaco de misión, es que no existen los elementos al alcance de los ciudadanos para verificar o consultar cómo se ejecutan los recursos manejados por la Misión Transporte, dejando la puerta abierta para que la discrecionalidad de funcionarios, sin la supervisión adecuada en organismo con poca fortaleza institucional. Se gestan las condiciones para procesos de malversación y desvío de los fondos en perjuicio del patrimonio de la nación.
De allí que gran parte de la información oficial sobre este programa se desprende solo de las declaraciones públicas de los altos funcionarios ligados a su ejecución.
La prensa oficial informa que durante el primer año de gestión de Maduro se crearon 17 sistemas de transporte urbano, conformado por líneas de autobuses, que atenderían a 850 mil pasajeros a diario en 32 ciudades.
Son los sistemas: Bus Barlovento, Bus Vargas, Bus Mara, TransCosta Oriental, TransGuajira, TransFalcón, BusTaguanes, TransAragua, TransBolívar, Transbarca, Bus Guarenas, TransAmazonas, Bus Cumaná, Transpuerto, Bus Barinas, Bus Caribia y Bus Los Teques.
En mayo de 2016 Maduro aprobó 4 mil 930 millones de Bolívares para expansión de fábrica de autobuses Yutong, inaugurada el 2 de diciembre de 2015 en el estado Yaracuy, como parte del convenio de cooperación China – Venezuela.
En esa misma oportunidad dijo que 13 millones de dólares serían destinados “para la fábrica de autobuses más grande y moderna de América Latina”.También ordenó “crear 20 nuevas rutas en los municipios y estados del país” y entregarles 200 autobuses Yutong.
Pero la fábrica de la que ha hecho alarde el presidente Maduro fue objeto de denuncias por corrupción en enero de 2017. El diputado a la Asamblea Nacional, Jony Rahal, denunció en pleno debate parlamentario queel Gobierno destinó 2 mil 877 millones de bolívares la ensambladora, pero el establecimiento estaría inoperativo.
También manifestó que hubo irregularidades en la compra de 7 mil 16 autobuses Yutong, que costaron a la nación entre los años 2011 y 2015 la cantidad de mil 261 millones de dólares y que al menos 3 mil 500 unidades estaría abandonadas.
Según el parlamentario, cada unidad tenía un valor real promedio de 87 mil dólares, pero el precio que pagó Fontur por cada unafue de 179 mil 852 dólares, es decir 92 mil 852 dólares de sobreprecio.
“Con lo que se han robado, se pudo haber comprado 10.795 autobuses más, o 5 millones de cauchos, o 20 millones de baterías, y en pasaje estudiantil, se pudo haber subsidiado 219 millones de estudiantes”, dijo en esa ocasión el diputado
En mayo de 2017, Tareck El Aissami, vicepresidente ejecutivo, anunció la aprobación de recursos para atender los retrasos en el pago del subsidio estudiantil a los transportistas, situación que genera muchos roces entre choferes y estudiantes. 7 millones 907 mil 152 dólares serían destinados a la adquisición de dispositivos de cobro inteligente del pasaje estudiantil y otros 14 mil millones de bolívares para el pago de la deuda con los transportistas por este mismo concepto correspondiente a ese mes.
Pero el monto global de lo invertido en dar “un mejor servicio” de transporte a los venezolanos es una cifra negra desde la creación de este programa social en 2013.
Una crisis que tampoco puede aliviar el Metro
En noviembre de 2016, Transparencia Venezuela denunció junto a la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional irregularidades financieras, opacidad e imprecisión de la información en 12 obras de vialidad y transporte inconclusas, cinco de ellas asignadas a la cuestionada empresa Odebrecht y bajo la responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas.
Se logró constatar el incremento de los recursos asignados a obras aún sin concluir, por la reprogramación de las fechas de culminación, que tenían variaciones de hasta un 3.000%. Lo que representa construir tres veces cada obra, con un desembolso adicional en perjuicio de la nación por el orden de los 222 mil millones de bolívares.
Entre las obras investigadas están siete líneas de Metro (Línea 5 Metro de Caracas, Línea 2 Metro de Valencia, Línea 2 Metro de Los Teques, Rehabilitación Línea 1 Metro de Caracas, Metro Cable Mariche, Metro Guarenas-Guatire y Línea 2 Metro de Maracaibo-), tres sistemas ferroviarios (el Nacional Centro Occidental Simón Bolívar, Central Ezequiel Zamora y el Sistema Ferroviario Centro Oriental Tramo Tinaco-Anaco) así como los puentes Nigale, Segundo Puente sobre el Lago de Maracaibo y Tercer Puente sobre el Río Orinoco.
En enero de 2017, el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó denunció la pérdida de $ 2.533.362.348 en la construcción de la Línea 2 del Sistema Metro Los Teques del estado Miranda, caso en el cual también salió a relucir la constructora de Norberto Odebrecht, En este caso el retraso registrado fue de dos años.
También a finales de enero del presente año, el gobierno anunció 51 obras de infraestructura, de las cuales 15 estarán destinadas al mejoramiento de la vialidad y el transporte en el país, según el ministro del Poder Popular para Obras Públicas, César Salazar.
La inversión alcanza los 300 mil millones de bolívares.
El Gobierno de Maduro debe asumir su responsabilidad en la crisis de transporte existente, que es consecuencia de la debacle económica que ha puesto fuera del alcance de los transportistas el mantenimiento de las unidades y la evidente pérdida de miles de millones de bolívares en obras y equipamiento de transporte, que han impedido desarrollar un sistema público como el tantas veces prometido.
Créditos: RunRun.Es
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