Autor: Angélica González

La cantidad de latinoamericanos y caribeños que padecen hambre aumentó 6% en 2016 respecto del año anterior para ubicarse en 42,5 millones de personas y la región tendrá problemas para cumplir su meta de erradicar el hambre en 2030 si continúa esta tendencia, se informó el martes.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtieron en un informe conjunto los indicios de un deterioro de la situación en Sudamérica, donde el hambre creció de 5% en 2015 a 5,6% en 2016.

Venezuela fue el país del continente que experimentó la mayor alza en subalimentación, al aportar 1,3 millones de los 1,5 millones de nuevas personas con hambre en Sudamérica entre 2014 y 2016, respecto del bienio previo.

El país -cuya economía ha sufrido una contracción acumulada de 44,6% entre 2014 y 2018 según el Fondo Monetario Internacional- fue uno de los seis países en los que aumentó la proporción de personas subalimentadas, mientras que otros 21 países la redujeron.

Haití fue el país de la región con una mayor proporción de subalimentación, de casi la mitad de su población. Antigua y Barbuda, Bolivia y Granada presentaron tasas de al menos un quinto de sus respectivas poblaciones.

Brasil, Cuba y Uruguay presentan una prevalencia de subalimentación inferior al 2,5%, mientras que Argentina, Barbados, Chile, México y Trinidad y Tobago están por debajo del 5%.

El informe destacó que además de luchar para erradicar la deficiencia alimentaria los gobiernos de la región también necesitan concentrarse en el sobrepeso y la obesidad.

Todos los países del continente han incrementado sus tasas de obesidad en adultos entre 1980 y 2014 y en al menos 24 naciones los obesos superan el 20% de la población.

 

Créditos: Globovisión

El presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, aseguró que “en Venezuela se está dando la lucha más importante por la libertad”, al ser consultado sobre por qué debería ser galardonado con el premio Sájarov y señaló que su nominación es un “apoyo claro” a la democracia del país.

“Yo destacaría que en Venezuela se está dando la lucha más importante por la libertad de esa primera parte del siglo XXI, es una lucha que tiene un significado mucho más profundo que incluso las fronteras venezolanas”, dijo Borges a Efe.

Este martes, 10 de octubre, serán designados los finalistas para esta premiación en la que, además de Borges, se encuentran varios opositores venezolanos encarcelados como el dirigente Leopoldo López y el alcalde Antonio Ledezma.

Los candidatos venezolanos fueron propuestos por el Partido Popular Europeo (PPE) y el grupo de los liberales (ALDE).

Borges señaló que en su caso particular, hay un reconocimiento que tiene que ver con ser el presidente de la Asamblea Nacional (AN) que es “un simple representante de toda una multitud de venezolanos que están dando una lucha en todos los frentes de batalla por la libertad y por la dignidad del país”.

Indicó que “si ha habido algún escenario importante” en lo que llama la lucha por la democracia ha sido el Parlamento que en la actualidad se encuentra “sitiado” por la Asamblea Nacional Constituyente “fraudulenta” que fue electa el 30 de julio pasado y que está conformada solo por oficialistas.

Señaló que el Gobierno de Nicolás Maduro “desconoció el voto popular” que en diciembre de 2015 eligió el Parlamento que ahora controla la oposición al despojarlo de sus atribuciones.

El parlamentario indicó que desde el Legislativo se está dando una lucha para “construir una democracia sana, de progreso y de justicia social para el país (para) erradicar a través de la lucha popular lo que significa un intento nuevo de una dictadura“.

Para Borges, el ser nominado al Sájarov y la posibilidad de recibir este galardón “tiene un enorme significado porque se trata de un apoyo muy claro a la lucha democrática en Venezuela” pues “es un premio que no solamente enaltece los derechos humanos sino la lucha por la libertad de conciencia”.

Comenta que se trata de un reconocimiento al Parlamento “como encarnación de lo que es la soberanía de todo el pueblo venezolano y por lo tanto creo que es de alguna manera también un reconocimiento a la lucha que se ha llevado a cabo allí”.

A su juicio, todos los que han batallado en Venezuela por la democracia “han puesto lo mejor de sí” e incluso “hay personas que han puesto su vida entera” por lo que todos deben sentirse merecedores de este premio.

“Todo el mundo se tiene que sentir ganador si logramos esa distinción que es el premio más importante de derechos humanos, de paz y de derechos humanos de toda Europa”, apuntó.

EFE

 

Créditos: Efecto Cocuyo

Washington.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que América Latina y el Caribe crezcan levemente en 2017 y 2018, salvo Venezuela, donde estima una contracción de más del 10% y una inflación galopante, según su nueva proyección de la economía mundial publicada este martes.

En su Panorama Económico Mundial del segundo semestre, el FMI subió a 1,2% su previsión de crecimiento Producto Interno Bruto (PIB) para la región en 2017, aunque advirtió sobre la disparidad entre los países, en particular, por la aguda recesión de la economía venezolana.

«La intensificación de la crisis política en Venezuela pesa mucho sobre la actividad económica, que se espera que se contraiga más de 10% en 2017, en tanto disminuye la producción petrolera y aumenta aún más la incertidumbre», indicó el Fondo, según reseñó AFP.

Además, la inflación de Venezuela crece pavorosamente. En su informe, el FMI indicó que el año pasado fue de 254,4%, para este año se prevé 652,7% y para 2018 se proyecta 2.349,3%.

Venezuela atraviesa una severa crisis económica desde 2014, cuando cayeron los precios internacionales del crudo, fuente del 96% de sus divisas. La debacle generó una aguda escasez de alimentos y medicinas, y fue agravando la situación política, deteriorada en el último año en medio de protestas que dejaron 125 muertos.

En su informe, el FMI volvió a pronosticar un crecimiento económico regional de 1,9% para 2018, en línea con su proyección de julio y con la recuperación de la economía mundial, pero a la baja con relación a sus previsiones de hace seis meses.

«Aunque el crecimiento se está manteniendo en América Central y fortaleciendo en promedio en el Caribe, la demanda interna en gran parte del resto de la región sigue mostrando bajo rendimiento y algunos factores de idiosincracia juegan un papel crucial en la conformación de perspectivas sustancialmente diferentes entre los países», apuntó.

Entre estos factores, además del caso de Venezuela, el FMI mencionó las incertidumbres en México vinculadas a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) a instancias de Washington, la persistente inestabilidad política en Brasil y la implementación del acuerdo de paz para poner fin a más de medio siglo de violencia interna en Colombia.

Brasil y Argentina superan recesión

El Fondo también dijo que Brasil y Argentina se encaminan hacia el fin de la recesión, al subrayar el ingreso de la economía brasileña en «territorio positivo» en la primera mitad del año, y el aumento de la inversión en el escenario argentino.

«Después de ingresar en territorio positivo en la primera mitad de 2017, se espera que el crecimiento en Brasil sea de 0,7% para este año y de 1,5% para 2018», indicó, al atribuir la expansión a «una cosecha excelente» y «un impulso al consumo».

Sin embargo, alertó sobre la debilidad de la inversión y la falta de certidumbre política, que llevaron a la baja de 0,2% el pronóstico del PIB para 2018, y dijo esperar que la «restauración global de la confianza» de reformas para asegurar la sostenibilidad fiscal hagan crecer 2,0% el PIB en el mediano plazo.

Sobre Argentina, el FMI también se mostró optimista, al proyectar un repunte del crecimiento de 2,5% en 2017. El Fondo adjudicó este incremento a un alza en los salarios reales que alientan el consumo y a una mayor inversión en infraestructura, así como al aumento de la demanda externa que beneficia la exportación.

«El crecimiento se espera que se mantenga alrededor de 2,5% en 2018», dijo.

Para México, el FMI destacó que a pesar del leve crecimiento previsto, de 2,1% en 2017 y 1,9% en 2018, la expansión mayor de lo esperada en los últimos trimestres muestra una recuperación de la confianza de los mercados financieros y permite augurar más incremento del PIB en el mediano plazo.

Para Colombia el FMI espera para 2017 un crecimiento de 1,7%. Y advierte que los acuerdos de paz así como el aumento del gasto en infraestructura y reformas fiscales generan la expectativa de un aumento de 3,5% a mediano plazo.

 

Créditos: El Universal

 

Lea también:

• Venezuela al borde de un proceso hiperinflacionario
• Tasa inflacionaria del país pudiera terminar este año en 1.438 %

Ni la pobreza ni la desigualdad son las causas directas de las grandes tendencias de criminalidad en Venezuela desde el siglo XXI, demostró una reciente investigación del Laboratorio de Ciencias Sociales, con apoyo del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido y del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional de Canadá.

A diferencia de otros países de América Latina, entre 2000 y 2010 los asesinatos aumentaron sostenidamente en 300% en el país, con más de 129.000 homicidios, a pesar de los altos ingresos provenientes del petróleo, de la disminución de la pobreza que en 2010 fue menor de 27,8%, y de la desigualdad que se redujo en 0,394. En contraste, en Colombia, por ejemplo, la violencia disminuyó en el mismo período, con un porcentaje de pobreza más alto que el venezolano (44,3%) y un incremento de la desigualdad de 0,578%.

“En el año 1997, Colombia tenía una tasa de 63 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en Venezuela la tasa era de 19 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, entre ambas tasas había una diferencia de 40 puntos. Pero con la llegada del siglo XXI y particularmente en los 5 primeros años de ese ciclo, las tasas se homologaron en 38 homicidios. Pasados 10 años del nuevo siglo, en Colombia los asesinatos habían disminuido a la mitad (32 por cada 100.000 habitantes), en tanto que en Venezuela se triplicaron al alcanzar los 67 por cada 100.000 habitantes”, señala el estudio.

Los datos prueban además el crecimiento “rápido y grande” de la tasa de homicidios en Venezuela “nunca antes ocurrido en la región”, según el sociólogo Roberto Briceño-León, director de Lacso y autor del estudio.

“Si bien a partir de la década de los ochenta se incrementó la violencia en casi todos los países de la región, desde el año 2000 organismos internacionales adoptaron decisiones que empujaron a las ciudades a reducir sus tasas de homicidios: en São Paulo fue de 10 por cada 100.000 habitantes, en Bogotá de 14 por cada 100.000 habitantes, pero en Caracas fue de 150. Venezuela está entre los países más violentos, como Salvador y Haití; lo que cambia es si está en primer lugar o en segundo lugar”.

Una tendencia progresiva que se mantendrá al cierre de 2017, según apunta Briceño-León, al considerar que en 2016 se registraron 28.000 homicidios, con una tasa de 91% por cada 100.000 habitantes.

Fracaso en la no violencia

La investigación se propuso descubrir por qué no descendió la cifra de homicidios en Venezuela en esa década, lo que sí ocurrió en el resto de los países y es posible que eso continúe en el tiempo. “Eliminar la pobreza y reducir la desigualdad son metas sociales válidas y encomiables por sí mismas, pero no se justifica que se conviertan en causas de los asesinatos ni que ayuden a comprender los mecanismos que permiten reducir los homicidios en América Latina”, afirma.

La respuesta está en el irrespeto a la institucionalidad y en el fomento de la violencia frente a la falta de castigo durante esos 10 años. “El sentido de lo moral y de lo correcto se perdió por las acciones del gobierno de Hugo Chávez y por sus mensajes de elogio a la violencia, con las inevitables consecuencias de impunidad”, sostiene el sociólogo y experto en violencia urbana.

En esa década destacan dos picos en los cuales se incrementan las muertes violentas, señala. El primero se ubica en el año 2003 cuando ocurren 11.430 homicidios, lo que conduce desde 2004 a la censura impuesta sobre la información de las cifras reales de homicidios. “Los datos se retiraron de las páginas web de los despachos oficiales y del INE, y se clausuró la oficina de prensa de la PTJ”, recuerda Briceño-León. El segundo pico se produce en 2006. Los asesinatos aumentaron de una forma estrepitosa en el momento de mayor riqueza petrolera, de distribución de bienes y de dinero, de los 9.000 dólares que dio Cadivi que la gente usó para raspar tarjetas; es el tiempo en que el gobierno de Hugo Chávez informa a organismos internacionales que bajó la pobreza.

“El gobierno es responsable por omisión y comisión por lo que no ha hecho hasta ahora y por lo que ha hecho de forma equivocada”, afirma.

El especialista cita el decreto presidencial de 2007 mediante el cual se declara el 4 de febrero como fecha patria, que fue también el primer decreto de la Ley Habilitante. “Fue un elogio a la violencia institucional, como lo fueron también las celebraciones del Caracazo de 1989 y los fallidos golpes de Estado de 1992. Es la única explicación del crecimiento abismal de la criminalidad en Venezuela. Cuando hay una destrucción del tejido social y de las reglas, el proceso de violencia se da en cascada y seguirá por inercia”.

Briceño-León piensa que la tendencia hacia arriba persistirá, como ocurrió en los años posteriores, si no se adoptan correctivos.

“La respuesta debe venir del derecho penal desde la institucionalidad; se requiere de una cultura ciudadana máxima; de una internalización de la moral y de los valores de la sociedad, así como de un control social antes que un control penal por el Estado; de una sociedad donde las consecuencias desagradables para el criminal, como decía Durkheim, tengan un fuerza más social que penal. Solo así podremos pensar en una reducción sostenible de los homicidios”.

 

Créditos: El Nacional

 

Lea también:

• Javier Gorriño: incidencia delictiva podría ascender en diciembre

Uno de cada tres latinoamericanos pagó sobornos en los últimos doce meses en servicios públicos básicos, según un estudio presentado hoy por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI), que resalta la corrupción en México, República Dominicana y Perú.

En el informe titulado, “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” señala a Venezuela como el cuarto país en la lista, donde el 38% de los encuestados afirmó haber pagado a funcionarios públicos para superar las trabas burocráticas, además, el 87 % de los encuestados expresaron que la corrupción ha crecido.

El estudio destaca que el 73% de los encuestados considera que la policía es sumamente corrupta, el porcentaje más alto en la región.

La percepción negativa acerca de los cuerpos de seguridad de Venezuela se une a las denuncias realizadas por diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, que han denunciado abusos y violaciones por parte de uniformados. Según la ONG Provea,el 86% de las muertes que involucran funcionarios son ejecuciones extrajudiciales.

Además de la desconfianza a los efectivos policiales, siete de cada diez venezolanos temen morir violentamente debido a los índices de homicidios en el país. Según cifras del Ministerio Público, en Venezuela ocurrieron 21.752 homicidios, de las cuales, 4.667 ocurrieron a manos de funcionarios de seguridad.

La corrupción aumenta en Latinoamérica

El informe destaca, además, tras entrevistar a más de 22.000 personas en 20 países de la región, que la percepción generalizada es que estas prácticas están en aumento, que los Gobiernos no las combaten con determinación, y que casi un tercio de quienes las denuncian sufre represalias.

“La fotografía de la región no es positiva. Porque un gran número de ciudadanos piensa que la situación no cambia o ha empeorado y porque muchas personas dicen que el Gobierno no está haciendo un buen papel”, resumió en declaraciones a Efe Alejandro Salas, responsable de TI para las Américas.

Las diferencias entre esta encuesta de TI y su popular Índice de Percepción de la Corrupcióntienen que ver, principalmente, con que éste pregunta por la “experiencia personal” de personas corrientes, mientras que el segundo interroga a expertos.

México es el país donde más encuestados aseguran haber pagado sobornos en el período de estudio, con un 51 % de los interrogados, seguido por República Dominicana (46 %), Perú (39 %), Venezuela (38 %) y Panamá (38 %).

En el extremo contrario de la región se encuentran Trinidad y Tobago (6 %), Brasil (11 %), Argentina (16 %), Jamaica (21 %) Chile (22 %), Uruguay (22 %), Paraguay (23 %) y Costa Rica (24 %).

Entre ambos grupos se encuentran Honduras (33 %), El Salvador (31 %), Nicaragua (30 %), Colombia (30 %) Guatemala (28 %), Ecuador (28 %), Bolivia (28 %).

En total, dos tercios de los encuestados consideran que la corrupción ha aumentado en los últimos doce meses, aunque con diferencias considerables entre países: mientras en Venezuela un 87 % cree que ha crecido, en Argentina sólo un 41 % lo percibe así.

De entre los encuestados, un 53 % sostiene que su Gobierno está haciendo las cosas mal en la lucha contra la corrupción, mientras que un 35 % cree que sus representantes avanzan en la dirección correcta.

No obstante, mientras en Venezuela y Perú el 76 y el 73 % de los interrogados cree que la clase política no contribuye positivamente a su erradicación, en Honduras, Ecuador y Guatemala entre un 54 y un 55 % de los encuestados considera que sus representantes lo están haciendo bien.

El presidente de TI, José Ugaz, criticó en un comunicado que latinoamericanos y caribeños estén “siendo defraudados” por “sus Gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado”.

“El caso Lava Jato, que causó un tremendo impacto en la región, demuestra que la corrupción está ampliamente extendida. El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial, para los sectores más vulnerables”, argumentó.

Los hospitales públicos es donde en más ocasiones se han visto obligados a pagar sobornos los encuestados (20 %), seguido por la escuela pública (18 %), las oficinas de documentos de identidad (17 %), la policía (16 %), los servicios públicos de agua y electricidad (14 %) y los tribunales (12 %).

Por instituciones y a nivel regional, la policía y los representantes electos son percibidos como “todos o casi todos corruptos” por el 47 % de los encuestados, seguidos por el gobierno local (45 %), el primer ministro (43 %), jueces y magistrados (40 %), empleados públicos (37 %), empresarios (36 %) y líderes religiosos (25 %).

Salas destaca que ricos y pobres se ven afectados de forma similar por la corrupción, con lo que en términos relativos afecta mucho más a las personas con menores ingresos.

TI considera que la “medida más importante” contra la pequeña corrupción es dar una información “completa sobre derechos y costos de los trámites”, explica Salas.

Es clave además mejorar la “protección al denunciante”, un ámbito en el que “en América Latina estamos en pañales”: “Está hasta mal visto denunciar. Y los valerosos que se atreven muchas veces sufren castigos. Las consecuencias generan miedo”.

Con información de EFE

 

Créditos: Efecto Cocuyo

 

Lea también:

• Reporte del Índice de Libertad Económica deja a Venezuela en el último lugar por segundo año

• Transparencia Venezuela: Gobierno es dueño de 526 empresas que presentan pérdidas millonarias