Autor: Antonella Di Martino

El emprendimiento en Venezuela ha seguido creciendo en medio de la crisis económica que afronta el país. Son cada vez más los proyectos que surgen para promover y guiar el emprendimiento y Startup Week Caracas es uno de ellos.

Esta iniciativa global sin fines de lucro que es realizada en las principales ciudades del mundo para convocar a los líderes de los ecosistemas emprendedores para que, en conjunto, se coordine una agenda de actividades, abiertas y gratuitas, que serán realizadas durante toda una semana para apoyar a los emprendedores que hagan vida en ella.

Ya son más de 70 ciudades en el mundo que han disfrutado de este proyecto y ahora le toca a Caracas. El Startup Week Caracas se realizará entre el 18 y el 22 de septiembre, nace de la mano de Techstars y es auspiciada por Chase for Business con el objetivo de fomentar el desarrollo de emprendimientos de calidad en el mundo y contribuir al desarrollo, prosperidad y conexión de las comunidades emprendedoras a escala global. Esto se logra a través de la promoción de diferentes escenarios para que los actores del ecosistema emprendedor de la ciudad actúen juntos y puedan reconocerse, compartir y sumar.

Este evento, que se realizará primera vez en Caracas, se desarrollará bajo la programación de actividades estimulantes de diversas temáticas, localización y naturaleza que suceden a lo largo de una semana en una ciudad determinada, las cuales son diseñadas y organizadas para celebrar, participar, formar, promover e incentivar a los emprendedores.

«Lo sabroso de esta semana es que es una toma de la ciudad completa. Tenemos actividades desde el Centro Simón Díaz en Petare, hasta el Centro Comunal de Catia, pasando por todos los municipios de la ciudad y con el acompañamiento de las Alcaldías que es muy importante», aseguró Karina Taboelle, una de las coordinadoras del Startup Week Caracas.

Son más de 35 organizaciones las que se han sumado para crear una agenda de más de 40 actividades gratuitas en cuatro municipios para los emprendedores caraqueños, generando conexión entre ellos y su comunidad, reforzando su pertenencia a un ecosistema que los integra y contando con una red de apoyo que puede hacer la diferencia.

«Más allá de que no haya un entorno de políticas públicas en Venezuela diseñado para la promoción, sostén y el apalancamiento del emprendimiento, sí hay una red importante de instituciones, organizaciones y colectivos de personas que trabajamos incansablemente para apoyarlos. El Startup Week es una oportunidad para convocar simultáneamente a muchos de los actores que trabajamos todo el año para apoyar al emprendedor y crear una agenda que le permita sentirse apoyado para convertirse en protagonista de esa Venezuela prósperas que queremos», afirmó Dunia de Barnola, directora ejecutiva de Venezuela Competitiva.

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Después de años de la implementación de un modelo económico que se ha encargado de atacar y asfixiar al sector productivo del país, Venezuela se volvió dependiente de las importaciones para poder abastecer a la población hasta de los productos más elementales para la subsistencia de cualquier ciudadano. Sin embargo, el tráfico de buques ha disminuido con cada vez mayor intensidad en los puertos del país.

El gobierno ha usado las sanciones por parte de Estados Unidos para justificar el dramático descenso de importaciones, pero esta caída se ha venido presentado en el país hace aproximadamente cinco años.

«El Estado depredador sencillamente destruyó la producción nacional, destruyó el producto venezolano y se vio en la necesidad y obligación de empezar a importar todos los productos que pudiesen cumplir la canasta básica de los venezolanos, medidas que hoy no logran llenar las despensas», aseguró Eduardo Quintana, presidente de Fedecámaras Vargas.

Quintana expresó que la escasez de alimentos en el país se debe a que el alto gobierno no dispone de los recursos necesarios para importar comida suficiente para todos los venezolanos y que la suspensión de los créditos aplicada a Venezuela fue realizada a través de los países de origen que le permitían traer comida.

Asimismo, resaltó que el gobierno ha perdido la línea de crédito de los grandes productores del país, de los grandes exportadores de alimentos, a eso se debe la escasez que afecta de manera importante al país. «Por eso es que no se ven productos en los anaqueles, porque el gobierno concentró sus importaciones de alimento en las cajas CLAP que son administradas directamente por ellos, pero eso no va a los anaqueles», señaló.

«Originalmente, venían para Venezuela 2000 contenedores en barcos y que cada contenedor dispone de 1000 cajas CLAP , fueron bajando progresivamente con la falta de liquidez y de pagos hasta que, ya hace tres meses atrás, la importación había disminuido a 200 contenedores», destacó el presidente de Fedecámaras Vargas.

Según Quintana, es así como ha ido mermando la importación y es por eso que la situación de escasez es cada día peor. «No hay liquidez, no hay créditos, los créditos que teníamos fueron suspendidos y solamente podían adquirirlos pagando de contado, pero para pegar de esta forma debían pagar la deuda que tenían previamente», manifestó,

Recalcó que el 2012 fue el año en donde en gobierno venezolano gastó mayor cantidad de dinero en importaciones de toda índole, siendo el mayor auge de importación de Venezuela, pero que aún así no logró completar o abastecer todo lo que faltaba en el país.

También, indicó que los grandes supermercados se convirtieron en una especie de ‘boutiques’ porque ellos no tienen dolares preferenciales para importar y se ven en la necesidad de importar al dolar libre, lo que incrementa dramáticamente el costo para los consumidores y disminuye su capacidad de adquirirlo. «Por eso es que el gobierno no se mete con los supermercados, porque es una ayuda que le dan a la población para que puedan tener los productos en los anaqueles a pesar de que no puedan adquirirlos», afirmó el gremialista.

Por su parte, Carlos Luis González Wolf, presidente de Fedecámaras Carabobo, señaló con preocupación que «en el 2014 teníamos 36 o 35 buques semanales en el puerto, ahora pasamos a tener alrededor de 2 o 3 a la semana». Esto significaría que casi 90% ha decaído la llegada de barcos al puerto de Puerto Cabello.

González Wolf explicó que están importando productos de primera necesidad en algunas cantidades, medicamentos, artículos de higiene, harina de trigo amarilla y blanca, alimento para animales, pero en muy bajas cantidades. «Había un barco de bandera rusa que llegaba con periodicidad, también brasileros y mexicanos, son los que más llegan«, señaló.

Como dato importante, el presidente de Fedecámaras Carabobo destacó que se ha reportado un aumento del 20% en las exportaciones desde el puerto de Puerto Cabello. Pero es un 20% de aumento sobre la base de que no se importaba nada. Entre los artículos venezolanos que se están exportando, mencionó como principales: textiles, peces, langostinos, camarones y flores.

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La gran crisis económica no solo golpea cada vez más fuerte los bolsillos de los venezolanos, sino también a la empresa privada que día a día luchan para subsistir y evitar cerrar sus puertas al público.

«Las empresas hacen lo mismo que todos los venezolanos. Empiezan a limitarse en producción, en consumo de algún tipo de producto, y eso lleva a sectores como en el caso del turismo, a que cierren sus unidades de producción porque sencillamente no las pueden mantener abiertas», aseguró Ricardo Cusanno, primer vicepresidente de Fedecámaras.

A pesar de que la empresa privada continúa realizando grandes esfuerzos para subsistir en medio de esta situación, el gremialista indicó que entre las políticas públicas asfixiantes y el entorno nacional e internacional, los sectores productivos del país no van a poder sostenerse para siempre en esta crisis, hecho que afecta no solo a los propietarios, sino también a sus trabajadores.

También, resaltó que quienes han promovido esta situación siguen creyendo que con la implementación de más controles y más políticas van a lograr solucionarla, sin embargo, solo se profundizará cada vez más.

«Aquí hace falta un cambio de modelo estructural. Aquí no es única y exclusivamente la unificación cambiaria o el diálogo tripartito para la construcción de políticas laborales que sean beneficiosas, aquí tiene que ser un plan integral, donde se ataque la política monetaria, fiscal, los incentivos para las reactivaciones de las empresas donde tengamos unas políticas laborales construidas de la mano de los tres actores: trabajadores, empresarios y sector público, acompañada de una readecuación de todo el estamento legal», señaló Cusanno.

Con tan solo un tercio de la capacidad instalada del sector industrial produciendo, el empresario aseguró que todavía hay ciertos productos en los anaqueles porque la inflación ha golpeado tanto al poder adquisitivo del ciudadano que simplemente hoy se vende menos, no solo porque hay menos productos, sino porque no hay capacidad de compra.

«Es necesario atacar la crisis económica, la crisis humanitaria, las políticas públicas que cambien el sistema y el modelo económico para que esto no siga existiendo», mencionó.

El primer vicepresidente de Fedecámaras afirmó que se encuentran a favor de generar incentivos y beneficios dentro de la empresa privada para que el trabajador vea bien retribuido su trabajo, pero que observando los últimos 10 aumentos salariales en el país, se ha visto cómo los sindicatos, los trabajadores y a la ciudadanía no están contentos con los incrementos salariales porque no les solucionan sus deficiencias en cuanto a calidad de vida.

«Lo más seguro es que tengamos un nuevo incremento salarial no consultado, no delineado en una política macroeconómica y que sencillamente se convierta en sal y agua porque no está soportado con medidas y políticas públicas que lo hagan vigente en el tiempo», expresó.

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Hay quienes han dado a confundir la seguridad social con un beneficio público, sin embargo, es el trabajador quien paga durante su vida activa un seguro que, manejado por la seguridad social, debe estar resguardar y garantizar que ese dinero se mantenga bajo un buen manejo que le permita disfrutar de su vejez sin la necesidad de terminar en estado de indigencia y que le brinde una condición de vida digna.

Isolde González, economista con posgrado en ingeniería empresarial y especialista en seguridad social con más de 20 años de experiencia en Venezuela, define la seguridad social como el aseguramiento que hacen los individuos durante su vida laboral para garantizarse sus niveles de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia.«Todo lo que se aporta, bien sea en pensiones, vejez, salud y cualquiera de esos componentes, forma parte del salario, es una parte del salario que el empresario le aparta a unos fondos colectivos parafiscales», aseguró.

La economista resaltó que en Venezuela y en algunos otros países estos fondos han sido llamados «impuestos parafiscales«, lo que representa una aberración que parte de del salario se convierta en un impuesto, afirmando que eso debe ser un ahorro a futuro.

El Estado tiene el deber de garantizar la reproducción de estos fondos para que produzcan beneficios. No obstante, González indicó que «si vemos ahorita en qué están colocados esos fondos en Venezuela, no existen. Esos fondos se vienen financiando con recursos fiscales porque los han agarrado para financiar salud, proyectos de tipo social que no le generan rendimiento al fondo para que se capitalicen».

Asimismo, destacó que el principio de un fondo se basa en el aporte de un capital colocado a niveles altos de rendimiento y seguridad para que no vayan a ser depositados en proyectos sin historia destinados al fracaso o en títulos valores que no se cotizan ni valorados por la calificadoras de riesgo. Tienen que ser en instrumentos financieros de rendimiento y seguridad.

«Después de la Segunda Guerra Mundial, eran los socialistas peleando por los bienestares desde el punto de vista de la manipulación al trabajador. Se crea la seguridad social con base a la población porque habían excedentes, mucha gente activa de poca edad en el sector laboral, entonces tenían 25 o 30 años para llegar a la pensión», comentó la especialista, añadiendo que se diseñaron los sistemas de reparto donde los trabajadores jóvenes pudieran hacer unos ahorros para cuando llegaran a la vejez, pudieran tener la pensión, pero que en el ínterin, le fueran financiando a los que iban entrando en ella, de ahí nace el término solidaridad intergeneracional.

Por su parte, Leon Arismendi, especialista en derecho laboral aseguró que «si la seguridad social en Venezuela estaba mal, ahora está mucho peor. Para que un sistema de seguridad social funcione necesita unas bases económicas sólidas y consistentes, se supone que haya mucho empleo porque los aportes que se le hace al sistema vienen de los trabajadores y los empleadores. De manera de que si disminuye el empleo, se reducen las fuentes de financiamiento».

Señaló que en Venezuela el aparato industrial está destruido, el empleo formal y de calidad cada día está más disminuido, elementos que traen como consecuencia que el sistema de seguridad social no tenga posibilidades reales de mejoramiento por los momentos.

«El gobierno anunció que iba a construir una institucionalidad nueva en 2002 y, luego de 15 años, lo que tenemos son las mismas estructuras con las mismas ineficiencias redobladas», aseveró Arimendi.

Asimismo, indicó que los trabajadores aportan para recibir una pensión, que fue condenada a que no se moviera por encima del sueldo mínimo, lo que es injusto porque hay trabajadores que ganan más y aportan en mayor proporción, pero que terminan percibiendo la misma pensión como todos.

Arismendi concluyó con que «la reforma de la seguridad social requiere un piso de empleos consistentes, un programa creíble proyectado sobre el largo plazo, una institucionalidad adecuada y un liderazgo que aplique las mismas. Aquí no hay ni siquiera liderazgos para que las aplique».

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Muchos son los factores que se sumaron para que la economía venezolana se sumergiera en la profunda crisis económica en la que se encuentra. Sin embargo, genera aún más expectativa saber cómo hará para salir de ella y el plazo en el que pueda presentar mejoras.

«Difícilmente alguien hace deliberadamente un desastre como este», afirmó Orlando Ochoa, economista de la Universidad de los Andes (ULA),   profesor y asesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en conversación con Luis Oliveros en el programa «Mesa de análisis».

Hace 18 años se instauró el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, quien con ideas y visión de izquierda planteaba la instauración del denominado «socialismo del siglo XXI», que pretendía corregir los fracasos del socialismo del siglo XX y todas sus limitaciones con la disponibilidad de ingresos petroleros a través de cinco Motores Productivos.

Este planteamiento empezó a requerir cada vez más recursos de los que habían. De cinco Motores Productivos vamos por 15 y, entre más motores, más empeoraba la situación del país, dejando en evidencia las consecuencias del fracaso de un proyecto ideológico fundamentado en deficiente modelo que terminaría por derrumbar la economía venezolana.

«Los aspectos clásicos casi no son ideológicos, sino básicamente de una pésima gestión, grandes déficit fiscales, recurrir al financiamiento monetario, manipulaciones cambiarías, reducción sistemática de los activos financieros del sector público y de las reservan del Banco Central de Venezuela (BCV), llegando hasta la profundización los controles», indicó Ochoa.

Entre los controles que implementaron, el economista sumó que hace 10 años el gobierno decidió que el sector alimenticio era estratégico, pasando a expropiar aún más tierras y tomar control de cadenas productivas que desenlazó en un desastre en el sector productivo del país. Del lado de la demanda, encontramos a una población con un poder adquisitivo disminuido y un proceso de inflación que continúa destruyéndolo diariamente, convirtiéndose en una dinámica económica letal.

De cara a esta situación, el profesor Ochoa resaltó la necesidad de establecer un plan de estabilización macroeconómico que pase por reconocer que el flujo futuro de divisas no da para suplir la deuda, evaluando la posibilidad de default, pero sin olvidar que cualquier reestructuración de deuda forzosa no garantiza la recuperación pronta del sector privado que permita exportar y generar divisas sin primero resuplir el mercado nacional.

«El que va a poder exportar en los primeros tres años de un plan de recuperación es el sector petrolero. De modo que, si la reestructuración de las obligaciones afecta los pasivos y la disposición a financiar el sector petrolero, estaríamos haciendo un gran daño a lo que podría ser la ventaja de la recuperación del país», señaló Orlando Ochoa.

Ante las próximas medidas económicas anunciadas por parte del presidente Nicolás Maduro, el profesor Ochoa aseguró que el enfoque del gobierno sigue siendo el mismo: acusar de especulación a los empresarios y no reconocer las causas principales de la inflación. «Creo que va a anunciar más persecuciones, intentos de controles, creo que no va a atender nada sustantivo», advirtió.

Asimismo, recalcó que «un gobierno como el de Nicolás Maduro, con el bagaje ideológico y con los núcleos de corrupción que tiene es incapaz de hacer una maniobra para darle la vuelta a la economía venezolana». Añadiendo que lo que podríamos pedirle al presidente es sincerar la publicación de estadísticas económicas, el reconocimiento la crisis económica y la inflación porque, de lo contrario, es imposible ayudar a compensar la caída en el poder adquisitivo de los salarios para evitar que se profundice el hambre y la miseria en Venezuela.

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Desde enero de este año, 49 emisoras han cerrado bajo el argumento de no la renovación de concesiones en Venezuela. El pasado viernes, 25 de agosto a las 9:30 PM, una comisión de Conatel se presentó para notificar la emisión de una resolución en la cual la emisora 92.9 FM debía salir del aire inmediatamente, siendo sustituida por la señal de «Corazón llanero radio» sin siquiera permitir darle un previo aviso a la audiencia.

«Esta vez el grupo salvó que no se expoliaran las instalaciones y los equipos que están en la sala de servidores y transmisores de RCTV. Esta vez sí nos salvamos de esa posibilidad», aseguró Jaime Nestares, director de la división de radio de Empresas 1BC en conversación junto a Victor Amaya en «Mesa de análisis».

Nestares comentó que desconoce de dónde está transmitiendo la señal que tomó 92.9 FM cuya programación consiste en música criolla. Asimismo, se preguntó «¿cómo ciudadano,cómo un militar, cómo el capitán Escalona puede sacar dinero para tener un canal de televisión de alta definición en la distribución del aparato de difusión pública con unas instalaciones de primer nivel técnico y una estación de radio que requiere un alto costo de inversión en equipos para transmitir la señal que mantienen al aire?».

Por otra parte, el director destacó que ha existido mucha desinformación acerca de los motivos del cierre de la emisora. «A Mágica y a 92.9 FM no la cierran por unos audios o no audios, eso es absolutamente falso. Esta todo muy bien armado para pensar que eso es así», señaló.

Nestares resaltó que en un país civilizado, con un marco democrático vigente, libre y transparente con principios de igualdad y con garantía de un Estado de derecho, el sistema de concesiones genera seguridad jurídica. «Una concesión de radio y televisión suele darse por años por el nivel de inversión que hay que hacer y para poderla amortizar toma unos años (…) Desde el 2001 el gobierno nunca reconoció los derechos adquiridos de los radiodifusores y de los canales de televisión que estaban adquiridos por la Ley anterior por un período de entre 5 y 10 años», destacó.

En el caso de 92.9 FM, el director resaltó que sí le renovaron el título a diferencia del conocido caso de Radio Caracas Televisión (RCTV), sin embargo, tardaron unos años en dárselo, dejando un rango solo de dos o tres meses para renovar la concesión. Al acudir para la renovación de concesiones, quedaron esperando respuesta de Conatel desde hace tres años como el 80% de las emisoras FM del país.

«En términos de seguridad jurídica debieron renovar, al no hacerlo, están utilizando el argumento de la no renovación para censurar», condenó Jaime Nestares.

El accionista de Empresas 1BC indicó que a pesar de la cada vez más agresiva censura por parte del Estado venezolano en el país, todavía hay periodistas, productores y dueños de medios dispuesto a seguir luchando por la libertad de expresión. Asimismo, recalcó que la 92.9 FM se encuentra transmitiendo actualmente vía internet.

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Muchos son los estigmas que se han creado en la población sobre el verdadero significado del término «propiedad privada«. Sin embargo, «el derecho a la propiedad no es solo un incentivo, sino un fundamento para la democracia», así lo asegura la profesora Isabel Pereira, doctora en sociología, investigadora social y coordinadora de la Unidad de Políticas Públicas de CEDICE Libertad.

«Uno de los fundamentos de la democracia es la libertad, y está estrechamente ligada a la propiedad, porque es la manera de expresarse el ser humano cuando está en la tierra», afirmó Pereira.

La profesora manifestó que generar propiedad es algo muy amplio porque, no es solamente generar propiedad material, sino la propiedad de la vida de la persona, la propiedad de su libertad, la propiedad inmaterial o subjetiva de todas aquellas cosas con las cuales el ser humano contribuye a enriquecer la vida y la cultura del país donde viva.

Luego de haber realizado diferentes trabajos de campo en comunidades, la investigadora social afirmó que la mayoría de la gente parte de la idea de que la propiedad privada concierne solo a la «gente rica», que son los que disponen de grandes propiedades. Sin embargo, afirmó que el ser humano necesita entender que por su naturaleza, por su desarrollo cultural, por sus opciones de vida es un productor de propiedad intelectual y generador de nuevas cosas. Crear propiedad es poner algo nuevo sobre lo que ya existe, que puede ser un bien material, un servicio, una obra artística, una idea, todo eso es propiedad.

Asimismo, habló sobre la importancia de que el Estado cumpla con sus funciones elementales como velar por la defensa y garantía de los derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a la propiedad. «Si el Estado interviene o interfiere en el derecho fundamental del acceso a la propiedad de los ciudadanos, entonces se está desviando totalmente de su verdadero papel que es estar al servicio del ciudadano», aseguró.

«El primer objetivo de un Estado democrático es garantizar que sus ciudadanos puedan crecer, expansionarse, desarrollar todas sus cualidades y capacidades. Ahora, si yo intervengo en la propiedad de una persona estoy arrancándole parte de su desarrollo de vida, de su proyecto personal, de sus capacidades y posibilidades como ser humano», destacó la profesora Pereira.

También, afirmó que el ser humano es propietario de su vida y tiene el derecho a definir su proyecto de vida que sea en el marco en el cuál se desarrolle en todos los marcos de su existencia de la manera en que desee. Si el Estado interfiere con el derecho a la propiedad, está dejando de ser un Estado democrático que garantiza la libertad y pasa a ser un Estado totalitario que asumen el control total de la vida.

Uno de los principales discursos que se ha manejado en Venezuela es que el petroleo ha sido el culpable de la situación tan crítica a la que ha llegado el país. Ante esto, Pereira comentó que: «ha sido muy fácil decir que el petroleo ha sido el culpable de todos nuestros males, pero el petroleo no tiene la culpa de nada, son lo individuos, las personas, los grupos, los sectores políticos que han tomado decisiones sobre cómo se utiliza el petroleo».

Por otra parte, resaltó que cuando le echamos la culpa al petroleo le que estamos haciendo es esquivando nuestras responsabilidades como país y como sociedad. «Nosotros no podemos ser indiferentes ante el manejo que los gobiernos de turno tengan sobre esta industria, porque los ciudadanos tenemos que ser representados en sus decisiones estratégicas fundamentales», aseveró.

Isabel Pereita destacó que actualmente el Estado como institución política le roba a los ciudadanos la posibilidad de actuar dentro de los sectores que generan riqueza, los sectores donde hay ventajas comparativas. La propuesta que normalmente maneja este tipo de gobiernos se basa en apoderarse de esos sectores, reciben la renta, la distribuyen y le dan financiamiento a aquel que quiera producir.

Uno de los grandes problemas que presentó la profesora con este sistema es que generalmente el que recibe la riqueza es el Poder Ejecutivo y no el Estado en todas sus dimensiones, otorgándole un poder extraconstitucional e ilimitado, contrario a los poderes liberales generando un estado patrimonialísta y enajenador de los bienes y factores de riqueza.

«La gran pelea en Venezuela no es generar crecimiento, no es crecer económicamente, sino cómo esa renta que yo recibo sin mayores esfuerzos la distribuyo como a mí me parezca porque soy el dueño del Poder Ejecutivo», aseguró.

Por su parte, David Govea, presidente encargado de Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), manifestó que han recibido denuncias nuevamente de una ola de pretensiones de invasión y de rescate de tierras, expropiaciones o confiscaciones, que al final es una violación a la propiedad que le ha hecho y le seguirá haciendo mucho daño al aparato productivo nacional.

«La producción nacional, en términos de la producción primaria de alimentos, está en condiciones muy precarias hoy en día. La desnutrición, no solamente en niños sino en todos los venezolanos, es evidente (…) Hoy no estamos en condiciones de poder cubrir las necesidades del venezolano», declaró el productor agropecuario.

De esta forma, Govea denunció que el venezolano hoy en día no tiene libre acceso a la alimentación, que es un derecho humano, y un país que no produce, por lo menos, para alimentar a los ciudadanos, no es un país soberano. También, resaltó la necesidad de generar un gran pacto social, una visión compartida de país, un consenso y un gran pacto entre el sector privado y público.

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