La economía del estado Sucre está en jaque. La paralización de la pesca industrial, que inició en noviembre de 2024 debido al alza en los precios del combustible -el cual pasó de costar Bs.1 por litro a US$0,43 por litro- y se ha prolongado por cuatro meses, ha generado pérdidas calculadas entre los US$20 millones y US$ 25 millones, según estimaciones de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná.
Este conflicto ha ocasionado la paralización de 210 embarcaciones pertenecientes a 43 empresas pesqueras, según informaciones aportadas por el Sindicato de Marinos del estado Sucre en febrero pasado.
El 70% de la producción económica de toda la entidad depende de la pesca, tanto industrial como artesanal, alertó el presidente del gremio comercial, Abelardo Kasabji, quien calculó las pérdidas a razón del aporte mensual de al menos US5 millones que realiza toda la flota pesquera en conjunto, por faena, a la economía local. Tan solo en Cumaná, la capital de la entidad, la economía está afectada hasta en un 50%.
Al detalle, el dirigente gremial explicó que, cada vez que una embarcación sale a faena, lo cual tiene una frecuencia mínima de una vez al mes, cada barco requiere una inversión de al menos US$30 mil, dinero que “se pone a circular” en la economía local.
“El conglomerado de armadores riega ese dinero en la economía comprando comida, alistando motores, gastos de ferretería, servicios, alquileres, Internet, todo tipo de insumos. Por ende, ese dinero deja de circular por la paralización que existe”, detalló Abelardo Kasabji.
Tras el alza en el precio del combustible, los armadores paralizaron actividades alegando no poder costear el precio para surtir las embarcaciones. Oscar Salazar, presidente del Sindicato de Marinos de la entidad, había apuntado, en declaraciones a medios locales, que cada embarcación requería un mínimo de cien mil litros de combustible para faenar 30 días, por lo que los armadores debían pagar 43 mil dólares.
“Los armadores se basan en una estructura de costos. Ellos están luchando porque el aumento de combustible se lo quieren calcular a un nuevo precio donde su estructura de costo varía sustancialmente y no dan los números. Ellos tienen que navegar más de seis días tan solo para llegar al punto de pesca y regresar con esos motores tan viejos como lo tienen, ya que no hay financiamiento bancario para renovar la flota. En verdad es muy cuesta arriba”, agregó Kasabji.
El dirigente empresarial dijo en entrevista que la situación es compleja, porque no afecta solamente a los armadores y a los trabajadores, sino que el conflicto ha comprometido otros sectores empresariales de la economía local.
“Esto afecta a toda la economía secundaria y terciaria de la entidad. Estamos hablando de las fábricas metalúrgicas, de hielo, ferretería, supermercados, servicios y todo el comercio en general. Es decir, esto afecta mucho porque en verdad tiene muchas ramificaciones”, resaltó.
12 mil puestos de empleo
Cuando inició la paralización, Oscar Salazar, representante del Sindicato de Marinos de la entidad reportó que unos 2.200 trabajadores del mar fueron enviados a sus hogares “sin pago de prestaciones, ni un bono de compensación”.
Pero, además de esta cantidad de empleos directos, Salazar advirtió que se afectaron unos 12 mil puestos de empleos indirectos. La situación se agudiza, ya que se trata de trabajadores que desde hace cuatro meses están cesantes y no tienen beneficios laborales.
En febrero pasado, el dirigente gremial había solicitado a las autoridades regionales y nacionales la realización de mesas de diálogo para solventar el conflicto. Había planteado que convergieran tanto el sector empresarial como el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, y representantes de la Capitanía de Puertos, para crear nuevas condiciones de trabajo. «Si no, esto se va a ir a la borda», habría advertido. No obstante, cuatro meses después no hay una solución oficial ante el conflicto.
Para Kasabji, el conflicto “se les escapó de las manos” a los entes gubernamentales y a los sectores afectados directamente, por lo que se requería la intervención de otros gremios que actúen como mediadores.
“Nosotros en la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná, nos ponemos a la orden para mediar y tomar un punto de equilibrio. Poner las partes y sentarlas en una mesa de negociación y nosotros seamos los partícipes de ese punto de equilibrio”, planteó.
Desde el Consejo Legislativo del estado Sucre (Cles) el diputado regional Miguel Vásquez añadió una afectación adicional, informando que unas setenta lanchas de la pesca de altura están sumadas a la paralización pesquera por el alza del combustible.
En declaraciones dadas al medio local El Tiempo el 30 de marzo pasado, Vásquez explicó que para los propietarios de estas embarcaciones no es rentable faenar y asumir los costos que implica el surtido de combustible, un monto que incide también directamente en la captura y precio de productos pesqueros que ya dejaron de comercializarse en la entidad debido a la paralización y cuyo costo se ha encarecido.
El legislador había planteado que se ejerciera “una medida especial” para los propietarios de embarcaciones en cuanto a la venta de combustible, asegurando que el precio de US$0,43 por litro “no es rentable” e impide el zarpe. “Ellos no han podido zarpar y la economía está sufriendo, y el sector laboral también está sufriendo”, dijo.
Vásquez también había solicitado al mandatario regional, Gilberto Pinto, así como a legisladores locales y diputados de la Asamblea Nacional (AN) a intervenir en el conflicto y definir una serie de medidas especiales que favorezcan al sector pesquero.
FUENTE: BANCA Y NEGOCIOS
