Los sismos registrados el 24 de junio de 2026 en Venezuela no solo causaron pérdidas de vidas humanas y daños en viviendas e infraestructura, sino que también afectaron una parte esencial de la memoria histórica y la identidad cultural del país.
Un estudio preliminar elaborado por Zaida García Valecillo y Alejandro Álvarez Iragorry, de la organización Clima21, identificó 87 bienes patrimoniales con daños confirmados o que requieren evaluación técnica especializada, distribuidos en cinco entidades federales y 16 municipios, concentrados principalmente en el Distrito Capital y el estado La Guaira.
Igualmente, se encontró que 45% de los inmuebles evaluados presenta daños altos, mientras que en otro grupo importante no fue posible precisar el nivel de afectación debido a la limitada información disponible.
Entre las estructuras impactadas se encuentra la Ciudad Universitaria de Caracas, declarada Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), así como iglesias, edificaciones civiles y centros históricos de alto valor cultural.
El reporte señala que las edificaciones religiosas representan casi la mitad de los bienes afectados y que el patrimonio de origen colonial fue el más perjudicado debido a las características de su construcción y su antigüedad.
Para García Valecillo, autora principal de la investigación, el impacto sobre el patrimonio trasciende el deterioro físico de edificios y monumentos, pues afecta el derecho de las personas y las comunidades a preservar su identidad cultural, mantener viva la memoria colectiva y transmitir su legado a las futuras generaciones.
La investigación evidencia además una debilidad institucional: la ausencia de un registro público y actualizado del patrimonio cultural venezolano. Esta situación dificulta la evaluación de daños, la priorización de intervenciones y la planificación de procesos de recuperación basados en evidencias.
Ante este escenario, se recomienda realizar evaluaciones técnicas especializadas, adoptar medidas de estabilización y protección de emergencia, fortalecer los inventarios patrimoniales e incorporar la conservación de los bienes en las políticas nacionales de reducción del riesgo de desastres, de acuerdo con las orientaciones de la Unesco, el Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Iccrom), el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) y el Marco de Sendai.
Igualmente, el documento resalta que la protección del patrimonio cultural no puede considerarse un tema secundario después de un desastre. Reconstruir estos bienes significa proteger la identidad y los derechos culturales de las comunidades, así como fortalecer su capacidad para enfrentar futuros riesgos.
Los autores concluyen que la recuperación del patrimonio cultural debe formar parte de una estrategia integral de reconstrucción basada en el principio de «reconstruir mejor», que coloque a las personas, su memoria e identidad en el centro de las decisiones públicas. Asimismo, subrayaron que la recuperación del patrimonio es prioritaria para fortalecer la cohesión social y la resiliencia de las comunidades frente a futuros desastres.
EL NACIONAL
