La Universidad Metropolitana presenta 14 programas de postgrado en áreas estratégicas como energía, tecnología, finanzas y derecho corporativo, en formato híbrido para formar a los profesionales que Venezuela necesita
A partir de un proceso de consulta y validación con más de 140 líderes del sector productivo venezolano, la Universidad Metropolitana (UNIMET) renovó su oferta de postgrado con ocho maestrías y seis especializaciones, diseñadas para formar profesionales capaces de liderar la transformación de las organizaciones y contribuir al desarrollo del país.
Cada programa fue revisado en su propósito, contexto, malla curricular y perfil del egresado para asegurar su pertinencia frente a los retos del entorno profesional actual y las demandas de un mercado cada vez más dinámico y global.
“Los expertos empresariales nos dijeron con claridad que el mercado demanda profesionales capaces de integrar conocimiento técnico y visión gerencial, liderar procesos de transformación digital y generar soluciones sostenibles en entornos complejos. La consulta confirmó, además, la importancia de fortalecer competencias tecnológicas, habilidades de liderazgo y una visión ética y sostenible de los negocios”, señaló María Isabel Guinand, rectora de la Universidad Metropolitana.
Indicó que estos hallazgos permitieron validar contenidos, incorporar nuevas competencias y estructurar los programas en torno a cinco ejes transversales: Sistemas Inteligentes, Ética, Emprendimiento, Sustentabilidad e Impacto Social y Habilidades Blandas, asegurando que estos estudios de cuarto nivel respondan a los desafíos del presente y del futuro.
El proceso de consulta reunió a representantes de organizaciones de sectores estratégicos como energía, banca, telecomunicaciones, tecnología, consumo masivo, comercio y desarrollo. Entre las empresas e instituciones participantes se encuentran Chevron, CAF, Goldman Sachs, Oracle, Mercantil Banco, Banesco, Bancaribe, Movistar, Digitel, Deloitte, Empresas Polar, Gama, Seguros Mercantil y Fedecámaras, entre otros, cuyos aportes contribuyeron a identificar las competencias y perfiles profesionales que hoy demanda el mercado venezolano.
La nueva oferta académica comprende ocho maestrías y seis especializaciones en áreas estratégicas para el desarrollo del país, como administración, finanzas, mercadeo, ingeniería, recursos humanos, comunicaciones integradas, derecho corporativo, negocios internacionales, energía y estudios políticos. Todos los programas, se impartirán en modalidad híbrida en horarios compatibles con la jornada laboral, lo que permitirá cursarlos desde cualquier punto de Venezuela o del mundo sin interrumpir el ejercicio profesional. Se trata de una propuesta formativa competitiva y accesible, alineada con las necesidades de profesionales y organizaciones. Las maestrías tendrán una duración de cuatro trimestres y las especializaciones de tres trimestres.
“Nuestro propósito es ofrecer una experiencia educativa innovadora, práctica y de vanguardia, conectada con el mundo laboral y con redes internacionales, para formar líderes capaces de generar soluciones sostenibles y de alto impacto para el país y la región. Ese compromiso se refleja en nuestro lema: Estamos al mando”, señaló Natalia Castañón, vicerrectora académica de la UNIMET.
Indicó que la experiencia educativa se complementa con una red internacional, profesores de amplia trayectoria, metodologías innovadoras, oportunidades de networking y vinculación directa con el sector productivo.
Entre los programas más relevantes destacan aquellos vinculados a energía y negocios energéticos, particularmente importantes en el contexto venezolano actual. También sobresalen programas en Ingeniería Gerencial y Sistemas, orientados a la transformación digital y la adopción de tecnologías emergentes, así como áreas como Mercadeo, Finanzas, Recursos Humanos, Comunicaciones Integradas y Derecho Corporativo, que responden a necesidades crecientes del mercado laboral.
El respaldo del sector empresarial a la nueva oferta académica de la UNIMET también se reflejó en opiniones de algunos integrantes de su Consejo Superior. Su presidente Irwing Perret-Gentil, destacó el potencial transformador de los nuevos programas y los calificó como una de las mejores inversiones para el crecimiento profesional. Por su parte, Lorenzo Mendoza, presidente ejecutivo de Empresas Polar, resaltó la calidad del profesorado, la estructura de los programas y la amplitud del portafolio académico, subrayando el valor que representa hoy en día para profesionales y organizaciones invertir en formación de cuarto nivel.
Los interesados en formar parte de esta nueva oferta académica podrán preinscribirse hasta el 17 de julio. El proceso formal de inscripción se desarrollará del 4 al 10 de septiembre. Todos los detalles sobre programas, requisitos, admisión y costos están disponibles en la página web de la UNIMET.
Ante apagones que restan hasta 42 % de operatividad, según cálculos de la Cámara de Comercio de Valencia, el sector privado de Carabobo impulsa un plan que propone liberar encaje bancario para financiar equipos energéticos. Paralelamente, empresas extranjeras negocian con el Gobierno para reactivar el sistema eléctrico regional.
Valencia. Los apagones han dejado de ser una molestia ocasional en Carabobo para convertirse en una sombra diaria sobre la vida y el trabajo de miles de personas. En una región donde comercios e industrias intentan sostenerse entre cortes de luz y plantas eléctricas, el sector privado busca fórmulas urgentes para no seguir perdiendo terreno.
Aunque el 5 de junio pasado se reactivó la máquina 3 (150 MW) de la Termoeléctrica Carabobo, la mejora ha sido insuficiente. Los carabobeños aún padecen extensas jornadas sin electricidad, lo que evidencia que la solución sigue siendo incompleta.
La reincorporación de esta unidad buscaba reforzar la generación eléctrica disponible para la región, aunque los cortes de energía continúan formando parte de la cotidianidad de numerosos sectores del estado.
Sin respuestas claras ni acciones rápidas, Ernesto Abbas, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, reclama soluciones urgentes a un problema que afecta el desempeño financiero del sector.
Y no le falta razón: los restaurantes pierden víveres, los comercios ven inutilizados sus sistemas de pago, las fábricas detienen su operación y, mientras tanto, nadie presenta opciones viables que frenen el desastre.
Frente al crítico panorama eléctrico, el sector privado ha tomado la delantera y está poniendo en marcha proyectos propios para aminorar el golpe de los cortes sobre el comercio, la industria y los servicios.
Financiamiento como salida temporal
Abbas lideró la creación del plan “Luz para el Comercio”, el cual ya fue entregado formalmente a la Gobernación de Carabobo y a la Secretaría de Economía Productiva, y desde allí elevado al Ejecutivo nacional para su consideración.
La propuesta busca liberar dos puntos del encaje legal bancario, una medida que flexibilizaría los recursos de la banca, para crear un fondo especial, destinado exclusivamente a financiar sistemas alternativos de energía para pequeños y medianos comercios.
Hasta la fecha no se han dado a conocer detalles sobre la instancia que administraría ese eventual fondo, los criterios de selección de beneficiarios ni las condiciones bajo las cuales serían otorgados los financiamientos.
La cifra no es menor. Según los cálculos presentados por la organización empresarial, esos dos puntos representarían aproximadamente 26 millones de dólares que podrían utilizarse para otorgar financiamiento a comerciantes interesados en adquirir inversores, baterías, plantas eléctricas o incluso sistemas solares.
“No estamos hablando de resolver el problema eléctrico nacional. Estamos hablando de darle herramientas al comerciante para que pueda seguir trabajando”,explicó Abbas.
El razonamiento que sustenta la iniciativa, tan pragmático como urgente, es sencillo: reparar de raíz el sistema eléctrico exige inversiones millonarias y un horizonte de varios años; los comercios, mientras tanto, requieren soluciones rápidas que les permitan recuperar la continuidad productiva.
Foto: archivo
Las horas perdidas de la economía
La preocupación, como bien lo expresa el gremio, tiene fundamentos concretos. De acuerdo con cálculos de la Cámara de Comercio de Valencia, un negocio que opera entre las siete de la mañana y las nueve de la noche, es decir, durante catorce horas diarias, puede perder entre 35 % y 42 % de su capacidad operativa cuando enfrenta apagones prolongados.
Cada apagón, por breve que parezca, implica ventas perdidas que difícilmente pueden recuperarse. Si un comerciante enfrenta, por ejemplo, cuatro horas sin electricidad durante cuatro días a la semana, acumula, en términos prácticos, aproximadamente 64 horas sin servicio cada mes, equivalentes, ni más ni menos, a casi tres días completos de actividad económica.
Dentro de la propuesta gremial, los inversores de corriente, es decir, equipos que convierten la energía de baterías en electricidad utilizable para aparatos convencionales, aparecen como la opción más accesible para pequeños establecimientos.
Abbas señaló que un sistema valorado, según estimaciones del mercado, en aproximadamente 3000 dólares puede mantener operativos, en locales de hasta 100 metros cuadrados, equipos básicos como computadoras, cajas registradoras y sistemas de facturación.
Con los recursos contemplados en el proyecto, hasta 8600 comercios podrían acceder al financiamiento. “No te estoy hablando solo de los de Valencia, hablo a nivel nacional”.
Riesgo operativo
La iniciativa, más allá de los inversores de corriente, también contempla la posibilidad de adquirir paneles solares y otras tecnologías de respaldo energético.
La propuesta, cabe destacar, llega en un momento en el que cada vez más empresarios, conscientes de la fragilidad del sistema, entienden que depender exclusivamente de la red eléctrica nacional representa, hoy por hoy, un riesgo operativo de primera magnitud.
El gobernador del estado Carabobo, junto al embajador de España en Venezuela, Ramón Santos. Fotografía: Armando Díaz.
Aunque el gobernador Rafael Lacava, según lo confirmó el propio gremio, conoce el proyecto y se comprometió a llevarlo a Miraflores, pero las semanas han pasado sin que haya respuestas por parte de las autoridades. En cambio, sí las ha habido, y con creces, desde el sector privado.
Hasta la fecha, tampoco se conoce una posición pública sobre la propuesta por parte de los organismos nacionales con competencia, ya sea en materia financiera o eléctrica.
Créditos para resistir los apagones
Informantes dentro de la Cámara de Comercio confirmaron a Crónica Uno que al menos tres empresas han participado en las negociaciones para ampliar la oferta crediticia: dos de ellas pertenecen al sector bancario, como son Sofitasa y Banco Nacional de Crédito (BNC); la tercera es el gigante de las telecomunicaciones, Fibex.
El BNC sostuvo una reunión con la directiva de la Cámara de Comercio de Valencia el pasado martes 9 de junio, con el fin de presentar una propuesta mediante la cual podría ofrecer créditos de hasta 25.000 dólares.
Los representantes bancarios precisaron que la oferta está dirigida únicamente a aquellos miembros de la Cámara que mantengan vínculos previos o activos con la entidad financiera.
De concretarse esta iniciativa, se estima que unas 350 empresas podrían quedar en condiciones de acceder al crédito. Sin duda, es un avance significativo, pero aún quedarían muchos comercios por cubrir dentro del universo total de asociados.
Foto: referencial / archivo
Sector empresarial busca alivios
En el otro lado del tablero, Fedecámaras Carabobo tampoco ha permanecido con los brazos cruzados. Sus directivos, quienes también conocen de primera mano el programa “Luz para el Comercio”, no dudaron en manifestar su intención de subirse a las propuestas en desarrollo.
Para su presidente, Jorge Aroca, el financiamiento representa, en realidad, una pieza más, necesaria, pero insuficiente, dentro de un conjunto mucho más extenso de medidas que exige la crisis eléctrica que atraviesa el país.
Por ello ha planteado la exoneración temporal de impuestos aplicable a equipos eléctricos alternativos, como plantas de generación e inversores. Expuso que, en la actualidad, estos dispositivos cargan con IVA, aranceles y gravámenes adicionales que, encima, terminan encareciendo notablemente su costo final.
La propuesta contempla, además, la eliminación provisional de ciertos requisitos de importación y la flexibilización de los códigos arancelarios, con el propósito de allanar el camino para que estos productos lleguen con mayor fluidez al territorio nacional. Pero la iniciativa, reconoció Aroca, aún está pendiente de ser presentada como una propuesta formal ante los entes que regulan la política tributaria y aduanera del país.
El dirigente subrayó que, puesto que la mayoría de estos equipos procede de Asia y sus plazos de entrega rondan los tres meses, cualquier alivio fiscal, para ser efectivo, tendría que mantenerse al menos medio año en vigor.
“Un comercio cerrado no produce dinero. Y un comercio sin electricidad termina cerrando”, advirtió.
El costo de generar electricidad propia
La crisis eléctrica también tiene una dimensión, quizás menos visible, pero igual de devastadora. Fedecámaras estima que un comerciante que cuenta con planta eléctrica propia puede gastar alrededor de 1.500 dólares mensuales entre combustible, mantenimiento y reparaciones.
Paradójicamente, contar con una solución energética alternativa también implica costos que, a la larga, terminan por mermar la rentabilidad del negocio. A ello se suman las fluctuaciones de voltaje, que han comenzado a dañar equipos electrónicos, sistemas de refrigeración y maquinaria industrial con una frecuencia cada vez mayor.
Los empresarios aseguraron que muchos negocios ya no solo enfrentan pérdidas por las horas sin servicio, sino también por la necesidad constante de reparar o sustituir equipos que han sido afectados por las variaciones eléctricas.
Esta situación ha llevado a numerosos establecimientos a incorporar los costos energéticos dentro de su planificación operativa, un gasto fijo más, en un contexto en el que las interrupciones y las fluctuaciones de voltaje siguen representando un factor de incertidumbre permanente para la actividad económica.
Por eso, las iniciativas planteadas tanto por la Cámara de Comercio de Valencia como por Fedecámaras Carabobo buscan algo más que mantener encendidas las luces de los negocios: intentan, en el fondo, evitar que la crisis energética termine apagando también la actividad económica de una región que, históricamente, ha sido uno de los motores productivos más importantes de Venezuela.
Habla Consecomercio
Sin embargo, Crónica Uno también conversó con José Gregorio Rodríguez presidente de Consecomercio. Durante su visita a la Cámara de Comercio de Valencia explicó que ellos también tienen su propuesta.
El acceso al financiamiento volvió a aparecer como una de las principales exigencias del sector empresarial. Rodríguez reiteró la necesidad de reducir el encaje legal, que actualmente limita la capacidad de la banca para otorgar créditos.
La propuesta de Consecomercio plantea una reducción cercana a 20 puntos porcentuales. Según sus estimaciones, una medida de este tipo permitiría incorporar aproximadamente 500 millones de dólares adicionales al sistema financiero nacional.
«Esos recursos podrían dirigirse a sectores productivos y comerciales de la economía que hoy necesitan financiamiento para crecer, generar empleo y aumentar su capacidad operativa». La organización también considera necesario agilizar los mecanismos de asignación de divisas, un proceso que, aunque ha mostrado avances, sigue siendo percibido como lento e impredecible por parte de muchos empresarios.
Y mientras tanto, entre apagones, plantas eléctricas e inversores, Carabobo intenta construir respuestas propias frente a una emergencia que, por ahora, parece lejos de terminar.
Foto: archivo
Exoneraciones como respuesta parcial
Hasta ahora, las respuestas del gobierno regional se han limitado exclusivamente al terreno presupuestario. El gobernador Lacava solicitó a los 14 alcaldes de la entidad una exoneración temporal del 30 % sobre el Impuesto de Actividades Económicas, dirigida a pequeñas y medianas empresas, con el fin de compensar, aunque sea parcialmente, las pérdidas derivadas de los cortes eléctricos.
La medida, de duración inicial de 60 días, cubriría dos períodos de declaración tributaria consecutivos. Lacava enfatizó en que no se trata de un beneficio generalizado para todos los contribuyentes, sino de una ayuda focalizada, concebida para los sectores económicamente más vulnerables.
La apuesta de fondo es que los municipios asuman una parte del impacto financiero que deja la crisis eléctrica y, así, otorguen un respiro a los comerciantes mientras el sistema energético logra estabilizarse o, al menos, recuperar un mínimo de confiabilidad.
Quien primero materializó la propuesta fue la Alcaldía de Valencia: su alcaldesa, Dina Castillo, oficializó el Decreto DA-0015-2026, que exonera el 30 % del anticipo del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente a abril y mayo.
Le siguió Naguanagua, cuyo anuncio llegó poco después: la alcaldesa Elizabeth Niño confirmó una exoneración parcial idéntica, también de 30 %, para pequeñas y medianas empresas, aplicable durante mayo y junio.
En el extremo opuesto, el alcalde de San Diego, León Jurado, manifestó su disposición a acatar la medida, pero sin ocultar su escepticismo. A su criterio la disposición, no atiende la solución real que su municipio requiere, máxime cuando precisamente San Diego sufrió cinco días completos sin servicio tras el daño causado por una centella en un transformador de la subestación Montemayor.
El trasfondo es que la solución definitiva sigue sin aparecer. No obstante, los carabobeños observan con una mezcla de esperanza y ansiedad las negociaciones que involucran a empresas extranjeras , gestiones que, si prosperan, podrían reactivar el sistema eléctrico y, con ello, poner fin, quizás definitivo, a la pesadilla energética que arrastra el país.
El economista y profesor universitario, José Manuel Puente, señaló que no «queremos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tome el control de nuestro país y de nuestra política, somos los venezolanos con nuestros cuerpos técnicos, con nuestros economistas, con nuestros políticos electos los que debemos decidir el destino de Venezuela».
Asimismo, destacó que la prioridad, a su juicio, es realizar reformas a corto plazo en el ámbito cambiario, puesto que el «gran desequilibrio que tiene Venezuela es la inflación y el desajuste cambiario, que tiene que ver con devaluaciones persistentes».
Sostuvo que en términos económicos, «no ha cambiado mucho el país porque desde el 3 de enero hasta ahora, no hemos instrumentado ninguna medida realmente importante en materia económica, no hemos instrumentado un programa de estabilización, tenemos un problema cambiario con un gran desajuste, con la inflación más alta de mundo».
Sin embargo, José Manuel Puente apuntó que hay muy buenas perspectivas para el mediano plazo, «solo que hay que tener paciencia», puesto que «lo que se destruyó en 27 años, no se puede reconstruir en 27 meses».
Manifestó que Venezuela «sigue siendo la economía de mayor potencial de América Latina», pero actualmente, el país tiene 100 veces la inflación que tiene toda Latinoamérica.
Igualmente, dijo que Venezuela no tiene el capital humano y el capital financiero para llevar a cabo reformas importantes como la del sistema eléctrico y el incremento importante en materia petrolera, «necesitamos de capital internacional».
El economista venezolano resaltó que en el caso de la compañía petrolera ExxonMobil que «ha decido no regresar a Venezuela, lo ha dicho muy claro y se lo ha dicho a Trump» porque «no siente que hay independencia de poderes, porque no hay un presidente electo sino interino, porque no hay un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autónomo», por lo que consideró que se deben generar esos cambios «para que haya plena credibilidad del país».
Expresó en Venevisión que quizás esta sea la única economía del mundo que esté funcionando sin créditos y las tasas de crecimiento «tienen patas cortas».
El presidente de la Cámara de Turismo del estado Nueva Esparta, Antonio De Abreu, informó que a partir del 27 de junio, la aerolínea Wingo conectará a Bogotá, en Colombia, con la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta.
Asimismo, enfatizó que la primera fase de los vuelos especiales operará desde el 27 de junio hasta el 27 de julio, y recalcó que a partir del mes de septiembre, se ampliará la frecuencia desde Cali, con 27 vuelos directos desde esa ciudad neogranadina.
«La línea aérea Wingo, para los vuelos directos de Bogotá y Medellín a Porlamar, del 27 de junio al 27 de julio. Esto es algo muy importante, porque es el inicio de los vuelos internacionales directos a la isla de Margarita», sumó.
Antonio De Abreu manifestó que «esto lo que marca es el inicio del gran trabajo que estamos haciendo juntos entre todas las cámaras, la Gobernación, todas las instituciones, el Ministerio de Turismo, en pro de que Margarita continúe brillando como todos queremos».
Igualmente, apuntó en Unión Radio que trabajan en conjunto con la Gobernación de la entidad para impulsar el turismo internacional desde varias naciones hacia la isla venezolana.
El presidente de la Cámara Gastronómica del estado Monagas, Gerardo Arnaudez, anunció el inicio de un censo para formalizar y actualizar el registro de comercios culinarios.
«En tres semanas ya estamos alrededor de 45 agremiados de distintos rubros, productores, empresas de distribución de alimentos, restauradores y algunos emprendedores. Esto para nosotros es fundamental y es de verdad de gran entusiasmo para seguir trabajando», explicó.
De igual forma, aclaró que la recolección de datos servirá para conocer la realidad que maneja el sector y tener una iniciativa para apoyar a aquellos que están en el ámbito informal «no para atacarlo, sino para impulsarlo y en función de la necesidad que tengamos en el estado podamos establecer los procesos de formación».
Arnaudez precisó que trabajarán para la reactivación del motor gastronómico de la entidad y potenciar el sector culinario.
Las calles de Calabozo, en el estado Guárico, se convirtieron en el escenario de una masiva movilización, donde decenas de productores agrícolas sacaron sus tractores para alzar la voz contra la crisis terminal que vive el circuito arrocero nacional.
El gremio sostiene que el ingreso masivo de cargamentos extranjeros echó por tierra el esfuerzo de todo un ciclo, asfixiando las posibilidades de comercializar la cosecha llanera en el mercado interno.
El descontento quedó plasmado en consignas contundentes que los manifestantes fijaron en sus unidades, tales como: «El agricultor siembra, cuida y pierde, y al final el que gana es el que nunca sembró» y «La agricultura de puerto acaba con la producción nacional».
Los afectados explicaron que el arribo de estos contingentes importados ocurrió precisamente cuando el campo venezolano se encontraba en el pico de su recolección interna, lo que provocó una caída abrupta en los precios y dejó a los trabajadores de la tierra sin margen para recuperar el capital invertido.
Señalamientos directos y exigencia de compensaciones
En medio de las protestas en la entidad guariqueña, los manifestantes señalaron de forma directa al ministerio de Agricultura, a quien atribuyen la autorización y el ingreso de estas compras de arroz en el exterior justo cuando el inventario venezolano esperaba por ser colocado en los canales de distribución.
Ante este escenario, el gremio arrocero exige al Ejecutivo nacional el diseño urgente de un plan de compensaciones económicas por las pérdidas sufridas, así como la aplicación inmediata de medidas arancelarias y comerciales que den prioridad absoluta al productor venezolano.
Riesgo para la seguridad alimentaria
Voceros del sector sostienen que el país necesita con urgencia una definición de políticas agrícolas sustentables que fortalezcan y protejan de manera real el circuito nacional. Advirtieron con preocupación que, de mantenerse este tipo de importaciones desleales en épocas de cosecha, muchos agricultores se verán obligados a abandonar definitivamente la actividad productiva.
Esta parálisis masiva de unidades de producción comprometería de forma severa la seguridad alimentaria del país y el futuro económico del campo venezolano, el cual sigue luchando por mantenerse a flote con recursos y pulmón propio.
Bajo el lema “Sembramos Confianza. Cosechamos Bienestar”, las ciudades de Acarigua y Araure, en el estado Portuguesa, serán anfitrionas, los días 16 y 17 de julio, de los delegados de los gremios empresariales del sector privado que participarán en la 82.ª Asamblea Anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela —Fedecámaras—.
Durante la jornada, se abordarán temas de especial interés para el país y para el sector productivo nacional, entre ellos energía, economía y agricultura. Asimismo, se prevé la participación de representantes de organismos internacionales como la OIT, el PNUD, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Internacional para las Migraciones, quienes compartirán perspectivas y experiencias vinculadas con el desarrollo, el empleo y la sostenibilidad.
En el marco de la asamblea, un panel integrado por destacados profesionales de diversas áreas ofrecerá su visión sobre el Plan de impulso estratégico para la expansión productiva y el empleo, documento que constituye el programa de gestión de la institución para el período 2025-2027, bajo el liderazgo de Felipe Capozzolo. Este papel de trabajo reúne una serie de iniciativas orientadas a promover condiciones que favorezcan el crecimiento económico y la generación de oportunidades en Venezuela.
La Asamblea Anual de Fedecámaras reunirá a empresarios, gremios, expertos y representantes institucionales en un espacio de encuentro, reflexión y propuestas sobre los desafíos y oportunidades de la economía venezolana.
Información sobre participación, inscripción y otros detalles del evento, se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://fedecamaras.org.ve/asamblea-82/
La coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial (OSV), Rosibel González, aseguró que el principal motivo por el que ocurren accidentes de tránsito en el país es el factor humano. Comentó que el 95 % de los incidentes viales se pueden evitar si conductores y autoridades cumplieran con las normas de tránsito y reforzaran las medidas de control en las vías.
Durante una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría, González explicó que el comportamiento de las personas ante el volante está por encima de las fallas mecánicas o las condiciones de las carreteras.
Entre las causas más frecuentes mencionó el exceso de velocidad, la impericia, las maniobras imprudentes, el desconocimiento de las leyes de tránsito, manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias ilícitas y el cansancio.
También indicó que las averías de los vehículos, el estado de las vías y las condiciones climáticas pueden influir, aunque en una proporción mucho menor.
Sobre la falta de control de tránsito
La coordinadora del OSV alertó sobre el incremento de conductores jóvenes y con poca experiencia al frente de unidades de transporte público, una situación que, a su juicio, aumenta el riesgo de siniestros, especialmente por la escasa supervisión durante los recorridos y en los puntos de control.
Explicó que la falta de fiscalización favorece prácticas como la competencia entre transportistas para captar más pasajeros y realizar un mayor número de viajes. Según indicó, muchos choferes trabajan para terceros y dependen de generar ingresos diarios, lo que puede incentivar conductas riesgosas en la conducción.
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Asimismo, advirtió que algunos conductores de transporte público no cuentan con la licencia correspondiente para operar este tipo de vehículos, lo que refleja deficiencias en los mecanismos de control y verificación por parte de las autoridades.
González sostuvo que una aplicación más estricta de la legislación vigente contribuiría a disminuir los siniestros viales. Entre las medidas que consideró necesarias mencionó la imposición de multas, la retención de vehículos y la suspensión de licencias cuando se incumplan las normas de tránsito.
Finalmente, insistió en que los accidentes de tránsito representan un problema de salud pública, debido a la elevada cantidad de personas lesionadas que requieren atención médica y recursos económicos para costear tratamientos e insumos, una carga que con frecuencia termina siendo asumida por los propios pacientes y sus familiares.
Accidentes en el primer trimestre
El 29 de abril, el OSV informó que entre enero y marzo de 2026 se registraron 360 personas fallecidas por accidentes de tránsito, de las cuales 315 eran hombres y 73 mujeres. González señaló que la mayoría de las víctimas mortales eran jóvenes de entre 20 y 26 años de edad.
Agregó que más del 50 % de los fallecidos (201 personas) utilizaban las motocicletas como medio de transporte. La coordinadora del OSV indicó que los decesos se produjeron principalmente por la imprudencia y las fallas mecánicas, entre ellas la pérdida de frenos y la explosión de neumáticos.
Precisó que dentro del factor humano se incluyen prácticas como el uso del celular al conducir, el exceso de velocidad, la inexperiencia, las maniobras imprudentes, el consumo de alcohol y la falta de descanso.
En cuanto a los estados que lideran las estadísticas de siniestros viales, González mencionó a Falcón, Anzoátegui y Bolívar. Por su parte, Distrito Capital, Aragua y Carabobo también mantienen un alto número de casos.
La Universidad Monteávila formalizó el lanzamiento de su nueva carrera: la Licenciatura en Creación Audiovisual y Diseño.
Es un programa de pregrado de ocho semestres que unifica la comunicación, el arte y la tecnología para atender las demandas del sector creativo actual.
Tatiana Aguilera, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación e Información, señaló que el perfil del egresado apunta a un profesional integral:
“Nuestro perfil es de un profesional (…) preparado para desempeñarse en áreas de dirección, producción audiovisual, puede ser director de fotografía, fotógrafo, desarrollador de contenido audiovisual, puede hacer diseño gráfico, ilustración, dirección de arte y dirección creativa”.
El plan de estudios destaca por una carga predominantemente técnica y práctica, sin abandonar la base teórica. “Un creador audiovisual tiene un 33% de materias teóricas y un 67% de materias prácticas”, detalló Aguilera, quien además enfatizó que el sello de la institución se mantiene en el programa: “No hay carrera, por más práctica que sea en la Monteávila, que va a dejar de lado (…) las humanidades, el área de historia, el área de filosofía, el área, por supuesto, de lenguaje y de literatura”.
Con la apertura de esta opción académica, la institución —que cuenta con 26 años de trayectoria y más de 5.200 egresados— busca dar respuesta a la transformación que la tecnología y la inteligencia artificial imponen en los procesos creativos, reforzando el pensamiento crítico y la responsabilidad social. Las preinscripciones para el período 2025-2026 ya se encuentran abiertas.
La intergremial del estado Zulia, junto al Colegio de Ingenieros de la región, advirtieron que se registra actualmente un déficit de casi 300 megavatios, porque el consumo supera la generación local.
«Progresivamente, se han ido reparando turbinas, sí se ha estado haciendo, pero no ha sido suficiente. Obviamente que estemos tratando directamente con General Electric, para un plan de recuperación, me parece importante y un paso en la dirección correcta», afirmó el presidente de la Comisión Eléctrica Intergremial, Orlando Urdaneta.
«Necesitamos, y esto es un llamado de atención a las empresas extranjeras, activar las reservas gigantescas que tenemos, en el Golfo de Venezuela, frente a nuestra Guajira», expresó el presidente del Colegio de Ingenieros, Hernán Mendoza.
