Este jueves 11 de agosto, la organización Justicia, Encuentro y Perdón, realizó un encuentro a través de su canal YouTube, para abordar un tema que cobra cada vez más urgencia de exposición y debate, como es la situación de las mujeres venezolanas que son víctimas de persecución política.
Con un panel de cuatro representantes, moderado por la abogada Martha Tineo, coordinadora de JEPVzla, se abordaron los distintos ángulos de una realidad que se torna cada vez más grave y preocupante, y de la que muy poco se conoce con claridad y propiedad.
Yammarys Antón, hermana de la presa política Carla Antón; Dianeth Blanco, ex presa política y esposa del preso político Daniel Blanco; Magaly Huggins, psicóloga social y criminóloga, y Rosa Orozco, directora ejecutiva de JEPVzla y que habló en su condición de madre y víctima, por perder a su hija, Geraldin Moreno, asesinada en las protestas de 2014, demostraron con sus intervenciones, la importancia de visibilizar ante instancias nacionales e internacionales, todas las violaciones y vulneraciones a las que son sometidas las mujeres venezolanas en un contexto ausente del debido Estado de Derecho.
«No nos está dado abandonar los reclamos de justicia y libertad», enfatizó Tineo, con respecto a la razón de ser de la ONG y la intención del evento. «El ánimo es el de generar consciencia social en torno al daño, mostrar la realidad que están viviendo las víctimas en Venezuela y por supuesto, seguir insistiendo en nuestra reclamación de justicia».
Desde hace más de un mes, la organización presentó a través de sus redes sociales, una campaña comunicacional para visibilizar la situación de las mujeres presas, por razones políticas. El tema cobró relevancia por el recordatorio de las cifras y los nombres que maneja el equipo de JEPVzla en su matriz de seguimiento, que arroja un total de 23 mujeres privadas de libertad y sobre las cuales se registra que han sido sometidas a todo tipo de torturas, tratos crueles y humillantes. A este gran pendiente del sistema judicial venezolano se suma el lamentable saldo de 34 mujeres asesinadas por cuerpos de seguridad del Estado en contextos de ejercicio al derecho de la manifestación pacífica.
La doctora Higgins explicó que «defender los derechos humanos pasa por admitir la libertad, la dignidad y la salud como derechos fundamentales. Y hay otros derechos que también lo son: la vida y el debido proceso. Cuando una familia tiene un preso, toda la familia está presa. Cuando a una familia le matan a uno de sus miembros, todos pierden parte de su ser, y en especial la madre».
Al conectar el repaso de toda esta escalada de victimización que pretende silenciarse, con la agudización en cuanto a persecución y encarcelamiento de defensores y activistas de derechos humanos, así como la sentencia dictada por recientemente en el Caso Dron, un proceso plagado de vicios y violaciones al debido proceso, en el que resultaron condenadas 17 personas, a partir de un supuesto plan de magnicidio, Higgins fue contundente en sus afirmaciones: «La impunidad es un instrumento político activo del Estado. Es una toma de decisión política».
La conclusión de madres, hermanas, hijas, esposas y mujeres comprometidas con la aplicación de una verdadera justicia en el país, es el llamado a sumar voluntades; a verse y escucharse, como componentes fundamentales que potencian la fuerza femenina, para continuar la lucha por evidenciar todos los procesos viciados que hay en cada uno de los casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Nota de prensa
Lea también: La Red de Empoderamiento Femenino (REF) graduó a 40 emprendedoras en su primera cohorte
