El Presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, fijó la posición del ente empresarial sobre el paquete de medidas económicas anunciadas por el presidente Maduro el pasado viernes.
En rueda de prensa y tras la realización de un directorio de emergencia, Larrazábal explicó que las decisiones, salvo la relativa al aumento del IVA en un 16 %, no han sido publicadas en la gaceta oficial , por lo que aun no se dispone de información de carácter oficial que den detalle y expliquen el alcance de las mismas.
Asimismo, señaló que los anuncios, donde no se informó a los venezolanos qué medidas de austeridad y disciplina fiscal va a tomar el propio gobierno, generan zozobra, son improvisados, inconsultos ,no contemplan acciones para atacar la hiperinflación y fueron mal comunicados a la población.
A continuación el texto completo de la declaración.
«Este viernes, 17 de agosto, una vez más, el Gobierno nacional realiza nuevos anuncios económicos y salariales, incumpliendo como ya es costumbre, con las normativas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen que la aprobación de normativas laborales y económicas que afecten tanto a los trabajadores como a los empleadores, deben ser discutidas y consultadas en diálogo social tripartito (Convenios 26 y 144). Es de sano proceder evaluar y lograr cumplimiento de objetivos de sustentabilidad y recuperación de la economía sobre la base del fortalecimiento del poder de compra del salario de nuestros trabajadores.
Los anuncios generan incertidumbre, son improvisados, inconsultos y no están siendo correctamente comunicados a la población.
Las verdaderas causas que están generando la escasez y la hiperinflación, no están siendo corregidas.
El aparato productivo está en grave riesgo de quiebra por la forma en como se están implementando las medidas.
Estamos viviendo la mayor de las crisis económicas de nuestra historia contemporánea: hiperinflación, caída dramática de la producción, desempleo, informalidad superando el 50%, colapso del sector petrolero, destrucción de los sectores productivos nacionales. Todo ello debido a la puesta en marcha del modelo socialista del siglo XXI y al populismo exacerbado, irresponsable, que ha incrementado el desorden fiscal, monetario y cambiario.
Fedecámaras, junto a todos sus sectores afiliados y las regiones del país, en reiteradas oportunidades advertimos las consecuencias del modelo y nunca se nos ha escuchado. Hemos exigido respeto y aplicación de los preceptos políticos, económicos y sociales contenidos en nuestra Constitución nacional vigente.
El país exige un cambio urgente del modelo político, económico y social que nos permitan retomar la senda del progreso y bienestar del país.
Lamentamos que ante la compleja realidad que vivimos, se nos presente un plan de ajuste lleno de incoherencias, lleno de lagunas por falta de construcción de consensos, con un fuerte impacto en la población y en los sectores productivos nacionales, pero sin los beneficios que estos programas suelen traer ya que no se indica nada sobre cómo se reactivará la economía o cómo recuperamos las fuentes de financiamiento internos y externos que permitan apalancar el desarrollo.
El anclaje del bolívar soberano al petro, nos parece un grave error. La moneda virtual no es reconocida por ningún actor económico nacional, ni internacional. Está anclada al precio del barril del petróleo, producto que por su naturaleza es altamente volátil, la cual inyectará a la economía nacional, el mismo grado de volatilidad. En los países donde esta estrategia se ha aplicado, la moneda se ancla a otra fuerte y estable, como el US$ o Euro.
Ajustar los salarios, aunque necesario, al ser incrementados en un monto del 3.500% se hace totalmente inmanejable para una economía que está sumergida en una grave depresión, no existe el nivel de actividad económica, ni el flujo de caja en las empresas para poder cumplir con este incremento. Si no se controla la hiperinflación, el impacto será todo lo contrario.
La oferta del Gobierno de cubrir dicha diferencia por 90 días la consideramos poco creíble por sus dificultades de aplicación, sin olvidar la necesidad de elevar el dinero inorgánico para cumplir con dicha oferta. El impacto en la retroactividad de las prestaciones sociales destruye el ya deprimido patrimonio de las empresas.
Mantener las políticas de control de precio en una economía hiperinflacionaria, primero refleja la poca confianza del gobierno en que las medidas en contra de la inflación van a ser efectivas y repite los errores que tienen afectada la producción y la oferta de productos esenciales para los consumidores.
Se anuncia un nuevo sistema cambiario “fluctuante anclado al Petro”, el cual no se explica en detalle, pero si refleja que seguirá funcionando por la vía de las subastas del DICOM que como sabemos han sido totalmente inoperantes y poco trasparentes.
Para poder implementar un sistema cambiario libre y flexible se deben garantizar la fuente de divisas y para nada se indica, ni se incentiva a quienes serán los oferentes de dicho mercado con la desconfianza y la inseguridad jurídica que se mantiene en el país.
En materia de la política fiscal es importante colocar la meta de un déficit fiscal cero, pero si partimos en la actualidad de un déficit que podría estar superando el 20%, las medidas anunciadas no lucen coherentes ni suficientes.
Para lograr dicho objetivo se debería de establecer un profundo plan de reprivatización de todas las empresas estatizadas que hoy en día no operan y son fuente importante del déficit fiscal.
Se incrementa el IVA del 12 al 16%. El gobierno pretende corregir el déficit fiscal aumentando los impuestos sobre una población ya deprimida, pero sin indicar cuál será su sacrificio en la búsqueda de lograr el objetivo.
Lo mismo podría decirse del Impuestos a las Transacciones Financieras que se le aplica a actores económicos casi paralizados por la actual crisis.
Una política fiscal debe de ir dirigida a incrementar la base tributaria por vía de mayor actividad económica, no cobrarle más a los que ya no tienen con qué.
El ajuste del precio de la gasolina, aunque importante y necesario, preocupa que sea manejado de forma política por la vía del Carnet de la Patria sin indicar con claridad precios y mecanismo de aplicación. Más que sincerar costos y precio, pareciera operar como un elemento político de control social.
Las medidas anunciadas y como pretenden implementarlas, aumenta la inestabilidad en la economía.
No observamos la posibilidad cierta que el gobierno actual, pueda recuperar la confianza necesaria para que un plan de ajustes sea creíble y ejecutable con éxito y mucho menos si no cuenta con la participación y el consenso de todos los factores que intervienen en los procesos productivos, dentro de un marco de estabilidad y respeto político, con el apoyo de los organismos internacionales de financiamiento, aliados comerciales y acreedores de la República.
El objetivo de un plan de estabilización de la economía debe ser abatir la hiperinflación y crear crecimiento económico. Para ello, debe recuperarse el financiamiento externo del Estado, como el del sector privado, y de esto nada se ha hablado.
Es indispensable tener libertad cambiaria y libertad de precios para lograr incentivar la oferta. Debemos tener una apertura del sector petróleo, para poder incrementar su producción.
Urge establecer un plan de recuperación de los servicios públicos y de la infraestructura del país, que permitan apalancar el crecimiento de la economía. Ningunos de estos aspectos fueron abordados de manera creíble.
Nuestro llamado a todas las empresas es a conversar con sus trabajadores y demostrar el impacto de las medidas en el costo y en los precios de los productos.
El sector privado sigue comprometido y dispuesto a tener un verdadero diálogo social para abordar técnica y socialmente los problemas que viven los venezolanos.
Nunca podremos salir de la crisis y lograr progreso y bienestar, sin un sector privado fuerte, diversificado y competitivo.»