Autor: Zuhé Rodríguez

Las cifras conocidas hasta el momento son preocupantes, puesto que hasta el mes de septiembre habían sido reportadas ante la policía judicial las desapariciones de 400 personas.

Los meses de mayo, junio y septiembre han tenido los totales más elevados, que van desde las 57 hasta 62 denuncias. Esto quiere decir que en esos meses prácticamente se perdió la pista de dos personas en promedio todos los días.

Cada caso debe ser revisado en sus particularidades. No se puede atribuir este número de desapariciones a un solo factor. Sin embargo, llama la atención que la gran mayoría de los casos haya ocurrido en Distrito Capital y estado Miranda, donde las personas gozan de mayor movilidad.

Estamos hablando del 41% de las desapariciones, en un enclave urbano donde se supone que existen los mayores recursos para ubicar a las personas.

En estricto sentido, no se puede decir que la desaparición sea un delito, pero sí se convierte en tal cuando es propiciada por funcionarios de cuerpos de seguridad.

De resto, se trata de una situación que pudo ser propiciada por la decisión de la persona a la que se le perdió el rastro, o por condiciones externas que es necesario investigar. Para esto, la policía judicial cuenta con un grupo de pesquisas.

De manera que lo más importante para el familiar o allegado de la persona desaparecida es recabar la mayor cantidad de datos, y aportarlos en una denuncia ante los despachos de CICPC.

A menudo, los policías prefieren esperar un lapso de 72 horas para tomar estas denuncias, con la finalidad de dar un margen de tiempo que permita determinar con mayor precisión si se trata de un caso de desaparición o de otros delitos como el homicidio o el secuestro o el rapto.

Una de las cuestiones que llama poderosamente la atención es que los estados con mayores cifras de personas desaparecidas son conocidos además por ser el escenario de disputas entre grupos organizados.

Hablamos de Bolívar, Aragua, Zulia y Sucre, cada uno con sus particularidades, pero con este factor en común, que debe ser observado con detenimiento.

El miércoles 4 de noviembre en horas de la mañana, cámaras de seguridad instaladas en la fachada de un Conjunto Residencial de Los Chorros (municipio Sucre) captaron el momento en que el conductor de un Corolla blanco fue sometido y presumiblemente privado de su libertad, por sujetos que iban en una camioneta Explorer gris.

Algunos captores tenían pistolas, chalecos antibalas e indumentaria similar a la utilizada por la Policía Nacional, aunque llevaban zapatos tenis.

Sobre este episodio, el ex director de la Policía Judicial, Miguel Dao, indicó que varios elementos sugieren la irrupción de una banda de novatos, que actúan como si estuviesen amparados por un manto de impunidad.

Uno de los aspectos más notables fue la tardanza en sacar a la víctima del carro y llevarla a la referida camioneta.

En la anterior semana de “flexibilización” ocurrió otro intento de plagio en la urbanización Montecristo, cerca del lugar donde ocurrió el último ataque, pero fue frustrado cuando volcó la camioneta donde llevaban a las víctimas, muy cerca del Hospital Pérez Carreño.

De acuerdo con las informaciones disponibles de manera preliminar, en ninguno de los casos referidos los cuerpos de seguridad ejecutaron el llamado “plan de cierre” en las vías expresas, que implica el apostamiento de funcionarios policiales en las principales arterias viales de la capital, con la finalidad de capturar in fraganti a supuestos implicados en delitos de impacto.

Al no haber ejecutado este procedimiento, los secuestradores contaron con un margen de tiempo que les permitió escapar.

En octubre fueron denunciados siete secuestros en las oficinas de la policía judicial en todo el país, según se pudo conocer extraoficialmente.