Autor: Zuhé Rodríguez

La Cámara de Comercio e Industrias de Piar y Fedecámaras Bolívar solicitaron la derogación del decreto 008-22, al violar lo establecido en el Código Orgánico Tributario y tener vicios que podrían afectar al sector privado del municipio Piar.

El asesor permanente y especialista tributario, Camilo London, explicó que el decreto tiene al menos cinco vicios, entre los cuales está darle a la alcaldía potestades que no les corresponden, como la definición de un procedimiento administrativo para la determinación de la obligación tributaria.

“Al ejecutivo le corresponde accionar en función de lo que está contenido en la ley, no le corresponde al ejecutivo municipal definir cuáles son los procedimientos para la determinación de la obligación tributaria, esto tiene una reserva legal”, indicó.

Además, señaló que pretender definir un procedimiento especial para la determinación de tributos, desconociendo lo que está dentro de la ordenanza y en el Código Orgánico Tributaria, es una violación a la ley.

• Aprobado sin cumplir el debido proceso

Añadió que el decreto 008-22 fue aprobado sin una consulta pública donde participaran todos los actores vinculados con el acto administrativo. Al ser aprobado bajo estos términos se viciaría de nulidad todo el proceso.

Asimismo, London explicó que se violó el debido procedimiento de determinación de obligaciones tributarias, al asumirse en el decreto que hay una presunción de evasión tributaria generalizada en el municipio Piar.

Bajo este contexto, el asesor explicó que correspondería desarrollar procedimientos como los que están en la Ordenanza del Impuesto sobre Actividades Económicas como lo son verificación, fiscalización y determinación.

“Pero este decreto establece un procedimiento distinto que no está regulado en la ley”, afirmó. London añadió que el decreto 008-22 omite los debidos procedimientos e impone un impuesto a pagar sin atender el derecho a la defensa y excediendo lo que está en la ley.

Además, la administración municipal se extralimita al imponer sanción a quienes incumplan un decreto que de por sí excede la ley. “De ese procedimiento podría resultar que a una empresa se le prohíba desarrollar su actividad económica en el municipio”, informó.

London explicó que se presume la comisión de un delito con el decreto 008-22, al exigirse tributos que no están contemplados en la ley o al utilizar medios no previstos en ley para su recaudación.

“Si hablamos de un decreto que excede a la ley municipal, al Código Orgánico Tributario y violenta la reserva para definir un proceso de recaudación y determinación de tributos, podríamos estar en presencia de un medio no licito para la exigencia de tributos”, declaró.

El especialista tributario indicó que debe haber una revisión de la alcaldía de Piar para revocar el decreto, atendiendo las denuncias y el planteamiento del sector empresarial. “No se está negado al pago de los tributos, pero los tributos deben estar establecidos en la norma impositivas y los procedimientos de recaudación deben responder a lo dispuesto a la norma, porque nos sometemos a la norma”, añadió.

• Hay que lograr un acuerdo

La presidenta de la Cámara de Comercio de Piar, Magnolia Lanz, indicó que entregaron una comunicación solicitando una reunión para la nulidad de este decreto y esperan respuestas de autoridades municipales.

El presidente de Fedecámaras Bolívar, Austerio González, indicó que el decreto vulnera al sector empresarial de Piar, cuando lo que se debe es generar políticas públicas que aumenten el número de empresas formales y oportunidades de empleo.

“Queremos buscar un proceso de conciliación tanto con la alcaldesa, como con los concejales, para que como administradores de un municipio puedan lograr una productividad comercial eficiente”, declaró González.

Señaló que las decisiones deben tomarse tanto sector privado como público, para que se logre mejores condiciones tanto para los empresarios, como de vida para los ciudadanos.

Nota de prensa

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Se trata de Paula Kai´tu Martínez Durán, quien ha sido nombrada recientemente como Gerente de Mercadeo de Google Cloud, en su centro de operaciones para América del Sur localizado en Buenos Aires, Argentina. Esa división del gigante digital brinda servicios de computación en la nube para facilitar las tareas de desarrolladores y empresas. Tal y como lo hacen sus servidores cuando nos atiende con herramientas de nuestro uso cotidiano como Gmail y Drive, pero esta vez con recursos mucho más complejos y sofisticados.

Un largo recorrido de esta zuliana de la etnia wayú desde su tierra natal hasta el epicentro de la tecnología global. “Para mí es un gran privilegio, como mujer indígena, el poder representar a nuestra minoría étnica con logros como éste y así abrir el camino a muchas más niñas wayú”, así se expresa Paula para definir el significado que tiene para ella su nuevo cargo en Google. Ella es una abogada de 38 años, con maestría en Mercadeo y con el dominio de tres idiomas imprescindibles para sus tareas: español, inglés y portugués.

“Mi papá proviene de una familia tradicional del Zulia y el lado de la familia de mi mamá es indígena. Específicamente, mi madre, ya fallecida, fue una importante lideresa indigenista del pueblo Wayú. Mis padres querían ponerme un nombre indígena para que siempre recordara mis raíces. Kai’tu es mi segundo nombre y significa Sol Brillante en wayuunaiki, el idioma de nuestro pueblo. Durante mucho tiempo, luché con mi doble identidad. Pero finalmente he entendido que me hace una persona única y que goza de una ventaja al pertenecer a ambas culturas”.

Google se caracteriza por la pluralidad racial de sus empleados y el tema de la inclusión de la mujer es un sello distintivo a la hora del nombramiento de altos cargos. Ser mujer y ser una indígena venezolana lejos de ser obstáculo dentro de la empresa es más bien un rasgo corporativo.

“Siento la responsabilidad de representar a las indígenas venezolanas y estimularlas para que realicen sus  propios sueños. Por otra parte, disfruto mucho de mi trabajo y del equipo profesional que me acompaña. Me siento súper afortunada de tener la oportunidad de aprender y trabajar con personas que aprecio y respeto. Con ellos, aprendo algo todos los días”, afirma Martínez.

Cada vez más mujeres venezolanas van destacando en espacios profesionales hasta hace muy poco reservados sólo para hombres. Esos entornos laborales tan competitivos y, si se quiere conceptualizados como masculinos, ceden terreno ante la  arremetida de la vanguardia femenina. Ciertamente es una buena noticia saber que ellas llegan más alto en la toma de decisiones dentro de las grandes corporaciones.

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• Hasta seis interrupciones eléctricas al día retrasan actividad económica en Sifontes

La Cámara de Comercio e Industrias del municipio Sifontes exige mejoras en el servicio eléctrico, pues son afectados por interrupciones diarias y continúas del servicio. Dichas deficiencias afectan la actividad comercial de la región, debido a que se limitan las transacciones y algunos comerciantes pierden tanto equipos electrónicos como mercancía.

El presidente de la cámara de Sifontes, Mansur Zakhia, dijo que la electricidad falla hasta 5 y 6 veces durante el día, y los cortes se prolongan hasta dos horas afectando “toda la actividad comercial”.

Los comerciantes han lidiado con la deficiencia del servicio desde hace al menos cinco meses. Pese a que hubo una mejora durante tres semanas, las interrupciones volvieron a ser constantes sin ninguna explicación de autoridades de Corpoelec en el estado.

“Se hicieron unos trabajos en la línea eléctrica que alimenta el municipio y pasamos casi un mes sin problemas, pero ya tenemos una semana con muchos cortes”, declaró el presidente de la cámara.

Zakhia añadió además que en los momentos que cuentan con el servicio eléctrico, este es inestable, con oscilaciones constantes que terminan averiando y poniendo en riesgo la operatividad de los equipos eléctricos.

Las condiciones actuales del servicio comprometen la calidad de vida de los habitantes de la zona, e incluso afecta a los estudiantes que asisten nuevamente a clases presenciales y necesitan de computadoras e internet para su formación.

Zakhia, junto a sus directivos y afiliados, solicitan a Corpoelec que se encargue de corregir las fallas del servicio eléctrico, para poder mantener la actividad comercial y el normal desenvolvimiento de la vida en el municipio Sifontes.

Nota de prensa

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Durante una reunión entre productores, la agroindustria y el Gobierno se llegó a un acuerdo de frenar la importación de maíz en plena cosecha y un precio negociado de $450 la tonelada del cereal. Los productores esperan que se materialice el acuerdo y sea respetado entre las partes.

“Nosotros estamos defendiendo el ingreso del productor. Hasta que no se entregue y venda el último grano de maíz blanco y amarillo, no se abrirá la importación. Al estar parada la importación, nuestro maíz vale”, sentenció Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro),

Asimismo, se acordó cancelar la cosecha al valor alterno de importación, reconociendo una materia prima por flete y otra por producción nacional.

“Entramos en una fase de negociación, puede que algunas industrias paguen algo más. En la reunión, faltó la empresa más grande de maíz y, realmente, esperamos que apoyen la producción nacional y entren en esta negociación”, explicó Fantinel en un audiovisual.

El pronunciamiento de Fedeagro se realizó luego de una reunión junto a productores agrícolas de los estados Portuguesa, Guárico, Barinas, Cojedes y representantes de algunos ministerios, entre ellos Agricultura y Tierra, Comercio, Alimentación, entre otros.

Mientras tanto, Osman Quero Pérez, vicepresidente de Fedeagro aclaró que el Ministerio de Agricultura y Tierra no establecerá por escrito el precio al que se fijó en dicho consenso entre los productores y la agroindustria, pero todos esperan que se emita una resolución al respecto y como garantía.

“Se han hecho unos avances (…) Nos resta por decidir y esperamos que el Ministerio nos otorgue esa resolución», expresó. Asimismo, indicó que, de acuerdo, con lo discutido, las plantas de almacenamiento deberán colocar en sus puertas el precio al que están cancelando la cosecha”

Con información de Minuta Agropecuaria

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