Autor: Zuhé Rodríguez

Venezuela continúa atravesando por la más grave crisis económica, política y social de su historia reciente. Si bien el parque industrial nacional no da muestra de mejoras, algunos sectores comerciales y de servicios comienzan a mostrar cierta estabilidad en sus ventas, e incluso una discreta mejora de los ingresos.

El comunicado reza que urge definir un plan de acción u hoja de ruta que contemple las medidas necesarias para devolver a Venezuela al camino del crecimiento y desarrollo.

“De allí que las próximas elecciones a Gobernadores y Alcaldes son una excelente oportunidad para darle un nuevo impulso a las regiones. En el caso del estado Zulia, el potencial de crecimiento de los negocios petrolero, turismo, agropecuario e industrial son inmensos, habida cuenta de los recursos naturales renovables y no renovables que posee. Pero para su desarrollo y recuperación, hace falta inversión de capital con la cual el Estado venezolano no cuenta”

La Cámara de Comercio de Maracaibo, exhorta al Gobierno Nacional a iniciar cuanto antes los cambios necesarios para atraer la inversión privada nacional y extranjera, para de esta manera, desencadenar el potencial económico de la región. Entre las medidas que podemos poner en práctica en el Zulia, están las siguientes:

1. Reversión de las expropiaciones. Durante el año 2009, el Gobierno de turno decretó la expropiación de 76 empresas que prestaban servicios de transporte y mantenimiento a la estatal PDVSA en el Lago Maracaibo. Dichas expropiaciones incidieron negativamente en 3 niveles, al afectar al contratista propiamente, a sus proveedores directos e indirectos y a los comerciantes de la zona. PDVSA no pudo asumir directamente los trabajos altamente especializados que dichas contratistas llevaban a cabo, por lo que la producción de petróleo en el Lago de Maracaibo y sus zonas aledañas se desplomó desde algo más de 1 millón de barriles diarios en ese entonces, a apenas 110.000 barriles diarios al día de hoy. Ante la dependencia de la economía regional de la explotación petrolera, todo el Zulia sintió las consecuencias económicas de dicho proceso de expropiación. En las áreas agropecuaria y agroindustrial, se expropiaron fincas en plena producción de leche, carne y sus derivados, fincas agrícolas y empresas proveedoras de alimentos e insumos, por la supuesta razón de luchar contra el latifundio y redistribuir la tierra entre los campesinos. La realidad es que dichas tierras eran trabajadas y explotadas exitosamente por varias generaciones de zulianos, incluso desde cuando en las zonas rurales no existía vialidad ni servicios públicos, para el beneficio directo de sus trabajadores y campesinos. Hoy en día, la gran mayoría de las empresas expropiadas y de las fincas agropecuarias están cerradas o abandonadas, sin producir nada. Por lo tanto, el Gobierno Nacional debe implementar una política de devolución de empresas y unidades de producción a sus anteriores dueños, quienes tienen principalmente el conocimiento técnico para ponerlas a producir, junto con un plan de incentivos financieros y fiscales que estimulen la inversión de capital, buscando en el corto plazo una reactivación de las unidades productivas.
2. Privatización o asociación con capital privado. Para cambiar de rumbo y deshacer gran parte de las medidas que terminaron por deprimir la economía nacional, se debe comenzar por vender o privatizar de manera transparente la gran cantidad de empresas públicas manejadas por el gobierno, o en su defecto, promover asociaciones o alianzas con el sector privado que le permita a las empresas, recibir una gerencia profesional y capital fresco para recuperar los niveles de producción del pasado. Podemos conseguir empresas nacionalizadas, expropiadas o confiscadas en todos los sectores de la economía: mineras, agrícolas, industriales, eléctricas, bancarias, telecomunicaciones, laboratorios, empresas básicas (aluminio, hierro, bauxita), hoteles, transporte marítimo, terrestre y aéreo, alimentos, plantas químicas, plásticos, procesadores de café, silos de granos, por solo nombrar algunos. La figura del Estado-Empresario no tiene cabida en las economías modernas, ya que es responsabilidad del sector privado gerenciar empresas productoras de bienes y servicios. El tiempo, finalmente, nos dio la razón. Pero si queremos realmente atraer al capital privado, el Gobierno Nacional debe ofrecer ante todo seguridad jurídica y garantías legales. Respecto a la inversión petrolera, las sanciones impuestas al país solo prohíben hacer negocios con PDVSA, por lo que las empresas petroleras multinacionales, en teoría, pudiesen desarrollar las enormes reservas de crudo en el país al trabajar por sí solas. Por lo tanto, se debe derogar o modificar la Ley de Hidrocarburos aprobada en el año 2006, para permitir a las empresas privadas tener la mayoría accionaria en las empresas mixtas y así poder invertir y manejar la explotación petrolera en los campos asignados. Al mismo tiempo, la participación del sector privado en la producción y refinación de gasolina, diésel y gas no puede esperar más. El país está semi paralizado por la falta de combustibles. Venezuela pasó en algo más de 5 años, de país exportador de combustibles a importador de los mismos. Solo con la gerencia adecuada e inyección intensiva de capital, podremos poner a trabajar eficientemente el parque refinador nacional y con ello, comenzar a reactivar la economía nacional. Pero mientras llega ese momento, se debe autorizar a empresas privadas para que importen combustibles y abastecer al mercado nacional. En la Cámara de Comercio de Maracaibo, estamos convencidos que un aumento en la producción de petróleo impulsará tanto la economía regional como nacional con un efecto multiplicador, creando empleos y generando abundantes divisas mediante la creación de un sin número de empresas proveedoras y de servicios.
3. Gerencia e inversión del sector privado de actividades medulares para el éxito del comercio y la industria nacional. Todos los servicios públicos básicos prestados por el Estado, especialmente el servicio eléctrico y el abastecimiento de agua, funcionan con grandes limitaciones y sin garantías de suministro. Para revertir esta situación, el Gobierno Nacional debe abrir dichos servicios al capital y gerencia del sector privado, tanto nacional como extranjero, asumiendo el Estado un papel netamente regulador. Para incentivar a los proveedores de los servicios a mejorar su eficiencia operativa y comercial, se debe diseñar un esquema que les garantice seguridad jurídica, una rentabilidad razonable y repatriación de dividendos. También existen en Venezuela una serie de actividades administrativas hechas por el sector público en la actualidad, las cuales pueden ser llevadas a cabo por el sector privado de manera más eficiente y con beneficios tangibles para todos (la empresa que lo efectúa, el usuario y el Estado). Entre dichas actividades podemos mencionar las operaciones portuarias en general y el regreso de las concesiones viales o peajes. Sobre la primera, en el año 2009, el gobierno de turno decretó la creación de las empresas Bolivariana de Puertos y Bolivariana de Aeropuertos (Bolipuertos) para el manejo de la infraestructura portuaria, especialmente en el área de almacenes, silos y patios. Dichas actividades eran realizadas hasta esa fecha con gran eficiencia y rapidez, por un gran número de empresas privadas. Esta medida gubernamental significó volver al Instituto Nacional de Puertos, eliminado hace más de 20 años debido a la ineficiencia de sus acciones. Solo en el Zulia, operaban 10 empresas almacenadoras donde trabajaban unos 1.000 empleados de forma directa. Los resultados no se hicieron esperar: comenzó una pérdida de competitividad con retrasos en la descarga y salida de mercancías, convirtiendo al Puerto de Maracaibo en uno de los más costosos para el tránsito de productos, al punto que, cada vez son más las empresas zulianas que realizan sus operaciones de importación y exportación a través de Puerto Cabello. Por lo tanto, debemos retomar el esquema anterior a la creación de Bolipuertos y regresar a la época de las concesiones privadas de los servicios en el Puerto de Maracaibo. Finalmente, la infraestructura vial rural y extraurbana presenta un fuerte deterioro físico (huecos, inseguridad y falta de señalización, demarcación e iluminación) y una ausencia casi total de servicios a todo lo largo. Debido a ello, proponemos el regreso de las concesiones viales para que sea una empresa privada quien se encargue de prestar los servicios y coordinar el buen estado de la vialidad. Todo ello, redunda en un viaje más seguro para todos los venezolanos y en el traslado más rápido y económico de productos alimenticios y bienes terminados a lo largo de todo el país.
4. Disminución de trabas burocráticas y simplificación de la permisología para exportar. La burocracia lenta, los procedimientos administrativos demasiado complejos, el exceso de leyes, normas y controles, así como el enorme poder de discrecionalidad de los funcionarios públicos, generan trabas económicas con un gran costo para los empresarios y, por ende, para el país. Proponemos revisar y simplificar todas las políticas públicas, leyes, controles y regulaciones que inhiben la confianza empresarial y las posibilidades de inversión. Se deben revisar todos los procesos de exportación para facilitar el tránsito de bienes y productos a través de las aduanas con la finalidad de exportar. La consigna nacional debe ser la de producir para exportar. El Zulia tiene el potencial, además de producir y exportar el petróleo y sus derivados, de producir gran cantidad de productos alimenticios de excelentes características y calidad. Pero para que sea exitoso y eficiente, el proceso de exportación debe ser rápido y sencillo. Eliminemos las trabas. Facilitemos los procesos.
5. Relanzamiento de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales. La Ley de Asignaciones Económicas Especiales para los Estados Derivadas de Minas e Hidrocarburos (LAEE), fue una ley promulgada en el año 1996, la cual buscó financiar proyectos de inversión en diversas áreas, con parte de los recursos obtenidos por la explotación minera de los Estados. De esta forma, los estados con mayores niveles de explotación de recursos petroleros y afines, tales como el estado Zulia, obtendrían una mayor cuota de los recursos para financiar proyectos de inversión. Mientras estuvo vigente, fueron muchos los proyectos en la región que pudieron concretarse bajo el paraguas de esta Ley. Sin embargo, en el año 2010 es promulgada la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, creándose el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) el cual terminó por desplazar el otorgamiento de fondos por parte de la LAEE y el FIDES. Por lo tanto, se hace necesario rescatar la LAEE, así como la creación de nuevas leyes que promuevan el principio del Estado federal descentralizado como forma del Estado venezolano. A su vez, se requiere fortalecer gobernaciones y alcaldías a nivel económico y financiero, mediante la implementación de una Ley de Hacienda Pública estatal.
6. Desarrollo del potencial turístico de la región. Las características geográficas del Zulia son sumamente variadas, permitiendo reunir en una misma región distintas topografías y lugares de interés. Es así como nuestro estado posee playas, montañas, ríos y ciénagas, así como lugares con una importante carga histórica como el Castillo de San Carlos o el casco histórico de la ciudad de Maracaibo. Existen hoteles para todos los presupuestos, complementados con una oferta culinaria desde comida típica de la región hasta comida internacional de primer nivel. De allí que debemos desarrollar y explotar el potencial turístico del Zulia, promoviendo la inversión privada en todas las áreas arriba descritas a través de incentivos fiscales y seguridad jurídica para las nuevas inversiones. Sin embargo, deben resolverse primero los problemas públicos, (limpieza, seguridad personal, servicios públicos básicos, etc.). Finalmente, una vez superada la pandemia del COVID-19, Venezuela debe abrirse al mundo, aprobando la reapertura plena de las fronteras (especialmente con Colombia) y estableciendo rutas comerciales directas con los países que más turistas pueden aportar a Venezuela, tales como los Estados Unidos y Europa.
7. Restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos. Si bien todos los puntos anteriores son importantes desde la perspectiva regional, factores macroeconómicos (de competencia nacional) son determinantes para el éxito de cualquier propuesta de desarrollo. La economía debe desregularizarse para buscar su equilibrio, minimizando controles y con disciplina fiscal por parte del Gobierno Nacional para vencer de una vez la hiperinflación que padece el país. Esto es fundamental para conseguir la reactivación del crédito bancario. Asimismo, se debe propiciar una progresiva baja del encaje legal, cuyos niveles actuales ponen en peligro al propio sistema bancario. Todo esto se hace necesario para la reactivación del crédito bancario, en función de apalancar y financiar todos los procesos comerciales, industriales y de servicios tan necesarios en el país.

Agregan que el liderazgo político regional debe canalizar ante el Gobierno Nacional todos los problemas que padece la región y las posibles soluciones concebidas desde el Zulia, para de esta manera poder solventar los inconvenientes que obstaculizan el desarrollo regional y convertir al Zulia y otros estados en los motores de crecimiento de Venezuela.

«Si realmente queremos inversión y crecimiento, se impone generar políticas públicas que corrijan los desequilibrios (…) Nuestra institución gremial está dispuesta, como siempre, a trabajar junto con los entes gubernamentales para buscar soluciones y alternativas a los problemas existentes»

Nota de prensa

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