Ministros de Turismo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) acordaron la creación de un «área libre de tránsito», con el fin de ofrecer productos multidestinos, informó la organización regional.
El planteamiento fue hecho tras la VI Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Turismo del bloque, celebrada en el estado Táchira. Los funcionarios «aprobaron un acta con 25 propuestas para fortalecer el área turística en la región».
Según la nota de prensa oficial, se acordó «considerar el estudio de la implementación de una visa electrónica ALBA», identificar «la estrategia y el abordaje de los mercados objetivos», celebrar en 2026 la primera edición de una feria de turismo de la organización, formar profesionales en el área y simplificar «procesos migratorios» entre los 10 países integrantes.
Actualmente, la ALBA cuenta con diez miembros (Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela) y tres invitados especiales (Siria, Haití y Surinam), según la página web oficial de la alianza.
El presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, amenazó el sábado 30 de noviembre con imponer aranceles de 100 % a los países miembros del Brics si crean una nueva moneda o respaldan otra para sustituir al dólar estadounidense.
La advertencia recae sobre Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Turquía, Azerbaiyán y Malasia han solicitado convertirse en miembros del bloque, y varios otros países han expresado su interés en unirse.
Aunque el dólar estadounidense es, con mucho, la moneda más utilizada en los negocios globales y ha sobrevivido a desafíos anteriores, los miembros de la alianza y otras naciones en desarrollo dicen estar hartos de la dominancia de Estados Unidos en el sistema financiero global.
«Requerimos un compromiso de estos países de que no crearán una nueva moneda BRICS, ni respaldarán ninguna otra moneda que reemplace al poderoso dólar estadounidense o, se enfrentarán a aranceles del 100 %, y deben esperar decir adiós a vender en la maravillosa economía estadounidense», escribió Trump en su plataforma de medios sociales, Truth Social.
«Pueden ir a buscar a otro ‘bobo’. No hay ninguna posibilidad de que los BRICS sustituyan al dólar estadounidense en el comercio internacional, y cualquier país que lo intente debería decir adiós a Estados Unidos», dijo.
El sector empresarial de Trujillo se muestra optimista ante las perspectivas de crecimiento para el año 2025, proyectando un aumento significativo en los niveles de productividad.
La presidenta de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera (ACOINVA), Ana María Faccin, afirmó que el 2025 se perfila como un año donde los empresarios deberán desarrollar estrategias para mejorar la productividad e ingresos salariales de los trabajadores.
«El principal reto que hemos tenido los empresarios, en los últimos años es mantener nuestras santamarías arriba porque hemos tenido factores externos a nuestras logísticas internas, que le hemos tenido que hacer frente».
La dirigente gremial espera que el venidero año sea propicio para concretar acuerdos económicos con las instituciones del Estado, que faciliten la adecuación del marco jurídico, asociado al tema tributario.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez manifestó este jueves 28 de noviembre que se pudo restituir el servicio gasífero desde el complejo Muscar-Soto en Monagas, que registró una explosión el pasado día 11 afectando el suministro eléctrico en Nueva Esparta y otros estados al oriente del país, gracias a la labor de 800 trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Rodríguez hizo estas aseveraciones durante una reunión con representantes de las casas de estudios superiores del país, ministros y voceros de Pdvsa, para discutir la «armonización» de los perfiles académicos en distintas universidades que impartan carreras asociadas a hidrocarburos y minería.
Descartó que haya sido problemas de mantenimiento en el complejo gasífero, enfatizando que hay unas 11 personas detenidas que ya confesaron de cómo lo hicieron, al igual de su vinculación con supuestos sectores de la oposición; datos que se darán a conocer en los próximos días.
El más reciente informe de octubre, del Monitor de Servicios Básicos del Observatorio de Gasto Público (OGP) de Cedice Libertad señala que los estados en donde hay más averías eléctricas son Mérida, Zulia, Nueva Esparta, Falcón, Barinas, Lara y Trujillo. Hay reportes de lugares en donde hay 14,9 horas en promedio por día sin luz
Esta investigación es el resultado de la información recabada de encuestas formuladas a 2.300 personas desplegadas en todo el territorio nacional, con el apoyo de corresponsales voluntarios en 10 localidades del país. Además, se formula una revisión periódica de más de 25 medios digitales para recolectar y conciliar la información sobre denuncias, alertas y registros ciudadanos sobre el desempeño de los servicios básicos en su localidad.
El estudio fue coordinado por el economista Raúl Córdoba, del OGP de Cedice. En el documento se señaló que 72% de la población consideró que el sistema eléctrico es vulnerable, inestable y se encuentra deteriorado, por lo tanto, no suple las necesidades de los venezolanos.
Los estados en donde hay más reportes de averías eléctricas son Mérida, Zulia, Nueva Esparta, Falcón, Barinas, Lara y Trujillo. Hay lugares en donde hay 14,9 horas en promedio por día sin luz.
“Entre 20 y 30 dólares por mes ronda el promedio de pagos adicionales que ejecutan los venezolanos para cubrir las deficiencias en materia eléctrica. La inversión en compras, mantenimiento y alquiler de plantas eléctricas, así como de insumos y linternas improvisadas es cuantioso”, revela el documento
La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, cuyo articulado contempla entre otros, penas de entre 25 y 30 años de prisión y multas de hasta un millón de euros para quienes promuevan o estén implicados en las sanciones impuestas al gobierno u autoridades de los poderes públicos e inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos delitos, lo que impedirá a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular. La ley deberá ser firmada por Nicolás Maduro para su entrada en vigor.
A partir del domingo primero diciembre de 2024 entrará en vigencia un aumento del pasaje urbano. La tarifa mínima será de 16 a 18 bolívares y 10 bolívares para las operadoras de transporte público del Estado, montos que representan menos de 0,40 centavos de dólar a la tasa oficial. La tarifa máxima oficial para las rutas suburbanas en todo el país será de 16 a 43 bolívares. Esto dependerá de los kilómetros del recorrido, siendo 10 km el trayecto más corto y más de 91 km el amplio.
La información fue publicada en la Gaceta Oficial N°. 43.013 con fecha del 22 de noviembre de 2024, pero compartida el martes 26 de noviembre. La Gaceta también establece que las mujeres mayores de 55 años de edad, los hombres de 60 años y las personas con discapacidad podrán viajar no pagan pasaje. Por su parte, los estudiantes tendrán un descuento de 50%.
El gremio del transporte ha estado exigiendo al gobierno el aumento de la tarifa del pasaje urbano en 25 bolívares, por lo que este ajuste por parte de las autoridades no cumple con sus expectativas.
El presidente de la Asociación Nacional de Rectificadores de Motores (Asonaremo), José Gregorio Martínez, espera que durante el 2025 se pueda impulsar la industria automotriz en el país.
«Sería algo positivo para los rectificadores de motores que se volvieran a activar las ensambladoras, porque mayor parque automotor, mayor trabajo para nosotros», dijo.
El representante de Asonaremo informó que el parque automotor en Venezuela ha crecido por la importación de vehículos, pero el ensamblaje se mantiene en 10%.
«En este momento se podría decir que se están vendiendo entre 750 y 800 vehículos nuevos, pero de importación«, agregó.
Martínez afirmó que son pocos los vehículos que se ensamblan en el país, y la mayoría de ellos, vienen armados desde el exterior «y se terminan de ensamblar aquí».
La directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), Claudia Itriago, expresó que tienen altas expectativas en la temporada de Black Friday y en la decembrina.«He visto descuentos variados de 10%, 20 y hasta 30% pero he visto poco 50 y 70%, pero he notado que la distorsión con el tipo de cambio también genera la incertidumbre de cómo hacer descuentos por los costos de reposición», precisó en entrevista con Eduardo Rodríguez.
Prensa CCIEB.- El acceso a agua potable y el saneamiento son esenciales para la calidad de vida y el desarrollo sostenible. La Cámara de Comercio e Industrias del estado Bolívar ha realizado una Propuesta al Proyecto de Ley para la Gestión Integral del Agua y Saneamiento a ser sancionada por el Consejo Legislativo de la entidad la cual busca abordar las deficiencias en estos servicios esenciales. Sin embargo, su propuesta presenta tanto avances significativos como desafíos importantes que deben analizarse para garantizar su efectividad.
El presidente de la Cámara Centenaria, Julio César Díaz, explicó que la propuesta subraya la importancia de contar con una normativa que regule y amplíe el acceso al agua y saneamiento en el estado Bolívar. Servicios como estos no solo son básicos, sino que también influyen directamente en la salud pública, la protección del medio ambiente y la equidad social. Implementar principios como universalidad, justicia, equidad y eficiencia económica es fundamental para garantizar un acceso equitativo a toda la población. No obstante, la implementación efectiva de estas garantías depende de una estructura administrativa clara y mecanismos bien definidos.
Indicó que el proyecto carece de un capítulo específico que regule cómo deben notificarse a los usuarios los cobros, suspensiones o reclamaciones. La falta de claridad puede generar conflictos y pone en riesgo la validez de dichas notificaciones.
“Aunque el proyecto enfatiza la equidad en el acceso, no establece una metodología clara para evaluar la capacidad económica de los usuarios. Entre las propuestas sugeridas se encuentran: Declaraciones de ingresos de los usuarios, auditorías e inspecciones, uso de datos estadísticos proporcionados por organismos gubernamentales. Sin estas herramientas, se dificulta la justa distribución de tarifas en un contexto de inestabilidad económica”.
Respecto al artículo 70 condiciona el acceso a la justicia al agotamiento de la vía administrativa, lo que contradice principios constitucionales que garantizan un acceso rápido y efectivo a la justicia. Este requisito ha sido previamente cuestionado y declarado innecesario por el Tribunal Supremo de Justicia, como en la sentencia N.º 130 de 2008.
En otro ítem, el empresario indicó que la propuesta de utilizar Unidades Tributarias (UT) para sanciones enfrenta críticas por ser incompatible con normativas nacionales. En su lugar, se propone el uso del tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, lo que permitiría una mayor estabilidad y claridad.
Uno de los mayores obstáculos para la aplicación de esta ley es la ausencia de la Superintendencia Nacional de los Servicios de Agua y Saneamiento, organismo clave para su regulación. La delegación de sus funciones a HIDROVEN ha demostrado ser insuficiente. La creación de esta entidad es fundamental para: supervisar la calidad del servicio, fijar tarifas justas, garantizar un marco regulatorio sólido.
El gremio sugiere la creación del Reglamento para la Ley Orgánica ya que la falta de reglamentación genera incertidumbre jurídica. Es necesario establecer directrices claras para todos los actores involucrados.
“Es importante adaptar las disposiciones del proyecto a los principios constitucionales, eliminando requisitos innecesarios como el agotamiento de la vía administrativa”, dijo.
El Proyecto de Ley para la Gestión Integral del Agua y Saneamiento en el estado Bolívar representa un esfuerzo significativo por mejorar servicios vitales. Sin embargo, enfrenta vacíos legales, institucionales y operativos que deben abordarse para garantizar su éxito. Solo a través de un marco normativo claro y una infraestructura institucional robusta se podrá asegurar que estos servicios lleguen a toda la población de manera equitativa y sostenible.
