El presidente de la Federación Venezolana de Arroz (Fevearroz), José Luis Pérez, alertó sobre el severo impacto que las constantes interrupciones eléctricas están ocasionando en el inicio del ciclo de siembra de invierno 2026.
El dirigente gremial explicó que la electricidad juega un papel crítico para el circuito arrocero debido a que el riego está directamente asociado al uso de motores eléctricos, empleados tanto en sistemas de bombeo de pozos profundos como de aguas superficiales.
“En el sector arrocero tenemos como el 60% del área regada con uso de motores eléctricos, sobre todo ahorita en la época de invierno, donde no están en actividad los sistemas de riego de los embalses”, precisó Pérez, advirtiendo que todas las interrupciones semanales implican riesgos extremos para el cultivo en momentos donde es vital inundar los campos.
En cuanto al desarrollo del ciclo de invierno para las regiones de Portuguesa, Barinas y Cojedes, Pérez informó que existe una intención de siembra estimada en 62 mil hectáreas, aunque las labores registran un retraso notable con apenas un 20% del área ejecutada.
“El ciclo prácticamente está iniciando; vamos un poco retrasados porque también las lluvias nos han obligado a muchos de nosotros a esperar que las condiciones del suelo estén óptimas, lo que se llama capacidad de campo, para que la germinación de la semilla sea rápida”, detalló el vocero.
Asimismo, advirtió que la mayor limitante para alcanzar la meta radica en que el precio base ofrecido por la industria transformadora no satisface a ningún productor, lo que atenta contra la buena ejecución de las inversiones.
Ante este escenario, el presidente de Fevearroz sentenció que el valor del rubro tendrá que ser ajustado a medida que avance el ciclo y reiteró la urgencia de suspender de forma definitiva las importaciones de arroz.
Sostuvo que el consumo nacional para lo que resta de año está plenamente garantizado al sumar los inventarios remanentes de la cosecha de verano, los altos volúmenes de grano extranjero que ingresaron al país durante los primeros cinco meses y la proyección de la actual siembra de invierno.
Finalmente, Pérez manifestó que cualquier importación adicional en los meses venideros saturará la comercialización nacional, generando excedentes que perjudicarán la recepción en los silos, los precios y el pago oportuno a los agricultores.
Aseguró que, a pesar de las dificultades, los productores se mantienen activos tratando de sembrar bajo las nuevas condiciones climáticas, pero con la firme expectativa de que el sector industrial mejore el precio anunciado en los próximos meses para poder llegar a la cosecha con un valor más adecuado y justo para el campo venezolano.
Científicos y organizaciones civiles alertaron que la falta de monitores públicos oculta el declive de las poblaciones de especies marinas, mientras que comunidades de pescadores reportan síntomas médicos y alteraciones genéticas vinculadas a la persistente contaminación por crudo.
Caracas. Al menos 15 especies de aves pertenecientes a ocho familias enfrentan el riesgo de desaparecer de las costas venezolanas debido a la contaminación constante causada por los derrames petroleros. Así lo advirtieron especialistas y biólogos durante un foro académico realizado el pasado 15 de mayo en la Universidad Central de Venezuela (UCV).
El hallazgo se suma a las alertas sobre el deterioro ambiental en zonas costeras del país, donde organizaciones ambientalistas y científicos denuncian desde hace años la ausencia de controles, monitoreo oficial y planes de contingencia frente a los vertidos de hidrocarburos, derrames de petróleo y sus derivados.
En la costa occidental del estado Falcón la situación resulta crítica para los ecosistemas, especialmente para las aves playeras.
Sandra Giner, bióloga, magíster en ciencias biológicas de la USB y doctora en ecología, explicó que un estudio realizado entre 2019 y 2026 identificó entre las especies más afectadas a aves marinas y pelágicas, como salteadores, gaviotas, petreles, albatros, pelícanos y bobas, depredadoras tope, ubicadas en la cima de la cadena alimenticia, que se alimentan de peces y moluscos.
Venezuela cuenta con una notable diversidad de aves acuáticas residentes y migratorias que dependen de 4261 kilómetros de costa continental e insular, además de una extensión marítima de 700.000 kilómetros cuadrados.
Esta superficie alberga humedales como playas rocosas, lagunas costeras, salinas, manglares, planicies intermareales, zonas que quedan expuestas cuando baja la marea, praderas, herbazales inundables y algas.
Las aves playeras son las más afectadas. Foto archivo
Impacto del crudo
Estas condiciones convierten a la costa venezolana en un hábitat ideal para la reproducción de especies que anidan en las playas. Giner señaló que los humedales también funcionan como refugio y parada invernal para aves migratorias debido a su alta concentración de alimento.
Sin embargo, los análisis globales sobre las especies presentes en Venezuela indican que 44% de las aves acuáticas y el 54% de las marinas presentan poblaciones en descenso. Esta situación se refleja con mayor claridad en el Golfo de Venezuela y en localidades como Punta Caimán, donde se han registrado derrames petroleros recurrentes.
“El crudo genera dos tipos de daños en los animales. El primero es mecánico y ocurre por el contacto directo con el plumaje, fenómeno conocido como petroleado, el cual elimina la movilidad, impide la alimentación y altera la termorregulación, lo que causa la muerte o el fracaso migratorio”,explicó Giner
La investigadora, coordinadora de proyectos de conservación de aves playeras y del observatorio de aves urbanas en el Jardín Botánico de Caracas, explicó además que las aves se contaminan mediante la ingesta de petróleo durante el acicalamiento o por el consumo de presas contaminadas, lo que provoca toxicidad gástrica y hepática, afectaciones en el estómago y el hígado.
Esto afecta órganos vitales y disminuye la capacidad de supervivencia y reproducción de las especies.
En el Lago de Maracaibo los pescadores reportan afecciones a la salud. Mariela Nava
Sin monitoreo oficial
Aunque las 15 especies de aves playeras afectadas permanecen bajo observación, Giner enfatizó en que la cifra representa un subregistro debido a la ausencia de monitoreos oficiales posteriores a los incidentes, la falta de protocolos gubernamentales de rescate y la inexistencia de programas públicos de rehabilitación, destinados a rescatar, limpiar y recuperar fauna afectada por contaminación.
Ambientalistas han alertado que la falta de seguimiento impide conocer con precisión cuántas aves han muerto o abandonado las rutas migratorias en los últimos años.
En el santuario ecológico intermareal de Punta Caimán, ubicado en el estado Falcón, a unos 20 kilómetros del Complejo Refinador de Paraguaná, la contaminación alcanzó un punto crítico.
Esta barra posee extensas planicies fangosas y manglares donde se refugian hasta 4000 ejemplares de 23 especies de aves playeras, en su mayoría migratorias.
En 2025 se contabilizaron allí 1600 individuos de playero pecho rufo, una cifra de relevancia continental para esta especie casi amenazada, categoría previa al riesgo formal de extinción.
Opacidad y deterioro
La experta destacó que las inspecciones de campo en Punta Caimán revelaron la presencia de charcos de petróleo en la zona intermareal, franja costera que se cubre y descubre con las mareas durante 2019, 2020 y 2021, producto de filtraciones en el oleoducto, tubería utilizada para transportar petróleo que corre paralelo al Golfete de Coro.
“En esas ocasiones se constató la muerte de invertebrados y peces. Aunque la industria petrolera aplica parches en las tuberías, no implementa planes de contingencia para la recuperación del sustrato”,indicó.
Las advertencias sobre el deterioro de la infraestructura petrolera coinciden con el aumento de denuncias comunitarias y reportes independientes sobre derrames en las costas venezolanas durante los últimos años.
En 2025, la falta de mantenimiento del terraplén provocó su colapso parcial por efecto del oleaje, lo que dejó tramos de tuberías expuestos a la erosión marina, desgaste causado por el oleaje y las corrientes del mar.
Más recientemente, una denuncia de la comunidad de pescadores, fechada el 27 de marzo de 2026, documentó la ruptura del oleoducto, tubería utilizada para transportar petróleo submarino que transporta crudo hacia la refinería de Cardón.
Foto: Crónica.Uno
Impacto en la salud y economía
Los videos difundidos en redes sociales confirmaron un chorro continuo de crudo que desemboca directamente en el intermareal. Como ocurre en la mayoría de los incidentes registrados en el Golfete de Coro, la cantidad exacta de barriles vertidos no fue cuantificada por Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Al respecto, Giner subrayó la necesidad de establecer un registro sobre el estado poblacional de las aves marino-costeras, evaluar las condiciones de sus zonas de alimentación y capacitar personal en medicina veterinaria forense, especializada en determinar daños y causas de muerte en animales y rescate. También consideró necesario que la industria petrolera financie laboratorios y centros de rehabilitación.
Hasta esta publicación, ni Pdvsa ni autoridades ambientales han ofrecido publicamente detalles sobre los derrames registrados en Falcón y sus posibles impactos sobre la fauna marina.
El último balance oficial con cifras sobre vertidos de hidrocarburos emitido por Pdvsa data de 2016. Ante la ausencia de datos oficiales, la ONG coordinada por Álvarez implementó un monitoreo basado en denuncias de prensa y redes sociales. Esa investigación registró entre 60 y 79 derrames anuales durante el período 2022-2024.
Para la investigadora, la desaparición progresiva de especies marino-costeras evidencia la ausencia de políticas ambientales sostenidas y de mecanismos de respuesta rápida ante emergencias ecológicas.
Asimismo, durante la ponencia, Alejandro Álvarez, coordinador de la ONG Clima21, denunció que el impacto real de los derrames petroleros sobre la salud pública, la economía local y los ecosistemas costeros permanece oculto debido a la opacidad comunicacional del Estado.
La falta de balances públicos y reportes oficiales dificulta establecer la magnitud real de los daños ambientales y sanitarios asociados a la actividad petrolera en el país.
Desde hace una década Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), no rinde cuentas sobre los derrames petroleros. Foto: cortesía de Pdvsa
Riesgos sanitarios
Además del impacto sobre la fauna marina, investigadores y pescadores advirtieron sobre las consecuencias de la contaminación petrolera en la salud humana y en las actividades económicas de las comunidades costeras.
En un área de 1000 kilómetros que abarca tanto el Lago de Maracaibo como la zona oriental, otros estudios independientes detectaron 59 vertidos en períodos inferiores a tres meses.
Al menos 22 animales fueron hallados totalmente petrolizados en 2023. Este año ya se contabilizan dos tortugas afectadas/Cortesía Mapache Ecoaventura
Álvarez recordó que las imágenes satelitales confirman la aparición de manchas vinculadas al ingreso de embarcaciones fantasmas que cargan crudo, además de una película nanométrica persistente sobre el agua que impide el contacto de la atmósfera con el mar y genera áreas anóxicas sin oxígeno, zonas donde la vida marina tiene dificultades para sobrevivir.
“Los efectos de la exposición al crudo en la salud son poco estudiados. Testimonios de pescadores en Zulia revelan síntomas como ahogo, dificultades respiratorias e irritación en la piel. La literatura médica está investigando el riesgo de daños hematológicos, afecciones hepáticas, renales, trastornos de salud mental como la depresión, y alteraciones genotóxicas en el ADN, con potencial de desarrollar cáncer a largo plazo”.
Esta capa de contaminación reduce el intercambio de oxígeno en el agua y afecta la vida marina en las zonas impactadas.
Un problema de todos
En respuesta a políticas gubernamentales insuficientes, el investigador planteó un modelo de gobernanza ambiental, modelo de toma de decisiones sobre protección ecológica y uso de recursos naturales basado en una gestión colaborativa entre el Estado, las empresas y la sociedad civil para garantizar la sustentabilidad, el acceso a la información y la rendición de cuentas de las instituciones públicas.
Fotografía: Armando Díaz.
Esto también incluye una transición energética justa, proceso orientado a disminuir la dependencia petrolera sin aumentar las desigualdades sociales para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
A juicio del especialista, este proceso es inviable sin el rescate de la institucionalidad democrática y el fortalecimiento de los centros de investigación científica que subsisten actualmente con recursos limitados.
Mientras las denuncias por derrames continúan acumulándose y las cifras oficiales permanecen ausentes, científicos y ambientalistas insisten en que especies migratorias y ecosistemas costeros siguen expuestos a una contaminación persistente cuya magnitud aún no ha sido completamente documentada.
El sistema Gas Caribe en Caracas impulsa la digitalización del servicio de bombonas con pagos en dólares y registro en línea, pero genera quejas por exclusión y fallas operativas. Oswaldo Felizzola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente (CIEA), cuestiona su viabilidad económica y usuarios enfrentan barreras de acceso.
Caracas. La promesa parecía sencilla: comprar gas doméstico sin intermediarios y con un sistema más rápido. Pero para Antonio*, un jubilado de 74 años que caminó hasta una tienda de Gas Caribe en Cotiza, el proceso terminó convertido en un trámite digital que no entendía del todo.
Entre registros por internet, pagos en dólares y retrasos en la atención, usuarios denunciaron a Crónica Uno que el nuevo modelo deja fuera a sectores populares y adultos mayores.
Antonio vive con su esposa en Los Dos Cerritos de Cotiza. Para buscar información sobre el cambio de cilindros, fue a pie hasta la Tienda de Gas San José, frente al hospital Rísquez. El local es parte de una red inaugurada el 11 de abril pasado para atender a unas 49.000 personas. Sin embargo, la realidad es distinta a la promesa oficial.
— No cambiamos las bombonas. Debe registrarse en la página y comprar el cilindro, dijo un empleado de Gas Caribe.
— Pero nos dijeron que debíamos entregar la bombona aquí y nos la cambiaban” respondió Antonio.
En su casa, la compra del gas es a través del consejo comunal. La vocera del sector le indicó que debía cambiar sus dos cilindros de 10 kilos y podía ir a la tienda de Cotiza. Al llegar, la respuesta del trabajador fue que el trámite es solo por internet y cada unidad cuesta 51 dólares.
Durante una visita de Crónica Uno a la tienda de Cotiza, realizada a principios de mayo, varias personas se acercaban para preguntar por los cambios de bombonas, los precios y el funcionamiento de la plataforma digital. Algunos usuarios consultaban si podían pagar en efectivo o entregar cilindros viejos para reemplazarlos.
Burocracia digital
La Alcaldía de Caracas lanzó la página web gascaribe.com.ve para gestionar el servicio de gas sin intermediarios, en medio de las fallas de distribución de gas doméstico que persisten desde hace años en distintos sectores de Caracas.
Según el anuncio oficial, el sistema permite comprar cilindros nuevos, solicitar recargas y hacer seguimiento al pedido mediante una aplicación móvil y una plataforma web, mecanismos que requieren acceso estable a internet y conocimientos básicos de herramientas digitales.
No obstante, usuarios denuncian en redes sociales fallas en la comunicación tras realizar pagos por internet.
Tiene dos sistemas de registro, de manera individual y por comunidad. | Foto: Crónica Uno Ese fue el caso de Andrea*, residente de la parroquia El Panteón. El 26 de abril pagó un cilindro de 10 kilos por la página, el formato más utilizado en apartamentos y viviendas pequeñas, pero no recibió respuesta por los canales oficiales durante dos días.
La página oficial de Gas Caribe. | Foto: Crónica Uno
Reclamos por pagos
Sandra* pasó por lo mismo que Antonio. Llegó desde la parroquia Altagracia porque vio el anuncio en el noticiero y su vocera le indicó que podía reparar el cilindro. Quería confirmar que no era una estafa.
“Nos dijeron que uno podía venir o llamar. Ahora resulta que tengo que registrarme por una página, pagar y esperar. El muchacho es amable, pero imagínate información a medias”, contó la mujer, de 68 años.
Tiene do sistema de registro de manera individual y por comunidad. | Foto: Crónica Uno
En el caso de Andrea*, residente de la avenida Pateón, el 26 de abril pasado pagó un cilindro de 10 kilos por la página, pero no recibió respuesta por los canales oficiales durante dos días.
“Primero descargué una aplicación porque eso fue lo que me dijeron. Pedía un contrato y datos extraños. Luego una amiga me explicó que era por una página web. Me registré y pagué unos 51 dólares al cambio”,relató.
La vecina solo obtuvo atención cuando escribió a la cuenta de Instagram de la empresa. El servicio llegó a su vivienda tres días después del pago.
Solo está disponible a la venta bombonas de 10 y 18 kilos. | Foto: Crónica Uno
Un empleado de la tienda de Cotiza informó a Crónica Uno, bajo condición de anonimato, que los retrasos se debieron a un colapso inicial de la página. Aseguró que ahora la atención es inmediata, aunque solo cuentan con cilindros de 10 kilos, mientras que los de 48 kilos serán eliminados, aunque muchos comercios y familias numerosas todavía dependen de ese formato.
Hasta esta publicación, ni la Alcaldía de Caracas ni Gas Caribe han informado públicamente cuántos usuarios han sido atendidos desde el lanzamiento del sistema, cuántas solicitudes siguen pendientes o cuál será el mecanismo para sustituir las bombonas de mayor capacidad que serán retiradas.
Tampoco han precisado si existirá algún esquema de subsidio para familias de bajos ingresos.
Un sistema sin base económica
Hasta mediados de la década de 2000, la compra de gas era un proceso directo entre vecinos y empresas privadas, antes de que el Estado asumiera progresivamente el control de la distribución doméstica a partir de 2007.
Tras la salida definitiva de estas compañías hacia 2009, el suministro quedó en manos de los consejos comunales, que reciben los cilindros y el pago, entregan el dinero a los distribuidores y los vecinos esperan durante días por el camión.
El nuevo sistema municipal busca agilizar el proceso mediante “tiendas comunales”, espacios creados por la Alcaldía para centralizar pedidos y distribución de bombonas, ubicadas en San José, La Pastora y Altagracia.
El proyecto utiliza camiones y trimotos para el reparto a domicilio, vehículos de tres ruedas utilizados para entregas rápidas en zonas urbanas.
“El traslado es solo para esta parroquia. Quienes vengan de Catia deben buscar la bombona directamente en la tienda. Solo son compras y recarga de gas”,aclaró el trabajador.
Oswaldo Felizzola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente (CIEA), organización dedicada al análisis de políticas energéticas y ambientales, cuestiona la viabilidad financiera de este proyecto debido a que los precios actuales del gas en Venezuela son muy bajos, lo que vuelve inviable el negocio para el sector privado.
Para el experto, Gas Caribe es una iniciativa que puede funcionar durante un tiempo, pero terminará fallando cuando deje de recibir subsidios del Estado, lo que generará problemas en la distribución.
Felizzola considera que el principal problema del servicio no es únicamente la distribución, sino la ausencia de una política sostenida de inversión y mantenimiento en la infraestructura de gas doméstico durante años.
Foto: Crónica Uno
Zonas olvidadas
Coromoto*, vecina de Santa Ana, en Carapita, sube 20 escalones con la bombona a cuestas para llegar a la avenida. El camión dejó de entrar a su calle hace tres años. Ella paga tres dólares al consejo comunal por el cilindro de 10 kilos.
“Con el consejo comunal no hay día ni hora fija. Es complicado porque uno trabaja. Estas iniciativas que lanzaron son buenas, pero deben ser para todas las parroquias”, dijo.
Foto: Ciudad Caracas
Felizzola señaló que, aunque la intención de socializar el servicio, trasladar el control y distribución del gas hacia estructuras manejadas por el Estado y organizaciones comunitarias buscaba impulsar el desarrollo, el principal obstáculo para llevar el recurso a todos los hogares ha sido la falta de incentivos, que con el paso del tiempo terminó por destruir la infraestructura y el negocio.
A su juicio, la inversión en instalaciones de gas directo no resulta rentable. El modelo, que avanzó por decisión política de Hugo Chávez, se detuvo cuando dejó de ser una prioridad presupuestaria para el Estado.
“Venezuela tiene la capacidad de recuperar su mercado de gas, pero para ello es necesario sincerar los precios de forma escalonada, como ocurrió con la gasolina y una política de Estado que vaya más allá de las alcaldías”.
Solución a medias
Aunque la Alcaldía presentó el proyecto como un mecanismo para eliminar intermediarios y acelerar la distribución, usuarios consultados aseguran que todavía existen retrasos, dudas sobre los pagos y limitaciones territoriales para acceder al servicio.
Por eso, el sistema de Gas Caribe es, por ahora, una solución parcial que deja fuera a quienes no tienen recursos para pagar precios dolarizados.
Mientras la plataforma intenta estabilizarse para al menos ofrecer un servicio funcional a usuarios del centro de la ciudad, los vecinos de las zonas populares, donde suelen registrarse más fallas de servicios públicos, continúan sujetos a la voluntad de los consejos comunales.
La experiencia de Antonio resume las contradicciones del nuevo modelo: caminó hasta la tienda esperando cambiar sus cilindros de forma presencial y terminó enfrentándose a un sistema digital que no comprendía del todo.
La falta de una política clara que incluya a todas las parroquias y establezca precios reales mantiene el servicio en un estado de incertidumbre. Sin inversión en infraestructura y con un subsidio que desaparece poco a poco, los ciudadanos quedan atrapados entre la promesa de la modernidad digital y la precariedad de un servicio público.
Los casos sospechosos o confirmados de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se elevan ya a más de 900, incluyendo 101 en los que la presencia del virus se ha identificado en los laboratorios, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó las dificultades para atender el brote en la provincia de Ituri, epicentro de la crisis, donde una de cada cuatro personas necesita asistencia humanitaria y una de cada cinco es desplazada interna.
«La violencia está obligando a la gente a huir, incluidos trabajadores sanitarios y humanitarios, lo que está dificultando gravemente los esfuerzos para ampliar el rastreo de contactos del ébola e identificar las infecciones con la suficiente antelación como para proporcionar apoyo», subrayó.
Un total de 204 «muertes probables» se han registrado hasta la fecha por la epidemia declarada el pasado día 15, según informó el sábado el Gobierno congoleño.
Este viernes 22 de mayo celebramos el Día Internacional de la Biodiversidad, fecha propicia para recordar la importancia que tiene la protección de los ecosistemas y el ambiente natural en el planeta. Según el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente de las Naciones Unidas, Venezuela se encuentra entre los 17 países con mayor variedad de vida en el planeta y en el sexto lugar en América Latina.
Diego Díaz Martín, Director General de Vitalis para Iberoamérica, destaca que en América Latina y el Caribe, la lista roja de la UICN registra más de 10.000 especies amenazadas entre ellas más de 6.800 plantas y más de 3.200 animales, lo que subraya a urgencia de frenar la pérdida de hábitats y reforzar la protección de ecosistemas”
Para el líder de Vitalis, proteger la biodiversidad requiere acciones concretas de gobiernos, empresas y ciudadanía para conservar áreas naturales, restaurar ecosistemas y promover un desarrollo verdaderamente sostenible. La lista de los países con mayor diversidad biológica la encabeza Brasil con mayor cantidad de especies de plantas; seguido por Colombia, primero en aves, anfibios y orquídeas. México reporta una enorme cantidad de reptiles, anfibios y flora endémica mientras que Perú, al igual que Ecuador, se sitúa en los primeros lugares globales en aves, anfibios y plantas.
Venezuela por su parte alberga un patrimonio biológico que desafía las proporciones. Datos del Sistema Venezolano de Información sobre Diversidad Biológica revela que nuestro país cuenta con más de 16.000 especies de plantas, un elevado porcentaje de ellas son endémicas; cuenta además con más de 1400 especies de aves, lo que ubica al país entre los primeros puestos mundiales de diversidad ornitológica. En el espacio marino-costero un 52% de su superficie está cubierta por una compleja red de bosques tropicales.
Según las cifras de MapBiomas Venezuela, entre los años 1985-2023 el país perdió cerca de 4,16 millones de hectáreas de coberturas naturales, aunque todavía alrededor de 62% del territorio nacional conserva ese tipo de cobertura, lo que evidencia tanto la magnitud de la presión ambiental como la urgencia de fortalecer la conservación.
En Venezuela, diversas organizaciones ambientales coinciden en afirmar la importancia que tienen vivir en armonía con la naturaleza y el desarrollo sostenible. La vasta diversidad biológica que posee la nación caribeña trae consigo una alta responsabilidad en materia de conservación ambiental.
Estudios recientes sobre dinámica de cobertura vegetal indica que en nuestro país se han perdido más de 4 millones de hectáreas de ecosistemas naturales en las últimas décadas. La zona sur de la nación genera gran preocupación entre los expertos en conservación. La minería ilegal ha venido fragmentando hábitats de muchos seres vivos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Venezuela reporta la implementación de prácticas de conservación en más de 6.100 hectáreas de paisajes terrestres y marinos, así como el fortalecimiento de las capacidades locales para que la protección de la fauna y la flora conviva con medios de vida sostenible.
Al celebrar hoy el Día Internacional de la Biodiversidad es necesario reforzar el llamado a profundizar los esfuerzos de vigilancia y control de las actividades extractivas en las áreas protegidas como los Parques Nacionales y Monumentos Naturales; se requiere también un monitoreo especializado de las cuencas hidrográficas y la protección de especies amenazadas como el Caimán del Orinoco, La rana arlequín, entre otros.
Para la AC Vitalis, la riqueza natural de Venezuela es su mayor infraestructura de desarrollo, pero es necesario mantener una sana relación entre conservar la biodiversidad y avanzar hacia modelos de desarrollo sostenible.
El secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, contó que en su reunión de este jueves con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hablaron de temas clave entre ambos países, especialmente de que el Gobierno mexicano incremente sus esfuerzos contra los «narcoterroristas».
«Fue un placer reunirme hoy con Claudia Sheinbaum y con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson», señaló Mullin en un mensaje en la red social X.
«Discutimos prioridades clave de EE.UU., incluyendo: fortalecer los esfuerzos de México contra los narcoterroristas, sostener el progreso en la lucha contra el tráfico de personas y narcóticos ilegales, reforzar los compromisos operativos para nuestra seguridad fronteriza compartida y prevenir la migración ilegal», añadió.
Mullin puntualizó que bajo el mando del presidente Donald Trump «hemos logrado una seguridad fronteriza histórica de EE.UU.» y que las alianzas sólidas y la coordinación constante son fundamentales para que Estados Unidos vuelva a ser un país seguro.
A inicios de marzo pasado, en la iniciativa ‘Escudo de las Américas’, promovida por Trump, casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe prometieron cooperar con EE.UU. para combatir con fuerza militar a los «narcoterroristas», pero el Gobierno mexicano, no invitado al encuentro, se ha negado constantemente a operaciones militares estadounidenses en su territorio.
Previamente la presidenta Sheinbaum informó que recibió en el Palacio Nacional a Mullin, con quien acordó mantener la cooperación bilateral «en el marco de respeto» entre ambos países y en medio de las recientes tensiones por las presiones de Washington para reforzar la lucha contra el narcotráfico.
La reunión ocurre en un momento especialmente sensible de la relación bilateral, marcado por un incremento de las tensiones entre ambos Gobiernos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
La visita de Mullin, quien asumió el cargo hace menos de dos meses, representa el primer viaje a México de un miembro del gabinete presidencial de Donald Trump en 2026; y se produce después de la visita realizada en septiembre del año pasado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
El acercamiento bilateral también ocurre pocos días después de la llamada telefónica entre Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la mandataria mexicana calificó como «cordial y excelente».
La relación bilateral atraviesa un momento delicado tras la acusación formal del Departamento de Justicia estadounidense contra diez altos funcionarios del estado de Sinaloa, incluido el gobernador oficialista, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas, señalamientos que el Gobierno mexicano ha dicho que deben sustentarse con pruebas para proceder legalmente.
Al encuentro también asistieron altos funcionarios mexicanos como el canciller, Roberto Velasco, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; mientras que a Mullin lo acompañó Johnson.
El presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), José Gregorio Rodríguez, instó a autoridades a ejecutar, de forma urgente, una reforma urgente a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que permita que las empresas del sector privado que tengan la capacidad de generar electricidad, puedan comercializarla abiertamente.
Rodríguez explicó que con esta medida, la cual no está permitida en el marco legal vigente, se podría aliviar la carga del Estado en cuanto a la distribución de electricidad en el país.
Durante la 56° Asamblea Anual de Consecomercio, en Barquisimeto, apuntó que el sector empresarial ha centrado su análisis en los factores que frenan el desarrollo económico del país, destacando el deterioro de los servicios públicos y sobre todo las severas deficiencias en el suministro eléctrico.
De acuerdo con los análisis técnicos de la institución, el problema también está vinculado al funcionamiento restringido de las plantas termoeléctricas, las cuales deberían complementar el suministro de energía.
Rodríguez enfatizó que las fallas de electricidad afectan a todo el país, principalmente a los estados Lara, Zulia, Falcón, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Trujillo, Mérida y Táchira, donde se han incrementado los racionamientos energéticos.
La Asamblea Nacional informó este viernes el inicio del proceso de postulación para los ciudadanos interesados en ocupar los cargos de magistrados e inspectores del Tribunal Supremo de Justicia, así como de la dirección de Escuela Nacional de la Magistratura.
Referencia geográfica Según detallan los comunicados del Poder Legislativo, el llamado del Comité de Postulaciones Judiciales se realiza conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
La fase de recepción de documentos de los candidatos se llevará a cabo en el Museo Boliviano de Caracas en un plazo de 15 días. Posteriormente se espera que el comité presente el informe final con la lista de las personas elegibles a los diferentes cargos ante la plenaria de la Asamblea Nacional en aproximadamente un mes.
«Dependiendo del número de impugnaciones podemos estar hablando de unos 46 días. Puede ser menos, pero dependiendo de eso», afirmó el diputado y presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, Giuseppe Alessandrello.
Cabe recordar que para optar a los cargos de magistrados del TSJ deben esencialmente ser ciudadanos venezolanos de nacimiento, juristas reconocidos, con una trayectoria en la abogacía de al menos 15 años, sin condenas penales y no pertenecer a ninguna militancia política ni partidista.
l gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, informó que el puente internacional Francisco de Paula de Santander, que conecta a Cúcuta, capital colombiana del departamento de Norte de Santander, con Pedro María Ureña, en el estado Táchira, continuará cerrado al menos un mes, debido a trabajos para recuperar la infraestructura luego de resultar afectada, a inicios de mayo, por la crecida del río Táchira.
“Va bien, se calcula todavía como un mes, aproximadamente. Como ustedes saben el río golpeó fuertemente la margen derecha. De inmediato me comuniqué con la presidenta encargada y en 24 horas estaba allí la empresa que está haciendo un recalce”, dijo Bernal para Unión Radio el jueves 21 de mayo.
Recalcó que las bases del puente no sufrieron daños, pero era necesario reforzar el lado derecho de la estructura para “evitar algún riesgo innecesario”.
El gobernador aseguró que en la entidad se encuentran preparados para afrontar las lluvias que se prevén debido a las ondas tropicales llegarán pronto al territorio tachirense.
El anuncio del cierre del puente
El 4 de mayo, el gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunció el cierre absoluto del puente internacional Francisco de Paula Santander por un periodo de 15 días.
“Instamos a los conductores y población en general a tomar sus previsiones, ante las labores que ejecuta la fuerza trabajadora en pro del bienestar de todas y todos”, indicó el Ministerio de Transporte en un comunicado publicado en sus redes sociales.
El aviso agregó que luego de una inspección técnica, motivada por las recientes crecidas del río Táchira, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta informó sobre una falla en las bases de la estructura que afecta seriamente el lado venezolano y compromete tanto los cimientos como la parte superior.
Foto: EFE/Mario Caicedo
El secretario de Gestión del Riesgo, Fabián Prato, aseguró que el tramo correspondiente a Colombia no tiene daños que representen un riesgo inminente, pero las evaluaciones realizadas en conjunto con Protección Civil del estado Táchira revelaron problemas considerables del lado venezolano.
“Como medida de seguridad para garantizar la integridad de los usuarios, las autoridades venezolanas han prohibido el paso de vehículos pesados y limitado el tránsito vehicular a un solo carril. Se recomienda a la ciudadanía utilizar pasos fronterizos alternos o transitar con extrema precaución”, aseguró Prato tras la inspección.
Afectación al tránsito entre ambos países
El cierre del puente Francisco de Paula Santander, construido hace 57 años, ha afectado a más de 8.000 vehículos que transitan a diario por la infraestructura.
De acuerdo con una publicación del medio colombiano La Opinión, el cierre de este puente ha generado pérdidas económicas, así como otras consecuencias en quiénes constantemente transitan entre Ureña (Táchira) y Cúcuta (Colombia).
“Varios de ellos (adultos mayores) tienen dolencias. Sumado a eso, al regresar tienen que esperar horas bajo el sol hasta que los dejen pasar”, expuso la ciudadana Yolanda Carrillo al medio. Además, pidió que se levanten los horarios para el paso peatonal.
Por otro lado, los transportistas en Cúcuta afirmaron que han visto una disminución de 50 % en la cantidad de pasajeros.
Foto: EFE/Mario Caicedo
Lluvias en Táchira
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportó el inicio de la temporada de lluvias en Venezuela a partir de la primera semana de abril.
En ese sentido, las intensas lluvias que se registraron los primeros días de ese mes en Táchira causaron el aislamiento de un total de30 familias en dos sectores de la región.
Además, la situación provocó el arrastre de sedimentos, lo que obstaculizó la vialidad hacia los sectores Veredales y Mataguineo.
Yesnardo Canal, director regional de Protección Civil, afirmó el 8 de abril que ya se habían desplegado funcionarios de este organismo de rescate para atender a las comunidades afectadas.
Posteriormente, el 27 de abril, la Gobernación de Táchira confirmó que en 13 municipios del estado se registraron afectaciones. Las autoridades regionales contabilizaron al menos 42 viviendas anegadas y 10 casas colapsadas.
Ante esta situación, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que su gobierno activó un plan especial para atender las lluvias en varios estados del país durante la temporada, que consiste en brindar atención y protección a la población de las zonas afectadas.
La opacidad y la incertidumbre flotan sobre las aguas del municipio Valdez a una semana de que la Cancillería venezolana calificara de “grave” el impacto del derrame petrolero proveniente de Trinidad y Tobago. Mientras, un investigador sucrense lamenta que Trinidad desestime el impacto ecológico.
Cumaná. Entre versiones contradictorias, manchas de crudo y escasa información oficial, habitantes de Güiria intentan entender el alcance del más reciente derrame petrolero proveniente de Trinidad y Tobago.
Casi dos semanas después del comunicado emitido el 9 de mayo pasado, por la Cancillería venezolana, pescadores y habitantes del municipio Valdez siguen atrapados por el temor sobre las aún inciertas consecuencias en la pesca y los ecosistemas costeros.
En la capital del municipio Valdez del estado Sucre, la población cuenta con poca o nula información sobre el impacto ambiental del incidente cuya “grave afectación” fue advertida por el Gobierno venezolano sin mayores detalles. Las playas manchadas y los pescadores preocupados revelan un drama silencioso que se extiende por el Golfo de Paria, una zona marítima compartida entre Venezuela y Trinidad, estratégica para la pesca y la biodiversidad.
La incertidumbre flota sobre las aguas del municipio Valdez. Desde el nueve de mayo, fecha del comunicado, hasta la inspección del 14 de mayo pasado, los habitantes han vivido una semana de opacidad, sin detalles claros sobre la magnitud del derrame ni sobre las medidas de mitigación, procedimientos que normalmente deberían incluir monitoreo ambiental y protocolos de limpieza.
Aunque la comitiva gubernamental llegó con la intención de paralizar por completo la actividad pesquera para armar un expediente de demanda internacional contra Trinidad, la presión local frenó la medida.
“Vinieron a paralizar la pesca. El Gobierno quería demandar a Trinidad y hacer un escándalo, pero aquí el petróleo solo llegó a playa Guayabita y manchó las piedras. El derrame se extendió en los caños de la costa; el manchón era como de cinco por 50 metros de largo”, reveló a Crónica Uni, bajo estricto anonimato, un integrante de la Asociación de Pescadores del municipio Valdez.
Versiones encontradas
Mientras en el informe oficial de Venezuela se aseguró que los daños abarcan el Golfo de Paria y las costas de Sucre y Delta Amacuro, exigiendo reparaciones bajo el derecho internacional ambiental, el Gobierno de Trinidad y Tobago optó por restarle peso al incidente.
Según fuentes oficiales, la administración isleña catalogó el hecho como un “derrame menor” de apenas 10 barriles, que presuntamente fue contenido el mismo día de su detección.
Esta contradicción bilateral deja a las comunidades costeras en el limbo. Cuatro días después de la alarma inicial, las autoridades venezolanas anunciaron la creación de “brigadas voluntarias” para mitigar el daño, una medida que evidencia la falta de un plan de contingencia técnico y profesional.
Alfred Ñáñez, ministro de Ecosocialismo, anunció la conformación de un Comando de Operaciones junto al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), la Alcaldía de Valdez y la Gobernación del estado Sucre.
Pescadores aseguran que la afectación no es extensa. Foto cortesía Minec.
Ecocidio irreversible
Para la comunidad científica, la ligereza con la que ambos gobiernos manejan la crisis es alarmante. Fernando Blanco, biólogo de la Universidad de Oriente (UDO Sucre), confirmó la opacidad informativa que rodea el caso y lamentó que Trinidad desestime el impacto ecológico.
“Puede ser que el derrame haya sido de un solo barril, pero esas no son excusas de un Gobierno. Hay un impacto que corregir. Sabemos por experiencias anteriores en Falcón y Zulia que el interés nacional suele ligarse a otras áreas de la política y se toma muy poco en cuenta el daño de los derrames petroleros”, fustigó el especialista.
Blanco advirtió que las consecuencias en el medio terrestre y marino son irreversibles, afectando especialmente los ecosistemas de manglares. La población, que depende de la pesca y el turismo local, vive con la incertidumbre de cómo la contaminación alterará su economía y estilo de vida.
“En sistesis los derrames petroleros son devastadores y comprometen el desarrollo tanto en la biota como la flora: a las aves porque se les pega en las plumas y pierden permeabilidad. Igualmente, están en riesgo los mamíferos de la desembocadura del Delta y el Frente Atlántico como los delfines, manatíes y ni hablar de los peces, mariscos, crustáceos porque el petróleo los asfixia y la mortandad es masiva” detalló.
El experto explicó que las consecuencias de cualquier derrame petrolero interfieren en la cadena alimenticia, desde especies como el plancton, fitoplancton y corales, afectando toda la cadena trófica, ya que los residuos se depositan en el sustrato marino, creando un impacto grave.
El ecocidio no solo golpea la biodiversidad; también amenaza la economía local, que gira en torno a la pesca y los recursos del mar, y genera incertidumbre en familias que dependen de esa actividad para subsistir.
“El impacto en el sector pesquero artesanal e industrial es innegable, aunque en muchos casos no lo quieran aceptar”,alertó el biólogo.
Este lunes 18 de mayo, un nuevo pronunciamiento de Yvan Gil, canciller venezolano, denunció a Trinidad y Tobago por no notificar el incidente y exigió el resarcimiento inmediato por los “severos daños ecológicos” causados.
El funcionario venezolano dio a conocer el Informe Técnico Político Integrado, que reporta un avance del 70 % de la mitigación tras la recolección de 12 toneladas de hidrocarburo.
