El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, afirmó este martes desde Dubái que el desarrollo de Venezuela tras los hechos del 3 de enero, ayudará a toda la región de América Latina.
«Venezuela es un país muy rico, y creo que su desarrollo contribuirá al desarrollo de toda la región», dijo Abinader en la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés) durante su participación en una sesión titulada «Crecimiento y centros globales: un nuevo modelo económico», junto al máximo responsable de Dubai Ports World, Sultan Ahmed bin Sulayem.
«Ojalá que esto suceda, y que sea beneficioso no solo para el pueblo venezolano, sino para toda la región», exclamó.
Igualmente, hizo referencia a la decisión de reabrir ayer el comercio entre los dos países, suspendido durante dos años, así como el tráfico aéreo y servicios consulares.
El gobernante Partido Socialista y la formación de izquierda Podemos alcanzaron un acuerdo que fue posteriormente aprobado por el ejecutivo mediante un real decreto que permitió evadir al Parlamento, donde los socialistas no tienen mayoría.
La medida partió de una propuesta firmada por aproximadamente 700.000 personas con el apoyo de diversos grupos de la sociedad civil, desde asociaciones de migrantes hasta la Iglesia católica.
La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, manifestó que la regularización era «necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles».
De los 49,4 millones de habitantes de España, más de 9,8 millones nacieron en otro país, entre ellos 3,4 millones de extranjeros con permiso de residencia, según datos oficiales.
Más de medio millón de los aproximadamente 850.000 inmigrantes que hoy se encuentran en situación irregular, de acuerdo a estimaciones, podrán normalizar su estatus migratorio.
Muchos trabajadores extranjeros esperan ser contratados formalmente tras regularizarse. Foto: Getty Images
La medida, que refleja una política abiertamente favorable a la inmigración, contrasta con el endurecimiento generalizado de las políticas de la mayoría de los países desarrollados en este ámbito.
En el continente europeo, Alemania aprobó reformas legales para facilitar deportaciones y detenciones; Francia restringió prestaciones sociales y aceleró expulsiones; Italia aplica leyes disuasorias y el procesamiento de solicitantes fuera de su territorio; y Reino Unido limitó drásticamente el acceso al asilo.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump mantiene una agresiva campaña de cierre de fronteras, persecución y deportación de irregulares; mientras Canadá, un país tradicionalmente abierto a extranjeros, ha recortado admisiones de temporales y estudiantes.
¿Por qué España se erige como la nota discordante? Lo analizamos.
La economía
Pese a arrastrar problemas importantes como bajos salarios, alta tasa de desempleo, pérdida de poder adquisitivo y escasez de vivienda, la economía española se ha fortalecido en los últimos años.
España recuperó recientemente el puesto 12 de las economías mundiales tras adelantar a México, Australia y Corea del Sur, con un PIB que ya supera los 2 billones, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
«La economía española presenta una demanda de mano de obra en sectores como el cuidado y la construcción y la hostelería, que dependen directamente de la inmigración», indica a BBC Mundo Cecilia Estrada Villaseñor, doctora en migraciones internacionales de la Universidad Pontificia Comillas.
La hostelería en España -y en especial en grandes ciudades como Madrid o Barcelona- cuenta en gran parte con trabajadores extranjeros. Foto: Getty Images
La regularización, pronostica la académica, favorecerá a corto plazo la formalización del empleo y la recaudación pública al reducir la economía sumergida, mientras a medio plazo vaticina una mayor sostenibilidad del sistema de pensiones, cada vez más tensionado por el envejecimiento demográfico.
«En cuanto al impacto fiscal, los estudios del Real Instituto Elcano, de la OCDE y de la Comisión Europea muestran que, en promedio, los migrantes tienden a aportar más de lo que consumen en servicios sociales», indica.
Joaquín Arango, catedrático emérito de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y codirector del Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales, puntualiza que la demanda de mano de obra migrante «también ocurre en Francia, Italia o Alemania, pero España es el país que se atreve a solucionar estos desajustes de forma más enérgica».
«Otros países lo hacen en menor medida y de forma más discreta: Italia está aumentando los contingentes de trabajo para extranjeros, incluso en situación irregular, pero de forma más subrepticia. Alemania reconoce que tiene un déficit de alrededor de un millón de personas en el mercado de trabajo, pero encuentra más frenos y se comporta de forma menos decidida», afirma.
España cerró 2025 con 605.400 nuevos empleos y alcanzó la cifra récord de 22,46 millones de trabajadores y 118.400 parados menos.
El mercado laboral español está en un buen momento. Foto: Getty Images
Pese a haber logrado el mejor dato de los últimos 17 años, el país mantiene un alto nivel de desempleo -algo menos del 10% en comparación con el promedio del 6% de la Unión Europea-, por lo que los críticos de la medida creen que absorber a cientos de miles no será tan fácil como se plantea.
«Para un país que tiene un desempleo estructural muy grande como el de España, que es una anomalía dentro de Europa, eso sale muy caro, ya que favorece que siga llegando más inmigración de la que necesitamos», plantea el analista demográfico Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU-CEFAS.
El académico señala que la política de puertas abiertas a la inmigración, y el consiguiente rápido incremento poblacional, también agrava lo que muchas encuestas señalan como la principal preocupación de los españoles: la falta de acceso a la vivienda.
«Las personas que viven en su casa en propiedad, que son todavía la mayoría, no tienen un problema y, de hecho, su casa se revaloriza. Pero para quienes sí les afecta, que son los jóvenes y los propios inmigrantes, es un problema tremendo», argumenta.
El «factor latinoamericano»
Diversos estudios muestran que en general los españoles perciben la inmigración de una forma más favorable que otros países de occidente y, pese a ciertas preocupaciones sobre la integración de los extranjeros, reconocen su contribución económica.
Expertos destacan que ahí entra en juego una diferencia fundamental con sus vecinos europeos: el origen de los inmigrantes.
Aproximadamente un 48% de extranjeros residentes en España son personas nacidas en América Latina, que además suman el 66% de la inmigración no europea, según datos del Real Instituto Elcano.
Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Perú son los países que más aportan.
A falta de datos oficiales, el centro de análisis sociológico Funcas estima que, de los más de medio millón de irregulares que se podrían beneficiar de la nueva medida del gobierno, 9 de cada 10 son latinoamericanos.
Los inmigrantes latinoamericanos contribuyen de manera decisiva a la economía española, además de integrarse con mayor facilidad en los barrios y comunidades. Foto: Getty Images
«Al manejar el idioma pueden empezar a trabajar nada más llegar a España, además de que comparten nuestra cultura, valores y, en buena medida, la religión», sostiene José Pablo Martínez, investigador en dinámicas sociales y económicas de las migraciones del Real Instituto Elcano.
Alega que «eso, a nivel social, supone un choque mucho menos fuerte que el que puede suponer en otros países otro tipo de inmigración, por ejemplo, en la procedente de países musulmanes en Francia o en Alemania».
Alejandro Macarrón coincide en este punto al argumentar que «la facilidad de integración teórica es mucho mayor» ya que «no existe un conflicto como con el yihadismo» u otras corrientes religiosas y culturales.
Aun así, España no ha estado exenta de conflictos vinculados a la inmigración, desde los disturbios de Torre Pacheco el pasado julio -con enfrentamientos entre extranjeros y grupos vecinales y de extrema derecha por una agresión atribuida a jóvenes magrebíes- hasta el reciente desalojo masivo de un edificio ocupado en Badalona tras meses de quejas vecinales por la inseguridad.
Martínez reconoce, en este sentido, que «hay un tema social en España, como en otros países europeos, con una serie de problemas que también suceden aquí y que han llevado a los otros a poner más restricciones».
Los disturbios de Torre Pacheco fueron uno de los episodios de violencia xenófoba más graves registrados en España. Foto: Getty Images
BBC Mundo también habló con Silvana Cabrera, portavoz de la plataforma Regularización Ya, un colectivo clave en la presión al gobierno para aprobar la nueva medida.
Cabrera, boliviana residente en España, niega la influencia del «factor latinoamericano».
«Nosotras no somos partícipes de ese discurso. Creemos que es un discurso totalmente colonialista y racista. Nosotras no somos hermanas. El Reino de España no nos trata como hermanas; nos maltrata y sufrimos el mismo racismo institucional», sentencia.
La estrategia política
Otro factor que entra en juego, según expertos, es el político, desde la posición ideológica del gobierno español hasta los objetivos que persigue más allá de los declarados públicamente.
«En España hay un gobierno socialdemócrata de centroizquierda, que es más proclive a la cuestión migratoria que países con gobiernos más conservadores», afirma José Pablo Martínez, investigador del Real Instituto Elcano.
El analista demográfico Alejandro Macarrón lo plantea en términos más críticos: «El caso de España es anómalo, ya que es el único país de Europa Occidental que tiene a la extrema izquierda [en alusión al partido Sumar] en el gobierno. Así como en el resto de Europa se está intentando ordenar la inmigración, que los flujos sean más adecuados al mercado laboral, en España parece que se hace solo política ideológica».
Esta no es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España y las anteriores han sucedido tanto bajo gobiernos del Partido Socialista como del conservador Partido Popular (PP).
El gobierno de José María Aznar, del PP, hizo tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total, mientras el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero llevó a cabo la mayor hasta la fecha en 2005, con 576.000 solicitudes aprobadas.
El historiador Jordi Canal i Morell historiador español, profesor de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, también censura el desmarque español en el continente.
«Es una medida irresponsable. El tema de la inmigración y las regularizaciones es muy serio y debe tratarse al margen de llamadas populistas. Y debe concertarse con los vecinos y socios europeos», declara a BBC Mundo.
Al gobernar en minoría, Pedro Sánchez necesita hacer frecuentes concesiones a partidos de izquierda y regionalistas. Foto: Getty Images
Por otro lado, expertos señalan que la frágil red de alianzas que mantiene en el poder a Pedro Sánchez le obliga a depender de formaciones más a la izquierda, como Podemos y Sumar.
«El gobierno está ganando tiempo para sobrevivir en un reparto de fuerzas desfavorable y necesita el respaldo de estos partidos, todos ellos favorables a la regularización», indica el catedrático Joaquín Arango.
Arango cree que ese es el principal motivo por el que el gobierno ha tramitado el real decreto: «Con esta decisión, piensa que puede aumentar sus apoyos parlamentarios y conseguir una mayor supervivencia política».
Otro objetivo que el experto menciona -más altruista en este caso- es solucionar el problema del alto número de irregulares y la creciente montaña de expedientes de solicitud de asilo que desborda a la administración.
«Esta regularización es una forma de poner orden: al aprobarla se facilitan las cosas y se gana tiempo hasta una futura coyuntura semejante, porque esto volverá a ocurrir. Durante un tiempo largo se puede poner el contador a cero».
El catedrático puntualiza que, a diferencia de otros países europeos, «en el caso español, el temor a la impopularidad de una medida de este tipo es mucho menor», ya que su sociedad se ha caracterizado históricamente «por un mayor grado de aceptación de la inmigración».
«Los estudios sitúan a España entre los más propicios a la aceptación de la inmigración, a las demandas de asilo y a la protección internacional», concluye.
La representación de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en Mérida advirtió que el mal estado de la vialidad en la zona andina del país ha ralentizado el crecimiento económico en la región, por lo que se requieren grandes inversiones en el área para repotenciar la producción agrícola.
El gremio empresarial propuso que el Plan de Inversión 2026, aprobado por el Consejo de Planificación local, tenga como prioridad la vialidad agrícola y se garantice que Mérida y la región mantengan su estatus como potencia productiva.
Marcos Delgado, presiente del gremio empresarial en la entidad, advirtió que las lluvias que se registraron en el país durante 2025 causaron el colapso de la vialidad e impactaron negativamente en el crecimiento económico que se tenía proyectado.
Explicó que el colapso vial incrementó los costos operativos del transporte, generando un alza de precios finales y pérdida de competitividad para los productores locales.
«La situación nuestra en Los Andes venezolanos está marcada por la desigualdad. Una infraestructura vial que no nos permite realmente una integración perfecta con el resto del país. Estos son estados productivos, estados que requieren que muchos de estos beneficios económicos sirvan para reconstruir la vialidad agrícola, nuestras vías principales», dijo.
Las grandes inversiones propuestas en materia de vialidad no solo incrementarían la producción agraria, sino que también impulsarían las exportaciones de diversos rubros que se producen en los estados de la zona andina.
Con la elección este domingo de la oficialista Laura Fernández como la próxima presidenta para el periodo 2026-2030, Costa Rica ratificó el giro hacia la derecha y se encamina a cambios «profundos e irreversibles», mientras que la oposición ha advertido que no permitirá «cosas indebidas».
La presidenta electa, quien comenzará su mandato el próximo 8 de mayo, anunció este domingo en su discurso de victoria un «cambio profundo e irreversible» para fundar «la tercera república», y prometió a la oposición que su gobierno será de «diálogo y conciliación».
«Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible», expresó Fernández desde una tarima ubicada en las afueras de un hotel de San José, donde se reunieron cientos de sus seguidores.
En Costa Rica se conoce como segunda república los cambio políticos que surgieron después de la guerra civil de 1948, como por ejemplo la abolición del Ejército y la redacción de una nueva Constitución Política.
Fernández, politóloga de 39 años de edad, no detalló los cambios que quiere impulsar en la «tercera república», pero durante su campaña prometió reformar el Poder Judicial y otras instituciones del Estado, al tiempo que líderes de su partido reconocieron que uno de los objetivos es reformar la Constitución Política para permitir la reelección consecutiva.
La presidenta electa, quien obtuvo 48,5% de los votos con 88,4% de las mesas escrutadas, muy por encima del 40% necesario para triunfar en primera ronda, dijo que ella es «una demócrata convencida» y una «defensora de la libertad, de la vida y de la familia».
Fernández también sostuvo una llamada con el presidente Rodrigo Chaves, un economista de derecha con altos niveles de popularidad y de quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación, a quien agradeció el «ejemplo» dado a lo largo de su Gobierno.
El Partido Pueblo Soberano de Fernández obtuvo 30 de los 57 diputados del Congreso, según los datos preliminares, pero deberá buscar acuerdos para las reformas profundas que requieran el voto de dos terceras partes del Legislativo.
La oposición estará encabezada por el socialdemócrata Partido Liberación Nacional, cuyo candidato Álvaro Ramos obtuvo el 33,3% de los votos y advirtió que no permitirá actos indebidos.
«Le deseo a doña Laura Fernández que Dios le dé mucha sabiduría para gobernar y nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo».
Ramos aseguró que su partido será «una oposición constructiva», pero que «eso no significa que hagan cosas indebidas».
«En democracia se vale discernir y se vale criticar; y también demostraremos que podemos cumplir los acuerdos. (…) La sociedad civil tiene que seguir fuerte y participativa, no caigan en su espíritu de lucha, sigamos trabajando por resolver los problemas todos juntos», expresó.
En una sesión solemne, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, solicitó «respetar el veredicto de las urnas sin renunciar a la crítica democracia y vigilancia de los gobernantes», e hizo un llamado a la «responsabilidad para frenar la escalada de insultos», que no acerca al país en la búsqueda de soluciones para luchar contra la «pobreza, la ignorancia y la criminalidad».
«Hemos sido atentos a cada detalle para garantizarles una vez más la pureza del sufragio (…) Agradecemos por unas elecciones ejemplares, libres y auténticas, que una vez más honran la más noble tradición costarricense», afirmó Zamora.
El abstencionismo se situó en 30,3%, de acuerdo con los datos del TSE.
Aunque las autoridades en materia educativa aseguran que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) llega a dos millones de niños y niñas, la realidad en los planteles de la ciudad y las regiones contradice estas cifras. Personal docente y obrero denuncia que la distribución de insumos es insuficiente para garantizar una nutrición de calidad a la población estudiantil del sistema público.
Caracas. En el reinicio de clases del segundo período 2025-2026, correspondiente al regreso a las aulas tras el receso académico de fin de año, las escuelas de la ciudad y las regiones enfrentan un reto común: lidiar con la parálisis funcional del Programa de Alimentación Escolar (PAE), una política pública creada para garantizar al menos una comida diaria a estudiantes del sistema público.
Este plan, concebido como complemento nutricional para millones de niños y niñas matriculados en el sistema público, opera a media marcha, con insuficiencia de insumos y un marcado déficit de infraestructura en los comedores, muchos de ellos deteriorados o inoperativos desde hace años.
Reportes de gremios educativos y un monitoreo realizado por el equipo de Crónica Uno en distintas regiones confirman que el suministro de proteínas y vegetales resulta insuficiente para garantizar un menú variado en gran parte de los planteles, una condición clave para cubrir los requerimientos nutricionales en edades de crecimiento.
Los niños y niñas en edad escolar son lo más afectados por la malnutrición.| Foto: Manuel Díaz/ archivo.
Sin insumos suficientes, las instituciones deben ingeniárselas para rendir los alimentos o despachar a los alumnos antes del mediodía, acortando la jornada escolar, lo que entorpece el proceso de aprendizaje y, además, traslada la carga alimentaria a hogares que ya atraviesan una asfixia económica, marcada por salarios deprimidos y el alto costo de los alimentos.
El discurso oficial versus la dieta escolar
Frente a las críticas, el Ministerio de Educación (MPPE) expone un panorama de crecimiento. El 12 de enero pasado, el ministro Héctor Rodríguez aseguró que dos millones de niños y niñas son atendidos diariamente a través del PAE.
Según el discurso oficial, esta cifra representa un aumento de 36 % en la distribución mensual de alimentos en comparación con el ciclo escolar 2024-2025, un período también señalado por denuncias de fallas operativas.
Mientras el Ejecutivo sostiene que el plan alimentario alcanza a dos millones de beneficiarios, el boletín más reciente de Cáritas Venezuela, organización humanitaria vinculada a la Iglesia católica, publicado en agosto de 2025, revela un escenario distinto: 29,5 % de los niños y niñas evaluados se encuentra en desnutrición aguda o en riesgo de padecerla, según estándares internacionales de medición nutricional.
La organización advierte que 59 % de los hogares en ocho estados del país sufre privaciones en la calidad y cantidad de su dieta, una señal de inseguridad alimentaria sostenida.
Este arranque a medias contrasta con el discurso oficial que celebra una alta matrícula. Foto: Glenn Requena
Los centros educativos, en su cotidianidad, tampoco escapan a esta realidad que contradice la versión oficial. Pese a que la Presidencia asegura el suministro de desayuno, merienda y almuerzo, los tres tiempos de comida que contempla formalmente el PAE, el personal docente y obrero denuncia la insuficiencia de estas raciones para garantizar un menú completo.
A la precariedad nutricional se suma la crisis de infraestructura. La mayoría de los planteles carece de comedores adecuados o de espacios higiénicos para el consumo de alimentos, lo que limita incluso la manipulación segura de los insumos disponibles.
Sin infraestructura ni proteínas
Raquel Figueroa, dirigente sindical del Colegio de Profesores de Venezuela, una de las principales organizaciones gremiales del magisterio, indicó que apenas 20 % de las escuelas primarias del país cuenta con una estructura formal de comedor, con cocinas industriales y salas destinadas a que niños y niñas puedan comer.
Esta cifra deja al descubierto otra realidad, lejos de los estándares mínimos recomendados para centros educativos.
En el resto de los planteles, las instituciones acondicionan de forma improvisada pequeñas salas como áreas de cocción. Esto obliga a los estudiantes a ingerir los alimentos en los mismos pupitres donde reciben clases, mezclando el espacio pedagógico con el de alimentación.
En las escuelas las tareas son indispensables ante el limitado tiempo de clases semanales por asignatura / Foto: Cheché Díaz
Figueroa recordó que incluso los centros emblemáticos padecen este déficit. Un caso representativo es la Unidad Educativa Gran Colombia. El plantel es centro piloto del modelo de Escuelas Bolivarianas desde 2007, programa que proponía jornadas extendidas y alimentación garantizada.
Pese a su estatus de referencia nacional, el plantel solo dispone de un área de cocina y carece de una infraestructura de comedor que dignifique la hora del almuerzo para su población estudiantil.
“Brillan por su ausencia”
Una fuente vinculada al sector educativo explicó que, en los planteles de Caracas, la carne, el pollo y las hortalizas son los grandes ausentes del plato escolar, alimentos esenciales para una dieta balanceada.
En este reinicio de actividades, pocos comedores pudieron prestar servicios. En la mayoría, el menú se limitó a carbohidratos como pasta con sardina o arepa sin relleno.
Pasta con salsa de auyama: el almuerzo de 800 estudiantes de una escuela en Bolívar. Foto: cortesía archivo
Esta deficiencia ha generado un fenómeno de rechazo en la población estudiantil: “Muchos niños se quejan y se niegan a comer en la escuela. Prefieren esperar el almuerzo en sus hogares. Saben que sus representantes les garantizan una comida de mejor calidad, con una pieza de pollo, carne o algo más nutritivo”, aseguró el informante, quien solicitó reserva de identidad.
Hambre y deserción en las regiones
La falta de una dieta balanceada también impacta en el rendimiento escolar, de acuerdo con alertas reiteradas de especialistas en educación y nutrición. Katuska Russo, dirigente del Sindicato Venezolano de Maestros, señaló que cuando no hay PAE en los planteles, las familias con mayor necesidad optan por no enviar a los alumnos a la escuela.
Prefieren que sus hijos duerman hasta tarde para hacer solo dos comidas al día, una estrategia de sobrevivencia ante la escasez. “Lamentablemente, la falta de PAE aumenta las inasistencias”.
Por otro lado, la carencia de una alimentación balanceada y nutritiva impacta en estudiantes con falta de atención y concentración dentro de las aulas”, indicó.
Foto referencial: cortesía archivo
Porción mínima
En las regiones la situación es aún más crítica. En Valencia, estado Carabobo, uno de los principales centros urbanos del país, la distribución de proteínas y lácteos como huevos, queso, jamón, leche o chicha quedó en el pasado.
Una fuente vinculada al sector educativo en la entidad contó a Crónica Uno que actualmente la dieta escolar se limita a arroz con granos, pasta o raciones mínimas de pollo picado.
“A veces cuando no dan el almuerzo, los niños van preparados con su desayuno, pero no todos pueden y en esos casos nosotros como maestros llevamos una arepa o un sándwich de más para ayudarlos. Esa es la realidad de nuestros estudiantes”.aseguró la fuente
El proceso de entrega de insumos permanece bajo un estricto hermetismo, sin información pública accesible. Solo el personal directivo, los coordinadores y las “madres procesadoras”, mujeres encargadas de la preparación de alimentos en las escuelas, manejan los cronogramas de llegada de alimentos.
Esta falta de transparencia impide que la comunidad educativa conozca cuándo y qué tipo de insumos llegarán a las cocinas escolares.
Aunque a veces las escuelas reciben suministro de proteínas no alcanza para toda la población estudiantil. Foto: Tairy Gamboa/ archivo.
En el estado Aragua, la distribución de alimentos opera con una intermitencia crítica, con entregas que se limitan a una frecuencia mensual. En la parroquia Los Tacarigua, en Maracay, capital del estado, las autoridades asignan una cuota máxima de 12 bolsas al mes por plantel.
Baja calidad proteica
Este volumen resulta insuficiente para la matrícula real, que suele superar ampliamente las previsiones oficiales, lo que obliga a las instituciones a maniobras extremas para garantizar, al menos, una ración mínima de alimento.
A pesar de los esfuerzos de los centros educativos, el menú resulta predecible y poco balanceado. Testimonios de docentes de diversas escuelas públicas confirmaron que las cavas de suministro llegan cargadas de carbohidratos y hortalizas como papa, zanahoria, auyama y plátano, alimentos de bajo costo y alta disponibilidad.
El personal de las escuelas deben ingeniárselas para rendir los alimentos. Foto: Gleybert Asencio/ archivo.
Las proteínas como pollo, carne y huevos rara vez se incluyen entre los suministros y, cuando llegan, no alcanzan para todo el estudiantado.
Por ello, las instituciones recurren a embutidos como salchicha o mortadela para sustituir la carne en el plato, productos ultraprocesados de menor valor nutricional, una práctica que compromete la calidad proteica del menú escolar.
“Hay días que solo hay arroz y lo ligan con chicha para servir arroz con leche. Lo que más tarda en llegar son los granos”, relató una maestra de una escuela en el municipio Girardot, zona urbana de alta densidad poblacional.
En los planteles hay fallas de infraestructura y gas para preparar las comidas. Foto: Archivo.
La crisis se agudiza al sur del país
Al sur del país, docentes y representantes reclaman las fallas nutricionales en el suministro del PAE. La mayoría de los alimentos recibidos se concentra en carbohidratos como arroz y pasta, con cantidades limitadas de pollo, mortadela y sardina, fuentes proteicas de menor diversidad.
El personal hace esfuerzo por rendir los alimentos dentro de los planteles. Foto: Tairy Gamboa/ archivo.
Aida González, secretaria general del Colegio de Profesores en Bolívar, gremio que agrupa a educadores del estado, detalló que, de acuerdo con el último recorrido por escuelas de Ciudad Guayana, las quejas persisten. Madres cocineras recorren a diario los salones recolectando aliños donados por los representantes para preparar la comida, ante la falta de insumos básicos.
“A veces hacen milagros consiguiendo un poquito de azúcar y algo de leche para medio prepararles un arroz con leche, porque los abarrotan de arroz y pasta. El desayuno es un bollo solo, sin mantequilla ni queso. Los niños ya no saben qué es una merienda o una fruta”,expuso González.
Detalló que, aunque la situación se repite en casi todas las escuelas del estado Bolívar, en Ciudad Guayana se agrava en los centros ubicados en San Félix, zona históricamente golpeada por la pobreza.
“A veces los padres mandan a los hijos a la escuela solamente por la comida, y es una decepción cuando ven lo que reciben”, lamentó.
Docentes advierten que la falta de una dieta balanceada impacta en la concentración. Foto: Lucía Fernanda Ramírez/ archivo.
Desfinanciamiento sistemático
Para Raquel Figueroa, la desinversión sistemática en el sector educativo constituye la causa fundamental del debilitamiento del PAE, un fenómeno sostenido en la última década. Este programa, sostiene, hoy incumple su objetivo social. Además, vulnera los artículos 102 y 103 de la Constitución, que garantizan una educación integral y de calidad.
“El Estado le transfirió su alta responsabilidad a la sociedad para su mantenimiento. El PAE ha dejado de cumplir con la calidad de comida nutricional que necesita el estudiante para el proceso pedagógico”.
Para revertir esta crisis, la sindicalista propone dos ejes de acción: el primero, el restablecimiento de la inversión integral, con una inyección de recursos que devuelva a todos los planteles y niveles educativos un esquema completo de alimentación, con supervisión y continuidad operativa.
La falta de inversión desmejoró la calidad del PAE en escuelas de la ciudad y las regiones. Foto: Ana Barrera/ archivo.
Esto implica el retorno del desayuno, el almuerzo y la merienda como derechos garantizados. En segundo lugar, la recuperación del componente socioeducativo, con políticas que rescaten el acto de comer como un proceso de formación.
“El objetivo es transformar la nutrición en una herramienta pedagógica que involucre tanto al estudiante como a su núcleo familiar”,precisó.
El balance que deja este reinicio de clases evidencia una brecha persistente entre las cifras oficiales y la experiencia diaria en las escuelas. La alimentación escolar, concebida como un soporte del derecho a la educación, se mantiene condicionada por fallas estructurales que afectan la permanencia, el rendimiento y la salud de los estudiantes.
En un país donde la escuela cumple también una función de contención social, la precariedad del PAE vuelve a colocar en el centro una pregunta pendiente: hasta qué punto el sistema educativo puede sostenerse cuando la nutrición básica deja de estar garantizada.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este domingo que zarpó el buque con la primera carga de gas licuado de petróleo.
«Orgullosa de compartir este momento: zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady con el primer cargamento de gas licuado de petróleo», escribió Rodríguez en un mensaje en Telegram, sin precisar hacia cuál país será destinada esta primera exportación.
Las autoridades de transición en Venezuela anunciaron que se concretará en las próximas horas la primera exportación de gas del país caribeño tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro. Según anunció el jueves la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el barco que transportará el cargamento ya se encuentra en el país y partirá en breve.
“Ya el barco está en Venezuela y lo veremos partir en las próximas horas y yo compartiré ese video con nuestro pueblo”, indicó Rodríguez, en una marcha de los trabajadores petroleros en Caracas.
Hasta el momento no se informaron detalles sobre el destino ni sobre los términos del acuerdo. La noticia se da en un contexto en el que Venezuela venía gestionando desde hace meses la posibilidad de exportar gas, a pesar de las sanciones que Estados Unidos impuso a la industria petrolera en 2019.
El pasado 16 de enero, Rodríguez comunicó la firma de un contrato para la exportación de gas licuado de petróleo, aunque tampoco en esa ocasión se precisaron las condiciones del convenio.
Horas antes del anuncio, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El objetivo de la reforma es incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero, en momentos en que Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, busca revitalizar infraestructuras clave en el sector del país sudamericano.
“Ya el barco está en Venezuela y lo veremos partir en las próximas horas y yo compartiré ese video con nuestro pueblo”, indicó Rodríguez, en una marcha de los trabajadores petroleros en Caracas (REUTERS)
La reforma legislativa abre la puerta a la participación privada en actividades clave como la exploración, extracción, transporte y almacenamiento. Además, facilita la inversión extranjera y permite que los conflictos se resuelvan mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes.
El objetivo es revertir el impacto de políticas que otorgaron a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) el control mayoritario de los proyectos y restringieron la autonomía de socios privados.
“Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos la Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”, celebró el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
El régimen sostiene que la modificación busca atraer capitales que se alejaron tras los cambios legales implementados durante el mandato de Hugo Chávez. “Es una ley clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales de este sector”, expresó la mandataria encargada, quien subrayó que los yacimientos petroleros seguirán siendo propiedad del Estado. Además, insistió en que la reforma “será respetuosa de la soberanía nacional”.
Delcy Rodríguez presentó la reforma días después del anuncio de un acuerdo entre Washington y Caracas por USD 500 millones para la venta de petróleo venezolano bajo supervisión estadounidense.La reforma legislativa abre la puerta a la participación privada en actividades clave como la exploración, extracción, transporte y almacenamiento (REUTERS)
Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en 303.000 millones de barriles, según la Oficina de Información Energética de Estados Unidos. A pesar de este potencial, la producción nacional ha disminuido de manera continua en la última década.
La caída productiva se atribuye a la falta de inversión, la mala gestión y los casos de corrupción vinculados al chavismo. Además, la situación financiera de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) se ha visto comprometida por una deuda externa elevada y la reducción de los precios internacionales del crudo.
En su mensaje del 15 de enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez señaló, bajo presión de Donald Trump, la urgencia de abrir el sector petrolero a capitales internacionales para recuperar la capacidad productiva y asegurar el ingreso de divisas.
El Gobierno de Estados Unidos emitió este jueves una licencia general que levanta las sanciones a algunas transacciones comerciales con petróleo venezolano.
La decisión fue anunciada este jueves por el Departamento de Tesoro y llega casi tres semanas después de que el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a los líderes de mas de 20 compañías petroleras estadounidenses, incluyendo ExxonMobile y ConocoPhillips, para presionarlos a invertir en Venezuela.
La licencia es un permiso más generalizado que el que hasta ahora emite Washington de manera individual (como en el caso de Chevron) desde que el expresidente Joe Biden levantó temporalmente las sanciones al sector energético venezolano en 2024.
Sin embargo, impone condiciones bastante específicas y prohibiciones importantes.
Entre ellas, solo permitirá las transacciones con crudo venezolano a empresas estadounidenses que hayan sido establecidas antes del 29 de enero de 2025 y obligará a que los pagos a entidades venezolanas se hagan a una cuenta bancaria controlada por Washington.
A su vez, para evitar ser sancionadas, los contratos que las empresas estadounidenses logren con el Gobierno de Venezuela o PDVSA, deben se regidos por leyes de EE.UU. y establecer que cualquier resolución de disputas se haga en EE.UU.
La licencia también prohíbe condiciones de pago que EE.UU. considere «razonables» ni canjes de deuda, pagos en oro o transacciones que involucren a personas o empresas ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela se abrirán «muy pronto» y aseguró que «acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela«.
Trump afirmó que le había dado «instrucciones al (secretario de Transporte de EEUU) Sean Duffy y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto para que los aviones puedan volar a Venezuela«.
En una nota de prensa de la Oficina de Prensa presidencial de Venezuela confirmó la llamada entre ambos presidentes. »Se confirmó este jueves 29 de enero que el espacio aéreo comercial sobre Venezuela será reabierto de manera inmediata».
»Este anuncio marca un hito en la agenda bilateral, priorizando la conectividad y la movilidad de los ciudadanos bajo un marco de cooperación mutua», dice la oficina.
El Gobierno de Estados Unidos entregará a Venezuela un buque petrolero que confiscó este mes, según precisaron dos funcionarios estadounidenses.
Desde finales del año pasado, Estados Unidos ha estado incautando varios buques petroleros relacionados a Venezuela.
Igualmente, hasta el momento, efectivos de la Guardia Costera y de las fuerzas militares de EEUU han realizado 7 detenciones a barcos petroleros cerca de las costas venezolanas, según reseñó Reuters.
Los funcionarios apuntaron que el buque que entregarán a las autoridades venezolanas es identificado como «Sophia», de bandera panameña, y no explicaron el motivo de la devolución.
El buque «Sophia» transportaba petróleo venezolano cuando fue interceptado el pasado 7 de enero por funcionarios de la Guardia Costera y de las fuerzas militares estadounidenses.
En aquel momento, la administración estadounidense declaró que el «Sophia», que se encuentra bajo sanciones, era un «buque cisterna a motor de la flota oscura, sin estado y sancionado».
No obstante, una de las fuentes manifestó al medio internacional que desconocía si el buque petrolero «Sophia» aún tenía crudo a bordo.
“Ya el barco está en Venezuela y lo veremos partir en las próximas horas y yo compartiré ese video con nuestro pueblo”, indicó Rodríguez, en una marcha de los trabajadores petroleros en Caracas (REUTERS)
La reforma legislativa abre la puerta a la participación privada en actividades clave como la exploración, extracción, transporte y almacenamiento (REUTERS)