Categoría: Análisis de Entorno

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolizio, informó que su nación junto a cancilleres de Argentina, Chile, Colombia y Paraguay firmarán una carta en la que denunciarán ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), a Nicolás Maduro por violación de los Derechos Humanos de manera sistemática.

Asimismo, Popolizio detalló que se adjuntarán dos informes, uno de un grupo de expertos que presentaron todas sus conclusiones sobre las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos en Venezuela ante la secretaría general de la Organización de Estados Americanos y otro elaborado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Ambos informes servirán para sustentar la denuncia ante la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, nacida en Gambia, según NTN24.

¿Cuál es el trasfondo del caso?

En el programa «Análisis de Entorno», conducido por Betania Pérez y Víctor Amaya, el internacionalista y profesor universitario, Félix Gerardo Arellano, consideró que el hecho es «absolutamente asombroso» y sin precedentes en el hemisferio, incluso el mundo; debido a que en la mayoría de los casos, se llevan como aproximadamente 20 investigaciones, que se han realizado por solicitud de oficio de la fiscal, antes de formalizar la denuncia propiamente.

«El caso venezolano ya está en la corte, pero bajo el artículo 15, del estatuto de Roma, que es exactamente cuando la fiscal empieza a reunir documentos, solicitudes, pruebas, argumentos para poder presentarle a la Comisión de Asuntos Previos, la posibilidad de apertura de una investigación. La fiscal tiene la discrecionalidad de decidir si arma el expediente, si lo eleva a Sala de Cuestiones Preliminarias, y a su vez, tendrá que decidir si realmente hay fundamento para iniciar la investigación», explicó Arellano.

Indicó que es un proceso largo y complejo que se suma, «a la gran presión que tiene el gobierno venezolano actualmente». Asimismo, estima que no se puede definir el tiempo que vaya a durar. También ejemplificó el caso colombiano de las FARC, en el que han pasado 12 años en la Corte Intercional Penal y aún la Sala de Cuestiones Preliminarias, sigue en discusión con los tribunales.

Sin embargo, aseguró que la Corte Penal, es una instancia complementaria de los tribunales nacionales, si estos proceden. En el caso venezolano, no hay ningún tribunal que esté manejando el asunto, de tal manera que podría ser una tramitación, «menos lenta, porque la Corte no tiene porqué esperar que un tribunal decida y le envíe algún expediente».

¿Qué sucedería si llegase a ejecutarse el juicio en contra de Nicolás Maduro y otros funcionarios vinculados?

Arellano señaló, que si se da el juicio, sería un proceso extenso que implica pruebas y la defensa de los acusados, que en este caso sería la defensa de Nicolás Maduro y otros militares de alto rango que están involucrados en la solicitud. De igual manera, pueden solicitarse prórrogas que no prometan que la resolución no se dé entre dos a cinco años, de acuerdo a todo el proceso de investigación.

Destacó que, “cuando ya la corte emite sentencia, la única que pueden aplicar es multa o arrestos de un periodo de 30 años e incluso de perpetuidad».

El también profesor universitario, consideró que, el gobierno se está concentrando en un círculo autoritario, que amplía sus relaciones exteriores con Rusia, Turquía, y China. Adicionalmente, «no le preocupan los derechos humanos, la normativa internacional y la institución democrática», trayendo como consecuencia el aisalmiento de la comunidad internacional y de los organismos financieros, cuyas instituciones están, «menospreciadas por el gobierno».

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La ausencia de la oposición del espacio político nacional, ha generado en la población la percepción de estar mucho más sola que hace un año. No hay jugadores en el escenario, no hay una propuesta que conecte, que le permita saber a la población que allá afuera, hay unas personas que están trabajando para procurarle una alternativa  viable, real y sobre todo , posible.

Lo que sí hay es un monólogo del gobierno, por lo que « existe en la gente,  mucho desconcierto. Una sensación de no tener un referente. Encontramos desolación”, señaló  Félix Seijas director de la  firma Delphos,  en conversación con  Víctor Amaya y Betania Pérez para “Análisis de Entorno”.

“Las personas que puedan tener confianza en algún líder político de oposición sienten que estos no tienen poder  o manera para mover las cosas.  Estamos hablando de una sociedad que rechaza a este gobierno, que no está de acuerdo con el gobierno  o que no ha visto sus necesidades satisfechas por el mismo. En este momento, sienten que no se les está dando respuestas ante sus necesidades y cuando intentan buscar una alternativa, no la están encontrando”

Sobre el discurso de la guerra económica y el interés del gobierno en deslindarse de su responsabilidad  , para Seijas   no ha cambiado,  «en el fondo el discurso sigue siendo el mismo, el de que  la responsabilidad no es del gobierno, que siguen los factores externos torpedeando la labor del gobierno que siempre ha querido hacerlo bien. En algunos momentos ha sido el imperio, en otros, algo interno con la ayuda de ese imperio. Ahora escuchamos mucho  el  tema de Colombia y el querer eliminar al presidente y a la revolución “

Asimismo, en el ámbito económico se han visto algunos cambios discursivos, como por ejemplo, la bajada en la intensidad de la  narrativa de la guerra económica, que ha experimentado un giro  bastante notable  “Qué pasa? La parte económica ha estado bastante golpeada, el gobierno lo sabe,ha tratado de desviar el discurso un poco del tema económico y las responsabilidades al ataque a la revolución. Por qué? Hay un sector de la población, minoritario pero importantísimo,  un  20 a 25% que quiere a la revolución,  que no imagina otra cosa que  la revolución, esa es la piedra , la roca  y el gobierno tiene que cuidarla de alguna manera.”

De allí que  el gobierno  eche mano del eterno discurso del ahora sí,  que es un discurso dirigido justamente a preservar esos apoyos  “Ahora sí estoy trabajado, ahora sí estamos corrigiendo cosas, ahora sí vamos a lograr cosas , digo que estoy trabajando  y  le  aumentas volumen  a la idea de atentar contra la revolución, quieren atentar contra la figura del presidente, para  atacar a la revolución. Y podemos estar en problemas, pero ese 20% siente que sin la revolución,  pues los problemas se agravarían muchísimo más y que la única manera de que el mensaje  de Chávez se materialice, es con la revolución”

En opinión de Seijas, existe otro 20% que estuvo pero que ya no está en la revolución “Es un 20, 25% que se mueve muy rápido. Es decir ,que si las mejoras económicas o si las dádivas del gobierno se llegaran a potenciar de nuevo, sin lugar a dudas ese 25% estaría de nuevo ahí. (…) el otro 80 % es un universo muy diverso”

Dijo que en este momento la permanencia de la revolución en el poder, lo representa Maduro. “ El otro 80 % podemos dividirlo en dos partes,un 40% que nunca ha estado con la revolución  que nunca ha comprado la idea de la revolución y no está dispuesto a rendir libertadores por prevendas económicas»  mientras que el otro 40 %, habría que dividirlo a la mitad  “un 20% que sí está dispuesto a rendir libertades políticas por mejoras económicas  y que  estuvo con la revolución  (…) y otro 20%, que se acomoda, que no le importa si hay o no libertades, un 20% totalmente utilitario ,que solo quiere tener comida en la mesa, que también apoyó a Chávez”

Sindicatos anunciaron reuniones con diversos sectores del país para hacer frente a  las medidas económicas del gobierno y seguir haciendo los contratos colectivos. Por otra parte, una de las acciones se situó en la protesta que predominó el gremio de la salud, petróleo y eléctrico.

Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Federación Nacional de Trabajadores del Sector Salud (Fetrasalud), e Igor Lira, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores de las Telecomunicaciones (Fetratel), dieron a conocer sus denuncias y problemáticas en cada uno de sus sectores, en el programa «Análisis de Entorno», con Víctor Amaya y Betania Pérez.

«El salario, las contrataciones y el hambre no tienen ideología»

El secretario de Fetrasalud, especificó que la hiperinflación, es el denominador común que ha afectado todas las aristas de la vida laboral. “En efecto, luego del decreto del gobierno acerca del salario mínimo, ha logrado que más que inflación, la hiperinflación sigue arropando a los trabajadores. Las contrataciones han sido una cuestión histórica en cuanto a las claúsulas”.

Opinó que la generalización de salarios es «una violación fragante» a la Constitución Nacional, ya que todos los sectores del país, como el petrolero, educacional, salud, entre otros, cobrarán por igual un salario mínimo sin respetar los cargos.

Afirmó también, que los sindicatos planean establecer una lucha persistente y pacífica,  que hay cláusulas que están desapareciendo con la finalidad de beneficiar al gobierno. Asimismo señaló, que el alto gobierno solo dialoga con sindicatos que pertenecen a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). “La estabilidad de los trabajadores se está viendo afectada. El Presidente sabe que nos está arrebatando la conquista de años”.

Expresó que«a nosotros no nos ha regalado nada un patrono, todo lo tenemos es por nuestra propia lucha. Nosotros creemos que este gobierno se combate con pura democracia, ya que son antidemocráticos».

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“No le pedimos al gobierno que nos regale, sino que nos respete el derecho que nos corresponde”, así confirma Igor Lira, su denuncia fundamental en relación con la necesidad de que se mantenga la convención colectiva de los trabajadores.

Así mismo, confirmó que se está observando la unificación de trabajadores en un tabulador único, en el caso de la empresa estatal,  Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela  (CANTV).

“En la CANTV los trabajadores recibían una remuneración de productividad, ahora hay un mínimo de 50% que se le están quitando. Toda la gente que tiene más de un año trabajando, se siente desmotivada porque siente que hay una agresividad en cuanto al salario actual (…) y en cuanto a la sede, no hay vehículo, no hay herramientas para trabajar y lo más importante, no hay talento porque todos se están yendo», destacó el directivo del sindicato.

En cuanto a la unificación de luchas, expresó que los sindicatos y los gremios han ido a un órgano único para exigir las mejoras,  «el salario nos daba para tan solo comer, y actualmente ya no nos alcanza ni para eso”.

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Ante el comunicado emitido por la Asociación Venezolana de Exportadores, AVEX, en cuanto a su posición  sobre el nuevo convenio cambiario, contenido en la Gaceta Oficial del pasado 7 de septiembre y, en aras de diseñar un mejoramiento de las políticas públicas que engrandezcan las exportaciones; el presidente de dicha asociación, Ramón Goyo, ratificó los puntos claves del escrito.

En el programa, «Análisis de Entorno», conducido por Betania Pérez y Víctor Amaya, Goyo esbozó que, «el sector exportador es el único de la economía venezolana que el año pasado creció en un 24% en relación al año 2016. Nosotros vemos esa tendencia en el primer trimestre del 2018, eso es un indicador de que existen empresas venezolanas que están dispuestas a exportar, a generar sus propios dólares, a salir de la anarquía en las que están expuestas las empresas nacionales».

Indicó también que el sector desea administrar sus propios recursos, pagarle al Banco Central de Venezuela (BCV) y a su vez que sea retribuido con una tasa de cambio favorecida y competitiva. Destacó que la tasa de cambio es el precio del dólar, cuando este no acompaña a la inflación, estimula a las importaciones y simultáneamente, desestimulan las exportaciones.

«No tenemos acceso a dólares para poder exportar, y la única forma es que podamos generar nuestros propios dólares para cubrir el componente importado de nuestra producción (…) es necesario tener políticas públicas venezolanas que avalen que los productos venezolanos sean competitivos en el exterior», expresó el presidente de AVEX.

En cuanto a la resolución anunciada por el Gobierno, al fijar la eliminación de los controles de cambio, el gremio sintió cierta satisfacción; sin embargo, Goyo señaló que al revisar el convenio cambiario, «nos conseguimos allí que aún existen los controles. Y una de las preocupaciones es que nosotros le vendemos el 20% de los dólares generados al Banco Central de Venezuela, para cubrir nuestros requerimientos de exportaciones».

Consideró que la concepción «de importar barato para vender barato», es totalmente errada, ya que a su juicio, la aplicación de esas políticas en el país en vista de la experiencia práctica y el deterioro del aparto productivo nacional, se sigue estableciendo. Por otro lado, anunció no se están exportando ninguno de los productos de la cesta básica.

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Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela (Fenajupv), denunció que la organización sigue sin respuesta ante los constantes reclamos sobre la forma de pago de pensiones a los adultos mayores en el país.

En el programa «Análisis de Entorno», conducido por Víctor Amaya y Betania Pérez, Lozada afirmó que, “la semana pasada se cumplió con los 900 Bs.S que se tenía para pagar las pensiones. La situación sigue igual o peor desde hace meses que se prometieron otras cosas». Asimismo, consideró que esta situación siguió su debacle después del decreto del 19 de julio, que dio pie a que las pensiones se pagaran de forma fraccionadas.

Por otra parte, el vocero de los jubilados, expresó que los órganos competentes, respeten la circular de Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), la cual confirma que las entidades bancarias no podrán restringir el acceso de efectivo a los pensionados, según informó el presidente de dicha institución, Antonio Morales.

¿Qué plantea  la federación? 

Destacó que son más de 4.700 pensionados, que actualmente deben cobrar sus pensiones, y «todos están siendo afectados, con promesas falsas». Ante la situación, comunicó que la federación realizará una reunión el próximo miércoles con la finalidad de encontrar «prontas soluciones».

Reiteró que están pagando 1800 bolívares fraccionados, y cuestionó acerca de «¿qué pasó con el bono de la guerra económica?, no se ha visto reflejado y eso no puede ser posible porque nos están violando los derechos, ya que salió publicado en la Gaceta Oficial, aproximadamente 4 veces». En tal sentido, argumentó que no ha salido una tabla que refleje un marco referencial para pagar el sustento, expresó también que, «estamos a la espera de que va pasar durante las próximas semanas y meses”.

Señaló que sostuvieron un encuentro con la presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), Magaly Gutiérrez Viña, sin embargo, no recibieron la pronta respuesta y para hacer solicitudes, deben presentarse por escrito. “Ahora es por escrito en cuanto a la parte jurídica, para hacer los reclamos adecuados”.

Concluyó que, «si la salida es para la calle, vamos a tener que ir a la calle a reclamar trabajadores y jubilados a reclamar nuestros derechos».

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Luego de un mes de que el ajuste del precio de la carne roja a 90 bs.S por kilo se haya establecido, lo único que ha dejado es una escasez en todos los establecimientos y locales, lo cual es un problema tanto para los productores ganaderos como para los trabajadores Por esta razón, se maneja la posibilidad de que a la carne se le ponga un nuevo valor, el cual sería de 1 dólar “libre” por kilo, es decir, a la tasa a la cual los productores compran los insumos.

En este sentido, el asesor alimentario de Fedenaga, Rodrigo Agudo, informó que los productores no piden “2 y 3 dólares falsamente soberanos para producir en el país, sino que se está pidiendo solamente 1 dólar real, que es el precio que tiene en todas las partes del mundo”, y así tratar de solventar la grave situación de escasez que se esta viviendo.

Asimismo, Agudo explicó que esta escalada en los precios del producto ganadero no es culpa de los mismos productores, “más bien somos afectados también, es culpa de la hiperinflación desmedida que hay en el país, causado a su vez por el gobierno nacional”, debido al incesante gasto fiscal que este mismo posee, gasta el doble y el triple de lo que ingresa por impuestos y por la venta de petróleo.

Como soluciones a ese gasto fiscal que tiene el Ejecutivo, Agudo puntualizó tres puntos claves:

• Aumentar la producción nacional, la cual ha sido gravemente golpeada en los últimos años por las medidas económicas adoptadas por el ejecutivo nacional
• Un cambio tanto en la visión como en las políticas de restricción tomadas en contra de los productores y la empresa privada.
• Resguardar la seguridad jurídica y laboral, cosa que hoy en día es casi imposible.

Por otra parte, el asesor alimentario de Fedenaga sentenció que es sumamente importante resguardar tanto la seguridad jurídica como la laboral, puesto que en la frontera venezolana “se roban alrededor de 250 y 300 reses”, la pregunta que surge es ¿a dónde van esas reses que se roban?.

Desde Cúcuta, los mataderos de esta zona han reportado que entre el 80 y 90 % de las reses que se matan para la producción de carne tienen hierro venezolano, “concuerda mucho con el robo de las reses en la frontera, pero los mismos ladrones cooperan con algunas personas del gobierno para cruzar la frontera”, sin embargo, parece sencillo, cuando en el país hay muchas personas que tienen muchas dificultades para cruzar la misma.

A su vez, si el gobierno  o cambia sus políticas “erradas” y realiza unas políticas de consenso y reconocimiento de los precios, en donde están los males que generan la hiperinflación, no se podrán recuperar de esta grave situación y “lamentablemente no vamos a tocar fondo, sino que seguiremos cayendo”, añadió.

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Después de que el Gobierno anunciara los precios acordados, a nivel nacional se evidencia que muchos establecimientos, bien sea porque aún desconocen cómo sostenerse ante el nuevo salario y siguen de vacaciones o porque no poseen ningún tipo de mercancía, mantienen sus santamarias abajo, mostrando el peor rostro de la regularización de los precios: el del cierre masivo de comercios.

En este sentido, el primer vicepresidente de Consecomercio, Vito Vinceslao, explicó en el programa “Análisis de Entorno” que estas medidas llegaron para “destruir al empresario venezolano”, puesto que son medidas que no vienen acompañadas de ningún tipo de incentivos tanto para los empresarios como para los trabajadores.

Asimismo, destacó que si bien es cierto que todos los empresarios “tienen un compromiso total con sus trabajadores, que de una u otra manera cumplen con sus compromisos de pago, lo que verdaderamente preocupa es la escasez de productos”, la cual se ha hecho presente en los distintos comercios de todo el país, debido a que las personas lo que hacen es lanzarse por los productos de los comercios, dejándolos hasta sin inventario, lo cual en Venezuela “se ha vuelto también un delito”.

La fiscalización ha sido otro de los factores que ha causado que los comercios a nivel nacional mantengan sus santamarias cerradas, puesto que para los comerciantes, se ha vuelto un crimen tener un poco de inventario en sus bodegas o almacenes, “tachan a los comerciantes de acaparadores, les mandan unos fiscales y los arrestan. Deben entender que acaparar e inventario son conceptos muy distintos”, añadió.

Se presume que a nivel nacional, han puesto tras las rejas a más de 110 personas, no solo comerciantes sino todos aquellos allegados a este gremio. “Estamos trabajando arduamente para tratar de solventar la situación tan critica que tenemos, pero el gobierno debe entender que sin empresas privadas, el país no va a salir adelante”.

A su vez, Vinceslao expresó que el gobierno sí ha tratado de mantener reuniones con distintos comerciantes y empresarios, sin embargo, no son los cabecillas de los gremios, lo cual dificulta mucho las negociaciones y la toma de decisiones. “Ellos lo único que quieren hacer es salvarse después de todo el daño que han hecho”.

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