Categoría: Aurelio Concheso

Anclar la moneda al valor de un producto básico o “commodity” como se les conoce en el argot financiero, peor todavía, a una criptomoneda es una estrategia riesgosa. Entre los economistas hay algunos que dicen que, como quiera que la economía venezolana dependa de su producción petrolera, para efectos prácticos su moneda está anclada al precio del petróleo. Si eso fuera ciento, la moneda chilena estaría anclada al precio del cobre, o la noruega al precio del petróleo, y así sucesivamente. Los países con bancos centrales serios, al buscar una forma de asegurar que su moneda no pierda valor por movimientos abruptos de sus “commodities” o déficits fiscales inmanejables, buscan anclarse, o mantener sus reservas, en monedas que han demostrado mantener su valor como el dólar, el yen, el euro y el franco suizo.

El anclaje a un producto físico pasó de moda cuando las principales economías, lideradas por Estados Unidos abandonaron el patrón oro. Este había servido como la mejor ancla o forma de preservar valor durante siglos, pero sucedieron dos cosas: las crecientes necesidades de liquidez que requerían sociedades industriales y globalizadas superaban las existencias de oro en el mundo, y este pasó de ser reserva de valor a comportarse más bien como un “commodity”.

Los precios de los commodities son volátiles y aptos de tener grandes fluctuaciones debido a los eventos climatológicos, de explotación, políticos y la demanda de los consumidores que condicionan su disponibilidad en el mercado. A eso se añade que, entre las puntas, o vendedores y compradores finales, intervienen los especuladores financieros en las bolsas en las que se transan esos commodities(como el NYMEX) que apuestan diariamente a favor o en contra de la subida del producto. La forma como protegen su estabilidad monetaria los países que tienen un porcentaje importante de su intercambio basado en exportación de commodities, es mediante la creación de un fondo anti-cíclico, al que contribuyen cuando los precios están por encima del promedio móvil de 5 años, y del cual retiran fondos para paliar déficits fiscales cuando está por debajo. Chile y Noruega han hecho esto con éxito. Venezuela lo ha intentado varias veces, pero siempre cae víctima del “síndrome del millardito” gastando los excedentes e inclusive endeudándose en tiempos de bonanza.

En cuanto a las cripotmonedas, hay quien dice que son una magnífica idea esperando una aplicación exitosa. El desplome del Bitcoin de estos días, que hace que apunte hacia $ 5,000 pone de manifiesto su volatilidad y debilidad como ancla: empezó valiendo pocos dólares, subió en breve lapso hasta $ 20,000, retrocediendo y estabilizándose por un tiempo en unos $ 7,000 y ahora recibe presión a la baja porque para que su mercado se amplié los potenciales usuarios quieren mecanismos que eviten fraudes, que lo empiezan a equiparar sospechosamente con instrumentos monetarios más convencionales, solo que el respaldo no es la fortaleza de una economía sólida como la norteamericana o la europea, sino un ejército de “critpo-mineros” consumiendo cantidades de gigantesca energía buscando ser remunerados en bitcoins por resolver unos algoritmos.

Con estos antecedentes, hay que pensar seriamente en las posibilidades de éxito de una moneda que se ancle a una critopomenda que aún está lejos de tener demanda en el mercado que la aproxime al Bitcoin, y que por demás dice estar anclada a un commodity como el petróleo. Es altamente improbable que las dos volatilidades se cancelen, sino por el contrario, que una alimente a la otra y que la volatilidad resultante sea mucho mayor.

Para la estabilidad de nuestra moneda más le valdría a Venezuela seguir el ejemplo de Chile, y si se piensa que nuestro ordenamiento legal es demasiado díscolo, poner nuestro fondo anti cíclico en manos de un fideicomisario confiable como, por ejemplo, el SNB-Banco Central Suizo o el Bundesbank Alemán.

Mucho se ha escrito desde la cadena televisiva del viernes 17, cuando se hicieron los anuncios de ajustes que el gobierno contemplaba.

Si bien al concretarse las medidas específicas surgieron preocupantes dudas en cuanto a la capacidad o voluntad gubernamental de ejecutar un ajuste de tamaña envergadura, los anuncios de bulto eran, por decirlo coloquialmente, de librito: Anclaje y liberación cambiaria; eliminación de la emisión monetaria como forma de financiamiento y una meta a largo plazo de déficit cero; gasolina a precios internacionales y servicios públicos a su costo de operación; fijación del precio de arranque del Bolívar Soberano a la cotización de ese día del indicador de mercado paralelo; un salario mínimo en unos 30 dólares con compensación temporal a las empresas y subsidios a la población, etc.,etc.

De todas, sin embargo, solo a una en particular nos quisiéramos referir en este momento. Y tiene que ver con que ya se aprecia que una cosa es el enunciado, y otra la implementación.

La libertad cambiaria que se hace presente desde el “Viernes Negro” (18 de febrero de 1983) hasta el Viernes Rojo, si se quiere, ha sido constantemente intervenida por los sucesivos gobiernos. Y lo han hecho bien sea por controles cambiarios o intentos voluntariosos de liberar, pero, a la vez, también han sido la de “subvaluar” la moneda para favorecer determinadas actividades económicas, o la supervivencia de elefantes blancos estatales.

Esa obsesión de los políticos, de los burócratas y de un buen número de economistas por controlar la vida de las gentes, es lo que les impide creer en que el comportamiento racional de los ciudadanos es lo que mejor está alineado con la prosperidad y bienestar de la Nación. Decimos esto, porque los que así piensan, en efecto, quisieran liberar… pero siempre y cuando las tasas de interés sigan siendo reales negativas. Siendo esto así ¿quién en su sano juicio va a quemar sus ahorros en dólares, pesos colombianos o euros para colocarlos en bolívares?

Quisieran liberar, en fin, pero también poder seguir subsidiando el gasto social con impresión de dinero sin respaldo, mientras que a las empresas estatales perdidosas tampoco se les toca ni con el pétalo de una rosa.

Siendo esto así, es obvio que hasta el trabajador más humilde cuyo horizonte de ahorro de largo plazo es de apenas 30 días, sabrá que “no hay dólar caro”.

Entonces, quisieran liberar para que haya inversión, pero, eso sí, también y cuando haya la posibilidad de ponerle cortapisa a la repatriación de dividendos, al desarrollo de actividades empresariales que no están en su librito de prioridades, asimismo, a la libertad de fijar precios.

Quisieran liberar, en fin, pero que no haya reacomodo de los precios relativos que no les gusten.

Es por ese motivo por el que vimos con preocupación que, a paso de morrocoy, primero se despenalizaron las transacciones cambiarias del cambio paralelo, luego se dijo que las casas de cambio podían hacer transacciones de menudeo que solo captan remesas para gasto diarios. Y, finalmente, que a los bancos se les permita recibir dólares ¡pero no venderlos! En otras palabras, la inclinación predominante es, entonces, avanzar por el entramado de un corralito anunciado.

Ante esta realidad, es impensable no solo que los ahorristas se desprendan de sus dólares para fortalecer sus ahorros, sino también que los industriales y comerciantes, difícilmente, activarán las líneas de crédito comerciales en cuenta abierta que algún día tuvieron con sus proveedores tradicionales, para contribuir a fortalecer la balanza de pagos en cuenta corriente, así como la oferta de bienes.

El principal temor que alimenta esa posición tímida, es que no vaya a haber suficientes dólares para hacerle frente a la demanda. Si se crea confianza, esa demanda de dólares a la que le temen, no va a suscitarse, sino que, por el contrario, más bien habrá movimiento en la otra dirección de la cuenta de capital producto de inversiones y ahorros.

Lo cierto es que, si no hay libertad cambiaria, el Plan de Ajuste no pasará de ser otro plan heterodoxo. Mejor dicho, uno más de esos que han fracasado tanto en Venezuela, como en el resto de Latinoamérica.

Qué difícil es hacerle entender a quienes administran la cosa pública, que el agua no fluye río arriba.

Hace escasas 10 semanas, el presidente Nicolás Maduro Moros, en cadena nacional de radio y televisión, anunció que la Reconversión Monetaria “logrará una solución estructural y definitiva para darle estabilidad al país”.

Y preguntamos: ¿Dónde están los que le recomendaron semejante declaración al Jefe de Estado, y tuvieron la peregrina idea de convencerle que, con solo mocharle tres ceros al Bolívar Fuerte, se resolvía el problema hiperinflacionario que ellos mismos han creado?

En una organización en la que los culpables de errores imperdonables asumen su responsabilidad, esos señores ya estarían jugando banco o expulsados del partido. Pero, en este caso, al parecer, eso no es lo que sucedió ni sucederá.

Durante estas 10 semanas, esos genios de la economía han triplicado -óigase bien- ¡triplicado! la masa monetaria, emitiendo la modesta suma de Bs.746.000.000.000.000. Si la cantidad de ceros lo abruma, puede quitárselos. Solo que este caso, en vez de los tres que se le piensa quitar a la moneda, tiene que amputar 12 para hablar de 746 billones.

Para dentro de 90 días, que es la fecha más cercana con la que se compromete la Asociación Bancaria en este ejercicio de Reconversión sin Reforma, se habrán creado electrónicamente, como mínimo, otros Bs. 4.000.000.000.000.000 o 4 mil billones. Hablamos de un cuatro nada más, pero con 15 ceros en su estela.

Las magnitudes de cifras escapan a la capacidad del cerebro humano para procesarlas. Y lo decimos de esa manera, porque si usted tuviera que multiplicar, por ejemplo, un precio de 35 millones por, digamos, 25 unidades, no sólo se le imposibilita hacerlo mentalmente, sino que también le sucedería lo mismo a su calculadora. Porque a ella, a la calculadora, quien la diseñó, nunca pensó que alguien ajeno al mundo de la astrofísica, donde las mega cifras se expresan de otra forma, tendría que lidiar con semejantes magnitudes.

El problema ahora es que los sistemas de informática de los bancos, tampoco están equipados para semejante avalancha de dígitos. Y aunque eso no lo digan, ellos, los bancos, se están acercando al límite de su capacidad.

La situación en la que nos encontramos, es que, a la velocidad de aumento de la liquidez, al ser exponencial, excede la velocidad de reacción de los seres humanos para lidiar con ella. Es por eso por lo que, como han dicho muchos economistas, como es el caso de José Guerra -y quien lo ha explicado de manera sencilla- sin un Plan de Reforma Monetaria en el horizonte, ni imprimiendo billetes con más o menos ceros en papel bond, se va a resolver el entuerto.

El problema, señores, no es de ceros. Es de criterios. Cualquier Reforma que se emprenda, tiene que ser a partir de una unificación y liberación cambiaria, con un ajuste en los precios de los servicios públicos, en especial, de la gasolina, del agua y de la electricidad, de la fijación de un salario mínimo y de un Plan de Desestatización de Empresas.

Por supuesto, y por aquello de que lo último no puede ser instantáneo, para crear confianza en los inversionistas, se requiere de un sustancial financiamiento puente que haga posible el fortalecimiento de reservas. Porque, de lo contrario, irremediablemente, la nueva moneda irá al mismo basurero en donde hoy están las anteriores.

Con mucha pena, pero hay que decirlo: es improbable que un financiamiento de esas magnitudes aparezca con la actual composición del Gabinete Económico, como del díscolo Banco Central de Venezuela.

Parecería que lo primero que se requiere es, cuando menos, un cambio total del equipo económico gubernamental, incluyendo el retorno a la Madre Patria del aparente zar de la economía venezolana, Alfredo Serrano Mancilla. Lo segundo es estar atentos a las lecciones de la historia, y en donde sobresale que una Reforma Monetaria a medias, sencillamente, se puede terminar convirtiendo en otro “Plan Primavera” similar al de la Argentina de 1989, y que lo que hizo fue disparar la hiperinflación. Con la salvedad de que la hoy tierra que lidera Mauricio Macri –aunque cueste creerlo- fue mucho más benigna que la que ya estamos sufriendo los venezolanos. Sí, de los mismos que ya dejamos de ser expedicionarios en territorios no explorados -al menos en América-  en materia de mal manejo monetario.

La pregunta viene a colación, porque haciendo abstracción de la forma como se desenvuelve o pudiera continuar desenvolviéndose la crisis política, la económica -que es la que, al fin y al cabo, lo que más les interesa a los meros mortales que somos los ciudadanos de carne y hueso- se encuentra exactamente igual, luego de haber transcurrido 5 días hábiles de ese evento.

La hiperinflación sigue su tenebroso curso, camino de volverse la «peor hiperinflación» en la historia de Latinoamérica, que ya es bastante decir. El desplome petrolero recibió otro impulso con la prohibición de pagarle cuentas por pagar o acreencias de otro tipo al Estado venezolano y sus filiales como PDVSA, a través del sistema bancario norteamericano. La explosión de liquidez ocasionada por el Banco Central de Venezuela -curiosa manera que tiene el gobierno revolucionario de financiar el Programa Económico Serrano Mancilla- dio otra vuelta a la tuerca, sobrepasando 6.000% de emisión interanual y 70% mensual. La crisis eléctrica se sigue agudizando ante la proliferación de iguanas y saboteadores exitosos. Y, como si eso fuera poco, la escasez de todo anda por sus fueros, aunque la mayor de ellas parece ser la de criterios para enfrentar y resolver el entuerto.

Esto último se desprende de la alocución del Primer Mandatario en cadena nacional, y las declaraciones de la oposición unida al inicio de semana. Por el lado del gobierno, pareciera que internamente llegaron a la conclusión de que lo están haciendo maravillosamente bien, porque no dieron indicio alguno de modificar nada de lo que ahora implementan. La “orden” al General-Presidente de PDVSA para que, de inmediato, aumente en un millón de barriles diarios la producción de crudo, como si de no más decirlo fuera a suceder, es preocupante. Como lo es también pensar que los socios de la OPEP van a acudir para ayudar a Venezuela a aumentar su producción, serruchándose sus patas entre ellos mismos.

Por el lado de la oposición, tampoco parece que podemos esperar que salga nada esperanzador, al menos en el futuro inmediato. Sobre todo, después de escuchar al propio presidente de la Asamblea Nacional, luego de decir, en respuesta a los acontecimientos del domingo, que «tienen que organizarse para luchar…» de lo que se infiere que todavía no están organizados y que, por esa razón, no se atreven a enunciar un concreto Plan de Ajuste, como el que explicitara el economista Francisco Rodríguez, cumpliendo su rol de Asesor Económico del para entonces candidato Henri Falcón.

¿Hasta cuándo tendremos que esperar para que se organicen, y oigamos de ellos propuestas de medidas concretas, y no los cansones y aburridos lugares comunes de siempre, como que la inflación se combate con producción; vamos a consultar con todos para preparar un plan económico; y la economía está muy mal?

Señores del mundo político y de todo el espectro del mismo, a estas alturas ya deberían haberse dado cuenta que, sin el punto de partida de una reforma monetaria, no hay forma posible de recomponer la economía, ni en socialismo ni en capitalismo. Esa reforma no requiere que consulten hasta el último ciudadano, en cuanto a su naturaleza, sino que ejerzan el liderazgo de presentarla ante la opinión pública como alternativa, e irla actualizando mes a mes, en función de deterioro progresivo.

Obviamente, lo que podía haber funcionado hace un año, tal vez ya resulta demasiado gradual. En el caso del gobierno, parece que no podemos esperar mucho, porque las palabras perdón, me equivoqué, vamos a corregir, definitivamente, como que no existen en su diccionario.

La primera reforma monetaria de la posguerra se hizo en 1948 en Alemania. Ni al Canciller Konrad Adenauer, y mucho menos al entonces Ministro de Economía y luego Canciller, Ludwig Erhard, les tembló el pulso para, en un solo fin de semana, tomar las dos o tres medidas sencillas, pero contundentes, que se necesitaban para resucitar la economía alemana. Si revisan la historia, se darán cuenta que esos líderes no se escondieron detrás del delantal del pueblo para eludir la responsabilidad que les corresponde como dirigentes, de señalar el camino.

En un mundo globalizado, en el que los ahorros e inversiones de cartera pueden ir de un país a otro electrónicamente en milisegundos, la confianza es un elemento esencial. Hasta los chinos invierten en letras del tesoro de Estados Unidos, a pesar de su bajo rendimiento. Y lo hacen, porque tienen confianza en que sus ahorros en ese instrumento están protegidos.

La reflexión vine a colación, porque en un excelente artículo publicado en el portal Prodavinci, titulado “10 Reformas de la Política Energética para Rescatar la Industria Petrolera”, André Guevara de La Vega y Carlos Bellorín esbozan unos cambios que nos atrevemos a decir se asemeja a un consenso sobre los pasos a tomar que, probablemente, comparten, inclusive, muchos de los dirigentes y técnicos del Gobierno.

No son cambios drásticos; nada que no hayan hecho nuestros vecinos durante los últimos años, incluido México, donde desde hace 80 años el petróleo estatal tenía más jerarquía de religión que en Venezuela. Es más, en un inicio nada que no se pueda hacer, aun con la Ley de Hidrocarburos que promulgó vía Habilitante el ya difunto Hugo Chávez.

Por demás el planteamiento es oportuno, porque complementa lo que pareciera ser otro consenso. Y se trata de que, sin una recuperación de la industria petrolera en su conjunto, le va a ser muy difícil al país -por no decir imposible-  salir del foso en el que han logrado meterlo.

Todo lo que ahí se plantea, requiere que las empresas petroleras que vayan a arriesgar el capital de sus accionistas, los bancos que les vayan a extender líneas de crédito, los acreedores de PDVSA y la Nación -y hasta los propios ahorristas venezolanos- tengan confianza en que en un nuevo marco legal y en un nuevo relacionamiento del Estado, la empresa estatal, los productores privados que vayan a entrar, efectivamente, se va a mantener en el tiempo. Porque, si a ver vamos, Venezuela tiene una gigantesca tarea ante sí para recuperar credibilidad y confianza.

Llegado a este punto, algunos pensarán que el Presidente Nicolás Maduro ha hecho que se pierda confianza en el país. También que eso ha sucedido desde que Hugo Chávez llegó al poder. Pero, lamentablemente, eso no es así. De hecho, ante la pregunta de Zavalita en frente del bar La Catedral en la novela de Mario Vargas Llosa, emergió la misma inquietud, porque, según él, el momento cuando se perdió la confianza, es difícil de precisar.

Quizás fue cuando durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez la Directiva del Banco Central de Venezuela se sembró de ministros, restándole autonomía. 0 tal vez fue en 1983, cuando el Gobierno de Luis Herrera Campíns devaluó decretando un control de cambio, protegiendo a algunos y poniendo el peso del ajuste sobre los hombros de los asalariados y de los ahorristas. Otros pudieran pensar, inclusive, que pudiera haber sido en 1989, cuando durante el segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez no se respetaron los contratos de las cartas de crédito garantizadas por el del Presidente Jaime Lusinchi.

Lo cierto es que hasta pudiera haber quienes digan que fue durante la crisis bancaria del Gobierno presidido por Rafael Caldera, o cuando Hugo Chávez, de un solo plumazo, declaró nulos los contratos de la apertura petrolera. También pudiera decirse que sucedió cuando el presidente Nicolás Maduro entró en default en deudas soberanas contratadas por su antecesor y mentor.

Sin duda alguna, abundan las culpas para repartir. Aunque lo que es innegable, sin duda alguna, es que Venezuela lleva ya décadas destruyendo la confianza de los mercados, y, difícilmente, la recuperará como por arte de magia de la noche a la mañana.

Las políticas que se aprueben, van a requerir un compromiso contundente con la separación de poderes, el respeto a las competencias, la inviolabilidad de los contratos, el cumplimiento de los pactos internacionales de los que Venezuela es miembro. En resumen, requerirá convencer casi al mundo entero de que se respetará el Imperio de la Ley. De lo contrario -y así de sencillo- podemos dar como un hecho que nadie más invertirá un dólar en Venezuela.

Que eso se logre, desde luego, no dependerá del gobierno de turno. Tampoco de los políticos en su conjunto. Dependerá de que los venezolanos le den a ese mismo mundo, una señal inequívoca y permanente de que, en el futuro, no les prestarán la mínima atención a los cantos de sirena de las promesas populistas.

En las últimas dos semanas, los precios del petróleo han fluctuado al alza, traspasando la barrera psicológica de los $ 70 para el barril norteamericano West Texas, y acercándose a la de $ 80 en el caso del marcador europeo Brent.

Analistas que hasta hace poco estaban proyectando un regreso a precios por debajo de los $ 60 para 2019, ahora hablan de precios oscilantes en el rango entre 70 y 80 dólares por barril. Inclusive, uno que otro revivió el espectro del barril de petróleo en $ 100, con todas las implicaciones negativas que eso significa para la economía mundial.

El motor principal de esa alza, sin duda alguna, es la reimposición de sanciones a Irán por parte del gobierno norteamericano, en un momento cuando los inventarios han bajado a niveles manejables, gracias a los acuerdos OPEC-Russia. También a cierta prudencia por parte de los productores americanos independientes de esquistos, en cuanto al ritmo de aumento de su producción.

Aunque, más allá del caso de Irán y de los inventarios, el tercer elemento es lo que todos los analistas entrevistados caracterizan como “el colapso de la producción de Venezuela”. Y nótese que no hablan de reducción, sino de colapso.  ¿Por qué?  Porque ellos, mejor que nadie, saben que cuando salen taladros de servicio y el descenso de la producción, mes a mes, es cada vez mayor, en algún momento, la declinación natural de los yacimientos y las ineficiencias operativas juntas, crean el escenario perfecto para que Venezuela desaparezca del mundo de los exportadores importantes, al que perteneció alguna vez.

A eso, ahora hay que añadirle las recientes acciones de embargo a PDVSA por parte de Conoco Phillips, con las que dicha empresa intenta resarcirse de los $ 2.000 millones que le adjudicó el centro de arbitrajes CIADI, por la confiscación del mejorador de crudos que habían construido en el marco de la apertura petrolera por un costo de más de $ 10.000 millones.

En principio, por supuesto, el que los tribunales les hayan adjudicado únicamente $ 2.000 millones a Conoco, debería haberse visto como un triunfo para la demanda PDVSA.

Las acciones de Conoco se han concentrado en las terminales de transferencia y refinación propiedad de PDVSA en Curacao, Bonaire, y San Eustaquio, islas que están dentro del ordenamiento legal holandés. Dicho de otra manera, en un país en el que sí funciona el Imperio de la Ley.

Seguramente, muy pocos habrán oído hablar de estas terminales. Pero ellas son vitales eslabones en una logística que incluye recepción de crudos dulces norteamericanos, para mezclar con los extrapesados de la Faja, y el trasbordo de tanqueros de menor capacidad para envíos a clientes distantes, como China.

Las informaciones que han trascendido desde Bloomberg -la cual es una fuente de gran respeto- indican que, ante esa amenaza, tanqueros que estaban en tránsito habrían regresado a puerto venezolano. En su análisis, Bloomberg va más allá. Y menciona que el actual, pudiera ser el inicio de las demandas que, más temprano que tarde, pudieran acometer los tenedores de bonos y otras acreencias, a cuyos vencimientos, luego de dejar de honrarlas, el Gobierno les ha hecho caso omiso, como si las mismas no existieran.

De hecho, las especulaciones sobre si habría sanciones por la vía de embargo de compra o de venta de crudo por parte de los Estados Unidos, han pasado a un segundo plano. Y eso sucede, cuando ya se vislumbra una larga cola de acreedores siguiendo la vía que Conoco escogió.

Por primera vez en la historia, Venezuela no aprovechará un alza en los precios petroleros. Y todo en vista de que, si el millón de barriles de producción que se han perdido estuvieran en el mercado, el ingreso adicional del país sería de $ 26.000 millones. Entonces, las deudas no estarían en mora, y gran parte de los problemas económicos que nos aquejan, desaparecerían.

¿Quién asume la responsabilidad de ese entuerto? Pues lo cierto es que, tampoco en este caso, luce que sean la iguana o un saboteador solitario los que lo hayan causado.

El hecho de que el asesor económico del candidato presidencial Henri Falcón, el economista Francisco Rodríguez haya explicitado un Programa de Ajuste -o más propiamente, una reforma monetaria- que tiene como punto de partida la dolarización de la economía, ha intensificado el debate sobre ese tema vital para el bienestar de los venezolanos.

Quienes todavía no están de acuerdo con dolarizar, argumentan que con eso no basta, y que hay que tomar medidas complementarias. Rodríguez no lo niega. Y, de hecho, cada día que pasa, describe más su propuesta con anuncios relacionados con esas medidas. También lo han comenzado a hacer desde la Asamblea Nacional partidos políticos como Primero Justicia, en este caso por intermedio de su vocero, el economista José Guerra. Nos referimos al mismo Partido que, hasta la fecha, se había limitado a plantear generalidades y lugares comunes, como aquel de que “la inflación se combate con producción”.

La primera coincidencia importantísima, a nuestro juicio, consiste en identificar que el rescate de la producción petrolera es la palanca diferenciadora que permite pensar en un ajuste con expansión, y no en uno contractivo, como el que nos impusieron los arquitectos del Programa de Carlos Andrés Pérez II, en 1989. Por otra parte, parece haber coincidencia con el planteamiento de que lograr que la producción petrolera aumente, pasa por permitir que los operadores privados, nacionales y extranjeros, sean los que se ocupen de poner a producir los yacimientos.

Quienes disienten de esa posición, piensan que Venezuela no puede y, tal vez, no debe apoyarse en su ventaja petrolera. Y eso, a los fines de un Ajuste, nos reduce a las limitadas opciones de un Zimbabue o de una Grecia. Ese razonamiento, prácticamente, nos condenaría a quedar en manos del Fondo Monetario Internacional, como a desconocer la casi totalidad de la deuda externa, y a alejarnos de los mercados voluntarios de crédito internacional, por, tal vez, una generación o más. Claro que quienes administren un Programa así, tendrían la oportunidad de, una vez más, tutelar al sector privado, encajonándolo a dedicarse a las actividades que ellos, como gurús todopoderosos, escogieran. Afortunadamente, quienes así piensan han venido quedando en franca minoría.

El segundo gran consenso sería la eliminación de los subsidios generalizados, sobre todo los de la gasolina y de la energía eléctrica, focalizando las ayudas de manera directa a las capas más vulnerables de la población. A eso se añadiría la necesidad de eliminar los controles de todo género, porque tienen asfixiados a la economía nacional y atados de manos a los productores.

Uno de los puntos neurálgicos de cualquier Programa va a ser el nivel en que se fije el salario mínimo de arrancada. Está claro en que no puede ubicarse en un nivel similar al de otras economías saludables, y que llevan varios años creciendo. Tampoco puede estar en los escasos $6,00 en que hoy se encuentra. Por eso, se hace necesaria una reflexión en este sentido y que consiste en que, si se fija demasiado alto, crea un problema fiscal; y si se establece muy bajo, va a crear desempleo y conmoción social.

Finalmente, uno de los consensos más importantes va a ser la decisión de cómo se enfoca el tema de las empresas que anteriormente fueron productivas, y que hoy están en manos del Estado.

Durante casi toda la segunda mitad del siglo XX, gobiernos de la más variada estirpe, desde militares como el de Marcos Pérez Jiménez, hasta social-demócratas, social-cristianos y, finalmente, socialistas, hicieron casi un dogma con respecto a que las actividades productivas “básicas” deberían estar en manos del Estado. Sin embargo, pareciera que la inmensa mayoría de la población está consciente de que mientras más básica es una actividad productiva, más importante es mantenerla alejada de las manos del Estado depredador.

A quienes todavía les falta convencerse de eso, es a algunos de nuestros políticos. Si estos se convencieran de que lo que da votos no es el estatismo, sino crear las condicione para que los particulares sean los que produzcan, el consenso en torno a esa realidad sería abrumadoramente mayoritaria.

En nuestro artículo del 24 de febrero alertábamos que en algo andaba el Banco Central de Venezuela (BCV) relacionado con el doble problema que significa la proliferación de ceros en las transacciones financieros que su misma irresponsabilidad en emisión de dinero sin respaldo produce, y el drama de la ausencia casi total de efectivo que padecemos los venezolanos. Luego de los anuncios de un nuevo cono monetario de hace diez días, por fin sabemos en que anda: una vez más tirando flechas a ver si una por casualidades de la vida da en el blanco.

Uno hubiera pensado que la solemnidad de una cadena presidencial para anunciar un nuevo cono monetario que en menos de 10 años borra del mapa el “Bolívar Fuerte (Bs.F.)” que “El comandante” anunciara como “un Bolívar fuerte para una economía fuerte”, hubiera sido empleado para algún tipo de mea culpa y, lo que es más importante, el anuncio de medidas concretas que auguraran una mejor vida al ahora “Bolívar Soberano” (B.S.)

¡Vana ilusión! Las dos horas de la interminable cadena se fueron en la presentación, uno por uno y por las dos caras de la bellísima litografía de los nuevos billetes con alusiones panegíricas a los próceros que los engalanan y al oso hormiguero y demás fauna de nuestra geografía que aparecen en la contracara. Ni un atisbo de reforma monetaria, disciplina fiscal, flexibilización cambiaria o algo que se parezca a cambiar el rumbo de lo que ya va por camino de ser la hiperinflación más grande que haya tenido Latinoamérica… y es mucho decir con el apego a ese recurso de destrucción de riqueza que tuvieron algunos gobiernos de los años 80 del siglo pasado.

Lo que más preocupa es lo que tal vez paso desapercibido para la mayor parte del país: El Presidente admitió cándidamente, que estas medidas estaban pautadas para abril después de las elecciones presidenciales, pero, como las elecciones se pospusieron hasta mayo, decidieron anunciarlas de una vez. En otras palabras, este tiro de flecha ¡es al parecer el programa macroeconómico del segundo sexenio!, de lograr el Presidente su reelección en dichos comicios.

Sin adentrarnos en el hecho de que un más de lo mismo no pareciera ser precisamente la mejor forma de evitar una hecatombe económica, no debe sorprendernos que la mayoría de las especulaciones posteriores al anuncio giraban a cuantos meses, ya no años, demoraría tener que mocharle tres o más ceros al B.S. Por lo pronto, para el 2 de junio fecha en que supuestamente entran en circulación el nuevo billete de 100 tendrá un valor en poder adquisitivo de B.S. 28,50.

Como para dar fe de la improvisación, tampoco se molestaron en decir que es lo que piensan hacer con el precio de la gasolina, producto que ahora pasará a valer B.S.0,006 o B.S 0,0015 el litro según el caso. Tal vez a alguien se le pasó ese pequeño detalle.

Pero la guinda de la torta es el cronograma para retirar los billetes del viejo cono, e introducir los del nuevo. Según se explicó, para el 2 de junio se retirarán todos los billetes del viejo cono, buen los pocos que quedan por ahí. Y ese mismo día aparecerán como por arte de magia suficientes billetes del nuevo cono como para sustituir los anteriores en todas las taquillas y cajeros del país.

Esta aseveración viniendo de los mismos que anunciaron en diciembre de 2016 el retiro en 72 hora del antiguo billete de Bs.F. 100, que todavía al parecer es el 50% del poco circulante actual. Creo que nadie cree que eso va a suceder así y que no habrá sucesivas prórrogas ad infinitum de la vigencia del bolívar fuerte. Para el próximo cono tal vez podrían aceptar la sugerencia del diputado José Guerra, e imprimirlos en papel bond.

Pareciera haber un consenso nacional con respecto a que la única manera de salir de la hiperinflación en la que nos encontramos los venezolanos, es por intermedio de una reforma monetaria integral. Algunos, sin admitirlo públicamente, como es el caso del Gobierno, intentan hacerlo experimentando con métodos heterodoxos. Por ejemplo, apelando al caso del “Petro”. Otros, como es el caso de la inmensa mayoría de los economistas, sin embargo, han centrado sus recomendaciones en los métodos conocidos. Estos son: manteniendo la misma moneda con una disciplina fiscal y monetaria férrea; una caja de conversión también conocida como junta monetaria; o una dolarización.

Durante los últimos días, sin embargo, ha tomado fuerza la idea de que, dado el grado de deterioro que se ha experimentado por la presencia de la hiperinflación, la solución es la dolarización; inclusive, tal como la implementó en su momento el Ecuador, y la cual, sin duda alguna, constituye una medida drástica.

Economistas respetados que antes se oponían a la dolarización, inclusive, han cambiado de parecer. O, mejor dicho, se acercan a considerarla como una alternativa seria. ¿Qué ha sucedido?

Dos eventos, tal vez, han acelerado ese nuevo consenso que comienza a formarse.  En primer lugar, a nivel popular, lo que sienten los ciudadanos, es decir, los electores, es que “todo está dolarizado, menos los salarios”. Y eso, que, si bien no es del todo cierto, lo siente así quien recibe un salario mínimo con bonificaciones incluidas de $ 7 por mes a dólar libre o $ 35 a la tasa oficial DICOM de esta semana.

Y en segundo lugar, es que el asesor financiero del único candidato presidencial opositor inscrito, ha planteado como componente determinante del programa de gobierno que la dolarización, en este momento, es la mejor alternativa -por no decir la única-  para detener en seco la hiperinflación.

En palabras del profesor Steve Hanke, quien asesoró, entre otros, a Ecuador y a Montenegro en sus procesos de dolarización: “Resuelve el problema; fin de la historia. Lo resuelve literalmente de un día para otro”. Y continúa diciendo: “Venezuela, esencialmente, se está dolarizando espontáneamente y el próximo paso lógico es oficializarlo”.

La dolarización, es verdad, no es una panacea. Pero es un primer paso. También, sin duda, no es suficiente, pero es necesario para restablecer la credibilidad. De hecho, sin ella, a estas alturas, es menos que imposible resolver los otros problemas, como es el caso de: eliminar controles de precio, restructurar deudas, sacar a PDVSA de la insolvencia, restablecer el Imperio de la Ley y garantizar los derechos de propiedad. También aporta una fortaleza, y es que le quita a la autoridad monetaria, es decir, al Banco Central de Venezuela, la posibilidad de imprimir dinero sin respaldo, porque se convierte en una especie de camisa de fuerza a los planes dispendiosos de la clase política gobernante.

No debe olvidarse que los otros métodos que, hasta hace poco, se consideraban como las alternativas menos tajantes, todos, sin excepción, sufrían de la debilidad de mantener las potestades del Banco Central. Aunque lo hacían solamente asumiendo que el mismo ente emisor, de la noche a la mañana, iba a ser dirigido por vírgenes vestales totalmente exentas de presiones políticas o sociales. Y como eso está lejos de suceder en Venezuela, se corre el riesgo de fracasar por falta de credibilidad, impulsando todavía otra ronda más de hiperinflación.

Quienes aún se oponen a ella, seguirán argumentando que dolarizar resta capacidad de maniobra ante una caía abrupta de los términos de intercambio. Eso pudiera ser cierto -o no- dependiendo de la frugalidad con la que se manejan los ingresos excedentarios en época de bonanza. También aducen que, en un futuro lejano, luego de años de crecimiento económico espectacular, podríamos volver a sufrir la sobrevaluación monetaria conocida como “enfermedad holandesa”, cosa que no es tampoco necesariamente cierta.

¿Y por qué nos atrevemos a plantearlo así? Para muestra un botón: Bastaría vernos en el espejo de Ecuador, otro país petrolero. Dicho país dolarizó en el año 2000. Inclusive, pasó también por la caída de los precios petroleros y tuvo sus problemas. Es cierto. Pero ¿quién capeó mejor el temporal? ¿Hay alguien que crea que la calidad de vida de los ecuatorianos que han llevado desde 2015 a la fecha, es peor que la nuestra? La respuesta es obvia. Y se evidencia en los miles de venezolanos que han huido y siguen huyendo hacia ese país dolarizado. También en el nada despreciable hecho de que la dolarización goza del nada despreciable 95% de aceptación entre sus ciudadanos.