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Sociedad civil exige acciones para preservar la vida de los venezolanos ante la pandemia del COVID-19.

Ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales iniciaron una campaña para promover acuerdos entre sectores que permitan atender la emergencia humanitaria agravada por el Coronavirus.

abril de 2020. Un nuevo pronunciamiento organizaciones y personas de la sociedad civil plantea la urgencia de avanzar acciones que permitan proteger la vida y medios de subsistencia de los venezolanos.

El comunicado, dirigido a los actores políticos, militares, económicos y sociales del país, los insta a lograr acuerdos por y para la gente. Ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales que representan a una diversidad de sectores, gremios y actores de Venezuela decidieron elevar su voz  ante la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, agravada por el coronavirus (COVID-19).

Señalan que hacen este llamado arraigado en el más alto compromiso con la protección de la humanidad de toda la población, ante la extrema agudización de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela por los efectos de la pandemia del Covid-2019. El pronunciamiento estará acompañado por una serie de acciones comunicacionales en el que, con la etiqueta, #AcuerdosXLaGente se articularán mensajes en el marco de la campaña “tiempo de acciones urgentes por Venezuela”.

El  fin de estas acciones,  es convocar al trabajo consciente, la sensata disposición y el deber inexcusable de todos los sectores del país, primordialmente los que tienen responsabilidad en la toma de decisiones, a fin de llegar a los acuerdos que abran un cauce a las capacidades requeridas por el país para proteger los derechos a la vida y a los medios de subsistencia de la población venezolana, gravemente amenazados por la pandemia del Covid-2019 en el contexto de una emergencia humanitaria compleja.

Hacen énfasis en que el momento exige hacer el máximo esfuerzo para responder de forma efectiva a la pandemia Covid-2019 mediante un acuerdo plural e inclusivo de todos los sectores y la cooperación de todas las partes centrado en la protección de la vida y la dignidad de las personas, el respeto a los derechos humanos, el acceso a la asistencia financiera internacional y una gestión transparente tanto de las acciones como de los recursos.

En el comunicado hacen 14 recomendaciones a las instituciones del Estado venezolano que incluyen:

1. Enmarcar todas las acciones que se adelanten en el respeto y garantía de los derechos humanos de la población, entendiendo que la sola asistencia es insuficiente si no brinda protección.
2. Crear un mecanismo de interlocución entre los equipos interdisciplinarios ya conformados por ambos actores políticos y un Consejo Asesor de la Sociedad Civil, integrado por personas expertas, nombradas sin consideraciones de tipo ideológico-políticas, de los ámbitos de la salud, la alimentación, la economía, la organización comunitaria, para avanzar unidos junto a los organismos multilaterales en la coordinación de la respuesta nacional al COVID-19 con el concurso de todos los sectores de la vida nacional.
3. Poner todos los recursos disponibles para que la atención médica necesaria sea accesible a todos los sectores de la población, especialmente a los sectores vulnerables de bajos ingresos, niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas en ciudades y zonas remotas y personas en cárceles y centros de detención.
4. Tomar todas las medidas posibles para proteger a los trabajadores del sector salud, incluyendo el que cuenten con todos los insumos, equipos y condiciones necesarias para realizar su labor en las actuales circunstancias.
5. Garantizar la emisión de salvoconductos y suministro de combustible a transportistas de alimentos y medicamentos, con el fin de proteger los circuitos de abastecimiento e igualmente al personal de salud, actores en acción humanitaria y defensa de derechos humanos, personal de medios de comunicación y personas con condiciones crónicas de salud que deben asistir a centros hospitalarios para recibir tratamiento.
6. Atender los casos de personas que quedaron en terminales dentro y fuera del país sin recursos y posibilidades de trasladarse.
7. Coordinar las acciones de la Fuerza Armada Nacional y demás órganos de orden público, así como protección civil y bomberos según las recomendaciones emanadas por los equipos de expertos que hacen frente a la pandemia y su apego a las normas internacionales de respeto a los derechos humanos. Prohibir las actuaciones de grupos de civiles armados en labores de orden público.
8. Garantizar el acceso irrestricto a la información pública y permitir el libre ejercicio de los medios de comunicación, así como facilitar los medios de protección a su personal, con el fin de garantizar el derecho a la información de la población.
9. Acordar que la vocería de la autoridad sanitaria que informe regularmente sobre los retos y adelantos de las decisiones y acciones, por los medios públicos y privados, en alocuciones abiertas y periódicas sea ejercida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.
10. Incorporar políticas para garantizar los servicios públicos y medios de vida de toda la población, con especial foco en los sectores más vulnerables, como los trabajadores informales y por cuenta propia, adultos mayores, jubilados y pensionados, trabajadores asalariados cuya remuneración mensual no cubre el costo de la canasta alimentaria y personas en situación de pobreza, personas en situación de calle, que no cuentan con recursos acumulados para permanecer en aislamiento durante un largo período.
11. Atender con extrema urgencia las necesidades de salud, agua e higiene de las personas privadas de libertad, y las específicas de las personas enfermas, mujeres y menores de edad en cárceles y centros de detención, además de reducir el número de reclusos mediante medidas humanitarias para quienes estén en condiciones especialmente vulnerables y no acarren peligro, y poner en libertad a todos las personas presas o detenidas de forma arbitraria por motivos políticos.
12. Los beneficios de estas medidas deben ser distribuidos a través de mecanismos universales, sin mediaciones de adscripción que condicionen a los beneficiarios. Debe contemplarse un mecanismo para las personas no bancarizadas y valorar que hay un alto porcentaje de personas, especialmente mayores que no cuentan con tarjetas de débito. Así mismo se deben gestionar y activar grupos de apoyos domiciliarios que permitan identificar y brindar asistencia a personas mayores que viven en situación de soledad o personas con discapacidad.
13. Garantizar la prioridad absoluta en el acceso a políticas públicas, programas y servicios a niños, niñas y adolescentes. De forma especial resulta indispensable asegurar la operatividad del sistema de protección de niños niñas y adolescentes conforme a lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como establecer una propuesta estructurada y viable para garantizar el acceso a la educación, tomando en consideración las dificultades en el acceso a internet y otras plataformas de comunicación. Debe orientarse adecuadamente a los padres y cuidadores para acompañar a los niños y adolescentes en este proceso.
14. Valorar la utilización del Mecanismo Humanitario de País de la Organización de Naciones Unidas, desplegado bajo los sólidos principios de Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad e Independencia Operativa, como espacio institucional compartido por los sectores políticos, para canalizar la ejecución y contraloría de proyectos urgentes para atender, en medio de la pandemia, a la población. Esto implicaría abrir un espacio de cooperación entre ambos actores políticos con la participación de la Comunidad Internacional en el que sectores de la sociedad civil venezolana podrían colaborar como garantes de cumplimiento.

Cierran sus peticiones exhortando a todos los sectores de la vida nacional, a la Comunidad Internacional y los Organismos Multilaterales, organizaciones de sociedad civil hermanas de otros países, personalidades y en especial a los gobiernos de Noruega, Canadá, los Estados Unidos, la Unión Europea, gobiernos de América Latina y el Caribe, Rusia, China, Cuba, a demandar, respaldar y acompañar estos acuerdos humanitarios y políticos en favor del pueblo de Venezuela.