Categoría: Enfoque Informativo

Mientras transcurría el desfile militar por la celebración de la independencia de Venezuela, en la ciudad de Caracas se llevaban dos actos violentos a la población. Por un lado, el ataque de colectivos armados adeptos al oficialismo irrumpieron en el Palacio Federal Legislativo, agrediendo a Diputados, trabajadores y periodistas; por otro, la agresión a los vecinos de El Paraíso, quienes manifestaban en la Av. Páez. El concejal Jesús Armas, expresó que «pareciera que el desfile del 5 de Julio se apersonó en El Paraíso«.

«Hubo un despliegue de más de 200 oficiales, 7 tanquetas, y una que otra patrulla (…) la Guardia Nacional llegó lanzando bombas lacrimógenas a los más jóvenes y después a los edificios cuando se producía la protesta«, agrego el concejal Armas.

Mientras aquello ocurría, en las calles aledañas a la avenida Páez de El Paraíso, en las Residencias Victorias y edificios cercanos «llegaron encapuchados disparando con armas de fuego a las residencias«. Entraron a las mismas y «se robaron laptops, joyas, dinero, incluso, hasta la pasta de dientes se llevaron«, informó el concejal.

Asimismo, un grupo de jóvenes iniciaron una protesta, frente al Instituto Nacional de Nutrición, que luego fue reprimida por «efectivos de la Policía Nacional Bolivariana disparando bombas lacrimógenas«, esta protesta terminó extendiéndose hasta Capuchinos. Agregó el concejal Armas que, “se unieron vecinos de El Guarataro (…) dejando como saldo una patrulla incendiada«.

En el marco de todos los ataques realizados por la Fuerza Armada Nacional y simpatizantes del gobierno, el concejal Jesús Armas está claro que «esto es la expresión de un tiranía que está viviendo sus últimos momentos (…) cada vez que reprimen en un sector, es otro sector el que responde«.

Por últimó, Armas recalcó que a 97 días de protesta, «los vecinos tienen mucha dignidad, mucha firmeza de que esto debe cambiar«.

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La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó el día de ayer, 3 de julio, en un acto con varios sectores de la sociedad civil, a un plebiscito para el domingo 16 de julio, en el cual se pretende consultarle al pueblo si está o no de acuerdo con el proceso constituyente convocado por el el Gobierno de Nicolás Maduro. En declaraciones de la abogado y dirigente político Liliana Hernández, expresó que «con el plebiscito se quiere expresar la voluntad de un pueblo que no apoya la Constituyente«.

En este proceso “el CNE no participa, es un acto de la Asamblea Nacional”, informó Hernández, quien además explicó que con esta consulta popular se pretende contabilizar la cantidad de rechazo hacia la asamblea nacional constituyente convocada por el gobierno nacional.

«En Venezuela no habrá ningún tipo de negociación que no pase por la constitucionalidad y elecciones presidenciales«, declaró la abogado y dirigente político, ya que se quiere recuperar el hilo constitucional que se perdió y se ha continuado ante las constantes violaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien se ha atribuido las funciones de la Asamblea Nacional.

Asimismo, destacó que «estamos ante un Gobierno que, ante la ausencia del pueblo, no le queda otra que ejercer la fuerza«. Hecho que se ha evidenciado con los constantes ataques a la sociedad civil durante las manifestaciones convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática.

Para el día de hoy, 4 de julio, la oposición ha convocado un plantón de seis horas, a partir del mediodía, Hernández sentenció, que «este momento requiere organización y disciplina (…) durante el trancazo hay que respetar«, las emergencias, el paso de ambulancias.

Recalcó que «los jóvenes ahorita no están defendiendo su futuro, están defendiendo su presente«, porque no tienen un país en este momento.

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En el marco de la graduación de la Misión Robinsón 2, el presidente Nicolás Maduro decretó el aumento del 50 % del salario mínimo, quedando en 97 mil 531 bolívares, mientras que el bono de alimentación subió a 17 unidades tributarias, ubicándose en 153 mil bolívares, dando un total del ingreso básico mensual en 250 mil 530 bolívares. Para el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez «el problema no son los aumentos, el problema es que el Gobierno no acompaña la política salarial con una política de abordaje de la inflación«.

«El tejido empresarial se ha reducido en un 60 %. Hoy por hoy, somos menos de 300 mil empresas«, declaró Martínez, presidente de la federación de empresarios del país, en relación a las ochocientas mil empresas que habían y que debido a la crisis económica han bajado su producción o han culminado sus operaciones.

Martínez expresó, que «la OIT es el gran diálogo social tripartito mundial«, y en el cual «el Gobierno es quien debe asumir los costos para que todos los actores participen«, sin embargo, los empresarios terminaron utilizando los recursos de las empresas para asistir a la asamblea general celebrada en Ginebra.

En la conferencia de empresarios hubo diversas oportunidades de discutir la situación que atraviesan las empresas, los empresarios y demás integrantes del sector productivo en  Venezuela, y recalcó que «hay voluntad de diálogo, pero tiene que ser un escenario respetuoso y donde se hable de los verdaderos problemas del país«, no es un espacio para hablar de la Constituyente.

En cuanto a la impresión de billetes sin soporte, Martínez opinó, que «el dinero inorgánico es lo que alimenta la inflación y lo que está haciendo más pobres a los venezolanos (…). El Gobierno tiene que imponer una disciplina fiscal en el gasto más que aumentarlo«.

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Durante la manifestación del día de ayer, jueves 29 de junio, en la que la sociedad civil, gremios y miembros de la Mesa de la Unidad Democrática marcharían hacia las sedes del Consejo Nacional Electoral en sus distintas sedes a nivel nacional. Un grupo de estudiantes que manifestaban en El Rosal, en Chacao, fueron detenidos por la Policía Nacional Bolivariana; Enrique Planchart, rector de la Universidad Simón Bolívar ( USB ), informó que “la situación es de salvajismo. Los estudiantes se estaban retirando pero los gases lo hicieron refugiarse«.

“Los detuvieron dentro de una institución bancaria, los montaron en camión cava y les lanzaron una bomba lacrimógena dentro«, agregó el matemático y profesor de esa casa de estudio.

A los estudiantes, “los llevaron al Helicoide, no los han maltratado, les dieron comida, agua y han permitido que los familiares vieran a los jóvenes«.

Como representantes de las distintas casas de estudio, nosotros los «18 rectores de las universidades enviamos una carta a Maduro para que controle a las Fuerzas Armadas«, ya basta de tanta represión, de tanto abuso y maltrato a la sociedad venezolana, sobre todo a nuestros jóvenes estudiantes.

En cuanto a la situación de la Universidad Simón Bolívar, se ha visto afectada por la falta de presupuesto asignado por el gobierno nacional, el rector destacó que desde «hace 17 años las universidades están bajo el asedio de las fuerzas armadas; además de la fuga de talento«. Sin mencionar la falta de divisas que ha mermado el debido mantenimiento a las instalaciones y los equipos de esta casa de estudio.

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En el marco de las protestas que han habido en el estado Aragua, tanto el día lunes 26, como ayer miércoles 28 se realizaron las actividades denominadas Trancazos propuestas por la Mesa de La Unidad Democrática (MUD), en las que hubo otro ataque de las fuerzas del estado que dejó el saldo de un joven, que hasta ahora presenta muerte cerebral por el impacto de una bala. La Diputada de esa entidad y representante de la MUD, Mariela Magallanes, nos cuenta que la consigna de los jóvenes era “si nos trancan el futuro, trancamos el país”.

Hasta donde se tiene conocimiento el estudiante “Jofré Rodríguez no participaba en la manifestación, resultó herido y se encuentra en encuentra en estado de coma”, declaró la Diputada. Además, se sabe que el joven salió de su casa para comprar un CD, ya que estaba por presentar su trabajo de grado en la universidad, para graduarse como Ingeniero en Informática.

Asimismo, “su abuela asegura que está vivo, y que solo necesita oración”, agregó la parlamentaria Mariela Magallanes.

“La situación del estado Aragua; ayer amaneció practicante en un paro cívico, los negocios no abrieron, no hubo transporte; se están levantando las voces en protesta por lo que sucede en el país”. La gente de esa entidad padece hambre, debido a la gran cantidad de saqueos, sobre todo a comercios de comida los cuales no han abierto, y los pocos que lo hacen con el riesgo de salir perjudicados.

Aseguró que “los actos vandálicos en el estado son orquestados por el Gobierno y a la mirada inerte de los cuerpos de seguridad”. En los saqueos, la gente entra al local, toma los productos y se van, les pasan por encima a la policía quienes también se llevan lo que pueden. Eso no es saqueo, “¡eso es robar!”, sentenció Magallanes.

En cuanto al tema de las bolsas o cajas del de alimentos, manifestó que “los CLAP son un sistema de corrupción”. Quien tiene el control de la distribución de estos rubros, tiene el control de subir los precios, y muchas veces la bolsa llega con menos productos, “eso es una estafa”, expresó.

Miembros del gobierno han dejado claro que «quien esté en contra de la Constituyente, está en contra de la Revolución y no recibe el CLAP«.

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Simón Calzadilla, diputado por el estado Aragua y presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional (AN) habló sobre el ingreso de cajas identificadas con el CNE por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el asedio vivido durante horas por oficialistas en el Palacio Legislativo.

En primer lugar, Calzadilla expuso que algunos funcionarios detectaron que la GNB introdujeron unas cajas que tenía etiquetas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que “pareció muy extraño porque el Palacio Legislativo nunca ha servido de depósito para este tipo de máquinas o material”. Por lo tanto, un grupo de parlamentarias encabezada por las diputadas Dennis Fernández y Delsa Solórzano, se dirigieron a constatar de qué se trataban esas cajas y estos funcionarios de la GNB las desalojaron a la fuerza, lo que generó una “situación lamentable de forcejeo y agresión”.

Asimismo, el presidente de la AN, Julio Borges, también se acercó a constatar de qué se trataban las cajas y “lo único que recibía era respuestas verbales, pero en ningún momento le permitieron pasar al recinto y ver qué estaba ahí”, agregó Calzadilla.

En este sentido, explicó que “por Constitución y por el reglamento que tiene rango superior al de una Ley Orgánica, la responsabilidad y custodia del Palacio Legislativo es del Presidente de la AN y la guardia apostada está bajo las órdenes del gobierno nacional”.

Pero, en la medida que eso estaba sucediendo, “empezaron a llegar estas hordas pacifistas de Nicolás Maduro a los alrededores del Palacio Legislativo, apostarse en la entrada este y oeste, intentando romper la reja para pasar”. Por lo que el altercado con la GNB se acabó porque “los diputados y la Guardia tuvimos que salir hacia las rejas para evitar que entraran estas hordas que venían gritando con cabillas, con palos y tuvieron que ser enfrentados por un cordón de la GNB”, describió.

“Empezaron a lanzar unos explosivos que sonaban muy duro y cuando te caen muy cerca te queman, tuvimos varios lesionados y esa situación se mantuvo hasta prácticamente las 10 de la noche que fue que pudimos salir de la AN porque ya quedaban pocos y, sin embargo, la Guardia tuvo que hacer todo un túnel para que nosotros pasáramos”, manifestó Calzadilla.

También, el diputado condenó que la GNB se limitara “exclusivamente, a evitar que terminaran de pasar, sin embargo, no accionaron contra estos manifestantes como lo hacen con la ciudadanía (…) que actúan con mucha fuerza y agresividad”. “Es una política dirigida y sostenida por el gobierno para intentar de amedrentar”, añadió.

En relación a las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), enfatizó que “las competencias de la Fiscal las establece la Constitución y el Código Penal, es decir, el TSJ no puede cambiar lo que dice la Constitución y las Leyes, deben es hacerla cumplir”.

“Esas sentencias son otra evidencia clara de la perpetración de un golpe de estado y la ruptura del orden constitucional de Venezuela, dirigido precisamente por los que tienen el deber de hacerlo cumplir”, aseveró.

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Luego de que le llamara el Vicepresidente de la república asegurándole que el funcionario que le disparó a su hijo, José David Vallenilla, estaba detenido, el padre de este joven venezolano, asesinado en las manifestaciones por funcionarios al mando del Gobierno de Venezuela, no está aun completamente seguro de que así sea, por lo que espera reunirse con el Ministerio Público para seguir el estado del caso. Hablando acerca del momento de lo sucedido nos explicó, que “estaba en mi casa en los Valles del Tuy y me llamó su mamá para decirme que a José David le pasó algo”.

De repente “se cayó la llamada, y volví a llamar hasta que la oí pegar gritos y ese momento fue fuerte (…), al salir a la calle me enteré por un vecino que la foto ya estaba publicada”.

Explicó que no importa lo que haya dicho su madre en ese instante, ya que “un comentario en un momento tan difícil, no es relevante comparado con la muerte de un venezolano más”.

“Ella le decía que no fuera a las marchas pero eso no tiene ningún tilde político”, contó el señor Vallenilla, cuando la madre de José David le pedía a su hijo que no estuviese en la calle durante las manifestaciones.

Ese día “se comunicó conmigo el vicepresidente Tareck El Aissami, lamentando lo sucedido”. Sobre el funcionario que había disparado “me dijo que estaba detenido pero no tengo la certeza de que eso sea así. Inclusive me dijo que detrás de aquel funcionario también serán detenidos aquellos que hubiesen dado alguna orden”, agregó.

Incluso, comentó que aún espera la llamada del presidente Nicolás Maduro, quien prometió llamarle. Vallenilla explicó que él no ve a Nicolás Maduro como presidente, sino como compañero de trabajo.

Al preguntarle cómo era su hijo, el señor Vallenilla expresó que era “un niño normal, tremendo como todo niño (…). Mi único hijo. Todo lo que a él le gustaba, yo se lo apoyaba”.

En conversaciones con José David en relación a las marchas, explicó que “me decía papá vamos, y yo le decía que no y que él tampoco”. Pero, él sabía muy bien que “una cosa es lo que yo le decía, y otra lo que un hombre de 22 años, consciente de lo que quería hacer (…). Pero nunca supe que tenía un ideal de luchar por lo que él entendía”, declaró.

“Me hubiese gustado saber que estaba en la lucha de un ideal; hubiera sido capaz de ir con él y si nos mataban a los dos, hubiera aceptado irme con él”, relató sollozando.

Como mensaje para José David, dijo: “hijo Dios te bendiga, y ojalá tu vida, tu despedida, tu adiós signifique un cambio para este país”.

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Este domingo, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró que el Poder Electoral «no permitirá ningún acto de sabotaje» que busque impedir las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el próximo 30 de julio, queriendo crear un armazón constitucional entre los poderes públicos.

Pedro Afonso Del Pino, abogado constitucionalista, expresó que si el Ministerio Público (MP) forma parte del supuesto saboteo, entonces, “ante quién se pone la denuncia, porque el MP es el receptor de la denuncia y el garante de la legalidad en el país (…) el MP tiene que ser receptor de una denuncia sobre ellos mismos porque están intentando hacer respetar la Constitución”.

Por otro lado, Del Pino calificó de curiosas y contradictorias las declaraciones de la presidente del CNE porque, entre otras cosas, dice que la ANC es una propuesta de carácter político, pero “cómo puede avanzar una propuesta de carácter político en la cual no está participando un sector de la sociedad que, en este momento, es el mayoritario”.

A todas luces, así la propuesta de la ANC sea en buenos términos, “al no participar la parte más importante del país, desde el punto de vista político, la propuesta no está funcionando, inclusive, en el marco de la legalidad”. Porque, quiénes están participando en la Constituyente, “son candidatos de un mismo sector, es decir, la Constituyente no va a resolver ni siquiera el tema político, más bien lo va a agravar”, añadió.

En relación a la actuación de la fiscal, Luisa Ortega Díaz, destacó que esta “ha reiterado que la Constitución no pierde su vigencia, si es derogada por mecanismos no previstos en ella, es decir, que la Constitución es un camino infinito, hasta que no sea derogada por los propios mecanismos que establece la Constitución. La permanencia de la Constitución es indiscutible, (…) el problema es el cumplimiento”.

Asimismo, Del Pino recalcó que “la fiscal ha intentado todos los recursos que tiene a su mano ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); pero, lamentablemente, el secuestro de los poderes hace que las expectativas de que esto se solucione es bastante complicado”.

En este sentido, el abogado constitucionalista aclaró que la fiscal no puede destituir al presidente, aunque tiene competencia para intentar el antejuicio de mérito, pero, “el antejuicio de mérito lo resuelve la sala plena, que son los magistrados del TSJ”, acotó.

“Hay un juego de armazón constitucional, en la cual, ningún poder solo podría destituir a otro poder”, indicó Del Pino y recordó la expectativa entorno a un posible procedimiento de remoción de la fiscal. Pero, “sabemos que nuestra Constitución dice que para destituir a la fiscal no solo hace falta un pronunciamiento del TSJ, sino la autorización de la Asamblea Nacional”.

“Ningún poder puede destituir a otro unilateralmente, siempre hace falta el concurso de otro”, enfatizó.

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El servicio de nefrología del Hospital J. M. de los Ríos se encuentra en cuarentena desde el 16 de junio por un brote de varicela, mejor conocida como » lechina «, manifestó el doctor infectólogo y pediatra, José Félix García y explicó que el  área está aislada «para mantener a los demás pacientes fuera de peligro».

«El J. M. de los Ríos es una casa vieja y ya tiene una infraestructura muy deteriorada», sumado a que el presupuesto que cubre este centro médico es reducido y suele acabarse en los primeros tres meses, comentó el doctor García y destacó como punto positivo el sostenimiento de la docencia con el fin de entrenar jóvenes estudiantes de medicina porque «el hospital se mantiene por su talento humano, sus 34 especialidades pediátricas, (…) los postgrados de la Universidad Central Venezolana (UCV)».

Además, informó que el hospital ha dejado de ser un centro de asistencia caraqueño para pasar a uno nacional, ya que “el 52 % de los usuarios viene de afuera (…) Atendemos alrededor de 500 a 800 pacientes por día”, enfatizó.

En cuanto a los suministros, estos suelen ser muy escasos, casi siempre «hace falta hipertensivos, antibióticos, medicamentos para los niños (…) a veces, ni siquiera hay suero«.

Con respecto a la varicela, explicó que «los niños con lechina son aislados para controlar su propagación (…) hace 5 años que no tenemos vacunas«, lo que ha hecho que los brotes se incrementen y propaguen. En este sentido, explicó que “el problema actual de la lechina es que no tenemos vacunas y al no tener vacunas, la enfermedad va a rodar libremente por nuestra comunidad”.

En el pasado, las madres llevaban a sus hijos con un contagiado de lechina para que le diera esta enfermedad, pero, “con el tiempo, hemos visto cepas más virulentas y complicaciones espantosas” y aunado a la falta de vacunas, «esta práctica se ha visto reducida», aseveró el infectó y pediatra.

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La Mesa de La Unidad Democrática (MUD), en rueda de prensa en la tarde de ayer, 20 de junio, convocó al pueblo a desconocer la constituyente e iniciar el proceso de convocación del Art 333 y 350 de la Constitución. Liborio Guarulla, gobernador del estado Amazonas, y cuyo partido fue uno de los involucrados en el inicio de la desobediencia civil, manifestó: “como dice la Constitución en su artículo 5: ‘la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente (…)’». De ahí que el gobierno no quiera realizar elecciones directas, universales y secretas.

“La ley que ha asumido el régimen es la del Tribunal Supremo de Justicia”, expresó el gobernador del estado Amazonas, la cual violenta los derechos de los venezolanos expresados en la Constitución, máxima ley del país criollo. En este sentido, enfatizó  que “los venezolanos debemos asumir este compromiso con la propia Constitución y con nuestro pueblo, con nuestra República”.

Asimismo, manifestó que con los constantes ataques represivos de las fuerzas armadas frente a los venezolanos que manifiestan en contra del proceso constituyente,“lo que podemos esperar, es lo que pasa con todas las dictaduras. Y ciertamente, la violencia se va a ir intensificando. No creemos que ellos vayan a respetar ni la Constitución, ni los acuerdos internacionales que tienen que ver con los Derechos Humanos”.

Por último, Guarulla exhortó a todas las personas que son demócratas y aman esta República, que «están en la obligación de salir a la calle a defender nuestra democracia y nuestra Constitución” así como el de prepararse para intensificar las jornadas de protesta pacífica que se han realizado con anterioridad.

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