La Cámara Venezolana de la Construcción, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, el Colegio de Arquitectos de Venezuela y la Comisión de Infraestructura de FEDECÁMARAS emitieron un pronunciamiento conjunto
Advierten que antes de demoler o remover escombros se deben realizar inspecciones de ingeniería patológica para investigar las fallas
Las instituciones firmantes —Cámara Venezolana de la Construcción, Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, Colegio de Arquitectos de Venezuela y la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Hábitat de FEDECÁMARAS— manifestaron su solidaridad con las víctimas del reciente terremoto y exhortaron a las autoridades competentes a que todas las actuaciones posteriores al evento sísmico se desarrollen conforme a las mejores prácticas internacionales.
Las organizaciones señalaron que los edificios afectados constituyen evidencia técnica irrepetible, por lo que antes de cualquier demolición o remoción de escombros deben realizarse inspecciones de ingeniería patológica, documentación de los daños e investigar las causales de las fallas.
Asimismo, recomendaron la creación de una Comisión Nacional (CN) independiente integrada por un grupo interdisciplinario de profesionales, encargada de emitir informes públicos y formular recomendaciones para fortalecer la normativa sismorresistente y las políticas de reconstrucción.
El pronunciamiento destaca que las evidencias, muestras patológicas y demás elementos técnicos que se logren preservar mediante la aplicación rigurosa de la ingeniería patológica y la ingeniería forense estructural constituirán una fuente invaluable de conocimiento. Estas lecciones contribuirán a salvar vidas en el futuro, tanto en Venezuela como en otros países expuestos al riesgo sísmico.
Por tal razón, exhortan a que ninguna edificación colapsada o gravemente afectada sea demolida o removida sin la previa evaluación y autorización de la Comisión Técnica competente, salvo cuando exista un riesgo inminente para las labores de búsqueda y rescate o para la seguridad pública debidamente sustentado.
Finalmente, las instituciones indicaron que en el marco de estas acciones resulta fundamental implementar una estrategia rigurosa para la correcta gestión y disposición de los escombros en lugares adecuados, garantizando la protección del frente marino y evitando daños ambientales que contaminen las costas.
La reactivación de los vuelos directos facilitará estrechar los vínculos de hermandad entre ambos pueblos, así como el auge del comercio, la actividad turística y las inversiones en áreas clave de la economía. Facilitará el reencuentro familiar y el intercambio cultural, al tiempo que promoverá el desarrollo económico.
Curazao ofrece muchas oportunidades para los venezolanos, en especial para disfrutar de un turismo que mezcla cultura, bellezas naturales, música y mucha diversión. En esta nueva etapa, signada por el reencuentro, los venezolanos podrán visitar y conocer los avances y el crecimiento que ha experimentado la isla en estos últimos años Venezuela siempre ha jugado un papel fundamental en la evolución de Curazao.
La reanudación de los vuelos paulatinamente desde los aeropuertos de Barcelona y Maracaibo estrechará los vínculos empresariales entre ambos países, dando pie a inversiones en sectores clave como petróleo, inmobiliario, comercio y el sector financiero. Sin duda, la reapertura de los vuelos es una excelente noticia para venezolanos, curazoleños y toda la región del Caribe, que se convertirá en un espacio para el desarrollo, el crecimiento y la estabilidad de todos.
El Banco Central de Venezuela (BCV) sostuvo una reunión de trabajo técnico con autoridades del Gabinete Económico del Ejecutivo Nacional, como la Vicepresidencia Sectorial de Economía, Sudeban y el Viceministerio de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores; así como altos representantes de la banca pública y privada, en aras de asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos en la actual etapa de normalización de la economía venezolana.
El encuentro, celebrado en la sede del ente emisor, centró su agenda en dos ejes fundamentales: la estabilización del tipo de cambio y el control de las presiones inflacionarias, al tiempo de consolidar el crecimiento económico.
En este proceso, la coordinación técnica con el sector bancario resulta estratégica para monitorear los niveles de liquidez, optimizar el funcionamiento de las mesas cambiarias y maximizar el aprovechamiento de las divisas generadas en la economía.
El Banco Central de Venezuela ratifica su disposición a seguir trabajando en estrecha coordinación con todos los actores económicos para materializar la normalización de la economía venezolana, un proceso que, tal como se ha reiterado, debe redundar en el bienestar de toda la población.
Tras el doble evento sísmico registrado en el país el pasado 24 de junio, la empresa de telecomunicaciones Inter presentó un balance técnico sobre el estado de su infraestructura y el avance en la restitución de sus servicios de internet y televisión.
Mientras que los sistemas en el Distrito Capital, Miranda y Aragua ya se encuentran totalmente normalizados, los mayores daños de infraestructura se concentran en La Guaira.
En la entidad costera, la sede de Caribe reportó pérdida total debido al colapso absoluto del centro comercial donde operaba la cabecera y oficinas administrativas. Como medida de contingencia, la compañía instaló un nodo de transmisión transportable en el sitio, estimando iniciar la reposición del servicio en Macuto y Caraballeda en un plazo de 10 días, una vez que se definan los permisos de ubicación, suministro de energía y reconexión de cables troncales. Por su parte, la sede de Catia la Mar sufrió un deterioro del 75% en su infraestructura, aunque la cabecera principal se mantuvo operativa al 100%, enfocando actualmente sus esfuerzos en la atención de averías a nivel domiciliario.
En el resto de las regiones afectadas por los temblores, la conectividad se restableció de la siguiente manera:
Caracas y Miranda: Se solventaron múltiples cortes de fibra óptica causados por derrumbes de viviendas en Las Minas de Baruta y en el sector Ruperto Lugo del Distrito Capital. El servicio se encuentra actualmente al 100% de operatividad.
Aragua y Carabobo: En el estado Aragua el servicio fue reparado en su totalidad el pasado 25 de junio. En Carabobo, la estructura de la cabecera de Morón presentó daños edilicios de importancia, aunque los sistemas se mantuvieron activos sin afectar a los usuarios de la zona.
Para llevar a cabo las reparaciones de las rutas troncales y asegurar la estabilidad del Backbone de transmisión nacional, la operadora movilizó a siete cuadrillas de apoyo técnico procedentes de Caracas, Guarenas, Los Teques, Charallave y Turmero.
Medidas de apoyo comunitario
Como parte del protocolo de contingencia frente a la emergencia, se habilitaron 16 puntos de conexión Wi-Fi libre distribuidos en refugios y sectores vulnerables de La Guaira, Caracas, Guarenas, Tucacas y Morón. De igual manera, cada vehículo técnico desplegado en las calles del estado La Guaira funciona de manera temporal como un nodo Wi-Fi móvil de libre acceso para la ciudadanía. Adicionalmente, la compañía dispuso sus sedes de Los Ruices en Caracas y de la Urbanización Industrial Castillito en Valencia (Municipio San Diego) como centros oficiales de recepción de insumos y ayuda humanitaria.
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La creciente cantidad de fallecidos es la capa más notable e importante de la tragedia que devastó al litoral centro-occidental y a parte de la región capital de Venezuela el 24 de junio de 2026. Pero hay otras capas; el ambiente es una de ellas.
En el momento en que la falla de San Sebastián liberó desde el subsuelo aquel golpe masivo de energía que se abalanzó hacia la Cordillera de la Costa y que en pocos segundos sacudió a Catia la Mar, Caraballeda y Macuto, la tragedia se empezó a alojar también en la capa ambiental. No lo vimos al instante. La necesidad de salvar la mayor cantidad posible de vidas ocupó nuestras urgencias. Pero el paso de los días lo fue dejando en evidencia. Una crisis ambiental que ya no era culpa del terremoto sino de la política, empezó a abrirse paso en forma de ecocidio, producto de arrojar al mar Caribe los escombros de los edificios que se derrumbaron.
Desde la semana pasada distintos medios de comunicación han confirmado que varias secciones del litoral varguense están siendo utilizadas como sitio de disposición final de esos escombros. No está claro si la acción ha sido ejecutada por particulares afectados que lograron contratar maquinaria para removerlos y recuperar los cuerpos de sus familiares o por los propios organismos del Estado, pero es un hecho que tanto la recolección como la disposición de estos se está haciendo de forma arbitraria y anárquica en uno de los ecosistemas más importantes de la geografía venezolana: la hoya caribeña.
“Los escombros se caracterizan por ser materialmente heterogéneos en su contenido. Aproximadamente la mitad de su volumen se constituyen en residuos de concreto, asfalto, arenas y ladrillos, y a su vez incluyen metales diversos, vidrio, asbesto, aislantes, tuberías, cableado. Las zonas costeras no son consideradas, en absoluto, como sitios idóneos para la disposición de residuos ni para relleno sanitario, ya que el contacto permanente con el mar representa un riesgo de difusión de contaminantes”, le explica a El Estímulo el profesor Joel Mejía Barazarte, geógrafo de la Universidad de Los Andes (ULA) y doctor en ciencias de la Universidad Eberhard Karls-Tuebingen de Alemania.
Mejía considera que la disposición masiva de escombros en el litoral no solo afectaría la geomorfología de la faja costera en La Guaira a escala local, sino también la de los ecosistemas acuáticos.
“En una masa de agua como el mar Caribe existen corrientes internas impulsadas por la direccionalidad de vientos que, en este caso, tienen potencial de transporte y difusión. Recuerdo cuando ocurrió el evento de Vargas, en 1999, que muchos solutos y cadáveres humanos fueron arrastrados al mar por los flujos de detritos que bajaban de la montaña. Todo este material fue transportado y depositado en lugares remotos como el Parque Nacional Morrocoy. El riesgo de arrojar los escombros en estos lugares puede repetir ese escenario”, agrega.
Gustavo Carrasquel, director de la Fundación Azul Ambientalista, coincide con Mejía sobre la degradación ecosistémica asociada a la incorporación de sustancias y materiales derivados de los escombros.
“Es una osadía decir que los escombros pueden ser transportados de forma masiva desde La Guaira hasta otros lugares del Caribe. Los escombros son materiales pesados de construcción; concreto generalmente, y el concreto está compuesto de cemento y cabillas”, advierte: “Sin embargo, otros elementos más peligrosos como el yeso, la cal y el plomo que desprenden las pinturas sí pueden viajar por suspensión en el agua, pero es un proceso muy lento que dependerá de las corrientes y de las mareas. Los mayores efectos de esto se producirán en el mediano y largo plazo”.
Biodiversidad en jaque
Hay una certeza en la capa ambiental de la tragedia: la diversidad biológica será la principal afectada por la degradación de sus ecosistemas al recibir los escombros y los solutos que se desprendan de ellos cuando se diluyan en el agua y se diseminen.
Las matrices de opinión que han proliferado, principalmente en las redes sociales, señalan a grandes rasgos y de forma muy general que “los arrecifes coralinos de La Guaira serán los más afectados por la introducción de los escombros”, sin embargo, en esta franja costera –a diferencia de parques nacionales como el Archipiélago de Los Roques, Morrocoy o Mochima– no hay sistemas arrecifales.
Pero es un hecho que otros eslabones de esa diversidad biológica sí llegarán a verse gravemente afectados. Los poríferos (esponjas marinas), por ejemplo, tienen presencia en el lecho marino inmediato a esa zona costera y la introducción en el cuerpo de agua de sustancias y micropartículas externas afectará su capacidad de ofrecer servicios ambientales asociados a su rol de bioindicadores del cambio climático.
En conversación con El Estímulo, el profesor venezolano Lenín Oviedo, doctor en oceanografía del Instituto Interdisciplinario de Ciencias del Mar (México) y consultor de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), menciona a algunas de las especies vivas más afectadas por el vertido de escombros en los ecosistemas acuáticos de La Guaira:
“Los organismos más directamente vulnerables son aquellos con baja movilidad o asociados al fondo: esponjas, moluscos, crustáceos y otros invertebrados bentónicos. También pueden verse afectados huevos y larvas de peces. Peces costeros pueden sufrir pérdida o alteración de hábitat y de recursos alimentarios, al igual que las tortugas marinas y las aves costeras, debido a los cambios físicos de las playas donde desovan y anidan. A escalas tróficas superiores, especies como los delfines u otros grandes depredadores, sufrirían efectos indirectos, asociados a cambios en la distribución y disponibilidad de sus presas”.
Para Oviedo, el impacto potencial que recibirá la biodiversidad ante este hecho tiene dos dimensiones, una física y otra química.
“Debido a la heterogeneidad de los escombros, me preocupa el impacto físico a la biodiversidad, pues la disposición de grandes volúmenes de ellos en una playa puede sepultar comunidades del intermareal, modificar la granulometría del lecho marino y alterar procesos erosivos naturales. La segunda preocupación es la composición química, pues no es lo mismo depositar roca limpia que residuos provenientes de estructuras urbanas, ya que éstas últimas le dan cabida a la movilización o lixiviación de contaminantes”, explica.
Además, Oviedo ve plausible una degradación de mayor alcance debido al “rafting biológico”, un proceso de dispersión que ya ha ocurrido en Venezuela, en contextos como el de la proliferación del coral invasor Unomia stolonifera.
“Los residuos flotantes pueden funcionar como sustratos de transporte para organismos adheridos y contribuir a la dispersión de especies fuera de su rango habitual. Los informes técnicos internacionales reconocen explícitamente la dispersión por rafting y el transporte de especies exóticas invasoras como impactos asociados a los residuos marinos”.
El rol del Estado venezolano
La normativa para proceder con celeridad y eficacia ante esta coyuntura ya está establecida, y en todos los estratos de la pirámide de Kelsen hay al menos un instrumento legal que le otorga capacidades al Estado para actuar con transparencia. Sin embargo, no ha sido el caso.
La Ley Integral de la Gestión de la Basura, la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, la Ley de Protección Civil y Administración de Desastres y el Decreto N° 2.216 conforman el marco legal más específico para lograr una correcta disposición de escombros en La Guaira.
Existen, además, otros instrumentos como la Ley de Ordenación del Territorio, la Ley de Bosques, la Ley de Aguas, la Ley de Zonas Costeras, el Plan de Ordenación y Gestión de Zonas Costeras y la propia Constitución de la República, que prescriben recomendaciones directas e indirectas para proceder ante la problemática.
El 12 de julio, Jorge Rodríguez desmeritó las denuncias hechas por la sociedad civil ante las evidencias de la disposición de escombros en el litoral varguense. Un día después, el Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente) emitió un comunicado que exhorta a la ciudadanía a abstenerse de arrojar escombros en la costa, al mismo tiempo que facilitó vías de contacto para denunciar ilícitos ambientales de este tipo.
Fotos: Daniel Hernández
En distintas publicaciones oficiales en redes sociales, el Minec informó sobre la creación de once (11) puntos de clasificación, separación y tratamiento de los escombros in situ, así como la habilitación de vertederos y rellenos sanitarios destinados a la disposición de los escombros. No queda clara, sin embargo, la ubicación exacta de esos lugares. Nelson Rodríguez, ministro de Ecosocialismo, informó que “han sido recolectadas 6.712 toneladas de desechos sólidos y escombros, que han sido dispuestos en sitios seguros”.
Una fuente interna del Minec, cuya identidad es preservada, le explicó a El Estímuloque apenas se supo de la disposición indebida de escombros en la faja costera, el ministerio elaboró un informe técnico basado en la normativa legal con recomendaciones para la gestión post-terremoto de los residuos sólidos, el cual sería entregado a los rectores de la Misión Venezuela Renace.
La fuente comentó que algunas dependencias de Naciones Unidas contactaron a las autoridades ministeriales para articular esfuerzos a favor de la búsqueda de soluciones con base en los protocolos y procedimientos estandarizados de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA), creados en el año 2008 y actualizados en 2025.
Una nota de prensa del Minec confirmó dicha información, cuyo corolario es un “plan para el manejo seguro de escombros”, del cual no se conocen detalles más allá de lo que menciona el propio comunicado, pues no ha sido publicado. La nota de prensa menciona la articulación del ministerio con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC); además, dice que “el objetivo del plan es lograr un manejo de escombros que mitigue los riesgos ambientales y que no comprometa la salud pública”.
Hasta el momento del cierre de esta edición, ni la alcaldía del municipio Vargas, ni los voceros de la Misión Venezuela Renace, entes encargados de la gestión de los escombros, respondieron a la solicitud de información para este reportaje.
El plástico: otra cara del problema
El Caribe venezolano es una de las regiones oceánicas más contaminadas con plástico en Sudamérica. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el país genera casi 15 mil millones de toneladas de residuos sólidos al año, de las cuales más de 500 mil toneladas son plásticos y apenas cerca del 2% se recicla.
Gran parte de este plástico termina en la hoya Caribe, por contaminación directa en el cuerpo marino o porque se incorpora en sus ríos tributarios. En cualquier caso, el plástico mezclado entre los escombros y residuos urbanos heterogéneos que están siendo arrojado a la franja costera luego del terremoto, aumentará a niveles preocupantes la cantidad existente de este tipo de material.
Sobre ello, Mariana Hernández Montilla, bióloga de la Universidad del Zulia (LUZ) e investigadora de la Universidad de Manchester, explica: “La costa que hoy recibe los escombros ya venía recibiendo plástico de forma crónica. Aunque la mayor parte de esos escombros es concreto, también hay una fracción importante de pertenencias y enseres; hay cifras que estiman unas 332.000 toneladas de pertenencias. Además, hay que incluir los plásticos propios de la construcción: tuberías de PVC, aislamiento de cables, marcos de ventanas, espumas aislantes, pinturas, textiles sintéticos. Todo eso aporta una carga plástica difícil de calcular, pero alarmante”.
La bióloga considera, además, que depositar residuos plásticos directamente en la zona de rompiente de la marea hace que el oleaje los fragmente más rápido hasta convertirlos en meso y microplásticos, facilitando su entrada en la cadena trófica, lo cual perturba la salud no solo del ecosistema, sino de los seres humanos.
Hernández Montilla coincide con el oceanógrafo Lenín Oviedo en cuanto a las afectaciones a la biodiversidad. La investigadora considera que, además de las esponjas y comunidades bentónicas, otras especies como los erizos, caracoles y mejillones, bivalvos y balanos, las macroalgas y los poliquetos, se verán especialmente afectados, sobre todo con el aumento exponencial en la presencia de microplásticos y cuando el agua se haga más turbia por la desintegración de los escombros.
¿Soluciones?
Es imperativo que el Estado venezolano interrumpa la inacción sistemática que lo ha caracterizado al atender el problema, y que al menos en la capa ambiental de esta tragedia predomine la cordura.
Los escombros que hasta ahora han sido dispuestos en la franja costera de La Guaira ya han causado un impacto ambiental inconmensurable. Todos los procesos físicos y químicos mencionados por los expertos entrevistados empezaron desde el momento en que la marea hizo contacto con la mezcla heterogénea de residuos. Entonces, las soluciones que han de aplicarse inmediatamente son acciones de mitigación.
El profesor José Ramón Delgado, oceanógrafo venezolano de la Universidad Federal de Río Grande (Brasil) y director ejecutivo de la Fundación Caribe Sur, ofrece a El Estímulo algunas luces procedimentales para la coyuntura:
“Es urgente la conformación de centros de triaje donde se clasifiquen y separen los diferentes tipos de escombros. De allí saldrán materiales para emplearse en distintas obras ingenieriles”.
Delgado explica que la costa varguense tiene una particularidad topográfica determinante y es que prácticamente carece de plataforma. El continente se hunde en el mar como una prolongación del perfil de tierra firme y a solo 15 kilómetros de la costa, aguas adentro, el fondo marino cae rápidamente cientos de metros (entre 250 y 400 metros de profundidad).
“Esta característica hace que la dinámica del oleaje y de las corrientes marinas sea muy activa y eso intensifica los procesos erosivos en la costa rocosa, donde las playas son inestables. En tal sentido, es una buena oportunidad para darle un tratamiento adecuado a todo el concreto que fue arrojado al litoral. Es un material idóneo para ser procesado, construir espigones y reforzar los rompeolas que ayudan a controlar la inestabilidad de esas playas”.
La bióloga Mariana Hernández, por su parte, considera que, así como ocurrió con la ventana de tiempo para lograr el rescate de la mayor cantidad de vidas humanas posible luego del terremoto, los lapsos para actuar con eficacia y evitar un ecocidio se achican cada día.
“Lo urgente es detener el vertido, pero además, retirar y reubicar lo ya depositado antes de que el oleaje lo fragmente y lo distribuya. Hay talento técnico y científico venezolano suficiente para ello. Lo imprescindible es trasladar los escombros tierra adentro, alejados de la costa y de otros cuerpos de agua, para así clasificar, triturar y reciclar el concreto. Luego de eso, es necesario el monitoreo ambiental con una línea base de la calidad del agua, y así medir su impacto futuro, considerando la turbidez y la presencia de metales pesados, hidrocarburos, sedimentos y microplásticos”, agrega la bióloga.
Para el oceanógrafo Delgado, todas las acciones deben enfocarse con miras a un plan de recuperación ambiental de zonas afectadas.
“En el año 1999, además de sobreviviente de la tragedia de Vargas, yo era director de Áreas Marino-Costeras del extinto Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN). Luego del deslave elevamos un plan maestro que incluía estrategias para delimitar el suelo en función de sus vulnerabilidades y riesgos. No fue tomado en cuenta. Quizás esta sea una nueva oportunidad para planificar seriamente la ocupación del territorio en ese litoral, estableciendo un modelo inédito para Venezuela en el que se tome en cuenta la vulnerabilidad socioambiental y se respete la capacidad de carga; que considere el desarrollo sostenible como premisa y la infraestructura se erija sobre la base de la gestión de riesgos ambientales”.
Tras los terremotos ocurrido sel pasado 24 de junio, la organización de tecnología educativa Kurios Education anunció la suspensión definitiva del Torneo Regional de Robótica Kurios Competition 2026.
El torneo estaba originalmente pautado para los días 10 y 11 de julio en Caracas. En su lugar, la institución reorientará la totalidad de sus recursos pedagógicos, logísticos y humanos a la atención socioemocional de la infancia afectada mediante la iniciativa «Imagina Venezuela».
El programa busca mitigar el estrés y la ansiedad en niños y adolescentes a través de tres líneas de acción. En primer lugar, se desplegarán brigadas presenciales integradas por docentes, psicólogos y psicopedagogos en albergues y refugios de la Gran Caracas. Asimismo, se habilitará una academia virtual de acceso gratuito enfocada en programación, inteligencia artificial y modelado 3D. El plan cerrará con una transmisión global en vivo para exhibir los proyectos creados por los menores y recaudar fondos que den sostenibilidad al proyecto.
«Estamos volcando toda nuestra infraestructura pedagógica y tecnológica para priorizar la salud mental de los jóvenes venezolanos, demostrando que de la crisis también puede surgir la creación», señalaron voceros de la directiva de la organización.
En el ámbito administrativo, Kurios Education confirmó que el 100 % del presupuesto logístico del torneo suspendido será donado, bajo un fondo auditado, a la asociación civil ASOPROGAR, dedicada al mantenimiento de casas hogares para menores en situación de riesgo.
Marisela de Loiza, presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas Venezolanas (ALAV), informó que las aerolíneas trasladaron parte de sus operaciones a Valencia y Barcelona luego de las afectaciones que sufrió el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía tras el doble terremoto del 24 de junio.
En entrevista con el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, resaltó que el Aeropuerto Arturo Michelena de Valencia concentra actualmente buena parte de los vuelos, aunque tiene limitaciones por su capacidad.
“Es un terminal muy pequeño, la aproximación de Valencia a Caracas no es tan sencilla como desde Maiquetía, son dos horas de camino, ha habido congestionamiento”, señaló.
Asimismo, indicó que los pasajeros han tenido algunas dificultades por los traslados y la reorganización de los horarios. “Las líneas aéreas piden estar con cuatro horas de antelación, se juntan los vuelos, sé que están pasando algunas incomodidades, pero por suerte es una alternativa para los pasajeros que vienen a Caracas”, expresó.
Precisó que Láser trasladó sus operaciones al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en Barcelona, aunque este terminal también implica un traslado terrestre de varias horas desde Caracas.
“Ojalá estén colaborando las autoridades viales para que no hayan tantas alcabalas, para que fluya bien ese tráfico entre Caracas y Barcelona”, pidió.
Situación en Maiquetía
De Loiza explicó que Maiquetía ya estaba en proceso de reparación antes del terremoto, con trabajos en las correas de equipaje y en el terminal oeste del área internacional.
Señaló que, antes de la emergencia, el aeropuerto tenía 165 vuelos internacionales semanales y estaba previsto sumar operaciones de Qatar y United Airlines, que quedaron en espera.
Igualmente, recordó que dos pistas fueron habilitadas para el ingreso de la ayuda humanitaria y que la principal estaba en reparación desde el año pasado.
La presidenta de ALAV anunció que Copa Airlines mantiene vuelos desde Maracaibo, Barcelona, Barquisimeto y Valencia. Además, Rutaca reactivó la ruta hacia Boa Vista desde Puerto Ordaz y que Avianca continúa operando vuelos diarios desde Valencia.
Igualmente, las aerolíneas están haciendo ajustes para atender a los pasajeros afectados por los cambios de terminales. “Las líneas aéreas están haciendo los cambios sin cobrar penalidades y están reembolsando algunos boletos aunque la tarifa no sea reembolsable, la mayoría no todas, porque eso son políticas comerciales de cada línea”, subrayó.
Aseguró que los vuelos mantienen buena ocupación, aunque todavía hay disponibilidad de cupos en algunas aerolíneas.
Piden evitar estafas
De Loiza recomendó a los pasajeros confirmar directamente con las aerolíneas los horarios y condiciones de sus vuelos antes de trasladarse a los aeropuertos.
Paralelamente, exhortó a comprar los boletos mediante aerolíneas o agencias de viaje autorizadas para evitar estafas.
Aclaró que los permisos de viaje para menores de edad siguen siendo válidos aunque el vuelo salga desde un aeropuerto alternativo.
“Si tenían un permiso para salir mañana para Miami con Láser desde Maiquetía, ese permiso vale para salir desde Barcelona”, declaró.
Organizaciones de derechos humanos plantearon este miércoles ante parlamentarios republicanos y demócratas del Congreso de Estados Unidos la urgencia de que Venezuela avance hacia una transición democrática, en medio de la crisis humanitaria, institucional y política que se agravó tras los terremotos del 24 de junio.
En audiencia organizada por la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes, voceros de Justicia, Encuentro y Perdón, el Centro de Justicia y Paz, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y Centro Robert y Ethel Kennedy para los Derechos Humanos coincidieron en que cualquier proceso de transición debe garantizar la protección de las víctimas, la reconstrucción del Estado de derecho, la participación de la sociedad civil y la garantía de justicia y rendición de cuentas.
Las organizaciones expusieron ante los legisladores estadounidenses una serie de medidas que consideran necesarias para avanzar hacia ese escenario, entre ellas la liberación plena de los presos políticos, la derogación de normas que restringen el espacio cívico, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la apertura del país a mecanismos internacionales de derechos humanos.
Persisten desafíos en Venezuela
La abogada Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, valoró que, con la intervención del gobierno estadounidense, se logró la excarcelación de un número importante de presos políticos y, luego, la promulgación de la Ley de Amnistía que permitió que otros procesos judiciales fueran concluidos.
“Ha representado un alivio”, dijo.
Señaló que, sin embargo, persisten desafíos que requieren atención, especialmente en materia de transparencia. Indicó que las autoridades no han entregado a los organismos internacionales de derechos humanos las listas de beneficiarios ni las han mostrado a defensores y familiares, lo que ha impedido verificar de manera independiente los anuncios oficiales.
Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón | captura de video
Desde que se anunció la liberación de presos políticos, indicó, la organización ha documentado que, de las 795 personas que salieron de prisión, solo una minoría obtuvo la libertad plena mediante la aplicación de la Ley de Amnistía.
“La mayoría de quienes han salido de prisión se mantiene con libertad condicionada y sometida a procesos judiciales que violan las garantías al debido proceso”, añadió.
Tineo cifró en 518 las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, mientras que el “andamiaje institucional” cierra la fiscalización internacional y persisten leyes que asfixian el espacio cívico y estigmatizan el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales.
“Venezuela es un país devastado por décadas de erosión en su tejido político, económico y social. Somos conscientes de que una tragedia de esta magnitud no se supera en meses, ni puede ni debe depender exclusivamente de la política norteamericana. La Constitución nos convoca a los venezolanos a ser artífices de nuestra propia realidad, y por eso nos hacemos presentes ante este Congreso de visiones plurales y debates legítimos sobre la estrategia hacia nuestra región. Consideramos fundamental que esa estrategia sea diseñada con un enfoque basado en los derechos humanos”, expresó.
La abogada afirmó que el Estado de derecho en el país sigue cercenado por el debilitamiento institucional y restricciones al espacio cívico e impunidad, y alertó que las violaciones de derechos humanos, incluidas torturas a presos políticos y sus familias, siguen ocurriendo.
“Es indispensable promover la participación significativa de las organizaciones venezolanas especializadas en derechos humanos que poseemos capacidades técnicas avanzadas en protección y defensa, lo que representa un valor estratégico para fortalecer un proceso genuino de estabilización, recuperación y democratización en el país, garantizando justicia para las víctimas”, sugirió.
Resaltó que la sociedad civil venezolana, comprometida con una cooperación constructiva, está dispuesta a ofrecer experticia a la agenda entre Estados Unidos y Venezuela para resolver los obstáculos de manera coordinada y armónica.
Martha Tineo planteó tres acciones que, afirmó, pueden ejecutarse de manera inmediata.
En primer lugar, propuso la liberación plena y definitiva de todos los presos políticos, tanto civiles como militares, para lo que las organizaciones pusieron a disposición su registro independiente como fuentes de confianza. En segundo lugar, planteó la derogación de las leyes que restringen el espacio cívico por ser inconstitucionales y, finalmente, el desmantelamiento de las estructuras de persecución que operan en el país.
Existe una oportunidad para la democracia
La abogada Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, expresó que luego de los terremotos del 24 de junio existe una oportunidad para “ayudar a dar forma” al futuro democrático del país y afirmó que para que este proceso tenga éxito, la transición debe proteger a la sociedad civil, poner a las víctimas en el centro, medir los avances y garantizar la participación significativa de las mujeres.
Denunció que Venezuela ha vivido una prolongada crisis humanitaria, institucional y política, y reconoció que aunque la transición a la democracia tomará tiempo, las prioridades son la protección de la sociedad civil y la reconstrucción de las instituciones democráticas.
“El terremoto no creó la crisis venezolana, la expuso. También reveló una de las mayores fortalezas de Venezuela: la sociedad civil. En todo el país, organizaciones locales, líderes comunitarios, grupos basados en la fe, periodistas independientes y organizaciones de medios, universidades y la diáspora venezolana se movilizaron para salvar vidas, documentar necesidades urgentes, coordinar la asistencia humanitaria y apoyar a las comunidades afectadas”, explicó.
Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz | captura de video
Borges sostuvo que esas capacidades de la sociedad civil se construyeron durante años de emergencia humanitaria, fragilidad institucional y un contexto marcado por la deshumanización sistemática y la persecución contra quienes defienden los derechos humanos y exigen rendición de cuentas. Afirmó que en la actualidad la sociedad civil constituye uno de los principales activos democráticos del país.
No obstante, advirtió que esa infraestructura civil y social está en riesgo porque las organizaciones independientes operan con recursos extremadamente limitados mientras enfrentan procesos de criminalización, intimidación, restricciones al acceso a la información y un marco legal cada vez más hostil que socava la libertad de asociación.
Consideró que parte de la protección del espacio cívico depende de la derogación de la ley contra las ONG.
“Se trata, en última instancia, de hacer posible la justicia y un futuro democrático. Años de corrupción sistémica han debilitado profundamente las instituciones públicas. La corrupción a esta escala profundiza la desigualdad, socava los servicios esenciales y afecta desproporcionadamente a las mujeres, quienes a menudo buscan a familiares desaparecidos, exigen la liberación de seres queridos, buscan justicia y cargan con el mayor peso de la emergencia humanitaria”, manifestó.
Esa situación, afirmó Borges, crea una oportunidad para el Congreso de Estados Unidos, al que propuso promover una visión de recuperación “que vaya más allá” de la reconstrucción de la infraestructura física.
“Venezuela también debe reconstruir sus instituciones de justicia, fortalecer el Estado de derecho y restaurar la confianza pública a través de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, añadió.
La coordinadora de Cepaz también presentó ante los miembros de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos cinco recomendaciones dirigidas a las autoridades estadounidenses.
Planteó mantener un apoyo flexible y de largo plazo a la sociedad civil independiente, respaldar la asistencia humanitaria a través de organizaciones confiables, preservar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas en materia de derechos humanos, reconocer a las mujeres como líderes en la recuperación y la transición democrática, y garantizar que iniciativas como la Ley PANA apoyen a las víctimas y contribuyan a reconstruir la infraestructura, la justicia y el Estado de derecho.
Medidas concretas y verificables
Laura Cristina Dib, directora del Programa para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, expuso que durante las últimas dos décadas, las autoridades venezolanas han desmantelado gradualmente las instituciones democráticas.
“Los tribunales fueron cooptados, las autoridades electorales quedaron bajo control del poder ejecutivo y los órganos de control se convirtieron en instrumentos de poder abusivo”, señaló.
Explicó que esto facilitó la política de persecución por motivos políticos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas. Recordó que el 28 de julio de 2024 las autoridades electorales declararon la supuesta victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales aun sin presentar las actas de escrutinio oficiales.
Señaló que los resultados publicados de manera independiente mostraron la victoria de Edmundo González Urrutia por un amplio margen.
Según datos publicados por ConVzla, comando de campaña del candidato opositor, con 85,18% de las actas digitalizadas, González obtuvo 7.443.584 votos, equivalentes a 67% del total, mientras que Maduro alcanzó 3.385.155 sufragios, correspondientes a 30%.
Laura Cristina Dib, directora del Programa para Venezuela de WOLA | captura de video
La directora del Programa para Venezuela de WOLA recordó que la ola de represión en respuesta a las protestas ciudadanas incluyó más de 2.000 detenciones, entre ellas de menores de edad.
Destacó que aunque se rompió el “estancamiento” que había en el país tras la captura de Maduro durante una operación militar estadounidense el 3 de enero y se produjeron algunos avances políticos, todavía no ha habido transición democrática genuina en Venezuela.
Dijo que después de la detención del exlíder chavista, el Tribunal Supremo de Justicia invocó una “ausencia absoluta por fuerza” –concepto que no existe en la Constitución de Venezuela– para instalar a Delcy Rodríguez como presidenta interina.
Enfatizó que incluso bajo la interpretación más flexible, el mandato de Rodríguez expiró el 2 de julio pero hasta la fecha no se han convocado a elecciones. Agregó que cientos de personas siguen encarceladas por motivos políticos, siguen vigentes las leyes utilizadas para criminalizar a la disidencia, los partidos políticos están intervenidos judicialmente, algunas figuras de la oposición tienen prohibido ejercer cargos públicos y los tribunales, así como el Consejo Nacional Electoral, continúan cooptados por el chavismo.
“Luego llegó el 24 de junio. Los terremotos azotaron a un país que ya atravesaba una prolongada emergencia humanitaria, resultado de años de corrupción y desmantelamiento institucional, agravada posteriormente por las sanciones sectoriales de Estados Unidos. Antes del terremoto, la ONU estimaba que 7.2 millones de venezolanos necesitaban asistencia humanitaria, pero solo se había financiado el 23% del plan de respuesta humanitaria”, indicó.
Dib señaló también que casi 8 millones de venezolanos huyeron del país, entre ellos trabajadores de la salud e ingenieros que se requerían para responder a un desastre.
“Hospitales sin equipamiento, apagones crónicos y una capacidad de rescate debilitada por años de mala gestión. Fueron los ciudadanos comunes y las organizaciones independientes quienes cargaron con el peso de esa respuesta”, expresó.
La abogada manifestó que los terremotos mostraron la urgencia de que Venezuela regrese al Estado de derecho y de que los venezolanos cuenten con instituciones capaces de protegerlos.
La representante del Programa para Venezuela de WOLA instó al Congreso de Estados Unidos a solicitar a la administración de Donald Trump que aproveche su relación con las autoridades venezolanas para impulsar medidas concretas y verificables.
Entre ellas mencionó la liberación incondicional de los presos políticos, la derogación de la ley anti-ONG y otras normas utilizadas para criminalizar la disidencia, el acceso pleno al país de mecanismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, la restitución de la libertad de prensa, una hoja de ruta creíble y participativa para restablecer el orden constitucional, y la garantía de transparencia y rendición de cuentas sobre la ayuda humanitaria y los fondos destinados a la reconstrucción.
Pidió al Congreso mantener el financiamiento de los programas de democracia y derechos humanos para Venezuela, ejercer su facultad de supervisión sobre los ingresos petroleros venezolanos retenidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y sobre el uso de los recursos de asistencia exterior y humanitaria, y continuar expresando su preocupación por la situación de la democracia y los derechos humanos en el país, así como por los derechos de los migrantes y refugiados venezolanos en territorio estadounidense.
“Los venezolanos tienen derecho a elegir libremente a sus líderes y tienen altas expectativas sobre el papel que Estados Unidos puede desempeñar para apoyar ese objetivo”, dijo.
La incapacidad del régimen se magnificó
Isabel Carlota Roby, abogada sénior del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, dijo que las catástrofe de hace casi tres semanas se sumaron a una crisis política y humanitaria que ya era grave, creando emergencia sin precedentes en medio de la represión, la migración masiva y la corrupción arraigada.
“Esta crisis se está desarrollando directamente dentro de un contexto autoritario caracterizado por la represión y el control estatal, lo que magnifica la incapacidad del régimen para satisfacer las necesidades básicas y expone su inhabilidad para planificar o llevar a cabo la reconstrucción, fortaleciendo aún más los argumentos a favor de una pronta transición democrática”, expresó.
Isabel Carlota Roby, abogada sénior del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center | captura de pantalla
“Las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela no son fenómenos incidentales o aislados, sino una estrategia deliberada y adaptativa de represión estatal. La detención arbitraria, la tortura, las desapariciones forzadas, la violencia sexual y las ejecuciones extrajudiciales están incrustadas en el orden político del país y se han ido calibrando a lo largo del tiempo para neutralizar la disidencia, consolidar el poder y proyectar fuerza”, puntualizó.
Roby también recordó los abusos generalizados en el país tras las presidenciales de hace dos años, cuando las autoridades venezolanas y los colectivos civiles respaldados por el Estado “asesinaron” 25 manifestantes y transeúntes, detuvieron arbitrariamente a miles de personas y utilizaron sistemáticamente las desapariciones forzadas como herramienta central de represión política.
Raúl Angulo, presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias -Profranquicias- asegura que, tras el levantamiento de información proveniente de sus afiliados, el sector ha demostrado “una importante resiliencia operativa”, luego del doblete sísmico registrado en el país.
“Todas las encuestas que hemos hecho entre nuestros afiliados demuestran que el sector está operativo, golpeado, pero operativo”, precisó en entrevista a Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega en el programaA Tiempo de Unión Radio.
Destacó que el sector está “golpeado sobre todo en lo humano, por supuesto, que también hay pérdidas de locales y de inventarios, pero todas las empresas de nuestra cámara están activas en más de 75%”.
“100% de las empresas están por encima de 75%, entre 75% y 99% y hasta el 100% de algunas que no tuvieron afectación dentro de la cámara”, apuntó.
Insistió en que todas sus empresas afiliadas han seguido en funcionamiento, no obstante, subrayó que “efectivamente tenemos colaboradores de algunas de las empresas que han fallecido y familiares de colaboradores, sobre todo en La Guaira”.
Detalló que “ninguna empresa sufrió un impacto que la paralizara y eso, a pesar del dolor, por supuesto, por las pérdidas. Han estado activas y ayudando, poniendo su granito de arena en este momento, bien sea en logística para transportar donativos o alimentos”.
“También ha hecho una labor maravillosa el Dividendo Voluntario para la Comunidad. Vemos cómo las empresas pusieron lo que tenían a su disposición y no es poca cosa en medio de esta circunstancia”.
