A juicio de la directora del Centro para los Defensores y la Justicia, Marianna Romero, la administración de Nicolás Maduro excarcela ciudadanos en momentos en los que desea crear “una matriz comunicacional de hacerse ver como garantes de derechos humanos ante el mundo”.
Romero señaló que, a la fecha, en el país se mantienen más de 300 personas privadas de su libertad por lo que calificó como motivos políticos.
El viernes 28 de agosto, le fue otorgada la medida de casa por cárcel al diputado Juan Requesens, quien permanecía recluido en El Helicoide.
Resaltó que en este mes de septiembre se realizará la actualización oral de dos informes que detallan violaciones cometidas por funcionarios del gobierno de Maduro.
“Con la actualización del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), al mandato dado en la resolución 42/4 del 26 de septiembre de 2019 del Consejo de Derechos Humanos”, expresó.
“Más la segunda actualización oral y el Informe de la Misión de Determinación de los hechos, conforme la resolución 42/25 del 27 de septiembre de 2019, no debería sorprender que hagan este tipo de excarcelaciones”, dijo.
“Vemos cómo los intereses del Estado obedecen a intereses políticos particulares y se alejan del respeto a los Derechos Humanos”
Radicalización de la cuarentena y la protesta
La Abogada y Coordinadora Académica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH_UCAB) advirtió un aumento en la detención de personas que protestan o contradicen las políticas del ejecutivo durante la pandemia por Covid-19.
Romero enfatizó que, desde el decreto de Estado de Alarma el gobierno de Maduro utiliza la fuerza pública para amedrentar a quienes protestan o informan sobre la infección.
“En ese marco, las detenciones y excarcelaciones, junto a ese sistema de “puerta giratoria”, lo que ha servido es para generar terror en la población, con el fin de que los ciudadanos dejen de protestar y exigir”
La especialista resaltó la importancia de documentar y denunciar ante los distintos organismos internacionales las violaciones de derechos humanos.
“Hay que seguir trabajando y presionando, para que se avance en procesos efectivos que reivindiquen la situación jurídica de las víctimas”, recalcó.
Escuche la entrevista completa aquí:
También le puede interesar:
