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Ante la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una intervención militar en Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) emitió un comunicado rechazando las amenazas del mandatario estadounidense.

“El señor Trump se está metiendo con todo un pueblo y con ello estaría desestabilizando a toda América», expresó el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, desde el Fuerte Tiuna.

En el comunicado el ministro de la Defensa dijo que miembros del alto mando militar evaluarán aquellas acciones que atenten contra la soberanía de Venezuela. «No admitimos ningún tipo de amenazas por parte de países extranjeros», enfatizó.

Padrino López llamó a los países del mundo a pronunciarse en contra de la declaración de Trump.

Comunicado completo haciendo clic aquí.

 

La noche de este miércoles, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró «falta absoluta y en desacato en su ejercicio» como alcalde del municipio El Hatillo, a David Smolansky, sancionándolo con su destitución del cargo y 15 de meses de prisión.

El alcalde fue acusado de no evitar las barricadas y protestas en El Hatillo, como lo ordenaba el TSJ.

La orden específica establece su inhabilitación política y el cese de sus funciones como mandatario del municipio del estado Miranda, quedando a las órdenes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), cuya sede será su sitio de reclusión.

Hasta este momento se desconoce el paradero de este funcionario, quien en horas de la tarde envió un mensaje a los ciudadanos, instándolos a defender la alcaldía, de donde aseguró seguirá siendo la autoridad, porque cuenta con el voto popular desde el año 2013.

El alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, llamó a los venezolanos a protestar tras la sentencia en su contra emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Soy el alcalde número 12 que es destituido, al ritmo que vamos no quedará ningún alcalde la Unidad en el país (…) Mi compromiso por rescatar las libertades de Venezuela sigue intacto (…) El llamado es que mañana salgamos a defender El Hatillo a las 7:00 am en las calles. Fuerza y fe”, expresó Smolansky en un video publicado en Twitter.

 

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones para otros ocho funcionarios venezolanos por estar relacionados con el fraude de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

El Departamento del Tesoro en su página web informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) agregó a más funcionarios a la lista que trae como consecuencia la congelación de sus activos en Estados Unidos, la prohibición de estadounidenses de hacer negocios con los sancionados, además de no poder entrar en territorio estadounidenses.

Entre los sancionados se encuentra el hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, Adán Chávez. En la lista también se encuentran los constituyentistas Francisco Ameliach, Érika Farías, Hermánn Escarrá, Darío Vivas y Carmen Meléndez, el coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Bladimir Lugo, y la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tania D’ Amelio.

Los seis primeros sancionados, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, han jugado un «rol significativo en la organización y creación de la asamblea constituyente, a través de dos cuerpos, la comisión presidencial para la asamblea constituyente y el Comando Zamora 200».

D’ Amelio fue sancionada por promover la ANC y además porque podría ser una de las rectoras del CNE involucradas en el fraude constituyente, de acuerdo con una investigación del Ministerio Público venezolano.

Bladimir Lugo fue colocado en la lista por estar involucrado en agresiones contra diputados de la Asamblea Nacional, entre estos un ataque a Julio Borges, presidente del Parlamento.

Con estas nuevas sanciones, ya son 32 los funcionarios venezolanos que han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos desde febrero de 2017.

El pasado 31 de julio el gobierno estadounidense impuso sanciones económicas y jurídicas directas al presidente Nicolás Maduro. La medida fue anunciada un día después de la elección de la fraudulenta asamblea nacional constituyente y en respuesta a la «ruptura del hilo constitucional» en Venezuela.

 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sancionó con 15 meses de prisión al alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, este martes 8 de agosto.

Reanudada la audiencia que fue aplazada el 3 de agosto por el estado de salud del alcalde, quien fue diagnosticado con celulitis en el tobillo y pie derecho, la Sala Constitucional del TSJ lo declaró en desacato, falta absoluta del cargo, inhabilitación política y fijó como sitio de reclusión la sede del Servicio de Inteligencia Nacional (Sebin).

Además, dado que se desconoce su paradero, se ordenó al Sebin que gestione la captura través de Interpol.

Muchacho es el décimo alcalde al que el Poder Judicial le dicta un fallo y el sexto en ser juzgado por la Sala Constitucional del TSJ, instancia que carece de las competencias para dictar estas sentencias.

Queda en espera de audiencia de David Smolansky, alcalde del municipio El Hatillo, a quien la Sala Constitucional del TSJ le dictó prohibición de salida del país y le fijó audiencia para este miércoles 9 de agosto.

Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao del estado Miranda aseguró que la sentencia en su contra, publicada esta madrugada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es el “peso de la injusticia” y una represalia por negarse a reprimir las manifestaciones en contra del gobierno nacional.

“Se nos condena por hacer nuestro trabajo, por garantizar el legítimo derecho a la protesta pacífica y el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los venezolanos. Se nos condena por luchar por un cambio en Venezuela”, indicó el burgomaestre en su cuenta oficial en Twitter.

Muchacho fue inhabilitado políticamente mientras la decisión del TSJ tenga efecto y deberá ser detenido por 15 meses.

“Las próximas horas serán difíciles para mí y mis comunicaciones estarán limitadas. Les agradezco todos sus mensajes de apoyo y solidaridad, y les pido sus oraciones para mi familia”, concluyó.

 

El diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Juan Requesens, anunció la convocatoria a un “ trancazo nacional ” de 12:00 a 6:00 PM, con el fin de rechazar las acciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y las últimas acciones del Gobierno, que, a su juicio, son elementos que se aplican en dictadura.

Requesens afirmó que la dirigencia opositora tiene un compromiso “cada vez mayor” con la ciudadanía y llamó a sus seguidores a pensar con cabeza fría, a la necesidad de plantearse estrategias, a tener claridad y ser transparentes, esto en torno a las críticas recibidas por la MUD debido a su inacción en los últimos días tras la instalación de la ANC.

Para el parlamentario, uno de los fines últimos del presidente Nicolás Maduro es dejar que se proteste, por lo que afirmó que “no le vamos a dar tregua al Gobierno”. En ese sentido ratificó que las actividades de calle continuarán hasta que se logre un cambio político en el país.

Reconoció que dentro de la MUD existen diferencias, pero afirmó que “se encuentran unidos por un compromiso común”.

“No puede haber paz en un país donde la gente se está muriendo de hambre, tampoco donde la dictadura llama a meter preso a sus alcaldes, dirigentes y sus diputados”, resaltó.

A su juicio, la población entera del país “no quiere nada con Maduro, con el gobierno ni con la ANC”. Resaltó que en esa instancia lo que hacen es estar “encerrados en el Salón Elíptico” porque “son una dictadura de huesos. No tienen corazón ni músculos”.

Exhortó a los ciudadanos a “no abandonar la calle” y a “seguir movilizados”.

Con la “tranca del país”, instó a los seguidores de la MUD a reorganizarse y retomar la agenda. “Tenemos que ser la piedra de tranca de la dictadura”.

Por su parte, el parlamentario Juan Guaidó indicó que la “única forma en que se enfríe la calle es que usted no salga a protestar”.

Lamentó y se solidarizó con alcalde David Smolansky ante la citación para este miércoles en la Sala Constitucional del TSJ y dijo que el burgomaestre se pronunciará próximamente.

Agregó que la MUD hablará en las próximas horas para dar a conocer la nueva agenda de calle.

Un asalto de un grupo de militares y civiles a las instalaciones del Fuerte Paramacay, en la 41 Brigada Blindada del Ejército, ubicada en el municipio Naguanagua de Carabobo, este domingo, dejó el saldo de 3 muertos y al menos 15 personas heridas.

Vecinos de la urbanización La Granja, frente al regimiento castrense, narraron que desde las 4:00 de la madrugada comenzaron a escuchar detonaciones, pero no sabían de dónde provenían. Una hora después oyeron cómo pasaban también algunas ambulancias que entraron a la 41 Brigada Blindada.

“Al amanecer me dí cuenta que estábamos con varias tanquetas de la Guardia Nacional, patrullas del Cicpc y del Conas desplegadas por toda la avenida Universidad y escuchábamos aún los disparos”, indicó una habitante de la zona de La Granja en Naguanagua que observaba a media mañana lo que continuaba ocurriendo desde la azotea de su edificio.

En un video, difundido por las redes sociales, el capitán retirado de la Guardia Nacional, Juan Caguaripano, se atribuyó la jefatura de la llamada “Operación David Carabobo”.

Horas después señaló en la red social Twitter que lograron sustraer el parque de armas de la 41 Brigada Blindada. Caguaripano logró escapar junto a otros que le acompañaron.

Algunos de los que participaron en el asalto huyeron hacia la zona montañosa detrás del cuartel y otros fueron detenidos, confirmaron fuentes militares.

Entre los detenidos contabilizaron a unos 10 hombres, entre civiles y militares, que serán presentados ante tribunales militares en Caracas.

Muertos

De acuerdo al reporte de fuentes del gremio médico, se conoció que a la Clínica La Viña, en Valencia, ingresó Ramón Rivas, de 51 años de edad, que estaba herido por arma de fuego en la zona del tórax. Fue atacado por organismos de seguridad mientras se retiraba de una concentración que ocurrió en la avenida Bolívar de Valencia, entre el Hotel Stauffer y el Polideportivo Misael Delgado. Llegó sin signos vitales al centro asistencial.

Rivas era dirigente regional en Carabobo del partido político Avanzada Progresista. Aunque su muerte no se produjo dentro del cuartel militar, sí ocurrió en medio de la situación que derivó de la situación en el interior de esa plaza castrense que es muy importante porque en ella se encuentran varias unidades militares de gran poder de fuego, según confirmó a El Estímulo una fuente militar en Carabobo.

Durante la mañana ingresaron a la Morgue de Valencia, ubicada en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de la ciudad, dos muertos. El reporte indicaba que ambos de sexo masculino, con varios impactos por arma de fuego, y sin identificar. Los dos provenían de la 41 Brigada Blindada de Naguanagua. Hasta el final de la tarde, los cadáveres estaban sin identificación.

Heridos

La represión se vivió al interior del cuartel y en las zonas aledañas. De acuerdo a la información confirmada por fuentes médicas, se supo que a la Clínica La Viña ingresaron 3 militares heridos y 3 civiles, uno de ellos fue Rivas que falleció.

En ese centro de salud, llegó procedente del Hospital Carabobo (Naguanagua), el teniente del Ejército, Gerardo Silva, que recibió una herida en la zona craneal y otra en la cadera. Otros dos militares eran atendidos, uno con herida en la pierna y otro en el hombro derecho. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se mantuvo desde temprano en distintas zonas de la clínica.

También se registraron ingresos de heridos por este hecho en la Ciudad Hospitalaria de Valencia Dr. Enrique Tejera (CHET) y la Cruz Roja, entre otros.

Ataque a los medios de comunicación

En horas del mediodía, cuando llegaron tres tanquetas más de la Guardia Nacional a dispersar a los vecinos de distintas zonas de Naguanagua que se acercaron a unas dos cuadras de la entrada del Fuerte Paramacay a gritar “Libertad, Libertad”, se produjo una intensa represión militar que se extendió hacia las zonas de La Granja y Las Quintas en Naguanagua.

El vehículo militar avanzaba custodiado de un pelotón de GNB que disparaba bombas lacrimógenas y perdigones. Avanzaron por la avenida Universidad primero, continuaron por la avenida Carabobo y en ese sector destrozaron varios carros estacionados allí, entre ellos los de tres periodistas: Kristian Rodríguez, corresponsal de TV Venezuela en el estado; Luis Natera, corresponsal de Radio Fe y Alegría y el de Juan Carlos Hernández, fotoperiodista que trabaja para varias agencias.

Los militares dispararon a los cauchos y con las armas rompieron los vidrios de las ventanas. También numerosos apartamentos fueron impactados por los perdigones.

No muy distante, en la Redoma de Guaparo, la fotógrafa Jennifer Infante fue sometida por funcionarias de la Policía Nacional Bolivariana que ignoraron su petición de respeto por tratarse de una trabajadora de la prensa. Indicó que la montaron en un camión de la PNB y le trataron de quitar su cámara fotográfica.

Al final, le regresaron la cámara pero le sustrajeron la memoria donde tenía el registro fotográfico del día. Infante trabaja para el diario Notitarde, con sede en Valencia.

 

“Atendiendo a la orden que dio el Ejecutivo procedieron a remover de manera ilegítima a la Fiscal General, (pero) yo desconozco esa remoción, sigo siendo la Fiscal General de este país”, aseveró este domingo la abogada venezolana durante el foro Encuentro en defensa de la Constitución organizado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Para Ortega Díaz, los gobiernos son para garantizar felicidad al pueblo y “aquí quien está ocupando de manera ilegal el poder, esa Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegítima, ilegal e inconstitucional. Se supone que con la Constituyente se iba a resolver todo porque se necesitaba la Constituyente, debió amanecer el pueblo lleno de comida, medicinas, reparando los hospitales, reparando la industria petrolera. No están haciendo nada de eso. La Constituyente lo que está es persiguiendo”.

Ortega Díaz ratificó que la Constituyente no tiene ninguna legitimidad, fue convocada ilegalmente, el proceso que se siguió para su elección fue viciado totalmente, inconstitucional e ilegal.

“Es más la participación fue muy pequeña y las pocas personas que concurrieron a votar fueron de manera obligada. Todas esas pruebas están en el Ministerio Público, las denuncias formuladas por venezolanos, 25 instituciones del país obligaron a sus trabajadores a votar, entre ellos, el Poder Judicial”, indicó.

Agradeció además las muestras de apoyo luego de su destitución. “Quiero agradecer a todo el pueblo de Venezuela por toda la solidaridad por los eventos que han venido ocurriendo en este país en contra del Ministerio Público y en mi contra. La solidaridad ha sido, yo creo que, más de lo esperado. A todos muchísimas gracias”, expresó.

“Quien sabe con qué me van a salir por venir a este acto, porque aquí ejercer los derechos se ha convertido en un delito. Aquí se han cerrado todos los caminos, los caminos democráticos, los caminos del diálogo, porque entienden el diálogo para burlarse del interlocutor, así no se puede dialogar y así no se pueden resolver los grandes problemas que tiene este país”, subrayó.

Sostuvo que la imposición de la Asamblea Constituyente solo trajo más miedo a la población, más represión. “¿Qué es lo que quiere el venezolano? Que le resuelven sus problemas y ¿Cuáles son los problemas del venezolano? Alimentos, salud, seguridad, que los servicios funcionen. Yo no he visto más sucia la ciudad de Caracas que ahora, las calles llenas de huecos (…) Todo el país está en ruinas, un gobierno que es un desgobierno”, comentó.

Hizo un llamado a todos los diputados de la Asamblea Nacional a no permitir que se le arrebaten los espacios que le pertenecen a los venezolanos. “No permitan que ese espacio se lo quiten”, dijo sobre la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro en el Palacio Legislativo.

“Hemos visto con mucha preocupación el tema de las elecciones de gobernadores y alcaldes”, manifestó para cerrar su intervención.

 

El alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, fue trasladado nuevamente a su residencia por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), luego de que el pasado martes fuese llevado a la cárcel de Ramo Verde.

Su esposa Mitzy de Ledezma informó a través de la cuenta de Twitter del alcalde, que vuelve a casa por cárcel, luego de que pasaron 65 horas sin que sus familiares pudieran conocer su estado físico, luego del traslado a Ramo Verde en horas de la madrugada.

Ledezma publicó un video el pasado lunes 31, por el que se presume que fue la razón del trasladado de su casa, donde se mantenía recluido. En el material audiovisual expresó críticas al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y a la dirigencia de la oposición.

“Antonio dijo al entrar al apartamento que retorna con la angustia de que Leopoldo y más de 600 Presos Políticos siguen tras las rejas”, comunicó su esposa.

El Vaticano expresó este viernes su preocupación y la del papa por la situación que vive Venezuela e instó al Gobierno de Nicolás Maduro a suspender la Constituyente por fomentar «un clima de tensión» e «hipotecar el futuro».

En un comunicado, la Secretaría de Estado vaticano lamentó la «radicalización y el agravamiento de la crisis» y señaló que el papa «sigue de cerca» esta situación y «sus implicaciones humanitarias, sociales, políticas, económicas e incluso espirituales».

«La Santa Sede pide a todos los actores políticos, y en particular al Gobierno, que se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también de la vigente Constitución», se lee en la nota.

La Secretaría de Estado, dirigida por el cardenal Pietro Parolin, antiguo nuncio en Caracas, pidió que «se evite o se suspendan las iniciativas en curso como la nueva Constituyente» pues, subrayó, «más que favorecer a la reconciliación y la paz, fomentan un clima de tensión y enfrentamiento e hipotecan el futuro».

Asimismo, dirigió un «apremiante llamamiento» a toda la sociedad para que «sea evitada toda forma de violencia» e invitó «en particular, a las fuerzas de seguridad a abstenerse del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza».

Dado el «grave sufrimiento del pueblo a causa de las dificultades para obtener alimentos y medicamentos, y por la falta de seguridad», pidió que «se creen las condiciones para una solución negociada» en virtud de las recomendaciones que hizo Parolin el pasado diciembre.

En una misiva, el purpurado reclamaba al Gobierno la creación de un canal humanitario, el reconocimiento de la Asamblea Nacional, actualmente controlada por la oposición, la liberación de los presos políticos y un calendario electoral.

La Asamblea Constituyente, integrada solo por los representantes afines al Gobierno de Nicolás Maduro elegidos en las elecciones del pasado domingo, tiene previsto iniciar sus tareas hoy, a pesar de las denuncias de fraude electoral sobre los comicios.

La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) ha rechazado esta iniciativa del Ejecutivo de Maduro por considerarla «peligrosa para la democracia» y el presidente de los obispos venezolanos, Diego Padrón, alertó que podría derivar en una «dictadura militar».

La Constituyente ha sido rechazada por países como México, España, Colombia, Estados Unidos, México, así como por la Unión Europea, mientras que ha sido reconocida por China, Rusia, Cuba, Bolivia o Nicaragua.

El Vaticano, que impulsó el pasado año una negociación entre las partes que acabó fracasando, se suma de este modo al grupo de países que reclaman a Maduro que suspenda sus planes constituyentes.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este miércoles que el Ministerio Público abrió una investigación a cuatro rectoras del CNE: Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D’ Amelio por la presunta manipulación de resultados en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

«Dos fiscales del Ministerio Público, investigarán caso del fraude en el proceso constituyente, luego de la denuncia de Smartmatic», dijo, información que calificó de «grave… Se podría estar en presencia de un delito de lesa humanidad”.

Señaló que también se plantea la posibilidad de acudir a organismos internacionales para presentar las denuncias.

Sobre los comicios del domingo 30 de julio indicó que “es probable que ni siquiera hayan participado el 15% de los electores en la elección de la constituyente (…) Pudimos observar que casi todos los centros estaban vacíos», indicó en una entrevista en CNN en español.

Añadió que una de las rectoras del CNE habría suscrito varios contratos con la empresa brasileña Odebrecht por lo cual también se estarían avanzando averiguaciones sobre el caso.

Ortega reveló que su hija y de su nieto fueron secuestrados. «En el momento que me encontraba en Brasil reunida con 19 fiscales generales tratando el tema de Odebrecht por una convocatoria que hizo el fiscal general de Brasil, fue secuestrada mi hija y mi nieto (…) tuve que abandonar la reunión y trasladarme inmediatamente hasta aquí», dijo.

Denunció que desde que asumió una postura crítica contra el Gobierno tanto su hogar, en casa de sus familiares como la propia sede del Ministerio Público han sido objetos de asedio por parte de grupos radicales simpatizantes de Nicolás Maduro.

Sobre los casos de Leopoldo López y Antonio Ledezma, la Fiscal informó que, en relación al exalcalde mayor de Caracas, el Ministerio Público está ejerciendo una apelación.