Categoría: Noticias Recientes

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió acciones contra las alcaldesas de ciudades de Maracaibo y San Cristóbal, Eveling Trejo y Patricia Gutiérrez, respectivamente, informó este martes la máxima corte.

En un comunicado del Supremo se indica que la Sala Constitucional ordenó que las alcaldesas «realicen todas las acciones y utilicen los recursos materiales y humanos necesarios» para «evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos».

Asimismo, se exige que las alcaldesas «procedan a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas, libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana».

También se pide a las funcionarias que cumplan con la protección de los habitantes de los municipios que gobiernan, «impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y en las que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas».

Al igual que, se ordenó que giren las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. En ese sentido, se ordena que desplieguen las acciones preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de su competencia, promuevan estrategias y procedimientos de proximidad con la comunidad de su espacio territorial, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley.

Finalmente, las sentencias señalan que de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, los mandamientos de amparo constitucional cautelar deben ser acatados por ambas alcaldesas, sin incurrir en desobediencia a la autoridad y exponerse a la sanción prevista en el artículo 31.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, reveló que tienen identificados a los funcionarios relacionados con el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, los cuales “comprometieron el patrimonio del Estado a favor de estas empresas”.

Comunicó que en los próximos días los nombres de estos funcionarios gubernamentales serán anunciados porque serán citados para ser imputados. “Tenemos los contratos y las personas que autorizaron se ejecutaran esas obras y que no les hicieron el seguimiento a esos contratos, que nunca se construyeron y, que muchos de ellos, recibieron comisiones”, dijo Ortega Díaz.

Destacó que el Ministerio Público ha hecho las investigaciones y que tienen en su poder los contratos de las obras que la empresa desarrollaría en el país. Además, sostuvo que tienen identificadas a quienes autorizaron dichas construcciones.

Ortega Díaz enfatizó en que los funcionarios no les hicieron seguimiento a las obras y muchas no fueron culminadas. También reveló que “muchos” recibieron comisiones por las obras. Detalló que estas coimas fueron depositadas en cuentas en el extranjero y en algunos casos a nombre de familiares.

Odebrecht admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber sobornado con 98 millones de dólares a funcionarios públicos en Venezuela entre 2006 y 2015, el monto es el segundo más alto en coimas en toda Latinoamérica después del mismo Brasil.

El 26 de enero el Ministerio Público informó que realizaba averiguaciones si la empresa brasileña Odebrecht sobornó a empleados y dirigentes de organismos públicos venezolanos para ser incluidos en contratos de proyectos de infraestructura entre los años 2006 y 2015. Entre las obras en las que están implicados se encuentran la Línea 5 del Metro de Caracas y el Metro Caracas – Guatire.

En ese entonces, la fiscal general Luisa Ortega Díaz indicó que se solicitó al Ministerio Público de Brasil una rogatoria para discutir el caso. “Se intentará coordinar que un fiscal nuestro se traslade a Brasil para entrevistarse con Marcelo Odebrecht”, detalló la funcionaria.

“Investigaremos si hubo sobornos, si algunos funcionarios nuestros se lucraron”, puntualizó Ortega, quien agregó que también realizaron un rogatoria al gobierno suizo para comprobar si el dinero que poseen los sospechosos en ese país es producto de ilícitos.

El 14 de febrero se ordenó la detención de Euzenando Prazeres de Azevedo, presidente de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela, por los escándalos de corrupción de la llamada operación “Lava-jato”. Ese mismo día el Ministerio Público y la División General de Contrainteligencia Militar allanaron las oficinas de Odebrecht en Venezuela, ubicadas en la Torre Humboldt de Prados del Este. Al día siguiente los fiscales 55° nacional y auxiliar (Pedro Lupera y Luis Sánchez respectivamente) ante el Tribunal 11° de Control del Área Metropolitana de Caracas acordaron medidas de congelación de las cuentas bancarias, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles de la empresa brasilera.

Gonzalo Himiob, director del Foro Penal Venezolano, confirmó que se registraron 116 arrestos, en al menos ocho entidades del país, durante el trancazo de este lunes 10 de julio.

El abogado especificó que 32 personas fueron detenidas en los Altos Mirandinos, 6 en Anzoátegui, 12 en Carabobo, 9 en Caracas, 11 en Lara, 3 en Nueva Esparta, 1 en Táchira y 42 en Zulia.

Estas detenciones se suman a las 3.666 registradas por la organización no gubernamental durante los primeros 100 días de protestas en contra del gobierno nacional.

El diputado Richard Blanco informó a través de Twitter que en el sector Ruiz Pineda de la parroquia Caricuao resultaron heridas varias personas durante la noche de este lunes.

“Reportan varios heridos, en Caricuao-Ruiz Pineda, disparos de perdigones y bombas lacrimógenas contra los apartamentos, gloriosa GNB”, indicó uno de los tuis que publicó el parlamentario.

Asimismo, expresó que “sepan bien, en Ruiz Pineda, tienen mucho más guáramo de lo que creen, brutal arremetida, no logrará que se encierren en sus casas”, sentenció Blanco.

También se conoció que un joven fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en las adyacencias de la parroquia La Candelaria donde también se registraron protestas y represión por parte de los funcionarios.

En Montaña Alta hubo allanamientos según divulgaron habitantes del sector quienes denunciaron que el reportero gráfico Leonardo Antonio Guzmán Negrín le allanaron su casa y lo detuvieron sin orden judicial. Así lo denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en Twitter.

Guzmán se encuentra en el puesto de la GNB de Puerta Morocha, ubicada en los Altos Mirandinos, tras ser detenido el lunes en la urbanización ubicada en el sector de Carrizal, escenario de represión y fuertes enfrentamientos entre manifestantes al presidente Nicolás Maduro y fuerzas de seguridad.

Voceros de la alcaldía de Carrizal denunciaron que los funcionarios asaltaron las residencias de Montaña Alta, exigiendo que abrieran las puertas de los apartamentos durante el operativo ocurrido en medio del trancazo de calles y avenidas convocado el lunes por la oposición.

El periodista Carlos Julio Rojas fue imputado por los delitos contra la integridad, independencia, libertad de la nación y traición a la patria.

El comunicador fue detenido el pasado jueves y permaneció 86 horas sin el debido proceso hasta que, en horas de la mañana del lunes, fue trasladado para su presentación y posterior realización del juicio. Elenis Rodríguez, abogada defensora, aseguró que Carlos Julio Rojas es el primer periodista venezolano imputado por delitos militares.

“Cuando una persona es detenida en flagrancia debe ser presentada en ese lapso de tiempo y no a las 86 horas, el Ministerio Público Militar (MPM) se excedió en la presentación para efectuar la audiencia”, explicó la jurista.

“Queda muy mal decir que cargaba 4 kilos de papas por 5 granadas, le están haciendo una mala propaganda a la FANB. Eso significaría que cualquier persona puede decidir llevarse un armamento de este cuerpo militar”, agregó.

Precisó que en la decisión el juez dice que no se declara el hecho como flagrante y la Constitución es muy clara en eso. “Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida en flagrancia. En el caso de Carlos Julio, no existe una orden judicial; es un guion montado por el Ejecutivo a los ciudadanos para que bajen y cesen la protesta pacífica”.

Mediante la cuenta oficial del periodista Carlos Julio Rojas, manejada actualmente por su madre, Sol Rojas, se informó que el líder social y periodista fue juzgado en tribunales militares, a pesar de ser un civil. Carlos es un “preso de consciencia por su labor a favor de la democracia”.

Al menos 17 niños y 28 adultos fueron atendidos por inhalación de gases en el Centro Comercial Sambil de Chacao luego de que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lanzara bombas hacia el interior de las instalaciones.

Paramédicos de Salud Chacao y personal de seguridad desalojaron a las personas que se encontraban dentro del Sambil, quienes fueron sorprendidas por el inesperado y desporcionado ataque.

El hecho se produjo cuando efectivos de la PNB reprimían a los manifestantes que trataban de refugiarse dentro del Centro Comercial Sambil. Mientras tanto, Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, informó que 24 personas resultaron aprehendidas por actos que él considera «terroristas».

Por su parte, la directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), Claudia Itriago, repudió que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana lanzara bombas lacrimógenas dentro de centros comerciales caraqueños. “La situación fue bastante difícil. Lanzaron bombas y pedigones hacia adentro. Es bastante grave”, manifestó.

La directora de Cavececo indicó que otros centros comerciales como el Lido, el CCCT y algunos en Las Mercedes también resultaron afectados. “No han entrado, pero siempre bombardean hacia adentro, hacia las entradas, hacia las pasarelas”, sostuvo.

Además, resaltó la importancia de “evitar estos ataques, ya que los centros comerciales son un lugar de encuentro social, un espacio donde no se distingue una tendencia política de ningún tipo. Sencillamente son espacios abiertos, plazas abiertas donde puede estar alguna familia completa como una sola persona haciendo una diligencia”, puntualizó.

Itriago comentó que “atacar hacia adentro lo que genera es pánico y un daño mayor a la población”. Al igual que, pidió a los funcionarios respeto a sus espacios y que eviten disparar hacia estas estructuras, “porque atentan contra ciudadanos”.

En Maracaibo también hubo disturbios: colectivos armados entraron en las instalaciones de la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) y arremetieron contra los estudiantes.

El diputado por la Mesa de la Unidad Democrática, José Manuel Olivares, reveló este jueves 06 de julio las preguntas que se realizarán en el plebiscito convocado para el próximo domingo 16 de julio.

En el proceso electoral, se le preguntaran sobre tres aspectos a los ciudadanos:

1) ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?

2) ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?

3) ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?

Olivares indicó que se tiene previsto que la participación ciudadana se realice en las inmediaciones de los templos de la iglesia católica, centros evangélicos y judíos.

El parlamentario explicó que en el proceso podrá votar todo venezolano mayor de 18 años inscrito en el Registro Electoral.; incluso podrán votar los venezolanos inscritos en el Registro Electoral que vivan fuera de Venezuela.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y sectores de la sociedad civil convocaron una consulta pública a los ciudadanos para el domingo que viene.

El plebiscito tendrá 1.600 puntos de votación en todo el país y también habrá 108 ciudades en el extranjero donde se podrá sufragar.

Estudiantes, gremios y organizaciones defensoras de Derechos Humanos fundaron el “ Movimiento Libertador ” que será la “plataforma de lucha” que impulsará la consulta soberana denominada por ellos como “El Pueblo Decide”, convocada este miércoles por la Asamblea Nacional y las actividades de expresión de los ciudadanos en las calles.

Rafaela Requesens, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), señaló que los civiles se unen para enfrentar a la represión del gobierno nacional. “Demostramos que la lucha tiene que ser en conjunto. Los perdigones se pueden contar, las bombas lacrimógenas también; pero las ganas de luchar por Venezuela son incontables”, agregó la dirigente.

Por su parte, Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, que participó en la rueda de prensa junto a representantes del Movimiento Estudiantil, sostuvo su querencia de que “el pueblo sea el que exija a las instituciones que la voluntad popular es la que debe mover el país”.

A pesar de los hechos acaecidos este miércoles, 5 de julio, en el Palacio Federal Legislativo, la mayoría opositora aprobó por unanimidad el acuerdo sobre la convocatoria que denominan el “proceso de decisión soberana del pueblo”, anunciado este lunes por el presidente del Parlamento, Julio Borges.

La Cámara alega que la decisión se basa en el artículo 71 de la Carta Magna que establece que la AN puede convocar “un referéndum para las materias de especial trascendencia nacional”.

“Este gobierno nos quitó las regionales, el referéndum, entonces qué mayor rebelión que nosotros votemos cuando lo decidimos y no cuando lo decide el organismo que nos ha negado hacerlo que es el Consejo Nacional Electoral(CNE)”, se preguntó Díaz.

Mañana se van a hacer los anuncios sobre la logística y el proceso del día 16 de julio, de acuerdo con el dirigente estudiantil Samuel Díaz, presidente del Centro de Estudiantes de Universidad Metropolitana (Unimet).

“En representación del movimiento de derechos humanos, el plebiscito es la respuesta de paz contra la constituyente que lo que plantea es una estocada en la espalda al pueblo. El contenido de derechos humanos está contenido en las preguntas que se van a hacer allí”, detalló Romero.

La vicefiscal designada el martes por el Tribunal Supremo de Justicia, en desconocimiento de lo decidido por la Asamblea Nacional, Katherine Harrington, pide que le abran las puertas en la sede de la Fiscalía, en el centro de Caracas para hacerse del cargo. Funcionarios de seguridad de la institución se lo impiden.

El nombramiento por la Sala Constitucional del TSJ, del cargo de vicefiscal a Harrington, también fue desconocido por la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien designó a Rafael González en ese cargo.

Se desarrolla un conflicto de poderes entre la Fiscalía y el TSJ. La Fiscal desconoce a los magistrados y los jueces llevan a cabo un proceso para la destitución de la funcionaria.

Harrington figura en la lista de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por violación de los derechos humanos.

Además, fue la fiscal que acusó al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, en el juicio en el que se le sentenció a más de 12 años de prisión. En 2016, la mujer había pedido jubilarse del Ministerio Público por tener parcialidades políticas.

El embajador de Perú en Caracas no va a retornar a Venezuela hasta que cambie la situación de “proceso sistémico de desmantelamiento” de las instituciones democráticas en el país, afirmó el canciller de Perú, Ricardo Luna, en una entrevista publicada por El Comercio de Lima.

El ministro de Relaciones Exteriores reiteró que no hay condiciones para que el embajador peruano en Venezuela, Mario López Chávarry, regrese a Caracas tras haber retornado a Lima en marzo debido a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las competencias del Legislativo por un supuesto desacato al incumplir sus fallos.

Luna dijo al diario: “Se han hecho todos los esfuerzos, con matices de énfasis, en el seno de la Organización de Estados Americanos sobre la crisis política en Venezuela. No creo que haya indiferencia en los países que tienen una visión conjunta de la crisis humanitaria, política y económica de Venezuela. Hay un límite natural de lo que puede hacer la diplomacia multilateral”.

El ministro de Exteriores confirmó que el interés del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de involucrarse en el hemisferio occidental generó que el grupo de contacto inicial buscara un mediador ideal, pero que aún es especulativo que él pueda encabezar una comisión internacional para Venezuela.

“Eso sería siempre y cuando el gobierno de Venezuela estuviese dispuesto y eso no se da”, explicó.

Perú y Venezuela mantienen una tirante relación desde que el presidente Pedro Pablo Kuczynski asumió sus funciones a mediados de 2016 y solicitó crear una liga de países amigos para atender la crisis venezolana y promover una transición.

En aquella ocasión el mandatario peruano afirmó: “Si no se hace nada, vamos a terminar con un mar lleno de sangre, vamos a tener una invasión migratoria en Cúcuta, en la frontera con Colombia, y gente que llega a Curazao en botes”.

El gobierno de Perú reiteró en junio su firme compromiso de impulsar el restablecimiento de la democracia en Venezuela, después de que la ex canciller venezolana Delcy Rodríguez le dijera a Kuczynski: “Saque sus fúnebres manos de Venezuela”.

El mandatario ha sostenido varias reuniones con presidentes como el estadounidense Donald Trump o el español Mariano Rajoy y siempre ha expresado su preocupación por la situación de Venezuela y ha pedido en varias ocasiones que se establezca una negociación para una transición ordenada. El gobernante también ha recibido a dirigentes opositores venezolanos y recientemente fue visitado por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.

“No creo que haya indiferencia en los países que tienen una visión conjunta de la crisis humanitaria, política y económica de Venezuela”

Ricardo Luna

Canciller de Perú

Por Lima EFE

Este 4 de junio, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ofreció declaraciones sobre el antejuicio de mérito que le harán en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y destacó que no asistió porque «no convalidaré ese circo que teñirá nuestra Venezuela de violencia y terror, no los reconozco».

«Esa audiencia se va a dar, eso es un hecho cantado y además los recuse porque los magistrados son ilegítimos e inconstitucionales. Yo intenté un antejuicio contra un grupo de ellos y esos son los que pretenden hacerme el antejuicio. La mayoría de los magistrados no cumplen con los requisitos para ocupar tan alto cargo, si yo los impugne ¿puede haber objetividad? por supuesto que no».

En relación a la solicitud de antejuicio hecha por el diputado Pedro Carreño, dijo: «en esa solicitud, muy confusa y extravagante, transcribe el diputado una sentencia que se publicó el 28 de junio, ocho días después, la consigna el 16. Además de la creatividad que tiene el diputado es pitoniso, puede ver el futuro, deberíamos hacerle una consulta a ver qué pasará en el país ¿Cómo se explica que este diputado tenía conocimiento de esta futura sentencia? Hay que preguntárselo».

«Los abogados admitieron de inmediato la solicitud, es lamentable porque esa celeridad deberían aplicarla para otros recursos del país, como el de los diputados de Amazonas, quizás si tomaran decisiones como esas tuvieran más credibilidad. Yo supuestamente cometí faltas y así lo admite el Tribunal Supremo de Justicia. Están criminalizando mis actuaciones, como Fiscal yo puedo ejercer la acción penal».

Ortega aseguró que sigue teniendo razón con la ruptura del orden constitucional en las sentencias 155 y 156. «El diputado en su solicitud alegó que yo señalé que las sentencia 155 y 156 constituían una ruptura del orden constitucional y eso generó clima de inconformidad, yo si dije eso y sigo insistiendo en eso. Una vez que lo denuncié, se convocó al Consejo de la Defensa de la Nación donde estuvo presente el presidente del TSJ y de la Sala Constitucional y de inmediato los abogados que fungen como magistrados procedieron a maquillar las sentencias, lo que significa que yo tenía la razón, por eso no puede constituir falta ni mucho menos delito esa afirmación que hice y que yo sigo haciendo».

«Hoy yo envié mi defensa al TSJ, quizás no la lean, pero la colgaré en las redes para que toda Venezuela la vea», por lo que indicó que colgará su defensa enviada al TSJ en las redes sociales.

También, la Fiscal expresó: «Ya sabemos que en el día de hoy va a operar mi remoción y la del vicefiscal (…) Tengo una comunicación de la directiva de la Asamblea Nacional que  que dicen que ellos autorizan la designación del vicefiscal, yo desconozco a esa vicefiscal (Katherine Harrington)  (…) está en peligro la libertad, la democracia, está en peligro el muchacho que le pasó por encima la tanqueta (…) Están en peligro las víctimas, está en peligro toda la colectividad,  el mundo al revés, patas arriba (…) Salgan a ver las colas de las panaderías, salgo de mi casa y me encuentro como cuatro o cinco colas (…) vayan a buscar un medicamento para los hipertensos».

Asimismo, refiere que el Ministerio Público no ha sido negligente en la investigación de los últimos sucesos, «nosotros hemos sido responsables con el tema de la investigación penal, ese es nuestro trabajo, hemos fortalecido esta institución», enfatizó.

Subrayó su posición en contra de la Asamblea Nacional Constituyente «el diputado alega que mi actuación va al deprimento del Poder Ciudadano porque yo he atacado las decisiones de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, si lo he hecho y lo seguiré haciendo porque esa convocatoria viola la Constitución y yo estoy obligada a hacer respetar esta Constitución y, además, el presidente no es el poder soberano, el poder soberano es el pueblo, solo ellos pueden convocar una Asamblea Nacional Constituyente».

«Pareciera que defender la Constitución es un delito, en este país es un crimen, vamos a estar alerta con eso. Dice la solicitud que tengo la intención de caotizar el país, yo presumo que eso se refiere a caos, pero habría que preguntarle al filósofo, pero quiero recordar que el caos en este país lo causó el Gobierno».