En la primera semana de diciembre, una comisión bipartidista del Senado de Estados Unidos presentó un extenso informe sobre los efectos de la política de drogas del gobierno de ese país.
En específico, el grupo parlamentario analizó el resultado de las estrategias aplicadas para reducir el flujo de drogas ilícitas y el daño asociado al consumo de tales sustancias.
Para las personas interesadas en el tema de las drogas ilegales, este informe es de lectura obligada, en especial si tomamos en consideración que las recomendaciones de la comisión parlamentaria deberán ser atendidas por el nuevo gobierno estadounidense, presidido por el demócrata Joe Biden.
El documento producto de una investigación parlamentaria admite que EEUU ha sido incapaz de parar el flujo de drogas ilegales, no solo por factores internos asociados a las limitaciones de los cuerpos de aplicación de las leyes, sino también a las robustas alianzas con las que cuentan los carteles y organizaciones criminales dedicadas a este tráfico.
Simplemente, este documento admite que el mercado de las drogas ilegales es demasiado grande y jugoso como para controlarlo solamente con operaciones policiales.
En este sentido, una de las recomendaciones del senado ha sido poner énfasis en el fortalecimiento de las capacidades del departamento del tesoro para ubicar y confiscar el producto del comercio de drogas, y no tanto en los esfuerzos de interdicción que hoy parecieran prevalecer, con vastas operaciones militares en el caribe.
Una de las recomendaciones de la Cámara Alta fue el reemplazo de la política de certificación y de designación de los países según el grado de cooperación que tengan en los esfuerzos contra las drogas.
En una jugada muy inteligente, el senado aprovechó este capítulo para sugerir que junto a esta medida sería necesario revisar las sanciones aplicadas desde el gobierno estadounidense a los países que considera o califica como no cooperadores.
En fin, este informe plantea que las acciones de los organismos participantes en la llamada guerra contra las drogas deberían ser replanteadas, con nuevas métricas y formas de evaluación, que pongan el acento en el número de vidas salvadas y no en la cantidad de toneladas confiscadas o de personas que fueron puestas en prisión.
Luego de este informe, con seguridad veremos que la política antidrogas de EEUU tendrá cambios, lentos pero precisos, en un entorno nacional que es cada vez más liberal en cuanto a la evaluación sobre los efectos de las drogas.
Esas decisiones tendrán efectos sobre la seguridad ciudadana de los países de origen o tránsito como Venezuela, que deberán ser evaluadas en detalle.
