Categoría: Venezuela Productiva

El Gobierno venezolano insiste en que la solución a los problemas que atañen al país en la aplicación de una Asamblea Nacional Constituyente, en el caso específico de la economía, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Juan Pablo Olalquiaga sostuvo que, “los problemas por los cuales la economía está pasando, no radican en los principios que están establecidos en la Constitución, por el contrario, radican en el hecho de no haber cumplido con esos principios”.

Olalquiaga explicó que dentro de la Constitución está establecido que la economía debe ser mixta (público – privado) y “a la parte privada no se le ha dado ningún tipo de respeto sobre sus derechos”.

En este sentido, el presidente de Conindustria condenó la violación del estado de derecho, “lo que significa el seguimiento de las reglas como están establecidas, todas las presunciones para que las empresas se puedan defender en caso de ser acusadas ante cualquier tipo de actuación”. Así como lo relacionado con la Ley del Trabajo, “en la cual tiene que haber igualdad de condiciones”, aseveró.

Más allá de eso, Olalquiaga cuestionó el irrespeto a la estabilidad de la economía para que pueda “generar prosperidad para los consumidores y para los ciudadanos”.

“No por cambiar la Constitución se va a conseguir que cambie el modelo económico equivocado, instrumentado por el Ejecutivo nacional”, sentenció.

Luego, se expresó en torno a cómo el Ejecutivo nacional ha planteado la escogencia de los constituyentistas, “lo que privilegia es que las mismas personas que han estado insertas en los enrosques que el Ejecutivo ha hecho a lo largo de su trayectoria de 18 años, sean los mismos que van a ser insertos en la Asamblea Constituyente”.

Por tanto, “los que han llevado a Venezuela a este proceso de empobrecimiento, de destrucción industrial, de encogimiento de la economía, son los mismos que van a estar creando las nuevas leyes o creando las nuevas reglas; más allá de que no se puede prever que hagan nada distinto de lo que han hecho en el pasado, que ha sido totalmente contrario al bienestar y a los intereses de la ciudadanía”, manifestó Olalquiaga.

Planteado en esos dos términos, Conindustria mantiene que esa propuesta del Ejecutivo de tener una ANC, “para nada contribuye en la búsqueda de soluciones, por el contrario, lo que va a hacer es profundizar más la crisis”.

En relación al “Gran Acuerdo Nacional”, Olalquiaga aseguró que estuvo presente en representación de todos los industriales venezolanos, de manera tal, “que el hecho de que se celebre una votación popular, que busca soluciones pacíficas para que haya una transición de autoridades, un desconocimiento de la ANC, un llamado a las Fuerzas Armadas para que respeten y hagan respetar a la Constitución vigente y los poderes establecidos, legítimos”, es un paso anticipado para poder empezar la reconstrucción del país.

El presidente de Coindustria ratificó el respaldo al plebiscito propuesto para el 16 de julio, “creemos que, a través de la votación del soberano, que es el pueblo expresándose a través de elecciones voluntarias, libres y transparentes para escoger cuales son las soluciones que el país debe tener”.

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El pasado 5 de julio se llevó a cabo una sesión especial en el Palacio Legislativo, sede principal de la Asamblea Nacional a propósito de los 206 años de la independencia venezolana. Sin embargo, grupos llamados colectivos hicieron acto de presencia en los alrededores del lugar, inicialmente, con la intención de amedrentar a los presentes, como en ocasiones anteriores, lo increíble en esta oportunidad fue que ingresaron al espacio y agredieron a varios diputados y distintos trabajadores.

A lo que el diputado Richard Blanco, quien también fue agredido, calificó como “la peor represión en la Asamblea Nacional”. Asimismo, lo irónico del asunto es que mientras esos grupos violentos atacaban a los presentes, individuos de la Guardia Nacional y la Policía Nacional solo observaban. De hecho, «yo me imagino que como condecoraron al coronel Lugo lo estarán haciendo hoy con los colectivos«.

Rápidamente tras lo acontecido, diferentes organismos internacionales y Jefes de Estado se pronunciaron al respecto. Por supuesto que, para mostrar su descontento con lo ocurrido. “Lo que ellos no ven es que cada vez hay más personas viendo lo que ocurre en el país”, enfatizó.

Por otra parte, mientras los violentos hacían de las suyas en el centro de Caracas, los encargados de hacer valer los derechos de los venezolanos y resguardarlos, se encontraban haciendo todo lo contrario, es decir, simultáneamente de los actos desmedidos en la Asamblea, zonas de Quinta Crespo y El Paraíso, fueron víctimas de la represión, este último se registró como el más afectado dado que parte de los efectivos de la Guardia Nacional hicieron daños y detenciones en residencias Victoria y Alto Alegre.

Finalmente, Richard Blanco aseguró “haberle pedido a la Fiscal General de la República en nombre de los vecinos, una medida de protección para 17 edificios de El Paraíso”, por los distintos ataques que se han venido presentando los últimos días.

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María Corina Machado, coordinadora del movimiento político Vente Venezuela, aportó información sobre el plebiscito que se llevara a cabo el 16 de julio, al que calificó como «una escala para la aplicación del artículo 350 y para desconocer este régimen” y aseguró que “el amedrentamiento contra los ciudadanos termina con la aplicación de este artículo”.

Asimismo, Machado destacó que el plebiscito busca la ratificación de los poderes constitucionales, y partiendo de esto, proceder al «levantamiento democrático final de Venezuela”.

En el contexto de protesta, la ex diputada también manifestó que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) planteara continuar las manifestaciones y trancazos en las calles hasta el 16 de julio. Por otra parte, indicó que la unificación de todos los sectores que se vio reflejada en el acto de «Gran Acuerdo Nacional» en el Teatro Chacao el día de ayer, 3 de julio, es “sumamente necesario para el avance de este plebiscito”.

La dirigente también indicó que para el plebiscito van a poder votar los venezolanos en el exterior y adelantó que el jueves, 6 de julio habrá una presentación de todos los aspectos técnicos y logísticos, en dicha presentación se aclararan a la ciudadanía todas las dudas y suministrar toda la información importante para el día 16 de julio.

Finalmente, expresó que “falta un gran acuerdo de gobernabilidad” y que esto se discutirá en los próximos días para otorgar al país el derecho de conocer que viene después de la salida del régimen actual.

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En el acto organizado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para firmar el “Gran acuerdo nacional por la Constitución”, el lunes, 3 de julio, María Carolina Uzcátegui, presidente de Consecomercio, expresó que sintió “que estaba siendo parte del diseño de la nueva Venezuela, de la iniciativa de ese cambio necesario que quiere nuestro país”.

Seguidamente, enfatizó: “Qué es lo que claman los muchachos que están protestando en la calle, por qué murieron esos 80 jóvenes en los últimos días (…) por un clamor de futuro”.

En este sentido, la presidente de Consecomercio, lamentó que quienes hoy ostentan las posiciones de gobierno “no entienden que eso es así, no entienden que las políticas económicas que han implementado en estos 18 años no han permitido que el país se desarrolle, muy por el contrario, han hecho que se quede cada vez más atrás”.

Uzcátegui también condenó que solo en estos 3 meses de “protesta y reclamo del pueblo por un país, por la democracia, por la libertad, más de mil empresas han sido saqueadas y violentadas bajo la anuencia” de los cuerpos de seguridad del estado.

Por lo tanto, recalcó que la propuesta de gobierno denominada “Gran acuerdo nacional por la Constitución”, es el entendimiento de que “todos somos necesarios, todos hacemos falta y ese todos incluye a quienes, incluso hoy, están con el gobierno (…) Y eso no debe ser condenable, Venezuela somos todos”.

Respecto al sector comercio, coloquialmente, dijo que “ha hecho de tripas corazón” para mantener las santamarias abiertas, lo calificó que una “tarea heróica”, porque “nosotros no tenemos producción nacional, no tenemos importaciones, los aranceles de importación se han elevado de 727 bolívares por dólar que pagábamos, a 2 mil 640 en apenas un mes y esa es la variación que ha tenido la casa DICOM. Entonces, hemos tenido una subasta que es un engaño, realmente, porque con 400 mil dólares al año, una empresa que está prácticamente desvalijada, devastada, como son las mayorías de las empresas de este país, que no tienen ni la materia prima, ni los insumos, ni los equipos y hablando del sector comercio, que no tienen inventario (…) esta subasta ha logrado una gran distorsión de la economía”.

En relación a los continuos aumentos salariales, aseveró que “se está trabajando por comida, cuando tú ves que el bono alimentario es superior al salario básico, tu entiendes que a la gente se le está pagando por comida”.

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El economista, profesor de Políticas Públicas en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), Richard Obuchi, manifestó su preocupación en cuanto a la realidad económica del país, a propósito del nuevo aumento salarial realizado por el Jefe de Estado Nicolás Maduro el pasado 01 de julio de 2017 durante un acto de la Misión Robinson.

Este se convierte en el tercer aumento en lo que va de año, sin embargo, en Venezuela los aumentos salariales no generan prosperidad, es decir, este tipo de decisiones avivan la inquietud entre los venezolanos debido a que el mismo crea mayor inflación y más necesidad para la población.

Las empresas forman parte de la zozobra, así como el venezolano de a pie se ve afectado porque cada día se ve más restringido económicamente, lo mismo sucede con el sector empresarial. “Mientras no se implementen medidas sustantivas para que haya inversión y productividad para que se reestablezca la economía, no se producirán mayores ingresos en el país”, comentó Obuchi.

Aunado a ello, se encuentra el bolívar que sigue deteriorándose y la carga para las empresas elevándose. Las diversas restricciones laborales, en cuanto al control de costos y de ganancias, al igual que la inamovilidad laboral, son factores que imposibilitan el continuo desenvolvimiento de las empresas, prácticamente las obliga a interrumpir sus actividades y posteriormente se torna imposible disminuir el desempleo.

Para concluir, de acuerdo con lo predicho por el economista Richard Obuchi y siga la ausencia de alternativas por parte del Gobierno, aun cuando “el mayor afectado sea el sector público porque no tiene una base de ingresos mayor”. La empresa privada seguirá viéndose forjada a trabajar a capacidades regulares a pesar de su interés por solventar la crisis.

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Rosendo Ardila Romero, pediatra, neonatológo y neumonólogo, explicó los efectos que tienen los gases lacrimógenos utilizados para dispersar manifestaciones cuando son esparcidos en espacios cerrados, causando daños graves, como lo sucedido, ayer, jueves 29 de junio, con los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (USB) que fueron detenidos arbitrariamente, esposados y subidos a un camión Cava, donde una vez dentro del vehículo los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), les lanzaron una bomba lacrimógena y cerraron la puerta.

Según el médico, existen diferentes tipos de gases y todos tienen niveles diferentes de toxicidad, a pesar de ello, «todos cumplen con la función de causar malestar e incentivar a la persona a la desesperación y dispersión». Algunos de los síntomas de estos gases son lagrimeo intenso e inmediato, náuseas, vómitos, ahogo, secreción de mucosas, dificultad respiratoria, y dependiendo del tóxico y la exposición cercana del individuo, «las consecuencias pueden ser peores», explicó. «Cuando estos gases son utilizados en lugares cerrados los síntomas son más fuertes y en casos de personas con factores predisponentes a una enfermedad respiratoria, asma, personas fumadoras y entre otras condiciones; la persistente hiperactividad bronquial (…) puede causar el colapso vascular del individuo», añadió Ardila.

En este sentido, el médico Ardila indicó que con el caso de los jóvenes de la USB expuestos a estos gases tóxicos en un camión cerrado « pudo haber ocurrido una tragedia y la intensión era clara”. El doctor dijo: “en esas condiciones las consecuencias pueden ser letales” y aseveró que “lo único que se buscaba en ese momento por parte de los policías era la tortura”. «A pesar de que aún no se tienen noticias sobre el estado físico de los retenidos, existe la posibilidad de daños permanente», agregó.

Otro aspecto importante sobre los gases tóxicos, para Ardila, es que la ciudad de Caracas se ha visto sobreexpuesta a esos gases y manifestó “eso a la larga puede traer consecuencias graves para el ser humano”. “Lo más grave es que esta toxicidad puede durar en el ambiente hasta 7 días y llegar al punto de impregnarse en él”, aseveró.

Finalmente, indicó que recomienda “evitar exponerse a estos gases” y “en caso de exponerse, utilizar abundante agua y jabón, también son útiles las soluciones salinas y colirios para los ojos”.

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El concejal del municipio Libertador, Jesús Armas, reseñó cómo se han vivido las diferentes manifestaciones en el oeste de la ciudad capital e indicó que ayer, el municipio se mantuvo en «resistencia» en la calle con el cumplimiento del trancazo y protestas pacíficas.

Asimismo, Armas destacó que entrada la noche, «las cosas se empezaron a enturbiar en la parroquia La Vega”, pues se presentaron barricadas y manifestaciones, lo que ocasionó que cuerpos de seguridad encapuchados reprimieran con bombas lacrimógenas y perdigones. «Lo más alarmante es que disparaban armas de fuego (…) los vecinos del área denunciaron que los encapuchados irrumpieron en los hogares para realizar allanamientos», agregó.

Paralelo a este hecho, también se estaban llevando a cabo protestas en Caricuao, específicamente los sectores de UD3 y UD7, «donde la situación se complicó un poco más (…) los colectivos arremetieron contra los ciudadanos de esa zona”, manifestó el concejal, quién aseveró que también, jubo denuncias de allanamientos, robos en viviendas y detonaciones de armas de fuego. «Esta situación dejo dos heridos y daños graves», lamentó.

En ambos casos, Jesús Armas expresó que estas situaciones de represión solo generaron que las manifestaciones crecieran y se uniera cada vez más gente, “nos han quitado tanto, que nos quitaron el miedo”, enfatizó.

Generalizando, el concejal dijo que las zonas populares están cada vez más decididas a luchar y manifestarse en contra de la llamada Constituyente, dio el ejemplo de la zona del 23 de Enero que esta “dominada por colectivos (…) pero que se ha estado organizando silenciosamente contra el régimen represivo».

Otro aspecto importante de las declaraciones del concejal es, que la acción en conjunto de colectivos con policías “es cada vez más evidente” recalcó, haciendo referencia a las situaciones que se vivieron en la zona de La Candelaria el día de ayer, donde se evidencian los policías reprimiendo mientras los colectivos roban y arremeten contra las personas.

Finalmente, Armas indicó que “lo más importante es la organización y la disciplina”. Añadió que actualmente hay una organización llamada Comités por el Rescate de la Democracia al servicio de los ciudadanos, facilitada por los partidos políticos opositores, que funciona por internet. «La idea de esta herramienta es crear un registro del comité para que las personas se organicen para manifestar, presten ayuda y sepan cómo pueden recibirla, se puede acceder a ella ingresando en  crdvenezuela.com.», explicó.

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El economista Luis Oliveros, pronosticó un aumento de inflación para el mes de julio de 24 %, esto basándose en el hecho de que la inflación del primer trimestre del año fue de más de 160 %, lo que calificó como un “golpe fuerte para el bolsillo”, agravando el problema económico en Venezuela.

Según el economista la inflación está mal, manifestó que “de enero a mayo nuestros números hablan de un acumulado promedio mensual de 18 %”, esto significa tres veces la inflación anual de países como Chile, Bolivia o Colombia y 10 veces la inflación anual de Ecuador o Paraguay.

Actualmente, el promedio de inflación a nivel mundial es 4 %, en América Latina, sin contar a Venezuela que es de 5 % indicó Oliveros. Asimismo, dijo que al agregar a Venezuela las sumas serian “disparadas fuertemente”. También hizo la comparación con la segunda mayor inflación del mundo que la tendrían Argentina o Ucrania y no llegan a 20 %.

Olivares manifestó que las causas de la inflación en Venezuela analíticamente son:

1 El aumento importante del déficit fiscal

2 Una política cambiara que beneficia al 0.001 % de la población

3 La brecha entre demanda y oferta por la eliminación de la empresa privada y la producción, dándole prioridad a la importación y encareciendo los precios

4 La falta de un plan antinflacionario por parte del Gobierno

El economista añadió que la llamada Asamblea Nacional Constituyente no a va a mejorar en nada la economía, al contrario, “el primer efecto será la caída en la poca inversión extranjera en Venezuela porque nadie invierte en un país donde hay una gran incertidumbre”, manifestó.

Finalmente, Oliveros enfatizó que “Venezuela tiene la capacidad de superar este desastre”. Una de las soluciones dadas por él, es un cambio de Gobierno y una mejor política económica, porque según como él lo califica, el problema es “netamente político”.

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La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fijó fecha para llevar a cabo la audiencia sobre la solicitud de antejuicio de mérito contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, por lo que el abogado y analista político, Luis Salamanca, manifestó que desde hace tiempo el Gobierno se maneja dentro de una inconstitucionalidad y hay una “total politización de los mecanismos jurídicos (…) que se ha acentuado desde el año pasado de una manera realmente impresionante”.

El origen del caso contra la Fiscal, expresó Salamanca “es, indudablemente, el ánimo del Gobierno y de lo que le queda de régimen de Maduro, de ajustarles cuentas de la Fiscal por haber reaccionado en contra del manejo anticonstitucional que venía trayendo el Gobierno desde el año pasado”. Entonces, en ese contexto, “todo lo que sigue es absolutamente teñido de politización y de adulteración de los mecanismos constitucionales y legales establecidos para solucionar ese tipo de problemas”, añadió.

Asimismo, expuso que no se sabe si lo que están aplicando en el TSJ es un antejuicio de mérito, porque “lo que están haciendo, no tiene nada que ver con el procedimiento establecido en la Constitución y sobre todo en las leyes, como el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley del Ministerio Público”.

El abogado explicó que un antejuicio de mérito es un juicio previo, es decir, “hay no se está entrando a decir si la persona cometió o no un delito, sino si hay mérito para evaluar la posible comisión de un delito”. También, enfatizó que en el antejuicio “no puedes hacer solicitudes de prohibición de salida del país porque eso corresponde a un juicio penal, no puedes congelarle bienes a la persona, allí estarías abusando del poder, lo que refleja los vicios profundos que tiene esto”.

Además, el antejuicio de mérito, tal como está establecido en nuestra legislación “es a iniciativa del Ministerio Público, es decir, es la Fiscal o la Fiscalía General de la República quienes tienen que iniciar el antejucio de mérito contra el presidente o cualquier otro alto funcionario”, dijo. Ahora, si lo que se va evaluar en el antejuicio es la propia Fiscal, entonces, “le corresponde al vicefiscal del Ministerio Público introducir la querella o al funcionario que la Asamblea Nacional disponga”, añadió.

“Aquí hay una confrontación que no se lleva por las reglas constitucionales y legales, hay una confrontación donde la fuerza es lo que se está imponiendo y lo que se pretende revestir de un disfraz jurídico”, aseveró.

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