Raúl Gil Arias, presidente de la Cámara de Comercio e Industria del municipio Caroní, en el estado Bolívar, denuncia que las empresas de la localidad pagan impuestos sobre rentas no canceladas. Muchas de estas deudas son contraídas por las empresas estatales con el sector privado.
«Cuando se les presta servicio a las empresas básicas o a la propia PDVSA, tenemos que financiar créditos de hasta 90 días o seis meses. En ese sentido, hay que pagar impuestos sobre la renta e impuestos municipales o impuestos brutos sobre montos y rentas no canceladas», señaló Arias. Esta situación afecta la liquidez de las compañías que prestan servicios en Caroní.
El empresario explicó, durante la entrevista que concedió al programa “Venezuela productiva” con Zuhé Rodríguez, que este es uno de los principales obstáculos que debe afrontar el sector privado local. «No hay reciprocidad entre los servicios prestados a PDVSA, al resto de las empresas básicas y las empresas metalmecánicas. Esto nos afecta directamente».
No obstante, desde la Cámara de Comercio e Industria del municipio Caroní, siguen apostando por el diálogo con las autoridades para solventar estos problemas.
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