El agua nunca ha sido un recurso escaso en Venezuela. Sin embargo, para millones de ciudadanos abrir el grifo y encontrar agua potable se ha convertido desde hace años en una excepción.
La crisis del servicio de agua ha alcanzado en lo que va de 2026 sus momentos más delicados en varias regiones del país. Los terremotos del 24 de junio, por su parte, terminaron profundizando las dificultades en los estados más afectados, donde la destrucción de infraestructura y el desplazamiento de miles de personas incrementaron los riesgos sanitarios y ambientales. Además, la llegada del fenómeno meteorológico conocido como Súper Niño también amenaza con agudizar la problemática, impulsando un escenario de fuerte estrés hídrico, sequías prolongadas y temperaturas extremas que se extenderán hasta el primer bimestre de 2027.
Los sismos de magnitudes 7,5 y 7,2 dejaron más de 6.000 fallecidos, cerca de 17.000 heridos y miles de personas desplazadas -según cifras oficiales-, además de daños severos en viviendas, hospitales y servicios públicos. En localidades de La Guaira, donde numerosas familias permanecen en refugios temporales o frente a edificios inhabitables, el acceso al agua potable continúa siendo una de las principales preocupaciones humanitarias. Organizaciones como la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras (MSF) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han advertido que la interrupción del suministro y las deficiencias en saneamiento aumentan el riesgo de brotes de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y transmitidas por vectores.
Pero los terremotos solo hicieron más visible un problema en el servicio de agua que ya llevaba años agravándose.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2025 reveló que, aunque 78% de las viviendas venezolanas mantiene conexión formal a la red de tuberías, apenas 19% de la población recibe agua de manera continua todos los días. El resto depende de ciclos irregulares de distribución, camiones cisterna, pozos improvisados o almacenamiento doméstico para cubrir necesidades tan básicas como cocinar, bañarse y limpiar sus hogares.
Para los especialistas consultados por El Nacional, la raíz del problema no está en la disponibilidad del recurso hídrico, sino en el progresivo deterioro de la infraestructura, la pérdida de capacidades técnicas, la ausencia de mantenimiento y los cambios en el modelo institucional que han afectado durante décadas la operación de los sistemas de abastecimiento.
Entre los mejores sistemas de abastecimiento
El ingeniero civil Norberto Bausson, exvicepresidente de Operaciones de Hidrocapital y actual presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, rechazó que la crisis hídrica en el país se deba a la falta de agua.
“La gente cree que vivir al lado de un río es suficiente para que llegue agua potable a su casa. El tiempo ha demostrado que no es así. Para que el agua llegue desde un río hasta una vivienda hacen falta embalses, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, kilómetros de tuberías y una enorme capacidad técnica para operar todo ese sistema”, explicó.
Durante buena parte del siglo XX, recuerda, Venezuela desarrolló precisamente esa infraestructura. El país construyó una extensa red de embalses destinada a almacenar agua durante la temporada de lluvias para garantizar el suministro durante la estación seca. Camatagua, Lagartijo, Taguaza, Tulé, Manuelote, Pao-Cachinche y La Balsa forman parte de un sistema nacional que permitió abastecer durante décadas a las principales ciudades venezolanas.
“Venezuela llegó a tener un sistema de abastecimiento de agua potable muy, muy bueno. Teníamos alrededor de 54 grandes sistemas nacionales, más de 140 sistemas medianos y decenas de miles de pozos rurales que hacían posible llevar agua prácticamente a todo el territorio”, afirmó Bausson.
Sin embargo, afirmó que ese patrimonio comenzó a deteriorarse progresivamente durante los últimos 27 años. “La gran tarea que tenemos ahora es rehabilitarlos para recuperar la capacidad que tenían hace décadas. Si eso no ocurre, no vamos a resolver el problema del sector agua potable y saneamiento”, advirtió.
Para el ingeniero, además del deterioro físico de la infraestructura, otro grave problema que enfrenta el servicio de agua es la pérdida del capital humano especializado que durante años sostuvo la operación de las hidrológicas venezolanas.
Bausson recordó que, durante la década de los noventa, Hidrocapital desarrolló programas permanentes de capacitación dentro y fuera del país para formar ingenieros, operadores y técnicos especializados en redes, tratamiento de agua, mantenimiento y gestión empresarial.
“Todos los meses enviábamos grupos de trabajadores a entrenarse en los países donde cada especialidad era la mejor. Si era tratamiento de agua, iban a Francia; si era operación de redes, a otras empresas latinoamericanas. El objetivo era elevar permanentemente el nivel técnico del personal”, señaló.
Ese proceso, aseguró, estuvo acompañado por mejores condiciones laborales que permitían dedicar personal exclusivamente a la operación de los sistemas.
“Cuando una empresa puede resolverle la vida a sus trabajadores, esa gente trabaja concentrada en hacer bien su trabajo. Cuando el trabajador tiene que salir a buscar cómo alimentar a su familia o cómo pagar una emergencia médica porque la empresa no le ofrece ninguna estabilidad, es imposible mantener organizaciones de calidad”, afirmó.
A su juicio, la recuperación del servicio pasa primero por reconstruir las instituciones.
“El primer problema es institucional. Es un problema de gente, de formación, de entrenamiento, de recuperar el capital humano y de volver a crear confianza en las empresas públicas”, sostuvo.
Optimizar el servicio de agua existente
Otro de los factores que explica el deterioro progresivo del servicio de agua en Venezuela es la acumulación de averías sin reparar.
“Más o menos se calcula que por cada habitante hace falta un metro de tubería de agua potable y otro metro de aguas servidas. Cuando tienes un país de unos 30 millones de habitantes, eso significa alrededor de 30 millones de metros de tuberías de agua potable y otros 30 millones de aguas servidas. Esa infraestructura requiere una maquinaria permanente de mantenimiento”, explicó.
La consecuencia de no intervenir oportunamente es que las fugas, las roturas y las conexiones ilegales comienzan a multiplicarse hasta afectar toda la red.
“No es simplemente que falta mantenimiento. El problema es que las instituciones responsables dejaron de hacer las reparaciones y todos esos trabajos se fueron acumulando: corregir fugas, atender tomas clandestinas, reparar estaciones de bombeo y recuperar infraestructura crítica”, indicó.
Frente a esa realidad, el especialista propuso que la primera etapa de cualquier plan nacional de recuperación no comience necesariamente con grandes obras de ingeniería, sino con la optimización del sistema existente.
“Hoy tenemos poca agua disponible y además la distribuimos muy mal. Hay sectores que tienen agua prácticamente todo el día y otros donde nunca llega. Lo primero es distribuir esa poca agua de la mejor manera posible para garantizar, al menos, unos 50 litros diarios por habitante mientras se recupera progresivamente toda la infraestructura”, explicó.
Para lograrlo, añadió, será necesario reconstruir la capacidad operativa de las hidrológicas y ejecutar un programa integral de rehabilitación que permita recuperar estaciones de bombeo, plantas de tratamiento y redes de distribución antes de pensar en nuevos proyectos de infraestructura.
“Esa es la prioridad del primer año: reorganizar las instituciones, formar personal, mejorar la operación y comenzar la rehabilitación. Después vendrán las demás etapas”, concluyó.
El problema de las fugas
Aunque para muchos venezolanos la crisis del servicio de agua se resume en abrir el grifo y no encontrar suministro, una parte importante del problema ocurre antes de que el agua llegue a las viviendas. Miles de litros se pierden diariamente en tuberías deterioradas, fugas no reparadas y redes cuya vida útil expiró hace años.
Jesús Vásquez, ingeniero civil, especialista en sistemas de información geográfica (GIS) y director ejecutivo de Monitor Ciudad, aseguró que la infraestructura instalada en Venezuela todavía tendría capacidad para abastecer adecuadamente a la población si estuviera en condiciones óptimas de funcionamiento.
“La crisis del agua en Venezuela no es una crisis de disponibilidad del recurso. Es una crisis de infraestructura, de mantenimiento y de gestión”, explicó.
El especialista destacó que Caracas constituye uno de los ejemplos más claros.
Según el monitoreo que realiza Monitor Ciudad, el suministro promedio en la capital mostró este año una leve mejoría respecto a 2025, al pasar de aproximadamente 60 a 70 horas semanales. Sin embargo, esa cifra sigue estando muy lejos de representar un servicio continuo.
Más preocupante aún resulta que 54% de las comunidades monitoreadas en el Área Metropolitana de Caracas permanece en condición de “escasez crítica”, es decir, recibe menos de 24 horas de agua a la semana.https://www.instagram.com/reel/DZ-8X93ikOu/embed/?cr=1&v=14&wp=497&rd=https%3A%2F%2Fwww.elnacional.com&rp=%2F2026%2F08%2Fterremotos-profundizan-crisis-en-el-servicio-de-agua-en-venezuela%2F#%7B%22ci%22%3A0%2C%22os%22%3A772.7999999998137%2C%22ls%22%3A748.5%2C%22le%22%3A751.5999999996275%7D
Para Vásquez, aumentar la producción de agua no resolverá por sí solo el problema mientras continúen las enormes pérdidas dentro del sistema.
“Caracas fue diseñada para distribuir cerca de 19.000 litros por segundo, pero realmente se entregan alrededor de 12.000 litros. Aun así, un caraqueño recibe dos veces y media más agua que un habitante de Bogotá. La diferencia es que nosotros perdemos entre 50% y 60% del agua por fugas“, explicó.
Cada litro desperdiciado representa, en la práctica, una inversión perdida. “Recuperar un litro que hoy se pierde equivale a construir una nueva fuente de abastecimiento. Mientras no exista un plan serio de control de fugas, cualquier obra nueva terminará enfrentando exactamente el mismo problema”, advirtió.
Las consecuencias del deterioro y la falta de mantenimiento en el servicio de agua del país se reflejan cada vez con mayor frecuencia en fallas de gran magnitud.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Caracas, en días previos a los terremotos del 24 de junio, donde el denominado Alimentador Norte —una tubería de 72 pulgadas que abastece desde Chacao hasta sectores del centro de la ciudad— sufrió dos rupturas durante la misma semana.
Vásquez señaló que el episodio demostró que el problema no radica únicamente en la antigüedad de las tuberías, sino en la ausencia de una estrategia permanente de mantenimiento preventivo.
“La presión aumentó porque entró en funcionamiento infraestructura nueva, pero nunca existió un plan activo para detectar las fugas existentes. Cuando incrementas la presión sobre tuberías que tienen entre 40 y 60 años de servicio, las roturas prácticamente son inevitables”, afirmó.
El especialista resaltó que incluso las propias autoridades reconocieron que conocían el riesgo. “La reparación estaba prevista para un día, pero la tubería colapsó antes. Eso demuestra que ya existían señales de deterioro y, aun así, se decidió restablecer el bombeo”, dijo.
Resaltó que estas situaciones evidencian los riesgos de invertir recursos en nuevas obras sin garantizar primero que las redes existentes puedan soportar mayores presiones hidráulicas.
Más allá de la intermitencia del suministro, la calidad del agua constituye otra preocupación creciente. Jesús Vásquez explicó que muchos ciudadanos relacionan el agua de color marrón con problemas en las plantas de tratamiento. Sin embargo, el fenómeno suele comenzar mucho antes de llegar a los hogares.
“Las plantas de pretratamiento y tratamiento presentan un importante deterioro en sedimentadores y filtros. Pero además, cuando el servicio es intermitente, se forman incrustaciones dentro de las tuberías y, al restablecerse el flujo, esos sedimentos terminan desprendiéndose y llegan a las viviendas“, explicó.
A esa situación se suma el mantenimiento insuficiente de los tanques domésticos. Muchas familias almacenan agua durante semanas debido a la irregularidad del suministro, pero esos depósitos tampoco reciben limpieza periódica, lo que incrementa el riesgo de contaminación.
La calidad del agua, insistió el especialista, depende tanto de la infraestructura pública como de las condiciones de almacenamiento en cada vivienda.
Cumaná: el ejemplo que resume la crisis nacional
Si Caracas ilustra el deterioro urbano, Cumaná representa para ambos especialistas el caso más emblemático de cómo la falta de mantenimiento puede derivar en una emergencia humanitaria.
Desde meses anteriores al doblete sísmico, buena parte de la población de Cumaná, así como sectores del estado Nueva Esparta y del este de Anzoátegui, enfrentaban severas restricciones debido al colapso del sistema de trasvase de Turimiquire.
Vásquez explicó que el derrumbe del túnel no obedeció a un evento imprevisible. “Existían estudios técnicos desde 2007, 2010 y 2014 que advertían sobre la corrosión de la estructura metálica y la necesidad de intervenir el túnel. El mantenimiento nunca se ejecutó”, señaló.
Las consecuencias alcanzaron aproximadamente a 1 millón de habitantes de Nueva Esparta, además de miles de familias en Sucre y Anzoátegui que dependen del mismo sistema hidráulico.
La situación también fue analizada por la Comisión Reorganizadora del Colegio de Economistas del Estado Sucre. En un informe elaborado a partir de documentos oficiales, memorias ministeriales e informes técnicos, el organismo concluyó que el colapso registrado en febrero de 2026 ocurrió precisamente en un tramo del túnel que nunca recibió la rehabilitación estructural aplicada años atrás en los primeros kilómetros de la infraestructura.
Según ese estudio, los informes de ingeniería ya advertían desde hace varios años sobre la degradación progresiva del revestimiento de concreto y la acumulación de sedimentos, pero las inversiones posteriores nunca extendieron la tecnología de impermeabilización al resto del túnel.
El documento calcula que la prolongación de la crisis representa pérdidas económicas cercanas a 27,3 millones de dólares mensuales entre gastos adicionales de las familias para comprar agua y el impacto sobre actividades productivas como el comercio, la agricultura, la pesca y el turismo.
La centralización no contribuye a mejorar el servicio
Uno de los puntos donde Norberto Bausson y Jesús Vásquez coincidieron plenamente es en sus críticas al proceso de centralización del sector hídrico que oficializó el gobierno encargado de Delcy Rodríguez mediante el Decreto N° 5.229 publicado en la Gaceta Oficial N° 43.304, el cual establece la fusión de todas las empresas hidrológicas regionales, estadales y municipales bajo una Autoridad Única Nacional liderada por Hidroven.
En opinión de Bausson, eliminar la autonomía de las hidrológicas regionales representa un retroceso respecto al modelo que comenzó a desarrollarse durante la década de 1990.
“No es una posición política; es que la experiencia demuestra que la descentralización permitió construir empresas regionales fuertes. Llegamos a tener un país donde 87% de la población calificaba como bueno el servicio de agua. Hoy ocurre prácticamente lo contrario”, afirmó.
El ingeniero indicó que la centralización diluye la capacidad de respuesta ante las emergencias locales. “Cuando una empresa regional tenía autonomía debía responder inmediatamente al gobernador, a los alcaldes y, sobre todo, a la población. Ahora las decisiones se toman desde Caracas y las comunidades terminan esperando durante meses”, manifestó
Vásquez compartió ese diagnóstico. A su juicio, concentrar nuevamente la administración del sistema en Hidroven puede beneficiar a las grandes ciudades por su peso político y demográfico, pero incrementa el riesgo de que las poblaciones más pequeñas permanezcan aún más tiempo esperando recursos para reparar sus sistemas de abastecimiento.
Por ello, consideró indispensable recuperar la autonomía técnica, administrativa y financiera de las hidrológicas regionales.
“Las empresas deberían poder gestionar financiamiento, planificar inversiones y responder directamente a los problemas de cada estado. Es muy difícil administrar desde un solo centro una infraestructura tan extensa y diversa como la venezolana”, afirmó.
Los dos especialistas también señalaron que antes de construir nuevas obras, Venezuela necesita recuperar las capacidades técnicas perdidas, actualizar los diagnósticos de toda la red hidráulica y volver a convertir el conocimiento especializado en el principal activo del sistema.
“Rehabilitar cuesta aproximadamente 30% de lo que costaría construir nuevamente todo el sistema. Esa debe ser la prioridad”, afirmó Bausson.
El especialista consideró que la recuperación debe comenzar por la formación del recurso humano. “Lo primero que conseguiría no son miles de millones de dólares para construir obras. Lo primero serían 500.000 dólares para entrenar por lo menos a 500 personas en el sector agua. Si no hacemos eso, el dinero que llegue probablemente tendrá el mismo destino que ha tenido durante años”, señaló.
A partir de allí, propuso reconstruir las instituciones, fortalecer la supervisión técnica, garantizar procesos transparentes de contratación y recuperar la capacidad operativa de las empresas responsables del servicio.
Vásquez también aseguró que el diagnóstico de toda la infraestructura nacional constituye una condición indispensable para cualquier plan de recuperación.
“Los planos públicos están desactualizados. Lo primero es saber exactamente en qué estado se encuentra la red para establecer prioridades de intervención“, señaló.
Entre las acciones que consideró urgentes menciona la rehabilitación de plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, sistemas eléctricos asociados al suministro de agua y la implementación de un programa permanente de gestión activa de fugas.
Una crisis de salud pública agravada
Cuando los terremotos del 24 de junio sacudieron el centro-norte de Venezuela, miles de familias ya enfrentaban dificultades para acceder al servicio de agua. La destrucción de viviendas, edificios, redes de distribución y sistemas de almacenamiento convirtió un problema crónico en una emergencia humanitaria de gran escala.
En La Guaira, el estado más golpeado por los sismos, muchas personas comenzaron a depender exclusivamente de camiones cisterna, agua embotellada y ayuda humanitaria para satisfacer sus necesidades básicas. En numerosos sectores, los tradicionales tanques domésticos también resultaron dañados durante los movimientos telúricos, reduciendo aún más la capacidad de almacenar agua en medio de la emergencia.
Expertos nacionales e internacionales alertaron de que la combinación de agua insuficiente, saneamiento deficiente, acumulación de residuos y hacinamiento en refugios temporales incrementa considerablemente el riesgo de enfermedades infecciosas.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) identificó al menos 18 grupos de enfermedades que requieren vigilancia epidemiológica urgente, entre ellas diarreas, infecciones respiratorias, dengue, malaria y sarampión. Paralelamente, organizaciones humanitarias advirtieron que la escasez de agua potable favorece el aumento de infecciones cutáneas, enfermedades gastrointestinales e infecciones urinarias, especialmente entre niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) y la Cruz Roja Venezolana identificaron precisamente tres prioridades para la recuperación inmediata: restablecer la atención primaria en salud, ampliar el acceso a agua segura y fortalecer la atención en salud mental.
“A un mes de los devastadores terremotos reafirmamos nuestro compromiso con los venezolanos”, expresó el presidente de la Cruz Roja Venezolana, Luis Manuel Farías Villanueva, al anunciar una operación humanitaria prevista para extenderse durante 24 meses.
Mientras tanto, Médicos Sin Fronteras instaló clínicas móviles, reforzó la atención primaria, distribuyó miles de botellas de agua potable e inició programas permanentes de cloración y monitoreo de la calidad del agua en varios puntos de distribución de La Guaira. La organización advirtió que el acceso al agua potable, junto con el refugio y la atención en salud mental, continúa siendo una de las necesidades más urgentes para miles de familias desplazadas.
El desafío de reconstruir la confianza en el servicio
Las diferencias entre ambos especialistas aparecen cuando se abordan algunos aspectos financieros del sistema, como la política tarifaria. Sin embargo, incluso allí coincidieron en un principio fundamental: ningún aumento en las tarifas podrá ser sostenible mientras el servicio continúe siendo deficiente.
“¿Quién va a querer pagar un servicio intermitente, de mala calidad y que desaparece durante días?”, preguntó Bausson durante la entrevista. “Primero hay que darle respuesta al ciudadano; después podrá discutirse cualquier reforma tarifaria”, añadió.
Vásquez, por su parte, consideró que en el futuro será necesario avanzar hacia un sistema basado en la medición real del consumo y en tarifas que permitan sostener financieramente la operación de las hidrológicas, acompañado por subsidios temporales durante la transición. No obstante, insistió en que esa discusión solo tendrá sentido cuando los ciudadanos perciban mejoras concretas en el suministro.
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