El alcance de la protección, contenido y respeto que las instituciones del Estado deben prestar tanto a sus ciudadanos como a las instituciones de derecho privado que éstos conformen, puede ser objeto de interpretación partidista, según la visión social, política y económica del país, que, cada opción política posea, y, en todo su derecho, defienda.
Sin embargo, hay una Ley suprema, a la que se deben ajustar todos los planes sociales, económicos y políticos de los factores que forman los poderes del Estado: La Constitución Nacional, a la que tienen que ceñirse, tanto los postulados del Plan País como los de el Plan de la Patria.
Nos permitimos recordar cuatro artículos de nuestra Ley Constitucional, con el fin de enmarcar la solicitud, respetuosa, del presente Comunicado, porque, más allá de haber sido objeto, en su día, de un amplio debate, con carácter previo a su aprobación y promulgación, fueron votados de manera mayoritaria por los ciudadanos. Esto, y no otra cosa, es lo que el pueblo constituyente deseaba para convivir en sana paz y, en consecuencia, todas las autoridades del Estado y, más aún, cualquier venezolano, investido o no de autoridad, está en la obligación de hacerlo cumplir.
Artículo 2: “Venezuela se constituye en un estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico… la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.”
Artículo 6: “El gobierno de la república bolivariana de Venezuela… es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”.
Artículo 55: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado …. frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.”
Artículo 115: “Se garantiza el derecho de propiedad. toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”.
La Constitución de la República es, pues, clara, e ilumina, con su intención manifiesta de respeto a la libertad individual y a la propiedad privada, el sendero a transitar para que los principales problemas que enfrenta la clase productiva de la nación (empresarios y trabajadores) se resuelvan en el corto plazo: permítannos trabajar en libertad, es el llamado de quienes aman al país.
Sin embargo, después de haber sido definida por el partido de gobierno, como una Constitución modélica, pronto sus jefes empezaron a sentir constricciones que los llevaron a convocar un nuevo referéndum para su modificación, que el pueblo no aprobó, pretendiéndose, entonces, introducir los cambios por decreto. Así, en 2.000, 2.001, 2.007 y 2.013, se presentan ante la Asamblea Nacional, entonces de mayoría afecta al régimen, diferentes Planes de Desarrollo, el último de los cuales, conocido como El Plan de la Patria, sigue vigente.
En palabras del propio fallecido presidente Hugo Chávez, los motivos que le movieron a la presentación de este último proyecto, que fue aprobado como ley por la Asamblea Nacional de la República en fecha 4 de diciembre de 2013, “buscan traspasar la barrera del no retorno”. “estamos obligados a hacer irreversible el tránsito hacia el socialismo”, se dice en su exposición de motivos.
Solo una objeción que hacer a estas palabras del expresidente fallecido. Además de las generalidades quiméricas de los 5 postulados del Plan de la Patria: ¿en qué artículo, título, preámbulo o mandato, cualquiera sea su calificación, se refiere la Constitución de la República al régimen socialista como “sistema irreversible” para la vida pública nacional?, ¿cómo puede convivir jurídicamente este mero Plan Económico Quinquenal con lo dispuesto en los artículos 2, (que cita expresamente el pluralismo político) 3, 6, 55 y 115 de la Constitución Nacional?
Venezuela es un gran país, que atraviesa un momento de grandes dificultades. No se van a arreglar asumiendo con pasividad que su gente la abandone, para enriquecer otros países ni continuando la confrontación social en la que, desde hace algunos años, estamos inmersos.
Tampoco podemos soñar en que la situación cambie merced a la aplicación de ocurrencias más o menos felices o bien intencionadas. El problema, estimados amigos, es de fondo y, si no encaramos su realidad, no solucionaremos las dificultades de la sociedad productiva nacional de manera meramente táctica.
Hoy, sobran las situaciones, casi siempre “de hecho”, que gravitan de manera amenazadora sobre la viabilidad empresarial. Basta con analizar algunos datos macroeconómicos que no requieren de mayores explicaciones:
- La pulverización de la moneda nacional
- El empobrecimiento general de la sociedad
- La hiperinflación postbélica de los últimos años
- El desguace del patrimonio de empresas y personas
- La inconcebible disminución de la economía nacional, ya del tamaño de un pequeño país de las Américas.
- El déficit fiscal, continuado y profundo
- La increíble escasez de combustible en un país que extraía, hace 20 años, 3.6 MM de barriles diarios de petróleo y poseía un complejo refinador, dentro y fuera del territorio nacional, de los más poderosos del mundo.
- En fin, en épocas de pandemia, la nula capacidad del sistema hospitalario nacional para atender una crisis de salud como la que el mundo vive.
En este entorno, ¿es creíble un cambio de dirección en las políticas públicas por parte de los mismos protagonistas que hasta aquí nos condujeron? ¿una reducción del gasto público al menos? ¿Un manejo profesional de los hidrocarburos? ¿Se puede esperar la afluencia de los capitales privados necesarios para la reconstrucción de un país cansado y roto?
Continuar con la expropiación o intervención de grandes o medianas empresas privadas con una larga trayectoria y una mejor reputación no solo a nivel nacional, manejadas por profesionales conocedores del negocio, con excelentes resultados, para ponerlas ¿en manos de quién? ¿No fue suficiente el ejemplo de Agroisleña y, de tantas otras empresas venezolanas de clase mundial, que fueron ejemplo en la Venezuela del desarrollo y son hoy esqueletos vacíos cuyo peso en la economía nacional, ni siquiera se recuerda?
En conclusión, el ser humano es todo lo malo que le permitan ser, pero donde existen instituciones que vigilan, en donde hay una generalizada conciencia social, y en donde los políticos están sometidos a un control independiente, esos países, funcionan infinitamente mejor que el resto.
Se trata, ciertamente, de un problema de educación, pero, sobre todo, de la existencia de una legislación en armonía con la Constitución Nacional y de su libre aplicación por parte de instituciones que las administran, sin ataduras ni condicionamientos de carácter político.
Es bueno formar a la gente en educación ciudadana y en responsabilidad social, desde el kinder; es bueno y es importante. Pero una legislación adecuada y su aplicación estricta, es imprescindible, como es también imprescindible que existan instrumentos eficaces en manos de quienes tienen que fiscalizar y controlar las conductas de los políticos.
En una democracia, ser ciudadano es ser político los 365 días del año. Los que detentan el poder son nuestros apoderados, en quienes delegamos la autoridad para dirigir nuestra convivencia bajo preceptos y modos previamente aceptados por la sociedad entera, no por una parte de ella.
Por lo tanto, no existen políticos exclusivos, en el sentido abstracto del término. Políticos somos todos y, si quienes ocupan puestos de gobierno lo hacen mal, peor lo hemos hecho quienes los hemos elegido, quienes no los sustituimos por otros o quienes nos limitamos a decir: “yo no soy político”.
Lo que caracteriza a la clase política es lo mucho que se parece a quienes la votan, la diferencia entre unos y otros es que el político tiene una enorme capacidad de hacer daño, razón por la que el camino para cambiar la dirección de una “ocurrencia del político de turno” debe estar continuamente al alcance del pueblo que lo eligió, quien, nos hemos cansado de oírlo, es quien detenta la soberanía nacional.
Estimados amigos, muchos países del mundo viven hoy horas de frustración y desánimo. Venezuela no es la excepción y, tal vez, esté en nuestras manos, como factor productivo de la sociedad, la responsabilidad de reintegrarla a la senda del crecimiento y del bienestar que todos deseamos.
Nuestra solicitud a los gremios, a los trabajadores, a los empresarios, es que, juntos, contribuyamos a crear un futuro que debería ser diferente y mejor: mejor en calidad de vida, en respeto a la ley, en decencia privada y pública, mejor en la protección de los ciudadanos más vulnerables y mejor en las oportunidades para los jóvenes.
Un futuro con la capacidad de enamorar de nuevo a los ciudadanos, para que no nos abandonen y, a quienes se han ido, para que un día, tal vez pronto, regresen a trabajar por su país.
Para lograrlo, un buen inicio, por parte del Ejecutivo, actual poseedor de la fuerza, sería revertir, con generosidad, la peculiar medida de “ventas supervisadas” de todos los productos de las Empresas Polar, Coposa y Plumrose, para, de ese modo, ir orientándose al tránsito de la acertada senda de la razón. Analizadas mínimamente las brillantes trayectorias profesionales de las tres empresas, no parece que ninguna de ellas requiera de una suerte de “tutor” o “centinela”, para cumplir con sus funciones como proveedores de buena parte de los alimentos que se consumen en la mesa del venezolano del pueblo. En cuanto a las mesas de los aristócratas, a nadie le cabe duda que se surten en otros lugares de la geografía nacional e internacional, con todo su derecho.
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