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Como sabemos, en el municipio libertador tienen su asiento los poderes públicos del país, y sirve como un indicador sobre las principales tendencias en la criminalidad. Por regla general, en este municipio se reporta entre el 25 y el 30 % de los homicidios y delitos en general.

Según cifras conocidas extraoficialmente, Libertador fue el municipio con la tasa más alta de delito en general, con 470 casos por cada 100.000 habitantes. El que le sigue, Vargas, tuvo 408 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, 62 puntos menos.

En cuanto al delito de homicidio, la tasa de libertador fue de 24 por cada 100.000 personas, muy por debajo de lo tradicional y fue superado en este renglón por los estados Bolívar, Miranda y Delta Amacuro. Entonces, en Libertador hubo la tasa más elevada de delito en general, pero una no tan alta de homicidios. Esto quiere decir que prevalecieron los delitos contra la propiedad, en especial los de modalidades no violentas.

Al revisar la tabla general de los delitos más relevantes, encontramos que en el municipio libertador durante 2019 se incrementaron las lesiones personales y las violaciones sexuales. Ambos son delitos con altas cifras negras, es decir, los casos no reportados a las autoridades generalmente superan los que son conocidos.

En términos generales, la parroquia sucre tuvo las cifras más altas de delito y en particular de lesiones personales. Esto no es una excepción, puesto que lo que tradicionalmente conocemos como Catia alberga una gran cantidad de personas, y las condiciones de vida no son las mejores. En cuanto a las lesiones, en segundo lugar quedó la vega y en tercero el recreo, es decir, el área fronteriza con el municipio Chacao, donde están importantes sectores de oficinas y comercios.

El recreo fue además la parroquia con la segunda cifra más elevada de robos genéricos y robos de vehículos, en ambos casos superada por la parroquia sucre. Esto arroja importantes pistas sobre la concentración de delitos violentos en caracas. En caracas, más de la mitad de los robos y los robos de vehículos ocurrió en las horas tempranas de la tarde, mientras que los secuestros y las violaciones sexuales fueron en las primeras horas de las noches.

 Sirva esta información para el diseño de las estrategias de prevención que debe tener cada uno de nosotros, en especial cuando estamos en las vías públicas de la ciudad, donde ocurre casi el 80% de todos los delitos.

Sobre una nueva modalidad de phishing, que está siendo aplicada a los usuarios de banca internacional radicados en Venezuela como saben el phishing es un delito informático que consiste en convencer a una persona mediante artilugios para que entregue su información personal, que posteriormente podrá ser utilizada para fraudes o extorsiones.

En este caso, aparece un correo supuestamente enviado por el banco, que invita al usuario a abrir un mensaje en un sitio seguro, relacionado con la posibilidad de obtener una mejor línea crediticia. Cuando se presiona el botón para acceder al mensaje, se abre un formato en el que se indica que para acceder a él es necesario poseer una cuenta en ese banco, y se pide una confirmación sobre el usuario y la contraseña para el acceso a la cuenta Online.

La nueva práctica de phishing, asociada a los usuarios internacionales de un banco con sede en estados unidos. Cuando se abre el mensaje, y el usuario ha llenado el formulario que se le coloca, ya el pirata informático posee tanto su correo electrónico y las cuentas que están asociadas a él, así como los códigos de acceso.

 Esto da la posibilidad de adueñarse de la cuenta y disponer del efectivo que haya en ella, o incluso hacer transacciones con sistemas de transferencia en línea como Zelle. Para prevenir la victimización por este tipo de delitos, es preferible que al ver estas alertas se abra una nueva sesión en el navegador y se entre directamente a la página del banco donde se tiene la cuenta. Estos bancos generalmente tienen secciones para el envío y recepción de mensajes de sus clientes, que no necesitan de la emisión de alertas a sus correos electrónicos.

Análisis del delito de resistencia a la autoridad durante el año que recién finalizó como es conocido, la resistencia a la autoridad se configura cuando una persona se niega a acatar el mandato del funcionario de un cuerpo de la fuerza pública, en el ejercicio de sus atribuciones.

En Venezuela, sin embargo, detrás de este delito se oculta la práctica del ejercicio desproporcionado de la fuerza letal. Las muertes a manos de efectivos policiales o militares han ido en crecimiento desde 2015, cuando comenzaron las llamadas operaciones liberación del pueblo. Las muertes por resistencia a la autoridad tradicionalmente deben ser investigadas como si fuesen homicidios.

De hecho, deben ser tomadas como tales, hasta que se determine mediante investigación fiscal que el funcionario actuó bajo un riesgo inminente y en defensa propia o de terceros. Durante 2019, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, observó la práctica de ocultar homicidios bajo el rótulo de la resistencia a la autoridad. Al respecto fueron emitidos dos informes. A partir de la divulgación de estos documentos, el ministerio de relaciones interiores cesó la divulgación de las cifras con estos casos, en reportes semanales que solía enviar a sus policías aliadas en todo el país

Según cifras conocidas de manera extraoficial, en el país hubo durante 2019 unos 11616 homicidios, de los cuales 4953 ocurrieron en el contexto de casos de resistencia a la autoridad. Aunque ambos números son menores que los totales de 2018, un aspecto importante tiene que ver con el peso relativo de las muertes por resistencia a la autoridad, que en este caso superan el 43% del total. En 2018, el propio ministro Reverol había dicho que las muertes por resistencia a la autoridad representaban un tercio del total de homicidios.

Como podemos ver, el ejercicio de la fuerza letal por los cuerpos policiales y militares adquirió en 2019 una mayor preponderancia, y reafirman a estas instituciones del estado como los principales factores de violencia en el país.

En 2019, la policía nacional fue el organismo que acumuló la mayor cantidad de muertes, con 1818. Como sabemos, la Faes es una dependencia de este cuerpo de seguridad. En segundo lugar quedó Cicpc con 1167 muertes. Luego los componentes de la fuerza armada, con 548 y el resto se distribuyeron entre las 130 policías municipales y estatales del país. Un aspecto interesante es que luego de la emisión del segundo informe de la ONU, las muertes por resistencia a la autoridad comenzaron a declinar, y mantuvieron ese ritmo durante todo el último trimestre del año pasado.

En este procedimiento, las víctimas son captadas a través de anuncios divulgados por las redes sociales, como Facebook o Instagram, en los que se ofrece el servicio de gestoría para la renovación de la vigencia de pasaportes venezolanos como sabemos, con el incremento del éxodo de personas y la merma en la capacidad de servicio del Saime y los consulados, se ha abierto una oportunidad para la acción de gestores, que intentan ganar dinero a costa de la necesidad de estas personas.

En este caso, de acuerdo con denuncias remitidas al correo [email protected], se exige un primer pago de 250 dólares, así como el envío del pasaporte a la sucursal de una conocida casa de encomiendas en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela. El gestor ofrece que el pasaporte será renovado y reenviado a la dirección señalada por el cliente luego de un lapso de 30 a 45 días. Una vez transcurrido ese plazo, comienzan los problemas

Las víctimas de esta nueva forma de extorsión enviaban sus pasaportes a una casa de encomiendas en Cúcuta, con la oferta de que les colocarían la etiqueta de renovación en un plazo no mayor a mes y medio una vez transcurrido este plazo, el cliente se percata de que la gestoría ofrecida no funciona.

 Los clientes, que viven en países como México y España, comienzan a exigir el cumplimiento de lo ofrecido por el gestor, a través de un número de WhatsApp por el que se ha establecido la comunicación entonces, el gestor les indica que no puede entregarles el pasaporte a menos que paguen otros 400 dólares. E indica que no puede devolver el documento debido a que ya no lo tiene en su poder, sino que está en la oficina de su jefe.

 Esto podría ser interpretado como una forma de secuestro, pero en realidad no es más que una extorsión, puesto que hay una amenaza implícita en cuanto a que el pasaporte no podrá ser recuperado si no se cancela esta segunda suma de 400 dólares la denuncia correspondiente ya es procesada por un despacho de la policía judicial. Pero lo más importante en estos casos es que la gente, es decir, ustedes que escuchan este programa, estén al tanto de la situación y tomen las precauciones necesarias. El uso de gestores siempre comporta numerosos riesgos.