Luego de que la CIDH solicitó al estado venezolano trasladar el cuerpo del concejal metropolitano Fernando Albán a Estados Unidos para ser sepultado por su esposa o hijos, el abogado de la familia, Ramón Aguilar, el gobierno de Venezuela ha estado «renuente» a cumplir con las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «tenemos que agotar todas las vías para procurar una investigación seria y profunda que determine a los responsables de la posible tortura y ejecución extrajudicial de Fernando Albán».
Espera que la solicitud realizada por la CIDH sea cumplida por el estado «toda justicia puede ser lenta pero lleva procesos, la investigación pudiera pasar a la Corte Penal Internacional, por la resistencia del gobierno a permitir el acceso y la falta de información».
El abogado denunció que hay un acceso muy limitado al expediente de la investigación «no existe un correcto levantamiento del cadáver, no hay fotos del sitio donde supuestamente cayó, dicen que estaba esposado y con zapatos, pero el cuerpo fue conseguido sin esos elementos, no existe sangre en el lugar», señaló que, el médico que hizo la autopsia es comunitario, el que firmó el certificado de defunción la cédula de identidad corresponde a otra persona «es un caso plagado de contradicciones, lleno de opacidad».
De igual manera, catalogó de inaceptable que la juez dictara orden de aprehensión cuando el tribunal estaba cerrado, situación por la que se vieron perjudicados el Diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens y el Concejal Fernando Albán.
Por último, Ramón Aguilar, indicó que continuarán denunciando esta situación en todos los entes nacionales e internacional hasta conseguir justicia.
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