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La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, reveló que tienen identificados a los funcionarios relacionados con el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, los cuales “comprometieron el patrimonio del Estado a favor de estas empresas”.

Comunicó que en los próximos días los nombres de estos funcionarios gubernamentales serán anunciados porque serán citados para ser imputados. “Tenemos los contratos y las personas que autorizaron se ejecutaran esas obras y que no les hicieron el seguimiento a esos contratos, que nunca se construyeron y, que muchos de ellos, recibieron comisiones”, dijo Ortega Díaz.

Destacó que el Ministerio Público ha hecho las investigaciones y que tienen en su poder los contratos de las obras que la empresa desarrollaría en el país. Además, sostuvo que tienen identificadas a quienes autorizaron dichas construcciones.

Ortega Díaz enfatizó en que los funcionarios no les hicieron seguimiento a las obras y muchas no fueron culminadas. También reveló que “muchos” recibieron comisiones por las obras. Detalló que estas coimas fueron depositadas en cuentas en el extranjero y en algunos casos a nombre de familiares.

Odebrecht admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber sobornado con 98 millones de dólares a funcionarios públicos en Venezuela entre 2006 y 2015, el monto es el segundo más alto en coimas en toda Latinoamérica después del mismo Brasil.

El 26 de enero el Ministerio Público informó que realizaba averiguaciones si la empresa brasileña Odebrecht sobornó a empleados y dirigentes de organismos públicos venezolanos para ser incluidos en contratos de proyectos de infraestructura entre los años 2006 y 2015. Entre las obras en las que están implicados se encuentran la Línea 5 del Metro de Caracas y el Metro Caracas – Guatire.

En ese entonces, la fiscal general Luisa Ortega Díaz indicó que se solicitó al Ministerio Público de Brasil una rogatoria para discutir el caso. “Se intentará coordinar que un fiscal nuestro se traslade a Brasil para entrevistarse con Marcelo Odebrecht”, detalló la funcionaria.

“Investigaremos si hubo sobornos, si algunos funcionarios nuestros se lucraron”, puntualizó Ortega, quien agregó que también realizaron un rogatoria al gobierno suizo para comprobar si el dinero que poseen los sospechosos en ese país es producto de ilícitos.

El 14 de febrero se ordenó la detención de Euzenando Prazeres de Azevedo, presidente de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela, por los escándalos de corrupción de la llamada operación “Lava-jato”. Ese mismo día el Ministerio Público y la División General de Contrainteligencia Militar allanaron las oficinas de Odebrecht en Venezuela, ubicadas en la Torre Humboldt de Prados del Este. Al día siguiente los fiscales 55° nacional y auxiliar (Pedro Lupera y Luis Sánchez respectivamente) ante el Tribunal 11° de Control del Área Metropolitana de Caracas acordaron medidas de congelación de las cuentas bancarias, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles de la empresa brasilera.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió acciones contra las alcaldesas de ciudades de Maracaibo y San Cristóbal, Eveling Trejo y Patricia Gutiérrez, respectivamente, informó este martes la máxima corte.

En un comunicado del Supremo se indica que la Sala Constitucional ordenó que las alcaldesas «realicen todas las acciones y utilicen los recursos materiales y humanos necesarios» para «evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos».

Asimismo, se exige que las alcaldesas «procedan a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas, libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana».

También se pide a las funcionarias que cumplan con la protección de los habitantes de los municipios que gobiernan, «impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y en las que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas».

Al igual que, se ordenó que giren las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. En ese sentido, se ordena que desplieguen las acciones preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de su competencia, promuevan estrategias y procedimientos de proximidad con la comunidad de su espacio territorial, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley.

Finalmente, las sentencias señalan que de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, los mandamientos de amparo constitucional cautelar deben ser acatados por ambas alcaldesas, sin incurrir en desobediencia a la autoridad y exponerse a la sanción prevista en el artículo 31.