María Alejandra Bello y Melissa Nahmens nos presentan las mejores sugerencias de lectura en “ Qué leer, Literatura para no literatos”.
Entre las recomendaciones literarias del día de hoy, están:
Para los consentidos de la casa:
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El banco estadounidense Goldman Sachs, recientemente, compró 2 mil 800 millones de dólares en bonos venezolanos con un descuento del 69 %, ante esto, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, afirmó que, tras esta transacción, la entidad ofreció alivio financiero al gobierno de Nicolás Maduro. Dentro de lo complejo del tema financiero, la economista Tamara Herrera, explicó que hay un cuestionamiento “moral y político o político y moral” al hecho de que un banco de inversión este financiando a un Gobierno que esta actuando fuera de la Constitución y ese financiamiento son los 865 millones de dólares que entraron a cambio de un título que había emitido PDVSA en el año 2014, por un valor de 2 mil 800 millones de dólares y que descansaba desde entonces en el portafolio del Banco Central de Venezuela (BCV). Supuestamente, ese título fue emitido en su momento cumpliendo con los requisitos y normas “para tener aceptación internacional”, acotó.
En este sentido, manifestó que el valor de esos 2 mil 800 millones de dólares cambian de acuerdo a las condiciones del deudor, que, en este caso es PDVSA. Entonces, a juicio de la economista, la pregunta más pertinente, grave y de mayor alcance es: “¿Qué es lo que ha hecho que todo título valor emitido por la República de Venezuela o por PDVSA tenga un valor inferior al 60 % (…) cuál fue la gestión que destruyó la industria petrolera venezolana, la credibilidad de la gestión de políticas públicas, la capacidad de producción de la agricultura nacional para abastecerse a sí misma, la gestión que puso en duda la capacidad no solo de alimentarse a sí mismo como país sino, además, no tener la capacidad de ir a exportar cualquier otra cosa que no fuera un petróleo de menor calidad y a mayor costo?”.
Además, el Gobierno venezolano no logra emitir deuda porque las condiciones de credibilidad y funcionamiento económico hace que cualquier persona que vaya a comprar un bono para financiar a Venezuela, piense si le podrá pagar. “Este gobierno no ha hecho sino sumar razones y encarecer el costo de cualquier financiamiento que tiene la República”, afirmó.
La gente debe entender que “esto no le ocurre a un país que no tiene este tipo de gestiones”
Herrera, llamó la atención sobre la responsabilidad de la gestión de Gobierno, exhortó a la gente a entender que “esto no le ocurre a un país que no tiene este tipo de gestiones” y después adentrarse al problema que le abre los ojos a todo el mundo, que es: “el exorbitante descuento con el que fue realizada esta operación”.
Con esto, uno puede entender por qué los bonos de Venezuela, “siendo de Venezuela o de la República”, hoy, según el plazo que tengan, ninguno va a tener un valor superior a 40 – 45 dólares. “Cuando sube es porque esta cerquita del momento de pago, esa es la condición de nuestra deuda en este momento”, expuso.
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El tema de la minería y el reciente acuerdo anunciado por, el ministro para Desarrollo Ecológico Minero, Jorge Arreaza, en el que Venezuela y Sudáfrica emprenderán un proyecto diamantífero fue el tema a tratar con el representante minero de Fedecámaras, Eduardo Garmendia, en el programa «Marca País» con la periodista María Isabel Párraga.
Durante la entrevista, Garmendia expresó que «la intención del Gobierno es una búsqueda desesperada de recursos económicos en el área de la minería, sin ningún plan previo», es decir, “el objetivo que el Gobierno ha tenido, es obtener renta para apalancar las reservas internacionales”. Todo esto dentro de una propuesta improvisada que consiste en la “extracción minera de gran proporción”.
Evidentemente, con este panorama «Venezuela no está preparada para que su segundo sector económico sea la minería» y esto principalmente se da porque “el trabajo del minero artesanal es arrebatado por estas extracciones a gran escala”, aseguró.
De igual forma, el representante minero de Fedecámaras, denunció que “la nueva ley de minas, introduce elementos que no son pertinentes y seguirán siendo perjudiciales para el país” y todo esto porque el Gobierno no es “el administrador, sino el dueño del Estado”.
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“Ayer, 29 de mayo, fue uno de los días fuertes (…) tuvimos una inusitada represión, sobre todo por los instrumentos que utilizaron, antes utilizaban bombas lacrimógenas en gran cantidad, ayer fue una combinación de metras, esferas, cabillitas”, así describió la represión por parte de los cuerpos de seguridad del estado, el director de Salud Baruta, Enrique Montbroun.
“La capacidad que tiene cada uno de esos instrumentos depende de la velocidad y de la distancia con que se dispare”, agregó.
Montbroun, indicó que en Salud Baruta recibieron 147 pacientes lesionados, de los cuales, 112 fueron producto del tipo de violencia descrita anteriormente. En este sentido, hizo un conteo detallado por lesión: “64 heridos por armas de fuego, 46 traumatismos contusos que tuvimos por el efecto del golpe de bombas y 12 dislocaciones de hombro por el impacto de las mismas”.
Lo que se está viviendo durante las protestas es un uso “diferente, anormal, desproporcionado de la fuerza”. A su juicio, esto, “o es un acto muy negligente o intencionado”, culminó.
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«Nuestro único objetivo es producir productos hecho en Venezuela para los venezolanos», así lo reseñó Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (FEDEAGRO) en una entrevista realizada en “Noticiero Fedecámaras” con la periodista Ashley Flores Montesinos.
La situación del sector agroalimentario empeora con el pasar de los días y frente a esta situación Fedeagro llamó a la “emergencia agroalimentaria”, ya que como lo expresó su presidente “estamos ante una nueva y drástica caída de la producción nacional».
«Solo hemos podido comprar el 30 % de lo que requerimos para la siembra de arroz y maíz», añadió Hopkins.
De igual forma, el presidente de Fedeagro destacó que «hace 6 meses que los productores de hortalizas de los andes venezolanos no reciben un saco de semillas y este año, se ha sembrado solo el 25 % de la superficie que normalmente se siembra en hortalizas».
«Hoy en día abastecemos solo el 30 – 40 % del consumo nacional», aseguró.
Asimismo, Hopkins denunció la gran cantidad de productos importados que el Gobierno trae a Venezuela para “maquillar” la crisis que se vive en el país y afirmó que «trayendo los insumos al país podemos producir 5 veces lo que se puede traer».
«La caída sostenida de la producción nacional en los últimos años es lo que ha incentivado la escasez y desabastecimiento», agregó.
Finalmente, el presidente de Fedeagro manifestó su profundo rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente y señaló «dentro de la Constitución todo, fuera de ella, nada».
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Del 5 al 16 de junio de este año, se realizará la 106° Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra (Suiza), donde convergerán más de 4 mil delegados de todo el mundo para debatir las grandes dificultades del trabajo mundial en la actualidad. El primer vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, en conversación con Actualidad Laboral, señaló que en la reunión formulada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), participan los Estados, los representantes de los sindicatos y los representantes de las empresas de todos los países del mundo. El gobierno venezolano es copartícipe de todos los convenios de diálogo tripartitos para temas laborales que están establecidos y Venezuela viola abiertamente, expresó.
«Hay convenios que establecen que todos los ajustes de salario mínimo tienen que ser discutidos de forma tripartita, tienen que consultar a los trabajadores y a los empleadores, y eso desde hace muchísimos años que no se hace», aseguró Larrazábal.
Asimismo, destacó que en el marco de los convenios se prohíbe el acoso de líderes sindicales, entendiéndolos como aquellos que agrupan y representan tanto a personas como a empresarios con un interés definido. Aquí, muchos de ellos son perseguidos, han sido víctimas de atentados y han expropiado sus bienes.
Por otra parte, explicó que la OIT tiene tres instancias deliberativas importantes en donde se debaten los temas más resaltantes, una en octubre-noviembre, una en marzo y la próxima Asamblea Anual, «uno de los temas permanentes es el seguimiento del caso venezolano«.
En cuanto a la situación país, aseguró que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente requiere, como primer punto, que sea aprobada por vía de un referéndum, porque una cosa es tener la iniciativa y otra cosa en convocarla. Por eso Fedecámaras se ha pronunciado en contra, afirmando que no pueden participar en un mecanismo en el que se quebranta la hilo constitucional.
«La agenda política como se está manejando no va a solventar los problemas económicos que estamos viviendo, lo que necesitamos ahorita es un cambio de modelo económico», aseveró Larrazábal.
Respecto a los saqueos que se han venido presentando en el país, lamentó las grandes perdidas que estos actos acarrean, «se ve que no es una intención propia de las manifestaciones pacíficas. Eso hay que rechazarlo y exigirle al gobierno nacional que tiene que permitir el derecho a la protesta pacífica garantizada en la Constitución, pero también que deben proteger los bienes públicos y privados de los grupos de desadaptados que salen simplemente a destruir y crear zozobra en la población», manifestó.
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El pasado 18 de mayo, la Directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), consignó un documento ante la Fiscalía General de la República en el que se solicitó premura en los procesos de denuncias por agresiones en contra de periodistas, reporteros gráficos y parte de los ciudadanos que registran hechos noticiosos en estos 59 días de manifestaciones a lo largo y ancho del país.
Tinedo Guía, presidente del CNP, afirmó que luego de la visita hecha a la Fiscal General, «pareciera que los cuerpos de seguridad se han ensañado más en la agresión con los periodistas, entre enero y el 15 de mayo habían 290 agresiones, hay que sumarle más de 180 que hay hasta ahora en este mes y medio de protestas que lleva el pueblo venezolano«. Asimismo, señaló que las medidas dictadas por la fiscalía, consisten en que «el que esté haciendo un trabajo periodístico, no puede ser agredido por los cuerpos de seguridad, y debe ser además, protegido de las agresiones de algunos ciudadanos que consideran que los periodistas no estan haciendo su trabajo«.
Recordó que existe la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (RESORTEME), que «impide prácticamente la inmediatez, si un hecho se saca una vez, ya no se puede repetir, y es en los espacios estelares donde se puede colocar esa información«, lo que conlleva a que gran parte de la población no tenga conocimiento de los sucesos diarios del país.
De igual forma, en conversación con Noemí Cendón y Janeth De Abreu de Actualidad Laboral, Guía recomendó a los ciudadanos «paciencia con el trabajo periodístico, que los apoyen y los protejan«, ya que aunque se reseñen informaciones en medios pequeños, «sin una gran vocería«, son testimonios que pueden servir de pruebas de violación de derechos humanos en el control de las manifestaciones ante entes internacionales.
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La periodista especializada en economía y finanzas, Jessica Morales, presentó la más completa información del Mercado Bursátil de hoy
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