La abrupta suspensión de la ayuda exterior de Estados Unidos ha alimentado una catástrofe humanitaria global y ya incide en la muerte de unas 350.000 personas, dijeron expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.
Los expertos criticaron el desmantelamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid) y afirmaron que “la deplorable decisión de suspender la ayuda exterior es una emergencia humanitaria, no un ajuste de política”.
En una carta dirigida al gobierno de Estados Unidos, solicitaron una respuesta urgente tras los informes de que cerca de 100 personas mueren cada hora desde que el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14169 el 20 de enero de 2025, suspendiendo la ayuda exterior a la espera de una revisión.
Los expertos son los juristas Olivier De Schutter, belga, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, y Michael Fakhri, canadiense, relator especial sobre el derecho a la alimentación.
Ambos trabajan -de modo independiente y sin remuneración- bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en esta ciudad suiza.
“Las personas más pobres del mundo mueren a cada minuto como resultado de las decisiones opacas de algunas de las personas más ricas que han pisado nuestro planeta”, dijeron los expertos, en una alusión al respaldo de multimillonarios a los recortes de ayuda dispuestos por Trump, también él multimillonario.
Los expertos manejan reportes según los cuales ya se han estimado más de 350.000 muertes derivadas de los recortes de la ayuda, incluidos más de 200.000 niños.
Sus datos revelan el impacto devastador de la congelación de la ayuda estadounidense y los recortes adicionales a los presupuestos de la ONU en las agencias de la organización mundial.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), la agencia para la salud sexual y reproductiva, estima que al menos 32 millones de personas perderán el acceso a sus servicios.
Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, estima que 12,8 millones de personas desplazadas podrían perder el acceso a intervenciones sanitarias vitales.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informa que 10 millones de personas podrían quedar sin asistencia de emergencia.
Al respecto se divulgó en la revista médica británica The Lancet una investigación, liderada por científicos de Brasil, España, Mozambique y Estados Unidos, con datos de 133 países y escenarios proyectados hasta 2030.
Los resultados mostraron que, entre 2001 y 2021, los programas financiados por Usaid evitaron más de 91 millones de muertes, incluyendo 30 millones de menores de cinco años. Se destacan reducciones significativas en la mortalidad por VIH/sida, malaria y enfermedades tropicales desatendidas.
Sin embargo, según las proyecciones del estudio, si los recortes en los programas de Usaid se mantienen se podrían producir más de 14 millones de muertes adicionales, incluyendo 4,5 millones de niños menores de cinco años antes de 2030.
La declaración de los expertos de la ONU recordó que la Orden Ejecutiva 14169 ordenó una revisión de 90 días de la ayuda exterior estadounidense para evaluar su alineamiento con las prioridades de política nacional.
Seis meses después, programas críticos de salud, alimentación y ayuda humanitaria siguen suspendidos o cancelados, y no se han publicado los resultados de la revisión.
De Schutter y Fakhri dijeron que “no hay transparencia, ni rendición de cuentas, ni una justificación clara para una decisión que, en última instancia, costará millones de vidas”.
El proceso de revisión, supervisado por el secretario de Estado, Marco Rubio, identificó unos 6.200 programas y varios miles de subvenciones que en conjunto implicaban cerca de 70.000 millones de dólares anuales. Se suprimió la mayoría de esos planes y asignaciones, y el resto fue absorbido por el Departamento de Estado.
“Los 5.200 contratos que ahora están cancelados gastaron decenas de miles de millones de dólares en formas que no sirvieron (y en algunos casos incluso perjudicaron) los intereses nacionales fundamentales de Estados Unidos”, escribió el secretario Rubio el 10 de marzo en la red X.
Los expertos también expresaron alarma por una reciente directiva que instruye a todas las embajadas de Estados Unidos a implementar el plan del Departamento de Estado de abolir todos los puestos restantes de la Usaid en el extranjero antes del 30 de septiembre de 2025.
Consideran que con ello se desmantela aún más la infraestructura necesaria para prestar servicios esenciales en las regiones afectadas por la pobreza.
“Emitir una directiva tan amplia sin haber revelado públicamente las conclusiones de la revisión –en particular el impacto de los recortes en la pobreza y los derechos humanos– es profundamente problemático”, dijeron los expertos.
También expresaron preocupación por el hecho de que no se ha llevado a cabo ninguna consulta significativa con los organismos de las Naciones Unidas, los grupos de la sociedad civil o los socios implementadores afectados.
Recordaron que “Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo pilar del desarrollo global. Sin embargo, ahora mismo está descarrilando décadas de progreso en la erradicación de la pobreza y dejando morir a las personas más pobres del mundo”.
“Instamos a Estados Unidos a que renueve su compromiso con el sistema internacional de derechos humanos, en cuya creación desempeñó un papel tan central, y a que restablezca su financiación de inmediato”, concluyeron.
TAL CUAL
