La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil (MMA), desarrollaron el evento regional “Fortaleciendo medios de vida rurales y la conservación ambiental desde la protección social: miradas desde América Latina y el Caribe para una acción climática inclusiva”.
Durante el 18 y 19 de marzo, autoridades gubernamentales, representantes de organismos multilaterales, académicos y de la sociedad civil se dieron cita en Brasilia para compartir experiencias y debatir sobre la protección social como vía para fortalecer los medios de vida rurales y promover la conservación ambiental en América Latina y el Caribe.
Las sesiones remarcaron cómo la inversión en programas de transferencia monetaria condicionada, incentivos de conservación y esquemas innovadores de manejo de recursos naturales, pueden generar soluciones ganadoras para la erradicación del hambre, la reducción de la pobreza y la preservación de ecosistemas.
Además, se identificaron oportunidades de financiamiento para programas de protección social con enfoque ambiental, como el acceso a fondos internacionales y la movilización de recursos públicos y privados, contribuyendo a la resiliencia de los grupos más vulnerables.
Las conclusiones del diálogo entre gobiernos y organismos internacionales contribuyen al pilar de conocimientos de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, promoviendo instrumentos que unan objetivos sociales y ambientales. Además, se apoyó la elaboración de insumos técnicos en cuanto al acceso al financiamiento climático, de cara a la COP 30.
El evento contó con la participación de Benjamin Davis, Director de la División de Transformación Rural e Igualdad de Género de la FAO; Pablo Ibarrarán, Jefe de la División de Protección Social y Mercados Laborales de BID; Marina Silva, Ministra, Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil; Wellington Dias, Ministro, Ministerio del Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre de Brasil; y José Cardona, Ministro, Secretaría de Desarrollo Social de Honduras.
“El costo de la transición hacia modelos económicos más sostenibles y resilientes al cambio climático no puede cargarse sobre las espaldas de los más vulnerables.”, señaló Benjamin Davis, Director de la División de Transformación Rural e Igualdad de Género de la FAO.
“La protección social juega un papel clave para apoyar la resiliencia de las familias con recursos limitados. Esta herramienta cumple tres funciones importantes. Primero, apoya directamente a quienes más lo necesitan con transferencias y servicios. Segundo, puede incentivar técnicas agrícolas y prácticas de conservación que benefician tanto a las comunidades locales como al medio ambiente. Y tercero, prepara a las comunidades para responder mejor cuando ocurren tormentas, inundaciones, sequías y otros fenómenos meteorológicos que afectan cada vez más a nuestra región. En resumen, la protección social no solo atiende necesidades inmediatas, sino que también construye capacidades para un futuro más estable”, Pablo Ibarrarán, Jefe de la División de Protección Social y Mercados Laborales de BID.
“No basta mitigar o adaptar, se requiere urgentemente transformar el modelo perverso que nos ha traido a ultrapasar el aumento de la temperatura global en 1.5 grados Celcius.”, Marina Silva, Ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil.
Canasta de Políticas
En el evento se destacó la amplia experiencia de la región en políticas y programas intersectoriales, en particular el Programa Bolsa Verde de Brasil, que apoya la conservación ambiental en la Amazonía y la generación de ingresos sostenibles para las poblaciones rurales más vulnerables, con una interface con participantes del programa de protección social Bolsa Familia. El programa Bolsa Verde redujo en un 22% la deforestación en las zonas focalizadas. Los beneficios de la disminución en emisiones de CO2 superan los costos del programa.
Además, en el encuentro se identificaron diversos instrumentos de política que contribuyen simultáneamente al cuidado de los ecosistemas y la resiliencia climática, desde instrumentos de protección social o de protección socioambiental, como transferencias monetarias condicionadas ambientalmente, los cuales se han propuesto para enriquecer la Canasta de Políticas de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza.
Se discutieron mecanismos de gobernanza y financiamiento para que dichas políticas puedan ser escaladas y replicadas en otros contextos nacionales y subnacionales de la región.
El evento sirvió de plataforma para elaborar lineamientos y recomendaciones dirigidas a la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar en noviembre de 2025 en Belém (Brasil).
Los beneficios económicos y sociales de la descarbonización para la región superan los costos: la transición a economías cero emisiones netas podrían crear 15 millones de empleos netos nuevos para 2030 y proporcionar US$2,7 mil millones en beneficios netos para 2050.
Al cierre, los presentes hicieron hincapié en la importancia de vincular la protección social con la acción climática, garantizando la inclusión de las poblaciones rurales y el respeto a la biodiversidad, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 1, 2, 10 y 17).
NOTA DE PRENSA
