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  • #Opinión | La ruta legal o el desacato «abonan» el camino electoral en Venezuela

    A juicio de Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezuela, la renuncia de ocho rectores – entre principales y suplentes – del Consejo Nacional Electoral (CNE), podría generar dos escenarios, contradictorios, entre sí.

    El primero de ellos – con mayor probabilidades -, es que la Asamblea Nacional (AN) designe a una Comisión Preliminar de Postulaciones, para hacer el nombramiento de los nuevos rectores.

    “Esta, a su vez, convoca a las organizaciones de la sociedad a que postulen candidatos para completar los 10 cargos adicionales de ese Comité de Postulaciones, el cual estará conformado por 21 miembros, según lo establece la Ley Orgánica del Poder Electoral”, detalló.

    Bajo este escenario, Lander dijo que se tendría que observar qué hará ese equipo de 11 diputados, nombrado por la AN, para ver si efectivamente seguirá ese lineamiento (estipulado en la Ley); de ser así, “dicha comisión conformada por 21 personas (11 nombradas por la AN y 10 más postulados por organizaciones de la sociedad civil, seleccionados en definitiva por el Parlamento) deberán llamar a las facultades de derecho de las universidades nacionales y al Poder Ciudadano para que postulen candidatos a ocupar esos cargos”.

    “Después, la comisión de 21 personas evaluará si estos candidatos tienen las credenciales establecidas por la Constitución y finalmente presentará una lista depurada; a fin de que, el Parlamento, con las dos terceras partes de sus integrantes, decida quiénes serán los nuevos rectores del CNE”; agregó.

    Un segundo escenario;- menos probable -, es que se desconozcan los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Electoral y la Constitución; “se viole la legislación vigente” y la Asamblea Nacional nombre a todos los rectores del CNE.

    “Si ocurre el segundo escenario, a la sociedad venezolana le corresponderá denunciar esas inconstitucionalidades e ilegalidades y reclamar el retorno al Estado de Derecho”.

    La decisión de los rectores, ha sido anunciada, a tan solo cuatro meses para las elecciones primarias de la oposición venezolana, las cuales contemplaban una asistencia técnica del CNE.

  • Jesús Rojas: aprobada la Ley de Extinción de Dominio se requerirá cooperación internacional

    El abogado, Jesús Rojas, indicó que al adoptarse la Ley de Extinción de Dominio en el país se va a “requerir de la cooperación internacional” para la ejecución y efectividad de la misma.

    El proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio se aprobó en primera discusión el pasado mes de marzo; tiene como finalidad la titularidad a favor del Estado de los bienes provenientes de actividades ilícitas.

    En entrevista para el programa Análisis de Entorno, Rojas señaló que esta jurisprudencia está «inspirada» en una Ley de Extinción de Dominio emanada por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (2011).

    “Básicamente como la propia ley modelo de las Naciones Unidas lo define y lo recoge, el proyecto que todavía está en discusión, es una acción civil que lo que hace, es que el Estado cuestione el origen de la titularidad de un bien por encontrarse vinculado a un origen ilícito”, dijo para Fedecámaras Radio.

    Explicó que una vez aprobada, el Estado dependerá de los controles y cooperación de la Comunidad Internacional para su cumplimiento y aplicación.

    Sostuvo que su eficiencia dependerá, no solo de las autoridades pertinentes, sino también del ciudadano.

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  • Luis Silvera: Si se quiere promover la participación estudiantil debe hacerse de frente libre

    La Ley de Participación Estudiantil en el subsistema de educación básica, al salir creó todo un mal entendido, donde se creía que los jóvenes impartirán clases, pero esa ley no está especificada de un todo, así lo señaló Luis Silvera, responsables de nuevas generaciones del Lápiz de Caracas. 

    Explicó que al leer la Ley no dice nada al respecto de jóvenes dando clases sin títulos de bachilleres como se comenta en el país, agregó que lo preocupante de esto es la supervisión del control que la ley ejerce sobre los usuarios estudiantiles, eso limita a condiciones no favorables a las personas que pueden no pensar distinto a lo que diga Ministerio de Educación.

    “No encontramos ningún artículo en el que hablará de de bachilleres dando clases y que obviamente si nosotros vemos que eso está sucediendo, que personas que no están preparadas están formando a los liceístas, pues nosotros vamos a estar allí”, agregó Luis Silvera en el programa Actualidad Laboral por Fedecámaras Radio.
    Esta ley se enfoca más que todo en los derechos y los deberes de los estudiantes, que está de forma clara, la Alianza del Lápiz de Caracas está de acuerdo en todo lo que sea un bien para la participación ciudadana, más aún si se trata de los jóvenes. 
    “Si realmente quiere promoverse la participación estudiantil, bueno entonces que sea una  participación frente libre, no una participación estudiantil que pueda hacer más bien es censurar a los mismos estudiantes y eso lo  hace tanto como el artículo 17 y el artículo 19 que habla de que el Ministerio del Poder Popular de la Educación, tendrá su estructura organizativa, una instancia para la articulación y atención permanente con los consejos estudiantiles” Agregó Luis Silvera, responsable de nuevas generaciones del Lápiz de Caracas. 

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  • Carlos García Soto: La Asamblea Nacional electa en 2020 ha priorizado la legislación en materia social y penal

    El doctor en derecho, Carlos García Soto, explicó que la Asamblea Nacional (AN) actual ha priorizado desde su elección en 2020 las leyes en materia social y penal, pero no ha puesto énfasis en leyes de materia económica.

    «La Asamblea Nacional que fue electa en el 2020 le ha dado prioridad a la legislación en materia social y le ha dado prioridad a la legislación en materia penal. Esta Asamblea Nacional no se ha caracterizado por poner el acento en la materia económica. La Asamblea Nacional no se ha preocupado por reformar la legislación económica venezolana» dijo García Soto

    García Soto explicó que para este 2023 la Comisión Consultiva de la AN presentó a la Junta Directiva un conjunto de 22 proyectos en los cuales pretenden trabajar; sin embargo, agregó que esta agenda no siempre se cumple como fue anunciada, ya que el parlamento venezolano trabaja en otros proyectos también y se sancionan leyes que no estaban previstas en la agenda. 

     «La AN al aprobar este conjunto de 22 proyectos de ley clasificó a la propia Asamblea en cinco bloques temáticos de estos 22 proyectos. Hay cinco proyectos de ley que fueron incluidos como Leyes Económicas, tres en materia de servicios y derecho a la ciudad, cuatro en materia del Poder Popular, cinco en materias relativas al desarrollo humano, social y ambiental y cinco en materia del poder judicial» contó García Soto

    El doctor en derecho, aludió a las agendas legislativas de 2020-2022 y dijo que  “pareciera que al igual que lo que ocurrió en el 2021 estas reformas de leyes están dirigidas a modificar aspectos del funcionamiento del sistema de justicia».

    «En el 2021 se llegaron a reformar hasta 10 leyes en materia penal, reformas puntuales, todas dirigidas al menos a modificar aspectos del funcionamiento del Estado en materia judicial y en cuanto a investigación de delitos (…) En el año 2022 también se publicaron algunas leyes en materia penal y en la agenda legislativa de este año 2023 también se han incluido más que en materia del funcionamiento del sistema de justicia» afirmó García Soto

    Escuche la entrevista completa aquí: 

    Lea También: Consecomercio: Diciembre de 2022 cerró con un 15% menos en ventas comparado con el año 2021

  • Asamblea Nacional le solicita a la banca privada apoyo para ayudar a los afectados de Las Tejerías y El Castaño

    La Asamblea Nacional (AN) está dispuesta a colaborar con la atención de Las Tejerías y El Castaño, estado Aragua, en materia legislativa y de financiamientos, previa aprobación del Gobierno Nacional, confirmó el diputado Luis Eduardo Martínez, presidente de la Comisión Especial del Parlamento para atender a estas localidades frente a las afectaciones por las fuertes precipitaciones.

    Martínez resaltó que la AN se compromete a gestionar financiamientos para los afectados. además explicó que el sector comercial se vio fuertemente afectado por el reciente deslave de Las Tejerías. En el caso de El Castaño, la mayor afectación la recibieron ciudadanos de la tercera edad que contaban con pequeños comercios como su medio de vida.

    Informó que la comisión tiene prevista una reunión con los líderes de la banca privada para exhortar a brindar apoyo voluntario a estas localidades.

    “Aunque la AN podría establecer un impuesto especial para atender a los requerimientos de damnificados, prefiere esperar que los bancos privados manifiesten disposición de manera espontánea y así refrenden su compromiso social con el pueblo venezolano”, indicó.

    Además, Martínez enfatizó que el grupo parlamentario asumirá el compromiso en cualquier otra situación de riesgo que pueda presentarse en localidades aragüeñas como Turmero, Palo Negro, Cagua, La Victoria, Ocumare de la Costa, Choroní, entre otras.

    Con información de Finanzas Digital 

  • Proyecto de Ley de Armonización Tributaria busca reducir la voracidad fiscal municipal y estadal

    Juan Cristóbal Carmona, abogado en derecho financiero y tributario, explicó que la aprobación de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de Potestades Tributarias Estadales y Municipales es la implementación de una facultad para que el poder legislativo permita el ejercicio del poder tributario con una serie de medidas.

    “Debe recordarse, que a fin de cuentas, el contribuyente es el mismo respecto a esos tres niveles de unidades políticas territoriales, pero sus capacidad económica es única y si no hay coordinación del sistema tributario, se empieza a tentar principios como el de capacidad contributiva”, indicó.

    En una entrevista realizada en el programa Petroguía, el abogado de derecho financiero destacó que se ha desatado una gran voracidad fiscal por parte de los municipios, porque los estados tienen un poder tributario estadal muy reducido.

    “En el caso de los municipios, especialmente en materia de impuestos sobre actividades económicas, impuestos de muebles urbanos ellos si sienten con mucha fuerza, por eso que después de 22 años estar vigente la constitución, vemos por primera vez un paso hacia adelante en medidas de armonización y coordinación”, resaltó.

    Carmona apuntó que no se puede solo coordinar y armonizar en base a los estados y municipios, sino también a nivel nacional, debido a que es el que más contiene poder tributario en todo el territorio y más tributos ha creado.

    “Debiera dar el ejemplo el pode nacional primero organizándose y luego ocupándose de organizar a estados y municipios, para que pueda hacerse todo de manera simultánea”, puntualizó.

    Escuche la entrevista completa aquí:



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    IESA desarrolla diplomado de gerencia de hidrocarburos para transformar la industria petrolera

     

  • Fedecámaras Táchira participó en Foro Migración y Movilidad Humana

    El pasado viernes 13 de mayo empresarios y representantes de Fedecámaras Táchira se reunieron con la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), Vanesa Montero, quien también preside la subcomisión de Asuntos Fronterizos e Integración.

    Dicho encuentro se realizó en la sede del SENIAT en San Antonio del Táchira, allí además estuvieron presentes diputados, autoridades municipales y académicos con el objetivo de profundizar y dialogar en temas como la migración y movilidad, vistos desde una perspectiva más humana.

    Montero resaltó en su ponencia que es de importancia conocer la dinámica fronteriza, sobre todo la reactivación económica. “El debate permanente que debemos tener con nuestros ciudadanos que viven toda la dinámica en la frontera”.

    José Luis Jiménez, en representación de Fedecámaras Táchira, basó su intervención en los retos que giran en torno a un estado fronterizo, como lo es Táchira, donde se requiere no solo del capital nacional, sino también de la inversión foránea.
    Para ello, manifestó la necesidad de rescatar las empresas icónicas de los municipios fronterizos, para dar paso a una reactivación comercial que empieza, sin duda, con la reapertura del paso vehicular por los tramos formales.

    Durante su ponencia expresó la necesidad de darle al Táchira un tratamiento diferente al resto del país donde se involucren a todos los sectores políticos, sociales y económicos buscando primordialmente una mejor calidad de vida de los ciudadanos que habitan en esta frontera.

    Asimismo, Jiménez resaltó la importancia de crear un Ecosistema de Emprendimiento Interfronterizo, una Aceleradora de Empresas de Base Tecnológica y una Universidad Interfronteriza UNICOLVEN dónde se impulse la formación para los nuevos emprendedores.

    Nota de prensa

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  • Grupo Orinoco: Ley del Agua reduce la competencia del poder municipal en materia de servicio de agua potable y saneamiento

    El Grupo Orinoco emitió un comunicado en donde resaltó el carácter improcedente del proyecto de Ley Orgánica del Agua aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el pasado 8 de junio de 2021.

    Arnoldo José Gabaldón, coordinador del Grupo Orinoco, aseguró que de ser aprobado en plenaria este proyecto de Ley conduciría a derogar la Ley de Aguas, promulgada en 2007 y la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento aprobada en 2001 y reformada en 2007, las cuales fueron objeto de discusión y consulta con la sociedad civil e incorporaron buenas prácticas internacionales.

    «El proyecto es esencialmente un instrumento concordante con el planteamiento de sociedad comunal y en consecuencia menoscaba el poder municipal y sus competencias en materia de servicio de agua potable y saneamiento, tal como lo contempla la Constitución y la Ley Orgánica del Régimen Municipal», precisó.

    A su juicio, de ser sancionado este proyecto creará un vacío institucional que agravará la ya precaria prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento en todo el país, pero especialmente en las comunidades más pobres y para los compatriotas más vulnerables.

    «El Grupo Orinoco considera que para mejorar los servicios de agua potable en este momento debe apoyarse financieramente a las empresas operadoras, las cuales deben rendir cuenta pública y verificable de los volúmenes de agua sanitariamente segura entregada en cada centro poblado del país»

    El Grupo Orinoco considera pertinente hacer del conocimiento ciudadano, el carácter improcedente del proyecto de Ley Orgánica del Agua aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el 8 de junio de 2021. Los argumentos que dan soporte a esta disensión son los siguientes:

    1. De ser aprobado en Plenaria, este proyecto de Ley conduciría a derogar la Ley de Aguas, promulgada en 2007 y la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento aprobada en 2001 y reformada en 2007, las cuales fueron objeto de discusión y consulta con la Sociedad Civil e incorporaron buenas prácticas internacionales.

    2. El proyecto es esencialmente un instrumento concordante con el planteamiento de sociedad comunal y en consecuencia menoscaba el poder municipal y sus competencias en materia de servicio de agua potable y saneamiento, tal como lo contempla la Constitución y la Ley Orgánica del Régimen Municipal.

    3. Después de analizar cuidadosamente el proyecto de Ley, se concluye que de ser sancionado se creará un vacío institucional que agravará la ya precaria prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento en todo el país, pero especialmente en las comunidades más pobres y para los compatriotas más vulnerables.

    4. El Grupo Orinoco considera que para mejorar los servicios de agua potable en este momento debe apoyarse financieramente a las empresas operadoras, las cuales deben rendir cuenta pública y verificable de los volúmenes de agua sanitariamente segura entregada en cada centro poblado del país.

    5. El Grupo Orinoco ha publicado una Hoja de Ruta para recuperar los servicios de Agua Potable y Saneamiento en Venezuela. En este documento se estiman:

    • Los medios físicos e institucionales para garantizar la entrega de una cantidad de agua sanitariamente segura, lo que incluye: recursos para reponer y reparar equipos, la compra inmediata de repuestos y materiales, el equipamiento urgente de laboratorios para controlar la calidad del agua, y la adquisición de equipos, vehículos y herramientas para mantenimiento.

    • Los recursos para proyectos que lleven a restaurar la capacidad operativa de las grandes infraestructuras de captación, almacenamiento, transporte y tratamiento de agua potable; así como proyectos para proteger las cuencas hidrográficas y acuíferos prioritarios del país.

    6. El Grupo Orinoco considera que lo procedente en estas circunstancias es el desarrollo de los instrumentos legales que faculte la provisión de los recursos financieros necesarios para recuperar la capacidad operativa de las empresas de prestación de servicios de agua potable y saneamiento.

    Nota de prensa

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