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  • «Atacar directamente a las ONG’s venezolanas afecta al país entero»

    Feliciano Reyna, defensor de los Derechos Humanos y fundador de Acción Solidaria, puntualizó que tras los distintos ataques y/o persecución por parte del Gobierno Nacional a las organizaciones no gubernamentales es un daño que se le hace a la población más vulnerable en el país.

    Desde el año 2020 en Venezuela específicamente en el programa televisivo “Con El Mazo Dando” conducido por el político Diosdado Cabello se realizaron comentarios contra diferentes organizaciones no gubernamentales en Venezuela.

    Sumado a ello, se le añade el debilitamiento de los partidos políticos contrarios al Gobierno Nacional y por ende, se tenían indicios que para el 2021 autoridades tomarían acciones contra las ONG’s y medios de comunicación, afectando a las organizaciones humanitarias. 

    “Lo mínimo que uno puede pensar es que hay algunos sectores tratando de en torpedear los esfuerzos que hace cada organización que al final, a quienes terminan afectando gravemente es a la población en situación de vulnerabilidad que son el foco de atención en lo humanitario de dichas organizaciones”

    El más recién ataque a las ONG’s fue la detención el pasado 12 de enero de cinco trabajadores pertenecientes a la ONG humanitaria Azul Positivo en su sede de Maracaibo, los mismos enfrentan cargos relacionados con la Ley de Delitos Informáticos y la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.

    Financiamiento legal

    Figuras del gobierno de Nicolás Maduro han realizado distintas denuncias con respecto al financiamiento que reciben algunas ONG’s del país.

    Pero la realidad es que según Feliciano Reyna dicha acción está contenido dentro del derecho a la libertad de asociación, siempre y cuando se respete uno de sus principios «que los gastos que tengan sean para fines legítimos». 

    En ese sentido, las organizaciones tienen el derecho a solicitar, recibir y utilizar los recursos que reciben de la cooperación internacional siempre y cuando tengan fines legítimos.

    “Es claro el ejemplo por parte de las autoridades de criminalizar el uso de los recursos y el intento de deslegitimar el trabajo de las organizaciones”, precisó durante el programa Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas

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  • 49% de los casos denunciados de extorsión ocurrieron en el Zulia

    El periodista especializado en criminalista, Javier Ignacio Mayorca, destacó que existe una correlación entre los lugares en los que son usadas granas con fines delictivos y la operación de unidades militares en la cercanía geográfica.

    Durante entrevista en el espacio Análisis de Entorno, Mayorca detalló que el Estado Zulia agrupa al 49% de los casos denunciados ante las autoridades por el flagelo de la extorsión, al tiempo que advirtió un esquema de violencia en aumento entra las bandas criminales de la región para tratar de igualarse en sus prácticas violentas.

    “La granada es un artefacto de uso privativo de la FANB, por tanto, hay que tender la mirada hacia los inventarios de las unidades militares cercanas”, expresó. “Los ataques con granadas en el Zulia son una especie de marca de las bandas que escalan en el nivel de violencia para cometer sus fechorías”.

    De igual manera, Mayorca denunció que en el país está resurgiendo el delito del secuestro en varios estados pero que los índices son invisibilizados por el control que ejercen las autoridades sobre los medios de comunicación social.

    “En Monagas, Sucre, Bolívar, Mérida, Lara y Carabobo hay repuntes importantes en materia de secuestro y nos enteramos lamentablemente cuando se filtran noticias de la aparición de cadáveres como acaba de pasar con el caso de La Bonanza”, puntualizó.

    Escuche la entrevista completa haciendo clic acá: