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  • Bachelet actualiza su informe sobre violación de DD.HH. en Venezuela

    La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó este jueves un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

    En el informe expresó su preocupación por los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad.

    “Mi oficina siguió documentando restricciones al espacio cívico y democrático, con violaciones de libertad de expresión y del derecho a la información, y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, personales de salud y personas que protestaban por los servicios públicos”, dijo Bachelet.

    La alta comisionada señaló que le “preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención”.

    En su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena dijo que “las personas en Venezuela siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, altos precios de los alimentos, persistentes carencias de los servicios públicos y el precario acceso al sistema de salud”.

    Bachelet dijo que su oficina documentó:

    “Ataques de grupos civiles armados progubernamentales (denominados colectivos armados) contra opositores políticos, manifestantes y periodistas”

     “Las fuerzas de seguridad no hicieron nada por impedir esos ataques”.

    El informe menciona que entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, habrían muerto violentamente 1.324 personas, entre ellas nueve mujeres, en el marco de operaciones de seguridad.

    “Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron presuntamente responsables de 432 muertes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de 366 muertes, la Guardia Nacional Bolivariana de 136 muertes y las fuerzas de policía del Estado Zulia de 124 muertes”.

     

    El panorama político

    En el tema político, el reporte afirma que “las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.´

    “Estas nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición”.

    Además, “continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional”.

    Por otra parte, persiste una “limitación del acceso a los datos públicos y la frecuente autocensura por miedo a las represalias.

    Los trabajadores de los medios de comunicación siguieron siendo víctimas de amenazas y acoso.

    Según el último informe de la ONG Espacio Público del 22 de junio al 28 de junio, se ejecutaron nueve violaciones a la libertad de expresión.

    También, las organizaciones no gubernamentales, especialmente las críticas con el gobierno, siguen encontrando obstáculos para ejercer su labor, expresó la alta comisionada

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  • «Acciones políticas sobre el informe son decisión de los países miembros de la ONU»

    El internacionalista Félix Arellano explicó que a partir de la actualización del informe emitido por la Alta Comisionada por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hay acciones contundentes pero que dependen de gran parte de los países miembros de las Naciones Unidas, de los cuales varios apoyan a Nicolás Maduro.

    “Es una pieza de realidad histórica de las Naciones Unidas, allí hay una enorme cantidad de acciones a un gobierno que dice que es democrático, (…) y es brillante para la lucha democrática”, expresó.

    Es así, que dijo que las acciones políticas que vienen a continuación las tienen que decidir los países miembros y “ahí preparémonos porque empezarán los cuestionamientos a las Naciones Unidas, que tiene cerca de 194 miembros, y buena parte son repúblicas autoritarias”.

    No obstante, precisó que hay tres acciones particulares, una es nombrar un relator, la más dura, que es nombrar una comisión de investigación, y una nueva visita de una comisión, “pero no veo fácil que un gobierno autoritario apruebe la de investigación”.

    A su juicio la Alta Comisionada, Michelle Bachelet “hace un trabajo impecable, que no me sorprende que entre en la lista de secretarios de la Naciones Unidas, cuestionable sería que estuviera apoyando a uno de los bandos, ha hecho un estudio exhaustivo donde nadie puede tapar el sol con un dedo”, apuntó.

    Por otra parte, sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), subrayó que no tiene mayor autonomía que las que tiene la Organización de los Estados Americanos (OEA), “hemos creado un mito sobre el TIAR, puede aplicar más sanciones económicas. Pero si va a entrar en lo que sueñan algunos que es la fuerza pasa por una coordinación con las Naciones Unidas y en particular con el consejo de seguridad donde están los vetos de Rusia y China”.

    Escuche el audio completo aquí:

  • Caritas: “Informe requiere recomendaciones para cambiar políticas públicas”

    La directora nacional de la organización de promoción y asistencia de la Iglesia Católica, Caritas de Venezuela, Janet Márquez, precisó que la actualización del informe de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, requiere recomendaciones para que se trabaje de forma sistemática en las políticas públicas.

    “Desde los espacios internacionales y diplomáticos fue importante que los informes pusieran en evidencia que pasa algo, ahora lo que se necesita es que se trabaje de forma sistemática y que además tenga un horizonte de buscar una solución en las políticas de estado que si no cambia no habrá respuesta, por lo que el andamiaje de los DDHH tiene que funcionar porque si no, no vale la pena estos grandes organismos”, enfatizó.

    Precisamente el informe incluye a la organización como referencia para indicar que el 35% de la población infantil padece de desnutrición, de modo que Márquez comentó que “lo ideal es que se conforme un comité que se encargue de ver el diagnóstico de Bachelet acompañado de las ONG, creo que el primer es objetivo es visibilizar la situación y el segundo sacar recomendaciones para que se den los mecanismos reales y tercero que se hagan sobre todo el cambio de política públicas”, detalló.

    Asimismo, resaltó que es un informe que “se pone en una institucionalidad que tiene que dar respuesta y recomendaciones al país, (…). No obstante, sostuvo que Caritas estuvo en contacto con la comisión delegada por Bachelet, y a la cual le siguieron enviaron denuncias, aunque “están trabajando pero no en Venezuela, (…) como comisión no vemos mayores avances todavía en los casos que llevamos, y no vemos con luces el tema de los DDHH”.

    De igual modo, subrayó que en septiembre se ha deteriorado la situación, debido a que la hiperinflación es sumamente alta, y la gente tiene menos alimentos cada vez, por lo que “en el sistema de monitoreo de nosotros viene aumentando la cifra y tomó mayor fuerza en agosto”, agregó.

    En este sentido, explicó que además la bolsa Clap se distancia también, que aunque un 85% la gente dice que le llega el beneficio, es cada dos meses o con menos productos, lo que implica que la gente tiene menos capacidad de alimentarse, dijo Márquez.

    También, resaltó que a raíz de diversas situaciones país, así como de enfermedades virales, los estudios hechos en agosto, arrojaron que los niños más pequeños son los que tienen mayor desnutrición. “En los últimos meses aumentaron los de 0-6 meses, lo que indica que la tendencia viene de las madres con desnutrición”.

    Escucha aquí el audio:

  • “Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria”

    Michelle Bachelet en su investidura como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos evidenció la necesidad de

    aplicar en medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles en Venezuela.

    La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional,

    elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio,

    pasaban 10 horas al día en las colas para comprar alimentos. A pesar de que el Gobierno ha realizado esfuerzos para afrontar esta situación mediante

    programas sociales, amplios sectores de la población carecen de acceso a la distribución de comida y las personas entrevistadas acusaron a las

    autoridades de excluirles porque no eran partidarias del Gobierno, expresa el comunicado.

    La situación sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en

    funcionamiento los equipos. En el informe se cita a la Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019, que llegó a la conclusión de que,

    de noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros.

    El informe también aclara la repercusión desproporcionada de la situación humanitaria sobre la población indígena y cómo estos pueblos pierden

    el control de sus tierras por diversas razones, entre otras la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados.

    “La extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, …ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos,

    entre otros los derechos a mantener costumbres, medios de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra”, señala el documento.

    En el informe se formula un conjunto de recomendaciones dirigidas al Gobierno en relación con las principales violaciones de derechos humanos

    documentadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

    “Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y

    apliquen sus recomendaciones.Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y

    con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”, afirmó Bachelet.

     

    Lea el informe aquí:

    https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx