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  • Nadie sabe cuántos detenidos hay bajo custodia de la Dgcim

    La directora del Instituto Casla, Tamara Sujú, denunció que, “nadie sabe a ciencia cierta cuántos y quiénes son los detenidos que se encuentran en las celdas de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)” en Boleíta.

    En entrevista realizada en el programa Análisis  de Entorno, Sujú afirmó que desde la institución que dirige, se desconoce el paradero de los efectivos militares capturados durante el asalto en diciembre pasado del 513 Batallón de Infantería Selva Mariano Montilla, ubicado en el municipio Gran Sabana.

    “Después de la muerte del Capitán Arévalo, se demostró que el régimen está dispuesto a asesinar para conseguir información. Lo que se demostró continúan cometiendo delitos de lesa humanidad. No ha cambiado nada”, aseguró.

    De igual manera, la abogada y defensora de derechos humanos resaltó que cada día que pasa, “aumentan las deserciones y el descontento” dentro de los cuerpos castrenses venezolanos, mientras que señaló a un grupo de funcionarios de alta jerarquía como los responsables de mantener un sistema represor y violatorio de las garantías más básicas a los detenidos.

    Escuche la entrevista completa haciendo clic acá:

    Con fotografía de El Nacional

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  • “Hay que exigir la clausura del centro de reclusión Zona 7”

    Sobre el caso de los privados de libertad en la Zona 7 de Boléita, el ex Prefecto y Concejal del municipio Sucre, Juan Carlos Vidal, expresó que deben acelerarse los procesos judiciales de los internos para que no se suscite este tipo de situación, aunque recomendó que lo más efectivo “sería que cada uno de los privados vaya a la jurisdicción donde vive o donde se cometió el delito”, apuntó.

    Vidal, precisó que hace 34 años el centro estaba dispuesto para ser una comisaria y no un penal que ahora tiene población estimada en mil reclusos, en un pequeño calabozo con capacidad para 80 privados, por lo que en consecuencia genera una clase de problemas no solo internamente sino al entorno ya que “unos 300 familiares pernoctan en la noche para visitar y hacen sus necesidades esperando que sea la hora, de modo que hay que exigir la clausura de del centro de violación de derechos humanos”, fijó.

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