La reciente adopción de medidas en materia fiscal representa un paso esperado para restablecer el equilibrio en la relación entre el Estado y los sectores productivos. De acuerdo con el abogado y especialista tributario Leonardo Palacios, las decisiones tomadas benefician directamente la agilidad de los procesos y devuelven la certidumbre a la actividad económica.«Fueron medidas que nos vuelven otra vez al Estado respecto al contribuyente. Se tomó una decisión importante que creo que beneficia la agilidad de los procedimientos administrativos, establece mecanismos de transparencia entre la Administración Tributaria y los contribuyentes», destacó Palacios.
El especialista precisó que uno de los avances significativos ha sido corregir distorsiones operativas en trámites clave como el Registro de Información Fiscal (RIF) y la eliminación de requisitos previos de verificación en procesos de facturación. Asimismo, valoró la revisión de trabas en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), un ente que «se iba convirtiendo en un obstáculo para el desarrollo de la actividad económica».
Palacios hizo énfasis en que el cumplimiento fiscal exige un cambio de paradigma bidireccional, en el que la administración reconozca la voluntad de pago del sector privado y respete el debido proceso, evitando cobros fuera de la ley o excesos de discrecionalidad.«El contribuyente debe internalizar la necesidad de pagar impuestos, pero también tiene que funcionar una relación entre el Estado y el contribuyente donde se sepa que tiene derechos fundamentales, libertad económica y derecho de propiedad», puntualizó el experto.
Avances y Retos del Sistema Tributario
- Agilización de trámites: Eliminación de trabas en el RIF y procesos de facturación.
- Seguridad jurídica: Respeto a los procedimientos legales y límites de la potestad normativa.
- Cultura bidireccional: El contribuyente paga mientras el Estado protege sus derechos económicos.
- Consenso económico: Inclusión de la materia tributaria en la agenda de políticas públicas.
Finalmente, el tributarista señaló la importancia del diálogo técnico continuo entre las autoridades, la institucionalidad empresarial y los gremios profesionales como la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT) y el Colegio de Contadores Públicos. A su juicio, la materia fiscal debe consolidarse como una política pública con bases consensuadas que garanticen la viabilidad económica y la productividad del país.
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