En el marco de una agenda legislativa que avanza con una celeridad calificada como «insólita», la Asamblea Nacional de Venezuela discute actualmente la Ley Orgánica de Protección de los Derechos Socioeconómicos. Este instrumento, que busca sustituir el cuestionado esquema de la Ley Orgánica de Precios Justos, plantea un cambio de paradigma en las relaciones entre el Estado, los agentes económicos y los consumidores. Para analizar el alcance de esta propuesta, el abogado Daniel Betancourt Ramírez, especialista en Derecho Administrativo y Financiero, ofreció una visión exhaustiva sobre los avances y riesgos que persisten en el proyecto.
Según Betancourt, la ley representa una señal positiva para superar la planificación centralizada, aunque advierte sobre la supervivencia de conceptos que podrían comprometer la seguridad jurídica. Uno de los puntos más luminosos es la transformación del procedimiento administrativo hacia un enfoque bilateral y conciliatorio. Al respecto, el profesor destacó: «En la legislación vigente hay procedimientos del Estado contra los agentes económicos y se olvidaron del consumidor. Actualmente el consumidor (…) es parte del procedimiento y puede llegar a la conciliación con quien considere que cometió un ilícito económico». Este cambio sugiere una transición desde el «sometimiento y la arbitrariedad» hacia la resolución racional de diferencias comerciales, siempre que el sistema no termine por extinguir la fuente productiva, pues, como afirma el experto, «una ley extremadamente punitiva no previene el daño social; por el contrario, causa la penumbra».
A pesar de avances como la eliminación de la multiplicidad de registros y licencias innecesarias —que serían sustituidas por el RIF—, el abogado alerta sobre la aparición de categorías jurídicas indeterminadas que podrían fomentar la discrecionalidad de los funcionarios. El concepto de «precios libres de especulación» ha encendido las alarmas, ya que parece reeditar fórmulas del pasado bajo un nuevo nombre. «Aparece una noción, una definición, que es la de precios libres de especulación, que nos recuerda a un precio regulado, a un precio justo, a un precio controlado (…) El precio es un medio de información de cómo está la economía, y atacar justamente el precio ya sabemos qué ocurre en la economía», sentenció Betancourt. Señala con preocupación que este término sigue atado al binomio de «estructura de costo» y «margen de ganancia», factores que desde 2014 han generado severos fallos de mercado.
Finalmente, el socio de PTCK enfatizó que el éxito de esta reforma depende de que el legislador garantice la libertad económica como motor de prosperidad. Para el especialista, la viabilidad de la empresa privada es inseparable del bienestar de los trabajadores y la sociedad en general. «El reconocimiento de la labor del empresariado en el país a través de una ley que garantice la libertad económica es lo que genera la prosperidad (…) Hemos visto que en Venezuela el ejercicio de potestades públicas exacerbadas ha sido el remedio peor que la enfermedad». De cara a la segunda discusión en la Asamblea Nacional, el debate se centra en si esta ley logrará ser el instrumento de equilibrio prometido o si los atavismos de la economía planificada terminarán por diluir el esfuerzo de modernización normativa que el país requiere.
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