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  • García: Es necesario redactar un nuevo Código Penal en Venezuela

    Joel García, abogado penalista, explicó que más que hacer una Reforma de Código Penal se debería hacer un nuevo Código Penal donde se incluyeran todos los delitos y que este estuviera adaptado a la Constitución Nacional
    Indicó que Venezuela tiene un Código que data de hace muchos años, este es el Código Italiano de Sanardel y que lo adoptó en 1897; luego se hizo una reforma en 1964, luego en el año 2000 y la última se hizo en el 2005.
    Añadió que evaluando el Código de manera objetiva está desfasado, y comentó que a la última reforma lo que se le hizo fue aumentar las penas de aquellos delitos que atentan contra el estado.
    »Es decir, el Estado lejos de buscar proteger ese bien jurídico del ciudadano, lo que buscó fue protegerse a sí mismo y a sus funcionarios.»
    Reiteró que no es necesario hacer una reforma del Código Penal, sino hacer uno nuevo. 
    García comentó respecto a esto que en Venezuela debería de existir un sólo Código en donde estén contemplados todos los delitos penales, y no por separado, es decir, en más de 70 leyes especiales que contiene delitos penales y agregó que en ningún país serio existe eso.
    Respecto a qué es lo que pretenden instaurar en la Reforma de Código Penal que están proponiendo es institucionalizar lo que de alguna manera ya se hacía.
    »Vamos a ver procedimientos o tipos penales ahí que se manejan a muy libre arbitrio de funcionario policial, del fiscal, incluso del juez; ahí lo que se va a llevar es esa Reforma, (…) tiene otra intensión, aun cuando no conocemos el proyecto, tampoco sé que hayan convocado a un comisión mixta o que hayan convocado juristas venezolanos para que formen parte de esa reforma.»
    Acotó que seguramente ya ese Código estaba redactado desde hace mucho tiempo y que estas personas en el cargo de diputados lo que van a hacer es levantar la mano para aprobar algo.
    El abogado indicó que lo que hacen las leyes no es minimizar el delito, lo que minimiza el delito es la prevención, no la ley; y que en el país lo que se hace es aumentar la pena, pero no minimiza el crimen.
    García reseñó que el Código Penal debería estar adaptado a la Constitución, pero que en Venezuela la constitución nunca ha estado en vigencia, es decir, nunca ha sido aplicada.
    En entrevista para Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas cerró comentando respecto a los casos de Juan Requesens y Roland Carreño, que además del atraso en los casos, además han sido paralizados por la pandemia que ha servido como un elemento de control social.

     

    Escuche la entrevista completa aquí:

     

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  • ¿Cómo son vistos los motorizados en Venezuela?

    Las personas que circulan en motocicletas son permanentemente detenidos y verificados por los agentes de todas las policías, simplemente porque circulan sobre dos ruedas.

    Esta opinión negativa hacia los llamados “motorizados” viene desde los años ochenta, cuando se llegó a prohibir mediante decreto presidencial que estos vehículos transitaran por las autopistas de Caracas.

    Según cifras conocidas extraoficialmente, en 2019 fueron reportados 15097 robos genéricos y robos de vehículos. Estos son delitos contra la propiedad caracterizados por un accionar violento, en los que las víctimas pueden tener una idea de cuáles fueron los medios utilizados por sus contrapartes.

    De todos estos robos denunciados ante las policías, y presumiblemente investigados, se constató el uso de motocicletas por los victimarios solamente en 1006 casos. Esto equivale al 6,6%. En otros 898 (5,9%) casos las víctimas afirmaron que los asaltantes usaron autos, camionetas o camiones.

    Recientemente, gobernadores y alcaldes han implantado restricciones en sus territorios exclusivamente para los usuarios de motocicletas, también guiados por la noción de que son los medios de transporte predilectos de los delincuentes.

    En el libro revolución de la muerte, los autores Fermín Mármol y Luis Izquiel también se muestran proclives a la imposición de restricciones al uso de motos, bajo la noción de que son los medios mayoritariamente utilizados por los asaltantes en las vías públicas.

    Como se ve, tanto oficialistas como opositores parecieran coincidir en que los cuerpos de seguridad deben tener una actitud más rigurosa hacia quienes utilizan este medio de transporte.

    La diferencia entre el uso de motos y de otros vehículos en los robos de todo tipo fue muy pequeña, pero las decisiones han sido contra los motorizados.

    Pareciera que el criterio estadístico no fue tomado en cuenta por gobernadores y alcaldes a la hora de aplicar medidas que ponen cortapisas a un derecho constitucional, como el de la libre circulación.