En el Parque del Este son frecuentes los hurtos de partes y piezas de los vehículos que están en el estacionamiento norte, que da hacia la Avenida Francisco de Miranda
Pero la situación más delicada se registra en el Parque Nacional El Ávila, también conocido como Waraira Repano.
En el caso de la hermosa montaña que corona la capital del país, algunas personas me han preguntado cómo es posible que los asaltantes estén merodeando en medio de las restricciones aún vigentes para la circulación de personas.
El caso es que el Parque el Ávila apenas cuenta con algunos servicios de guardaparques, que si bien son formalmente auxiliares de policía en la práctica carecen de elementos para afrontar un ataque por delincuentes armados
Queda entonces en el visitante tomar las medidas pertinentes para evitar la victimización. Una de ellas puede ser evitar el tránsito por lugares solitarios, acudir en grupos y no llevar artículos como celulares y relojes que puedan constituir atractivo para la acción hamponil.
Luis Izquiel, abogado y experto en seguridad ciudadana, explicó que los operativos que se ha llevado a cabo en los últimos días en la Cota 905 y La Vega no tienen resultados por ser improvisados.
Agregó que además hay falta de insistencia, decisiones firmes por parte del gobierno para combatir a los grupos delincuenciales e inteligencia.
“Un operativo improvisado, no rinde resultado ya que una de las fortalezas de estas bandas delictivas es el control territorial, por ende, con operativos de un solo día donde los cuerpos policiales llegan y se van no funciona. El estado tendría que de manera firme retomar el control de dicha zona para proteger la ciudadanía”
Luego de 20 años de “abandono de dichas zonas”, se habla que el Estado se las cedió y se fueron fortaleciendo y se convirtieron en dinámicas difíciles de disolver, por ende, no sería lógico hablar de disolución en tan solo un día.
Izquiel precisó que los enfrentamientos entre cuerpos policiales y bandas delincuenciales han generado consecuencias irreparables, sobre todo, la violación del derecho a la vida de los ciudadanos inocentes y el miedo constante de la expansión masiva de los grupos de delincuentes.
Durante el programa Análisis de Entorno, el abogado catalogó de impresionante el poder y la existencia de megabandas en toda Venezuela.
“Se calcula que en Venezuela existen de 35 a 40 megabandas criminales, las cuales tienen más de 100 individuos con una estructura jerárquica muy bien organizada y control territorial. Bandas delictivas como la del Coqui son extensas gracias a los caminos que comunican por las barriadas y así se mantienen aliados entre dichos delincuentes»
Ante este panorama, los habitantes de zonas populares viven en una constante incertidumbre y estos operativos de seguridad lo que dejan es miedo, muertes de inocentes e injusticias beneficiosas para los gobernantes o delincuentes.
Una nota publicada en un diario colombiano nos lanza un alerta sobre un modus operandi que, con seguridad, pronto tendremos en Venezuela.
Este procedimiento está encaminado a estafar a personas que por desgracia han sido víctimas de robos o hurtos de vehículos.
La información, divulgada por el rotativo la opinión de Cúcuta recoge datos aportados por el grupo de acción unificada para la libertad personal, cuyos agentes han detectado un nuevo procedimiento aplicado desde los centros de detención para defraudar a sus víctimas.
Los presos, indica el reporte, se percataron de que las personas están publicando en las redes sociales las características de los vehículos que les han robado o hurtado, tal y como está sucediendo en Venezuela. E igualmente suministran números telefónicos de contacto para la recepción de información que conduzca a la recuperación del vehículo
Según la opinión, los presos de Cúcuta hacen llamadas o envían mensajes a sus víctimas par convencerlas de que podrán recuperar sus autos, motos o camiones previo pago de sumas que van entre los 300.000 a 500.000 pesos, es decir, entre 900 y 1200 dólares americanos.
La estafa se concreta cuando la persona entrega el dinero y no le devuelven el vehículo. Sin embargo, esta conducta también podría ser calificada de extorsiva, si es cierto que el detenido tiene conocimiento o forma parte del grupo delictivo que se apoderó del referido bien.
En este caso, es muy importante que la víctima tenga en consideración que está recibiendo la llamada en atención a una oferta pública en la que ha suministrado un conjunto de datos, que pueden ser reciclados para convencer a la víctima de que pague una suma.
Por ende, es necesario que las personas actúen en estos casos como si el vehículo estuviese “secuestrado” en términos figurados. Por lo tanto, en vez de pedir información verbal sobre el vehículo, debería solicitar una fe de vida, en la forma de fotografías o videos que comprueben que esa persona tiene realmente la capacidad para devolver el vehículo.
Aún así, se debe tener en consideración que el pago de un “rescate” no es garantía suficiente de que devolverán el vehículo robado. Muchas veces, durante la entrega del dinero la persona es asaltada, de manera que se queda sin la playa y sin el vehículo.
Estamos, por lo tanto, ante situaciones de alta peligrosidad, en las que el riesgo de nuevas pérdidas resulta muy elevado. La decisión de hacer pago por la devolución del bien no es garantía de éxito.
Las operaciones de saturación policial son tácticas llevadas a cabo por cuerpos de seguridad en prácticamente todo el mundo, en especial, cuando se presume que un lugar más o menos delimitado se encuentra impactado por bandas criminales.
Antes de 2015, las operaciones de saturación más conocidas quizá fueron las que se llevaron a cabo para la pacificación de favelas en Brasil. Pero estas son formas de proceder aplicadas en todo el mundo.
Pero la experiencia brasileña indica que las operaciones de saturación no pueden quedarse en la mera acción violenta de los uniformados, sino que deben tener una continuidad. En el país Carioca y también en Colombia esto se refleja en intervenciones que alteran casi por completo la fisionomía del lugar, y dan paso a la sede de las instituciones del estado, que anteriormente no tenían presencia.
En la Vega ubicada en Caracas-Venezuela la irrupción de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) tuvo como resultado dieciséis muertes. Los policías de negro llegaron, mataron y se fueron. Luego, otras unidades policiales mataron a otras cinco personas en acciones puntuales.
Al margen de eso, la violencia en La Vega no cesó. Antes y después de la operación de la FAES hubo homicidios por distintas razones, algunas de ellas disputas intrafamiliares, otras por resistencia al robo. De manera pues que este tipo de acciones masivas de funcionarios dejan resultados que no son garantizan el retorno de la paz y la convivencia.
Además, este tipo de acciones deja un sabor agridulce en los habitantes de la comunidad donde se llevó a cabo.
Algunos pobladores podrán saludar el hecho de que las bandas criminales ya no están o que fueron desplazadas a otras partes, mientras que otros lamentarán la pérdida de sus seres queridos, muchos de los cuales quizá no tenían nada que ver con la refriega.
Pero las operaciones de saturación continuarán en Venezuela, tal y como lo demostró la experiencia de las llamadas OLP. Quizá la lección más importante sobre esto es que el estado debe buscar nuevas alternativas para mostrar su presencia. De lo contrario, lo más seguro es que continuarán estas matanzas como las que vimos a principios de año en Caracas.
Según información aportada por el Fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, tres personas fueron aprehendidas con motivo de una pesquisa desarrollada por la policía judicial, con respecto a las actividades de una red que sustraía los chips de las tarjetas de débito y de crédito enviadas al país por bancos extranjeros.
Este servicio, como sabemos, es hecho a través de una conocida empresa de encomiendas. Dos mensajeros de esta compañía fueron captados por la banda, para que les entregara las tarjetas que iban a ser enviadas a sus legítimos dueños.
Los delincuentes sustraían los chips de estas tarjetas, y los colocaban en plásticos emitidos por bancos nacionales. Luego, colocaban chips en desuso en las tarjetas internacionales, para que los mensajeros continuaran sus entregas.
Desde luego, los titulares de las cuentas y las tarjetas solo tenían dos formas de percatarse de este complejo mecanismo: cuando revisaban sus estados de cuenta o recibían alguna notificación, o cuando iban al exterior para hacer consumos, y sus tarjetas eran rechazadas.
Según la información aportada por Saab, al allanar una oficina en el llamado cubo negro de la california los agentes de CICPC encontraron más de 1.000 plásticos que habían sido alterados o que estaban en este proceso.
Los delincuentes, entonces, encontraron y aprovecharon una importante brecha de seguridad. La detención de dos mensajeros de la empresa de encomiendas, y de un tercer sujeto encargado de hacer la suplantación de los chips, no garantiza que la red haya sido desmantelada, y peor aún, que este modus operandi no sea copiado en el futuro próximo.
Por lo tanto, se debe evitar el uso de estos servicios de encomienda. Se aconseja enviar las tarjetas de débito a algún familiar o amigo que esté en EEUU, y solicitar que la traiga en su sobre correspondiente lo antes posible.
De no ser posible, se debe pedir al banco que remita la tarjeta hasta la sede de la empresa de encomienda, y buscarla allí personalmente, evitando de esa forma la intervención del mensajero.
Valga la oportunidad para observar igualmente la inconveniencia de remitir a direcciones en el país los estados de cuenta de los bancos internacionales. Esta información resultará muy valiosa en poder de asaltantes y secuestradores.
Fedecámaras Zulia y sus cámaras base expresaron su profunda preocupación y su más contundente rechazo a las actividades delincuenciales que han venido incrementándose las últimas semanas en varios municipios del Estado.
En los últimos días grupos delincuenciales atacaron con explosivos varios locales de la capital zuliana, en horarios donde las familias marabinas se encontraban realizando sus compras.
“Hemos visto como bandas hamponiles dedicadas fundamentalmente a la extorsión, arremeten con explosivos al interior de locales comerciales que están operando al público, sin medir ninguna consecuencia”
Señalan que la situación en el Estado se ha salido de control, ya que estos actos no pueden ser catalogados como simples delitos comunes, sino como terrorismo en su peor fase.
El comunicado también reza que es un derecho humano fundamental la seguridad personal “por supuesto que queremos seguridad y estabilidad para nuestros bienes, y así mantener nuestra actividad productiva, pero la vida de nuestra gente, de nuestros clientes y nuestros empleados es lo fundamental”.
“Nunca tendremos una economía equilibrada y sana, si no atacamos el flagelo de la inseguridad; no tendremos tranquilidad en nuestra vida ciudadana si el terrorismo ocupa nuestros espacios”
Además, Fedecámaras Zulia está preocupada por la respuesta insuficiente de los cuerpos de seguridad ante estos actos.
En este sentido, solicitaron al Gobierno Regional que se avoque al problema de la seguridad del Estado, desde los sectores productivos del campo a la ciudad, tienen varios años siendo víctimas de este flagelo; y a su vez, le ratificaron a los empresarios su apoyo y solidaridad.
Fedecámaras Zulia rechaza los hechos criminales acaecidos en los últimos días en los donde la delincuencia organizada ha atacado con armas y explosivos tanto a locales comerciales como a clínicas privadas
El comunicado señala que los sectores económicos necesitan seguridad personal y de sus bienes y los consumidores necesitan de igual forma sentirse seguros.
La situación de la inseguridad no es nueva, Fedecámaras Zulia indica que tiene años este flagelo y que los cuerpos de seguridad del estado no han podido controlar la situación.
“Al extremo que altos representantes del gobierno regional o municipal del Zulia o sus familiares han sido víctimas de la delincuencia”
Asimismo, rechazan el constante asedio y abigeato a los productores del campoy los constantes secuestros exprés en la troncal 6.
“El ataque a los agroproductores en los municipios parece convertirse en algo normal; cobro de vacunas y ataques con granadas o armas de fuego»
En este sentido, denunciaron que jefes criminales operan desde el exterior, causando daños materiales y psicológicos.
Por último, Fedecámaras Zulia en el comunicado exige a los cuerpos de seguridad del estado incrementar el trabajo para eliminar esta situación, exigen justicia y el cese de la impunidad.
“Recomendamos no ceder ante estos criminales, NO PAGUES EXTORSIONES”, concluye el comunicado.
