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Etiqueta: delitos

  • Experto señala que a fin de evitar el ejercicio ilegal de profesiones las federaciones y colegios podrían publicar listas de sus autorizados

    Luis Izquiel, abogado penalista y criminólogo, señaló que un buen ejercicio para evitar la proliferación del ejercicio ilegal de profesiones es que los colegios y federaciones publiquen una lista de los que están autorizados para ejercer alguna profesión.

    «Yo creo que eso sería muy útil, sobre todo en este tiempo de proliferación del ejercicio ilegal de ciertas profesiones (…) que el ciudadano común tenga acceso a una lista de colegios que donde se certifique quienes son los que están allí inscritos»

    Izquiel aseveró que de existir ese mecanismo, a través de una página del colegio correspondiente, se simplificaría esa verificación y se evitaría un problema.

    Asimismo, el abogado sostuvo que el hecho de que en los últimos meses haya habido diversos casos de personas ejerciendo ilegalmente profesiones en Venezuela puede obedecer a un conjunto de factores, entre ellos las bajas penas por el delito.

    «Pienso que primero las bajas penas que estipula nuestra legislación para el ejercicio ilegal de ciertas profesiones, en segundo término (…) pienso que esta proliferación también tiene que ver con un poco de negligencia de algunos colegios de profesionales en la supervisión de quienes están ejerciendo ciertas profesiones»

    En tal sentido, el experto destacó que los colegios y federaciones deberían ser un poco más proactivas «en el sentido de verificar quienes están ejerciendo estas profesiones en Venezuela», sin embargo puntualizó que estas instituciones, ante ejercicio ilícito de profesión «no tendrían ninguna responsabilidad penal, cuando alguien está ejerciendo una profesión de forma ilegal, salvo que sean cómplices, que no lo creo, por supuesto».

    «Creo que la las personas que ejercen en clínicas, en hospitales, en sitios vamos a decir formales, yo creo que tendrían como menos posibilidades de estar ejerciendo eso de forma ilegal, porque la clínica, el establecimiento formal se entiende que se encargarían de verificar realmente las credenciales de esas persona que está ejerciendo esa profesión allí. Yo creo que este tipo de casos se presenta más en esos consultorios que están en casa en en sitios no formales, yo creo que ahí eh podrían surgir sospechas (…) eso no quiere decir que todos los que ejerzan fuera de clínica y establecimientos formales estén ejerciendo eso de forma ilegal»

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  • Javier Ignacio Mayorca: Actualmente la delincuencia presenta una curva ascendente

    Javier Ignacio Mayorca, periodista especializado en criminalística, señaló que la delincuencia se encuentra en una curva ascendente en todo el eje del Distrito Capital y Miranda, aseguró que esto va acompañado de ciertas características como por ejemplo, mayor victimización en colectivo.

    Mayorca aseveró que al profundizar un poco en la situación se evidencia que existe una victimización colectiva en el transporte público prácticamente todos los días, además de entradas a las viviendas en las que todos los ocupantes son despojados de sus pertenencias. 

    El periodista sostuvo que en términos relativos lo que se está viendo es un incremento intermensual del 5% aproximadamente en el número de casos conocidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CIcPC) que tienen que ver con delitos violentos.

    Denuncias

    “Una cosa es el delito denunciado y otra es el delito real que esta ocurriendo en las calles, porque la mayoría de la gente no tiene interés en denunciar nada y es por eso, por ejemplo que Douglas Rico abrió un canal de comunicación en Instagram, porque él sabe que la gente no está yendo, no está denunciando”

    Asimismo, Mayorca aseguró que la situación puede ser aprovechada por las autoridades, en este caso el Ministerio de Relaciones Interiores para establecer una narrativa que señale que delito está disminuyendo, lo que a juicio del periodista no es verdad.

    De igual forma, el periodista especializado en criminalística, precisó que desde el año 2020 se estableció una dinámica en la que existían unos pequeños tipos de delitos violentos durante las semanas que llamaban de flexibilización, sin embargo, se evidenció que aún en las semanas radicales había una tendencia al alza.

    “Los promedios mensuales estaban en ascenso, las curvas se aplanaron a partir del mes de agosto, ya no hay alzas y bajas, ahora es toda una curva ascendente y eso indica también cómo es que las lógicas de oportunidades están digamos en pleno desarrollo”

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  • Uno de los delitos que mayor crecimiento ha tenido durante la pandemia ha sido la extorsión

    En el primer semestre de 2021, el promedio mensual de casos procesados por este ilícito subió 26% con respecto al mismo lapso de 2020, de acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente.

    Ahora, no solo envían mensajes amenazantes a los ganaderos, agroindustriales y propietarios de grandes enclaves productivos. También comenzaron a ser victimizados los médicos y otros profesionales independientes, no necesariamente adscritos a una gran corporación.

    Junto a esto, la extorsión se ha extendido nuevamente por casi toda la zona norte y central del país. Anteriormente, la mayoría de los casos se restringía al occidente, con Zulia a la cabeza.

  • García: Es necesario redactar un nuevo Código Penal en Venezuela

    Joel García, abogado penalista, explicó que más que hacer una Reforma de Código Penal se debería hacer un nuevo Código Penal donde se incluyeran todos los delitos y que este estuviera adaptado a la Constitución Nacional
    Indicó que Venezuela tiene un Código que data de hace muchos años, este es el Código Italiano de Sanardel y que lo adoptó en 1897; luego se hizo una reforma en 1964, luego en el año 2000 y la última se hizo en el 2005.
    Añadió que evaluando el Código de manera objetiva está desfasado, y comentó que a la última reforma lo que se le hizo fue aumentar las penas de aquellos delitos que atentan contra el estado.
    »Es decir, el Estado lejos de buscar proteger ese bien jurídico del ciudadano, lo que buscó fue protegerse a sí mismo y a sus funcionarios.»
    Reiteró que no es necesario hacer una reforma del Código Penal, sino hacer uno nuevo. 
    García comentó respecto a esto que en Venezuela debería de existir un sólo Código en donde estén contemplados todos los delitos penales, y no por separado, es decir, en más de 70 leyes especiales que contiene delitos penales y agregó que en ningún país serio existe eso.
    Respecto a qué es lo que pretenden instaurar en la Reforma de Código Penal que están proponiendo es institucionalizar lo que de alguna manera ya se hacía.
    »Vamos a ver procedimientos o tipos penales ahí que se manejan a muy libre arbitrio de funcionario policial, del fiscal, incluso del juez; ahí lo que se va a llevar es esa Reforma, (…) tiene otra intensión, aun cuando no conocemos el proyecto, tampoco sé que hayan convocado a un comisión mixta o que hayan convocado juristas venezolanos para que formen parte de esa reforma.»
    Acotó que seguramente ya ese Código estaba redactado desde hace mucho tiempo y que estas personas en el cargo de diputados lo que van a hacer es levantar la mano para aprobar algo.
    El abogado indicó que lo que hacen las leyes no es minimizar el delito, lo que minimiza el delito es la prevención, no la ley; y que en el país lo que se hace es aumentar la pena, pero no minimiza el crimen.
    García reseñó que el Código Penal debería estar adaptado a la Constitución, pero que en Venezuela la constitución nunca ha estado en vigencia, es decir, nunca ha sido aplicada.
    En entrevista para Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas cerró comentando respecto a los casos de Juan Requesens y Roland Carreño, que además del atraso en los casos, además han sido paralizados por la pandemia que ha servido como un elemento de control social.

     

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  • Cúcuta| Nuevo procedimiento para estafar a los propietarios de vehículos robados o hurtados

    Una nota publicada en un diario colombiano nos lanza un alerta sobre un modus operandi que, con seguridad, pronto tendremos en Venezuela.

    Este procedimiento está encaminado a estafar a personas que por desgracia han sido víctimas de robos o hurtos de vehículos.

    La información, divulgada por el rotativo la opinión de Cúcuta recoge datos aportados por el grupo de acción unificada para la libertad personal, cuyos agentes han detectado un nuevo procedimiento aplicado desde los centros de detención para defraudar a sus víctimas.

    Los presos, indica el reporte, se percataron de que las personas están publicando en las redes sociales las características de los vehículos que les han robado o hurtado, tal y como está sucediendo en Venezuela. E igualmente suministran números telefónicos de contacto para la recepción de información que conduzca a la recuperación del vehículo

    Según la opinión, los presos de Cúcuta hacen llamadas o envían mensajes a sus víctimas par convencerlas de que podrán recuperar sus autos, motos o camiones previo pago de sumas que van entre los 300.000 a 500.000 pesos, es decir, entre 900 y 1200 dólares americanos.

    La estafa se concreta cuando la persona entrega el dinero y no le devuelven el vehículo. Sin embargo, esta conducta también podría ser calificada de extorsiva, si es cierto que el detenido tiene conocimiento o forma parte del grupo delictivo que se apoderó del referido bien.

    En este caso, es muy importante que la víctima tenga en consideración que está recibiendo la llamada en atención a una oferta pública en la que ha suministrado un conjunto de datos, que pueden ser reciclados para convencer a la víctima de que pague una suma.

    Por ende, es necesario que las personas actúen en estos casos como si el vehículo estuviese “secuestrado” en términos figurados. Por lo tanto, en vez de pedir información verbal sobre el vehículo, debería solicitar una fe de vida, en la forma de fotografías o videos que comprueben que esa persona tiene realmente la capacidad para devolver el vehículo.

    Aún así, se debe tener en consideración que el pago de un “rescate” no es garantía suficiente de que devolverán el vehículo robado. Muchas veces, durante la entrega del dinero la persona es asaltada, de manera que se queda sin la playa y sin el vehículo.

    Estamos, por lo tanto, ante situaciones de alta peligrosidad, en las que el riesgo de nuevas pérdidas resulta muy elevado. La decisión de hacer pago por la devolución del bien no es garantía de éxito.

  • Estadísticas sobre violencia contra la mujer en Venezuela

    Como solemos aclarar siempre, las cifras que serán dadas a conocer a continuación tienen carácter extraoficial, debido a que no han sido divulgadas aún por ninguna instancia o institución del Estado que conozca la materia.

    Una de las cosas que llama la atención es que los homicidios en los que resultan victimizadas personas de sexo femenino han subido y bajado en forma similar a lo que ha sucedido con los homicidios de hombres, que dicho sea de paso ocupan el mayor porcentaje de casos.

    Fueron revisadas las cifras de homicidios de los años 2019 y 2020. En el primer año, las víctimas de sexo masculino ocuparon el 89,1% de los casos. El resto (10,9%) de los casos tiene víctimas femeninas, o víctimas cuyo sexo no pudo ser determinado, como consecuencia del deterioro de los restos humanos encontrados. Pero esta es una porción muy pequeña de víctimas

    En 2020 se produjo una reducción significativa en el número general de homicidios. En ese contexto signado por los primeros meses de la pandemia por el covid-19 los casos con víctimas masculinas ocuparon el 88,9%. Por lo tanto, las mujeres fueron victimizadas en el 11,1%

    Si comparamos los porcentajes de ambos años, notaremos que las diferencias son mínimas. Es decir, el prolongado confinamiento no se tradujo en una mayor cantidad de muertes violentas de mujeres.

    En cuanto a las lesiones personales, las mujeres fueron víctimas en el 41% y fracciones de los casos tanto en 2019 como en 2020. En otras palabras, podemos trazar una conclusión preliminar en la que se descarte la influencia de la cuarentena prolongada como factor que incite o eleve la victimización de las mujeres.

  • Comportamiento del delito de estafa durante lo que va de 2020

    Es necesario lograr una adecuada concientización de la ciudadanía en torno a los últimos patrones o modos de actuar de los estafadores

    Las estadísticas revelan que los dispositivos de comunicación intervienen en la mayoría de las estafas en la actualidad. Al respecto, conviene mantenerse atentos a las informaciones emitidas por los órganos de investigación.

    El primero de octubre, por ejemplo, la red de aplicación de la ley en crímenes financieros, conocida como Fincen por sus siglas en inglés, emitió una alerta sobre la difusión de virus informáticos conocidos como Ramsomware, y el uso del sistema financiero para facilitar los pagos exigidos por los piratas para el levantamiento de tales virus.

    Según el Fincen, en la actualidad los pagos por el rescate de la data o del acceso a ella son hechos mediante monedas virtuales, o Bitcoins. Las pérdidas para las empresas por este concepto se incrementaron en 46% entre 2018 y 2019.

    La policía financiera estadounidense asegura que con el incremento de la frecuencia del Ramsomware también han proliferado las compañías y corporaciones dedicadas a la prevención de estas prácticas, y también a la mitigación de daños.

    Estas empresas a menudo están ligadas a corporaciones de seguros y reaseguros. 

    Una de las prácticas que se ha detectado es la denominada doble extorsión, según la cual los piratas informáticos no solo exigen pagos por permitir el acceso a la data o a los sistemas nuevamente, sino que posteriormente amenazan con divulgar información encontrada en los archivos que fueron secuestrados, con lo que se exige a la víctima un nuevo pago, utilizando las monedas virtuales.

    Frente a estas prácticas, los bancos y las empresas de asesoría tecnológica y financiera están en la obligación de emitir los reportes de actividad sospechosa, en los que se indique con claridad que los pagos referidos en ese documento son consecuencia de un secuestro de datos.

  • Comportamiento del delito de resistencia a la autoridad durante los primeros meses de 2020

    La resistencia a la autoridad es uno de los delitos más polémicos en el país, ocurre cuando una persona se niega a acatar el mandato del funcionario de un cuerpo de la fuerza pública, en el ejercicio de sus funciones

    En Venezuela estos casos generalmente finalizan con la muerte de alguna persona, desde 2015 con la creación de la OLP la cifra neta sobre muertes de resistencia en la autoridad ha ido en aumento hasta el 2018.

    En 2019 hubo una disminución del total de casos y de fallecidos por este concepto, sin embargo, el peso relativo de este delito al total de homicidios no ha dejado de crecer, para el 2019 el 41% del total de homicidios registrados en el país ocurrió en supuestos enfrentamiento con funcionarios de seguridad.

    Para el primer trimestre de 2020 esta tendencia se ha mantenido y desde que los militares se desplegaron a propósito del ejercicio escudo bolivariano 2020.

    Los homicidios por resistencia a la autoridad han sido más numerosos en las grandes ciudades.

  • Acceso a la Justicia: Informe de la ONU permite establecer responsabiliades individuales

    El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, destacó que el informe presentado por La Misión internacional de determinación de los hechos sobre Venezuela, por las Naciones Unidas, constituye la primera vez que el organismo internacional califica al mandatario de un país como responsable de crímenes de lesa humanidad.

    Daniels resaltó que el reporte puede ser tomado en consideración por la Corte Penal Internacional (CPI), en la segunda fase del examen preliminar abierto sobre Venezuela en febrero de 2018.

    “Este informe va un paso más de lo que han ido otros informes”, expresó.

    “Ahora se establecen responsabilidades individuales en la comisión de delitos de lesa humanidad”

    Indicó que el documento puede derivar en la activación de la jurisdicción universal para detener a personas o funcionarios nombrados en el informe por su implicación en la violación de derechos.

    El informe investigó 223 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en Venezuela, y revisaron 2.891 incidentes adicionales para corroborar patrones de violaciones y crímenes.

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  • 49% de los casos denunciados de extorsión ocurrieron en el Zulia

    El periodista especializado en criminalista, Javier Ignacio Mayorca, destacó que existe una correlación entre los lugares en los que son usadas granas con fines delictivos y la operación de unidades militares en la cercanía geográfica.

    Durante entrevista en el espacio Análisis de Entorno, Mayorca detalló que el Estado Zulia agrupa al 49% de los casos denunciados ante las autoridades por el flagelo de la extorsión, al tiempo que advirtió un esquema de violencia en aumento entra las bandas criminales de la región para tratar de igualarse en sus prácticas violentas.

    “La granada es un artefacto de uso privativo de la FANB, por tanto, hay que tender la mirada hacia los inventarios de las unidades militares cercanas”, expresó. “Los ataques con granadas en el Zulia son una especie de marca de las bandas que escalan en el nivel de violencia para cometer sus fechorías”.

    De igual manera, Mayorca denunció que en el país está resurgiendo el delito del secuestro en varios estados pero que los índices son invisibilizados por el control que ejercen las autoridades sobre los medios de comunicación social.

    “En Monagas, Sucre, Bolívar, Mérida, Lara y Carabobo hay repuntes importantes en materia de secuestro y nos enteramos lamentablemente cuando se filtran noticias de la aparición de cadáveres como acaba de pasar con el caso de La Bonanza”, puntualizó.

    Escuche la entrevista completa haciendo clic acá: