El Sindicato de Guionistas de Hollywood, publicó en su página web un informe, en el cual detalla la necesidad de que las compañías: Netflix, Disney y Amazon, sean reguladas por organizaciones antimonopolio y legisladores de los Estados Unidos.
Los sindicalistas actualmente llevan más de 100 días en huelga y denuncian que “estas empresas han abusado de su poder en el mercado cinematográfico para desfavorecer a sus competidores y privilegiar sus propios negocios, tomando medidas anticompetitivas”.
«Sin regulación, estos conglomerados se harán con el control del panorama mediático y se perderán los avances de la era del ‘streaming’ en favor de la creatividad y la libertad de elección», señalaron el informe “Los nuevos guardianes: cómo Disney, Amazon y Netflix se harán con el control de los medios de comunicación”, presentado por el Sindicato.
César Pérez Vivas, político, abogado, docente y representante del Movimiento Venezolano por el Revocatorio (MOVER) aseveró que, ejerciendo la posición de demócratas y personas que actúan en el marco de la Constitución y de la ley, el MOVER ha impugnado por la vía administrativa, a través de un recurso de reconsideración previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el acto del Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Ayer lo consignamos en taquilla, a las ocho y veinte de la mañana, porque el evento fue el viernes en la noche”
Pérez Vivas calificó la acción del CNE de «apresurada» y agregó que lo hicieron para agotar el proceso del referéndum revocatorio este miércoles 26 de enero.
“Una comisión de nuestro movimiento se reunió con la señora rectora Tania D’Amelio, la señora de D’Amelio se expresó y palabras más, palabras menos, en la idea de que para ella no era tan importante la Constitución, porque ella no era abogada, y que estaba planteado hacer ese evento el miércoles, y eso iba, lloviera tronara o relampagueara”
En este sentido, aseguró que de acuerdo con los argumentos de derecho que el MOVER está sostenido existe una violación a todo el bloque de la legalidad venezolana, directamente a la Constitución, puntualizó que se está discriminando al 90% de los ciudadanos, lo cual viola de manera directa el Artículo 19 de la Constitución, que garantiza la progresividad de los Derechos Humanos en Venezuela y claramente dice que no se puede aceptar ningún tipo de discriminación.
“Y aquí el Consejo Nacional Electoral, siguiendo las instrucciones del señor Nicolás Maduro a discriminado al 91% del país cuando le niega la oportunidad de acercarse a un centro para expresar su voluntad, mil doscientos centros son absolutamente inviables”
Pérez Vivas reiteró que no avalan el evento del miércoles. Asimismo, señaló que quieren que el pueblo venezolano esté consciente de que eso no es lo que desde el MOVER están tramitando, ni lo que están exigiendo.
El abogado argumentó que hay personas muy valiosas que están decididas a ir a poner la huella, sobre todo después de que Diosdado Cabello dijera que él quería tener la lista de los que iban a revocar a Nicolás Maduro, en un tono que calificó de amenaza e intimidación, por lo que ahora mucha gente quiere ir a poner la huella para que sepa Maduro quiénes están pidiendo su revocatorio.
“Nosotros queremos que los ciudadanos sepan que no los queremos llamar a hacer una cola, a estar allí de manera inútil, porque no va a ser posible obtener cuatro millones en apenas doce horas”
El representante del MOVER aseveró que se necesitan cuatro millones y medio de voluntades y firmas para convocar al referéndum y, a su juicio, es un contrasentido, un absurdo total, que mientras para elegir al presidente de la república se instalaron en Venezuela trece mil centros de votación y cuarenta y cuatro mil mesas, y ahora que se da la oportunidad legal de revocarlo, apenas se coloquen mil doscientas, y muchas de ellas se estén colocando en sitios muy apartados.
“El gobierno lo que quiere es matar el referéndum. Entonces nosotros no le vamos a dar el gusto de que diga al país MOVER lo retiro. No, nosotros no nos estamos retirando, nosotros le estamos exigiendo que cumplan con la Constitución, y vamos a seguir agotando la vía interna jurisdiccional y vamos a llevar este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”
Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de la ONG Espacio Público, explicó que en Venezuela las redes sociales y las plataformas de mensajería de texto se han convertido en una válvula de escape al contexto restrictivo en materia de libertad de expresión y acceso a la información
Indicó que Venezuela es el único país de América Latina que en un año (2017) se cerraron más de 50 medios de comunicación.
Mencionó que las redes sociales han venido escalando, ya que son espacios en donde se puede seguir cuestionando al poder y seguir debatiendo asuntos de interés público.
‘’Toda esta dinámica de represión y de restricciones tanto directas como indirectas a nivel a nivel institucional, a nivel administrativo, ha mermado la capacidad que tiene los medios de comunicación en el país, y esto debido de una migración de las audiencias hacia los espacios digitales.’’
Agregó que la ONG Espacio Público ha registrado un conjunto de detenciones arbitrarias y que buena parte de estás terminan en procesos judiciales abiertos.
Añadió que ‘’en el año 2020 registramos poco más de 30 casos donde hubo detenciones de ese tipo, que incluye tanto el uso de redes, o sea, la difusión de información y contenidos de difusión a través de redes.»
Alegó que »también hay un componente importante que empezamos a registrar justamente en el contexto de la pandemia, que fueron las detenciones por publicaciones a través de Whatsapp.’’
Rodríguez acotó que desde el año 2017 el Gobierno Venezolano creó la Ley Contra el Odio, la cual estipula que serán penalizadas las imputaciones o los presuntos delitos que están vinculados a instigación y promoción del odio.
Recalcó que la mayoría de las personas detenidas por difusión de información por redes sociales o mensajería de texto Whatsapp no son personas que sean profesionales de la comunicación, son particulares, trabajadores públicos, trabajadores de la salud y que son ‘’ciudadanos que sencillamente ejercen su derecho a expresarse a través de sus propias redes.’’
Señaló que Espacio Público no ha tenido acceso aún a las nuevas leyes de regulación de redes sociales que está promoviendo el gobierno venezolano y la Asamblea Nacional, más allá de saber que se está haciendo una regulación y se está trabajando en ello.
Norma Ferrer, abogada y miembro de Transparencia Venezuela, puntualizó que Venezuela se mantiene desde hace 10 años entre el índice de percepción de corrupción según las investigaciones de Transparencia Internacional y para el 2021 ocupa el quinto lugar.
Transparencia Internacional realiza desde un índice de percepción en cuanto a:
Niveles de transparencia.
Políticas y respuestas aplicadas durante la pandemia en el 2020.
Manejo de la información de las cifras de contagiados y fallecidos a causa de la COVID-19.
Procesos de información de la ciudadanía en cuanto al proceso de compra de los medicamentos para el tratamiento contra el virus.
Durante el estudio realizado por Transparencia Internacional se estudiaron 180 países quedando entre los primeros 5 puestos: Siria, Yemen, Somalia Sudán del Sur y Venezuela.
En cuanto a la puntuación la calculan del 1 al 100, para así quedar los países que estén entre los últimos en la lista representan el país menos corrupto y los que estén entre los primeros serán los más corruptos.
«Hay que reeducar a todos los funcionarios y hacer énfasis en capacitaciones no solamente, técnicas sino capacitaciones éticas y también educar a la población desde edades muy tempranas»
Por otra parte, desde Transparencia Venezuela no han podido contar con la oportunidad de tener contacto dentro de los organismos públicos y del Estado para así poder prestar su apoyo e incluso capacitarlos para dar ideas en cómo combatir la corrupción de manera efectiva.
Venezolanos saben identificar casos de corrupción
La abogada durante el programa Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas, especificó que en programas como la asistencia legal anticorrupción se reciben denuncias de hechos de corrupción y la población venezolana reconoce cuándo están frente a un hecho de corrupción para realizar la denuncia.
En ese sentido, desde Dilo Aquí realizaron el año 2020 antes de la pandemia distintas actividades en comunidades y evidenciaron la motivación que tienen en aprender cómo combatir ese fenómeno realizando las denuncias pertinentes.
“Desde el 2016 hemos visto incrementado el número de denuncias recibidas cada año. En el 2020 tuvimos más de 500 denuncias”
La cuarentena, implantada por los distintos gobiernos a propósito de la pandemia por el covid-19, ha impactado de distintas formas el clima de convivencia
En el país no ha ocasionado mayores saltos en las cifras de mujeres ultimadas. No obstante, de acuerdo con las estadísticas revisadas de manera extraoficial, se pudo detectar un incremento en los casos de muertes por razones pasionales.
En 2020 se ha producido una importante disminución de las cifras netas de homicidios, cercana al 30% con respecto al año anterior. Del total de 3.570 homicidios registrados, 204 ocurrieron en el contexto de riñas o peleas colectivas.
Esto representa el 5,7% del total general, sin tomar en cuenta las muertes ocasionadas por enfrentamientos con agentes de cuerpos policiales o militares.
Durante los primeros nueve meses de 2019, hubo 249 muertes debido a reyertas, lo que representaba un 4,65% del total. En otras palabras, se nota un incremento del porcentaje de fallecidos en lo que aparentemente eran problemas de convivencia.
Además de los homicidios, otro indicador a tomar en cuenta puede ser el número de casos de lesiones personales, iniciado por la policía judicial.
Entre los meses de enero y septiembre fueron iniciados 5.526 investigaciones por lesiones personales. Son 614 casos en promedio mensual y 20 todos los días.
En 2019, fueron totalizados 5.042 casos en el mismo lapso. El incremento ha sido de 15% aproximadamente.
En resumen, se puede señalar que la prolongada cuarentena con mucha probabilidad ha sentado las bases para un incremento en los conflictos interpersonales, con incrementos de 15% en los casos de lesiones personales, e igualmente en los porcentajes de homicidios ocasionados en el contexto de riñas.
Esto puede servir como base para investigaciones que profundicen en los distintos factores que intervienen para que una simple disputa ocasione hechos de sangre.
Es necesario lograr una adecuada concientización de la ciudadanía en torno a los últimos patrones o modos de actuar de los estafadores
Las estadísticas revelan que los dispositivos de comunicación intervienen en la mayoría de las estafas en la actualidad. Al respecto, conviene mantenerse atentos a las informaciones emitidas por los órganos de investigación.
El primero de octubre, por ejemplo, la red de aplicación de la ley en crímenes financieros, conocida como Fincen por sus siglas en inglés, emitió una alerta sobre la difusión de virus informáticos conocidos como Ramsomware, y el uso del sistema financiero para facilitar los pagos exigidos por los piratas para el levantamiento de tales virus.
Según el Fincen, en la actualidad los pagos por el rescate de la data o del acceso a ella son hechos mediante monedas virtuales, o Bitcoins. Las pérdidas para las empresas por este concepto se incrementaron en 46% entre 2018 y 2019.
La policía financiera estadounidense asegura que con el incremento de la frecuencia del Ramsomware también han proliferado las compañías y corporaciones dedicadas a la prevención de estas prácticas, y también a la mitigación de daños.
Estas empresas a menudo están ligadas a corporaciones de seguros y reaseguros.
Una de las prácticas que se ha detectado es la denominada doble extorsión, según la cual los piratas informáticos no solo exigen pagos por permitir el acceso a la data o a los sistemas nuevamente, sino que posteriormente amenazan con divulgar información encontrada en los archivos que fueron secuestrados, con lo que se exige a la víctima un nuevo pago, utilizando las monedas virtuales.
Frente a estas prácticas, los bancos y las empresas de asesoría tecnológica y financiera están en la obligación de emitir los reportes de actividad sospechosa, en los que se indique con claridad que los pagos referidos en ese documento son consecuencia de un secuestro de datos.
El año que está en curso probablemente finalizará con un récord en materia de estafas, muy a pesar de la crisis económica que atraviesa el país
Hasta el mes de septiembre, las autoridades habían recibido y procesado 7.005 denuncias sobre timos de toda naturaleza, así como de sus delitos conexos, como pueden ser la suplantación de identidad, forjamientos de documentos, etc.
Estos son llevados a cabo con la finalidad de “perfeccionar” el engaño y obtener una ganancia económica.
Según cifras conocidas extraoficialmente, en los primeros nueve meses de 2019 fueron iniciadas 5.700 averiguaciones de estafas. El incremento entonces, ha sido de 23% este año.
Todo esto en un contexto de reducción general de las cifras de delitos, como consecuencia directa de la inmovilización social por la cuarentena y el éxodo a otros países, que ya supera los cinco millones de personas.
La gran mayoría de los casos tiene como factor común que las víctimas son captadas a través de las redes sociales, mientras pasan largas horas expuestas a todo tipo de contenidos por internet.
Frente a esta situación, es vital que la ciudadanía se mantenga informada sobre las últimas tendencias y usos de los estafadores. Algunas son verdaderamente novedosas, mientras que otras son simples evoluciones de métodos aplicados con anterioridad.
La Universidad Metropolitana (Unimet) y la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) rechazaron las acusaciones en las que se vincula a la Fundación Futuro Presente como parte de presuntos planes para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro.
A través de un comunicado, las casas de estudio pidieron “el cese del hostigamiento” a las organizaciones dedicadas a la labor académica, el esclarecimiento de los problemas nacionales y la construcción de capacidades para el desarrollo.
De igual manera, reiteraron la labor de la organización a lo largo de 11 años para la formación de liderazgos responsables.
Exhortaron a las autoridades a realizar las investigaciones para esclarecer las denuncias formuladas, bajo el amparo de las garantías judiciales y del estricto cumplimiento de los derechos humanos.
El fiscal general, Tarek William Saab, informó el pasado jueves que fueron emitidas varias órdenes de aprehensión en contra de miembros de la Fundación Futuro Presente.
A los representantes de la organización se les acusa de formar parte de la Operación Gedeón.
Que los periodistas y profesionales de la comunicación social formulen la denuncia respectiva ante la Fiscalía cuando son objeto de agresiones, amenazas o intimidaciones durante el ejercicio de su trabajo, “es un paso importante para actuar ante otras instancias”, según aseguró el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa.
“Se trata de la única manera de preservar la institucionalidad que los comunicadores quieren y aspiran para el país”. señaló.
“La verdad que no me hago muchas expectativas sobre la respuesta que pueda tener el Ministerio Público”, dijo. “Tengo expectativas respecto a las personas que deciden denunciar ya que así, es la única manera en que los afectados en sus Derechos Humanos digan basta y se vea una manera para cambiar las cosas. Lo otro sería rendirse y aceptar que no se puede hacer nada”.