La LOPNNA (Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) estipula que la prioridad absoluta es que los menores huérfanos permanezcan con su familia de origen. Sin embargo, en el terreno se presenta la disyuntiva de niños que han crecido toda su vida en La Guaira y tienen un arraigo muy fuerte con sus vecinos, pero sus familiares más cercanos viven en regiones lejanas (como Mérida), lo que genera tensiones sobre qué es lo mejor para el bienestar del menor.
Vladimir Alvarado director para La Paz y los derechos humanos de la Universidad Central de Venezuela, señaló que existe un avance en el cambio de paradigma del sistema actual en comparación con el antiguo modelo del INAM (Instituto Nacional del Menor), el cual tendía a recluir automáticamente a los niños en recintos estatales ante situaciones de vulnerabilidad. Según el experto la normativa vigente busca a toda costa evitar la institucionalización pública.
Un punto resaltado en la entrevista durante el programa de «Marca UCV», es la situación ( más crítica a nivel de identidad y filiación) con los bebés que nacieron en pleno caos del desastre y cuyos padres fallecieron inmediatamente en el parto o durante el terremoto sin haber podido reconocerlos legalmente, dejando a las autoridades sin registros institucionales ni familiares visibles a quienes consultar.
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